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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 14; la fracción VI al artículo 68; y el artículo 71 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMáTICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E.-

El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 68, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE Y EL ARTÍCULO 71 BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL DEL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las grandes riquezas de nuestro país es sin duda su enorme diversidad biológica, la cual es favorecida por su ubicación, complejidad orográfica, climática y geológica, lo que propicia la existencia de especies de plantas y animales en gran número. [*]

Dentro de la citada multiplicidad natural se encuentra un fragmento de representatividad tanto ecológico, económico y social: los bosques. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), México posee 31 millones de hectáreas de bosque con distintas variedades que se distribuyen a lo largo de todo el país. Los más grandes se encuentran en Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Están constituidos principalmente por pinos, aunque también hay encinos, cedros blancos y oyameles, los que aportan más de 80% de la producción del país para la fabricación de papel, madera y muebles. [*]

Su importancia ecológica radica en que regulan la temperatura, combaten el cambio climático mediante la captura del dióxido de carbono, reducen la contaminación del aire, mantienen y garantizan la fertilidad del suelo, controlan la erosión, reciclan el agua y controlan la humedad; además al interior de estas áreas se alberga una gran diversidad de flora y fauna como plantas, hongos, insectos, reptiles, aves y mamíferos.

Además de los beneficios ecológicos antes mencionados, la explotación de los bosques representa beneficios económicos para México, ya que de su aprovechamiento se generan ingresos económicos en toda la cadena productiva, desde la obtención de la materia prima, su transporte, transformación, distribución, y venta.

Sin embargo, a lo largo de los años se ha presentado un problema que ha causado no solamente un impacto negativo en la industria maderera responsable, sino que afecta a grandes partes del ecosistema nacional como lo es la tala clandestina.

La tala clandestina en México ya representa 8 por ciento de la deforestación en territorio nacional, de acuerdo con un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) [*] . Según este informe, tal práctica está asociada a factores como la insuficiente capacidad operativa para la correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas de gobernanza y tenencia de la tierra, sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la aplicación de justicia, la disposición de parte del sector industrial para adquirir madera ilegal, ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado y más recientemente a la delincuencia organizada, entre otras.

En este mismo orden de ideas, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) [*] al menos 70% de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. De manera análoga el estudio “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, revela que la tasa de deforestación de México es de 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60,000 tienen su origen en la tala clandestina.

Esta actividad ilegal genera ganancias anuales, para los grupos que a ello se dedican, entre 10,000 y 15,000 millones de dólares a nivel global, según el informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial. [*]

Es de observarse que uno de los principales factores que se han posicionado como responsables de la tala ilegal es el narcotráfico. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso a otras actividades como la venta de madera, la explotación de minas y de la tala ilegal de árboles. La producción y venta de drogas pasó a segundo término para dar pie al incremento de los mercados ilegales de recursos naturales.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas investigaciones en los últimos 18 años (antes como Procuraduría General de la República) por infracción al Título Vigésimo Quinto sobre Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, en sus artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal.

En primer lugar, en Chihuahua se integraron 231 carpetas de investigación en los últimos 18 años; seguido de Oaxaca, donde se iniciaron 53; así como en Chiapas y Jalisco, donde se acumularon 50 averiguaciones por cada entidad. [*]

En la lista sigue el Estado de México, con 82 carpetas; Nuevo León, con 33; Campeche, con 31; Sinaloa, con 24; Tlaxcala, con 23; Guerrero, con 11; Querétaro, Sonora e Hidalgo, con cinco por cada estado; Baja California y Baja California Sur, con cuatro en cada uno; Durango, tres; Coahuila y San Luis Potosí, dos averiguaciones, respectivamente. [*]

Los datos de la FGR indican que en las entidades donde no se registran investigaciones por tala ilegal son: Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Ante dicha problemática, la CONAFOR en coordinación con la PROFEPA, han emprendido diversas acciones para combatir la tala ilegal, entre las que destacan la implementación del programa nacional de combate a la tala clandestina, inspecciones, recorridos de vigilancia y operativos en materia forestal.

Por su parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo ejercicios para erradicar las prácticas ilegales que ponen en peligro el cúmulo de beneficios ecológicos y económicos de una explotación racional de los recursos. Dentro de dichas actividades se encuentran las campañas de concientización, las brigadas de reforestación y las certificaciones voluntarias de productos maderables. Esta última, es un proceso que da lugar a una declaración escrita (un certificado) que acredita el origen de la madera y sus características. La certificación de la madera sirve para validar la afirmación de un productor de que aplica prácticas respetuosas del medio ambiente o para proporcionar datos contrastados de forma objetiva sobre los productos madereros y el bosque del que proceden, datos que normalmente no aportan ni el productor ni el fabricante.

En consecuencia, el objetivo de la certificación es establecer un vínculo entre el consumidor que desea favorecer los productos elaborados de forma responsable, tanto desde el punto de vista ecológico como social, y los productores y la materia prima de la que proceden dichos productos.

En la actualidad están en marcha numerosas iniciativas en relación con la certificación de productos forestales. Se están elaborando o estudiando planes de certificación en los ámbitos internacional, regional o nacional tanto por lo que respecta a los países desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, sólo un reducido número de ellos son operativos y para un volumen pequeño de madera. Entre ellos figuran el Forest Conservation Programme of Scientific Certification Systems (Estados Unidos), el Smart Wood Certification Programme of Rainforest Alliance (Estados Unidos), el Responsible Forestry Programme of the Soil Association (Reino Unido) y el SGS Silviconsult (Reino Unido). [*]

Al respecto se pueden señalar algunas características comunes a todos esos planes:

  • La definición de normas y criterios;
  • Su carácter global, por cuanto la mayor parte de ellos se refieren a todos los tipos de bosques y de productos de la madera;
  • La inspección forestal y el seguimiento de los productos;
  • La asistencia de equipos multidisciplinarios formados por expertos nacionales que realizan las tareas de evaluación;
  • Un sistema de presentación de informes normalizado; y
  • Las normas estrictas sobre la utilización del etiquetado.

También existen importantes diferencias entre ellos con respecto a:

  • El papel de las empresas cuyos productos deben ser certificados;
  • El objetivo de los sistemas;
  • Los mecanismos institucionales, particularmente en las esferas de la adopción de decisiones sobre el sistema de calificación en la certificación y de rendición de cuentas;
  • Los procedimientos operacionales; y
  • Los costos de la certificación.

Los beneficios potenciales que pueden derivarse de la certificación son tanto ecológicos como económicos.

Sin embargo, en México esta práctica solo ha sido recogida por parte de asociaciones civiles. Consideramos entonces, que implementarla desde el marco jurídico, garantizaría una disminución en los índices de la tala ilegal y reconocería el trabajo y compromiso de las empresas para con el medio ambiente y la explotación racional de los bosques.

Por lo tanto, es necesario emprender acciones para dar certeza de que la fuente de la que provienen los productos maderables tenga un enfoque ecológico y que inhiba la tala descontrolada. Para tal efecto la presente iniciativa tiene por objeto modificar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con el fin de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuente con la atribución para expedir un Certificado de Madera Sostenible (CEMAS) a quienes realicen la explotación, el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, transformación o posean materias primas y productos forestales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 68, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE Y EL ARTÍCULO 71 BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL DEL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

ÚNICO. Se adiciona la fracción XVII al artículo 14 recorriéndose la subsecuente; la fracción VI del artículo 68, recorriéndose la subsecuente y el artículo 71 bis, todos de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:

I. a XVI…

XVII. Expedir el Certificado de Madera Sostenible, para garantizar la sustentabilidad de la materia prima y los productos maderables, y

XVIII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento.

15 al 67…

Artículo 68. Corresponderá a la Secretaría emitir los siguientes actos y autorizaciones:

I a VI…

VII. El Certificado de Madera Sostenible, y

VIII. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento.

69 al 71…

Artículo 71 bis: La Secretaría, por conducto de sus representaciones estatales o bien por las de la Comisión Nacional Forestal, expedirá el Certificado de Madera Sostenible a que hace referencia el artículo 68 de la presente ley.

El Certificado de Madera Sostenible, únicamente tendrá por objeto garantizar la fuente de la que provenga la madera como materia prima o de los productos derivados de ella.

El Certificado podrá ser expedido a quienes realicen la explotación, el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, transformación o que posean materias primas y productos forestales.

Para que dicho certificado sea expedido, los interesados deberán presentar la documentación idónea que acredite la sustentabilidad de la materia prima o sus derivados.

La Secretaría valorará dicha documentación y, en su, caso expedirá el Certificado de Madera Sostenible, mismo que deberá contener lo siguiente:

I. La materia o el producto certificado y sus características;

II. La fuente de origen de donde provenga la materia o el producto y su método de explotación;

II. Un número de Registro;

III. Nombre, denominación y domicilio fiscal del solicitante, y

IV. Las demás que considere la Secretaría.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de abril de 2019.

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA

Senador de la República

[*] Comisión Nacional Forestal

[*] “Explotación Forestal” INEGI 2018

[*] Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informes de Actividades, PROFEPA, México, consultados en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4550/1/mx/planes_programas_e_informes.html, 11-05-2018.

[*] Monroy, Jorge, “Tala ilegal, otro delito silencioso”, Periódico el Economista, 06 de febrero de 2019, información disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tala-ilegal-el-otro-delito-silencioso-20190205-0151.html

[*] Ídem

[*] Ídem.

[*] Reseña Ejecutiva, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018.