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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Quien suscribe, Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 2016 , se visibiliza y reconoce, por primera vez por parte de una institución de Estado, la existencia de este fenómeno en nuestro país; y se analizan las causas, las manifestaciones y las principales problemáticas asociadas al desplazamiento forzado en territorio mexicano, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos.

“Los desplazamientos forzados son consecuencia habitual de experiencias traumáticas asociadas a conflictos violentos o contextos de violencia generalizada que generan afectación en el ejercicio de derechos de personas y poblaciones afectadas. El desplazamiento forzado provoca, asimismo, la ruptura de los lazos familiares, sociales y culturales; pone término a relaciones de empleo sólidas, interrumpe las oportunidades educativas; niega el acceso a servicios y complica la satisfacción de necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina; y expone a personas inocentes a condiciones de mayor vulnerabilidad y necesidad de protección y asistencia”.

Para la realización de este Informe Especial, la CNDH recopiló información proveniente de distintas fuentes y de diferentes puntos de la república; recabó entrevistas y testimonios de víctimas directas e indirectas; solicitó información a diversas autoridades federales y estatales; y analizó informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, resoluciones emitidas por organismos internacionales de protección de derechos humanos, así como criterios y argumentos de carácter doctrinal, legislativo y jurisprudencial.

Entre las conclusiones, encontramos que el Desplazamiento Forzado Interno es una lamentable realidad que está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y sin arraigos. Las diferentes causas que provocan el Desplazamiento Forzado Interno no son exclusivas de México, sin embargo, sí son criticas en virtud de la creciente situación de violencia y la profundización de la crisis en materia de derechos humanos.  Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay más de 15 millones de personas desplazadas en el mundo.

En México, de acuerdo con diversos estudios de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) , el Desplazamiento Forzado Interno ha afectado a una población de más 329 mil personas, las cuales han tenido que abandonar sus lugares de origen en razón de la violencia, inseguridad, violaciones a sus derechos humanos, discriminación por razones étnicas, religiosas o de género, violencia política, desastres naturales, implementación de proyectos y megaproyectos de desarrollo, la existencia de grupos paramilitares o delincuenciales, y por las amenazas contra el ejercicio de la libertad de expresión  de quienes se dedican a la actividad periodística, al activismo o a la defensa de los derechos humanos, muchas de las cuales provienen de las propias autoridades estatales o municipales.

Desde la perspectiva de esta organización especializada en el tema, el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno ha adquirido un carácter masivo dentro del marco de inseguridad, violencia e impunidad que se ha generado a partir de los enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado; y no es un fenómeno ajeno a la problemática nacional en materia de desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, las cuales son prácticas ejercidas con la participación o la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales, de manera generalizada o sistemática.
En este contexto, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos recomienda recordar que los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU , señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su  hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota, el cual tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más personas o núcleos familiares. En ambos casos, al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal como desplazados forzados y, por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional”.

Tal y como se documenta en el documento Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México – Informe 2017 , el desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia. En 2016 el sector indígena fue el más afectado, al acreditarse al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que tan solo durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310,527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

De manera particular, en Huixiopa, Sinaloa, el 96 % de sus habitantes han sido desplazados; y Michoacán es el mayor expulsor con 10 mil personas desplazadas. Oaxaca, por su parte, ha presentado dos eventos de desplazamiento interno masivo, que impactaron a 850 personas. Ambos desplazamientos se presentaron como consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población. El primero de ellos, tras los hechos ocurridos en el mes de junio en Nochixtlán en el que participaron policías federales y estatales generando el desplazamiento de 50 indígenas mixtecos. Y el segundo, derivado de un conflicto agrario y post-electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales que realizaron detenciones arbitrarias y ataques armados a la población .

Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” en 2013, la violencia relacionada con el crimen organizado también ha conllevado a que miles de personas se hayan visto forzadas a desplazarse internamente en México durante los últimos años.

Información aportada a la CIDH señala que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores”.

Los testimonios y la información abundante recibida por la CIDH durante su visita, mostró como la violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país.
El Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) ha sostenido que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlo, han sido las principales causas de desplazamiento en México. Otras causas que están generando desplazamientos internos en los países de la región tienen que ver con proyectos de desarrollo de gran escala, comúnmente conocidos como megaproyectos, los cuales están afectando principalmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas/rurales, así como el desplazamiento relacionado con los efectos del cambio climático y desastres naturales.

Ante la falta de cifras oficiales, las estadísticas del IDMC indican que para finales de 2014 México registró una cifra de al menos 281.400 desplazados internos. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor. El hecho de que las autoridades no reconozcan la existencia del desplazamiento interno y de que haya permanecido sin cuantificarse ha favorecido su invisibilidad.
La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno.

La Comisión Interamericana observó que el desplazamiento forzado interno sigue sin ser documentado y analizado oficial e integralmente por el Estado mexicano, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno. En este contexto, es clara la necesidad de emprender acciones decididas para atender la compleja problemática asociada a las distintas violaciones a los derechos humanos que se conjugan en el fenómeno del desplazamiento forzado interno. La primera acción sería reconocer y aceptar plenamente la existencia del fenómeno, a efecto de que las víctimas de este puedan tener mecanismos de acceso a la justicia y restitución de derechos.

Una vez que hayamos reconocido y definido con mucha precisión lo que debe entenderse por desplazamiento forzado interno, entonces el segundo paso es el de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de desplazamiento forzado interno en la que se incluyan medidas prevención, atención y protección; se generen los instrumentos y los lineamientos necesarios de diagnóstico, medición y política pública; y se sienten las bases que permitan promover soluciones duraderas y la restitución plena de derechos a las víctimas de este fenómeno.

El Estado mexicano tiene la obligación y la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren las personas desplazadas; y tiene la obligación de garantizar la protección y el ejercicio de todos sus derechos.

En este sentido, diversos son los esfuerzos que se han emprendido hasta hoy para tratar de dotar a nuestro país de un marco jurídico idóneo para hacer frente al fenómeno del desplazamiento interno forzado. Destacan el Decreto del Congreso de Chiapas por el que se expidió la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día 22 de febrero de 2012; y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía expedir la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, presentada en la LXII Legislatura por el entonces Senador Zoé Robledo Aburto,

Por todas las razones hasta aquí expuestas y con base en los antecedentes señalados, el objeto de la presente iniciativa es el de reconocer constitucionalmente el fenómeno del desplazamiento interno y acentuar el carácter forzado que le define y caracteriza. De igual forma, proponemos asignar al Congreso de la Unión, de manera expresa y para no dar lugar a ningún conflicto de interpretación, la facultad de expedir una Ley General en materia de desplazamiento forzado interno, a partir de la cual se establezca claramente la distribución de competencias y la forma de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir este fenómeno; para atender y proteger a las víctimas del mismo; y para promover soluciones duraderas y garantizar su acceso a la justicia y la restitución de sus derechos.

A continuación, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para facilitar la comprensión del alcance y sentido de la adición propuesta:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

XXIX-Y a XXXI. ...

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; y en materia de desplazamiento forzado interno a través de medidas de prevención, atención, protección y generación de soluciones duraderas.

XXIX-Y a XXXI. ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; y en materia de desplazamiento forzado interno a través de medidas de prevención, atención, protección y generación de soluciones duraderas.

XXIX-Y a XXXI. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-  El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, contará con 180 días para expedir la Ley General a la que hace referencia el presente decreto.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de marzo de 2019

Suscribe

Senador Salomón Jara Cruz

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf

http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html

http://cmdpdh.org/project/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2017/

http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf