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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver:

A lo largo de los años, México continua con una tendencia desfavorable respecto a los índices y percepción de corrupción, tal y como lo refleja en el ultimo estudio realizado. Acorde a Transparencia internacional, nuestro país se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados. A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, seguimos en picada en este índice.

Lo anterior no es para menos, desvíos de recursos, construcción de obra pública con sobre costos y adjudicaciones directas son solo algunos ejemplos de prácticas de gobierno recurrentes y acentuadas en el último sexenio. Basta con mencionar algunos ejemplos de personajes marcados por la corrupción, tal es el caso de la caída de al menos 14 exgobernadores entre los que destacan:

  • Javier Duarte de Ochoa-Veracruz
  • Roberto Borge Angulo-Quinta Roo
  • Andrés Rafael Granier Melo-Tabasco
  • Guillermo Padres Elías-Sonora

Todos acusados de desvíos millonarios del erario, dejando marcado este periodo como uno de los mas corruptos de la nación e incrementando la desconfianza y repudio de la ciudadanía hacia sus gobernantes.

Se tiene que dejar claro que este tipo de actos suelen disfrazarse muy bien en los resquicios que deja la Ley, por tal motivo, uno de los objetivos de la presente iniciativa es justamente eliminar cualquier tipo de interpretación en la que los servidores públicos se puedan aprovechar para hacer negocios y obtener cuantiosas ganancias, caso de la Ley que nos atañe en esta iniciativa y que se pretende modificar en puntos torales para su mejor aplicación.

Argumentos

De acuerdo con los compromisos y objetivos que las dependencias gubernamentales tienen en la promoción de programas institucionales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, tiene un papel fundamental en la operación de la vida pública en México.

Entre sus objetivos principales se encuentra reglamentar la aplicación del articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que a la letra dice:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Es menester señalar que la aplicación correcta de esta Ley trae consigo bastantes beneficios, entre ellos cerrar la brecha u oportunidad de hacer negocios ilícitos, derivado de la interpretación de la norma a conveniencia, por lo tanto, este ordenamiento jurídico tiene que ser sinónimo de cero corrupción, velando en todo momento por el interés de la nación, con principios rectores fundamentales: Toda adquisición, arrendamiento y servicio del sector público con la mejor calidad al mejor costo.

Desde que entró en vigor la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se han realizado reformas que combatan resquicios legales que permitan actos de corrupción y desvíos de recursos públicos. Sin embargo, la malicia y habilidad de funcionarios que operan en las diversas Secretarias de Estado y entidades de la administración publica federal sigue prevaleciendo, burlando la Ley y haciendo jugosos negocios para el beneficio de sus propios intereses.

Un claro ejemplo de ello, es que en 2018 la investigación titulada La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público, acreedora del Premio Ortega y Gasset 2018 [*] , realizada por “Animal Político” y “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación derivada de la revisión de las cuentas públicas entre 2013 y 2014 demostró un sistemático e ilegal esquema de operaciones por el que el Gobierno Federal desvió a través de 11 dependencias $7,670,077,500 pesos mexicanos.

De esta forma, el procedimiento que reiteradamente se observó constaba en que las dependencias firmaron convenios con órganos públicos como universidades y estaciones de Radio y Televisión estatales para realizar determinados servicios. Las universidades y estaciones de Radio y Televisión públicas por su parte subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del total del convenio. Las dependencias implicadas en este caso de estafa fueron:  

Dependencia Gubernamental

Número de convenios

Petróleos Mexicanos

36

Secretaria de Desarrollo Social

10

Fondo de la Vivienda del ISSSTE

6

Secretaría de Comunicaciones y Transporte

4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

3

Secretaría de Educación Pública

3

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

2

Registro Agrario Nacional

2

Secretaría de Economía

1

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

1

Fuente: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

A partir, de que se conocen los medios por los que opera el fraude, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado más de 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades cometidas en la contratación irregular de servicios. Adicionalmente, según el auditor de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, las denuncias involucran un monto de 3 mil 100 millones hasta ese momento [*] .

Por ello, es preciso que, en aras del fortalecimiento de la ley de adquisiciones, se deroguen espacios susceptibles a la corrupción que han demostrado ser los principales focos de ineficacia y malas prácticas con recursos públicos. La iniciativa propuesta urge combatir actos que vayan en contra de la transparencia y rendición de cuentas para la consolidación de un actuar democrático pleno.

El modus operandi para la desviación de dichos recursos tomaba ventaja, precisamente del párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que establece:

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización [*]

Asimismo, se estipula en el Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que:

“Para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas [*] ”.

Adicionalmente, se establece en el reglamento que; para que se dé la asignación del contrato, bajo el supuesto del párrafo segundo de este artículo, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al señalado.

Dicha documentación deberá ser entregada antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del área contratante. Por lo tanto, esta figura legal en resumidas cuentas deja entrever que la dependencia, entidad o persona de derecho público que tenga la capacidad, entendida en los términos previamente expuestos en el reglamento, para cumplir con 51% del contrato celebrado con el ente público quedará exento de la presente Ley de Adquisiciones.

Puesto que las universidades subcontrataron a terceros por la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados, esta disposición legal se infringió. Lo que la iniciativa pretende promover es que se derogue el párrafo quinto del artículo primero con la finalidad de eliminar cualquier tipo de opacidad y eludir los procesos de licitación que deben seguirse conforme a la ley.

De esta manera, la presente iniciativa busca poner un alto a este tipo de fraude que ha representado la pérdida de miles de millones de pesos al erario.

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

Dice

Debe decir

Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

Articulo 1… .

… .

… .

… .

(Se deroga)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El ejecutivo federal realizara las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en un plazo de 120 días. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo único. – Se reforma el párrafo quinto del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

(Se deroga)

...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El ejecutivo federal realizara las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en un plazo de 120 días. 

[*] Animal Político, “La Estafa Maestra”, Consulta en línea: https://www.animalpolitico.com/2018/05/la-estafa-maestra-investigacion-de-animal-politico-gana-premio-ortega-y-gasset-de-periodismo-2018

[*] https://www.animalpolitico.com/2018/10/pgr-nuevo-fraude-estafa-maestra

[*] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

[*] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf