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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 77 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforma el artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los siglos XVII y XVIII, diversos pensadores entre los que podemos citar a John Locke [*] , en Inglaterra y el barón de Montesquieu [*] en Francia, observaron la necesidad de que el poder público estuviera fraccionado a efecto de limitarlo y evitar sus abusos, por lo que propusieron que el poder no se concentrase en una sola persona, sino que existieran órganos del Estado que tuviesen funciones distintas, unos elaborarían las leyes (poder legislativo), otros aplicarían las mismas (poder ejecutivo) y unos terceros resolverían los conflictos derivados de su aplicación (poder judicial), lo que sin duda constituiría una verdadera garantía de la libertad individual.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna de los mexicanos. En ella se plasman los derechos fundamentales de los individuos que habitan en nuestro país y las obligaciones de sus gobernantes.

Así pues, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, de donde dimana todo poder político y se instituye para beneficio de éste, reflejándose su voluntad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, en la que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que conforman el gobierno de nuestra nación: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Conforme a la doctrina sostenida por el mencionado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, uno de los pensadores más influyentes durante la Ilustración, al dividir los poderes los individuos tienen garantizada su libertad en apego a la justicia, lo cual no siempre acontece, siendo necesario que se solventen los conflictos que surgen entre los individuos, personas físicas o morales.

El Poder Judicial tiene la facultad estatal de administrar la justicia a través de la aplicación de las leyes, a efecto de dirimir conflictos, velando por los derechos de los ciudadanos y procurando la exacta aplicación de la Ley.

En ese contexto, el Poder Judicial funciona en forma permanente, es decir, los órganos que lo componen son estables y tienen funciones que no pueden ejercerse por otras entidades gubernamentales o privadas, por lo que es de vital importancia que cuente con todos los recursos materiales y humanos necesarios para el desempeño de sus labores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Página de Internet, define el Poder Judicial como “Es el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás Poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito Colegiados y Unitarios y los Jueces de Distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes; resolver las controversias que surjan entre particulares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. Además, forma parte de este Poder el Consejo de la Judicatura Federal que cumple con importantes funciones de carácter administrativo, de disciplina y vigilancia y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal que se preocupa de la formación de Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios a fin de que posean los atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que deben regir la carrera judicial. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana” [*] .

Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se publicaron cambios esenciales al sistema electoral mexicano los cuales establecen un nuevo modelo de integración y distribución de competencias de las autoridades electorales, así como del sistema de partidos, reformando los procedimientos sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización y su proceso de verificación así como la participación ciudadana, entre otros aspectos importantes.

En ese contexto, son de resaltarse las funciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte del Poder Judicial de la Federación, el cual se constituye como un órgano encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete magistrados y magistradas; cinco salas regionales y una sala especializada, integradas por tres magistrados y magistradas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto los Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, los siguientes tipos de controversias electorales:

  • Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.
  • Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos (que son resueltas en única instancia por la Sala Superior).
  • Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.
  • Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y tribunales electorales locales (es decir, de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos) que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.
  • Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación.
  • Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores; así como entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores.
  • La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos, agrupaciones, así como personas físicas o morales.
  • La resolución de procedimientos sancionadores, relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos públicos, la propaganda de entes públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña.
  • Las demás que señale la ley.

En este contexto, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, funcionando en forma permanente con una Sala Superior conformada por siete magistrados y salas regionales.

Ahora bien, el artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone textualmente: “El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, cada una.

Los Magistrados, tanto de la Sala Superior como de las Salas Regionales, serán elegidos, conforme a lo dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 99 constitucional, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es de comentarse que los cargos de magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada, pueden quedar vacantes por diversas causas ya sea naturales o legales, temporales o definitivas, por lo que, en el caso de que la ausencia sea definitiva, es susceptible de ocuparse dichas vacantes por el individuo que cubra los requisitos de ley para desempeñar el cargo respectivo.

El décimo primer párrafo del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona textualmente:

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.”

En el entendido de que todos los cuerpos normativos son perfectibles y de que los cambios sociales y tecnológicos inciden también en el ámbito jurídico se observan las siguientes áreas de oportunidad.

1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, los Magistrados Electorales mencionados, serán elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora bien, toda vez que el Senado de la República es un órgano eminentemente político en el que la construcción de acuerdos requiere la participación de los diversos grupos parlamentarios y, en su caso, de los senadores independientes, la elección respectiva puede no sucederse a favor de ninguno de los candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se observe previsión legal alguna para el supuesto de que los miembros del Senado de la República no alcancen un acuerdo para la elección del Magistrado Electoral que cubra la ausencia presentada, hecho que provocaría que se prolongue en el tiempo la ausencia del Magistrado titular de la o las Salas superior, Regionales o Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las que estarían obligadas a trabajar con la ausencia de uno o más de sus magistrados titulares, en virtud de lo cual, es de preverse que ante la mencionada posibilidad y a efecto de que no se suceda indefinidamente una ausencia de Magistrado titular en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera necesario que, en caso de que la suprema corte envíe hasta dos ternas sin que se logre el acuerdo de votos respectivo en el Senado de la República, se faculte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar el nombramiento respectivo de entre los candidatos propuestos.

Lo anterior con la finalidad de conservar el equilibrio de poderes que sostiene el estado de derecho de nuestro país, en especial para no desbalancear el funcionamiento del poder legislativo, representado en este caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede ver afectada su función constitucional de trabajar con un numero determinado de Magistrados electorales, sin tener la posibilidad de solucionar este supuesto.

Una vez que se apruebe la reforma que nos ocupa, se deberán adecuar las disposiciones normativas respectivas, a efecto de que exista una armonización adecuada entre la norma constitucional y las leyes relacionadas, en el caso en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, en apego al mandato constitucional, prevé las reglas y el procedimiento para la elección de los Magistrados electorales que integren las multicitadas salas Superior y Regionales.

A efecto de clarificar la reforma que se propone, se presenta un cuadro comparativo entre el texto constitucional vigente y la reforma que se propone.

TEXTO VIGENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO PROPUESTO

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.       Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.      Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III.    Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV.    Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V.     Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI.    Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.   Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX.    Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X.     Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Artículo 99. …

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya enviado dos ternas sucesivamente y ninguno alcance la mayoría requerida, supuesto en el que se cubrirá la vacante de magistrado electoral de sala Superior o regional, con la persona que, dentro de dichas ternas, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de una mayoría de cuando menos ocho votos de los Ministros presentes. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 99. …

I. a X. …

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya enviado dos ternas sucesivamente y ninguno de los candidatos alcance la mayoría requerida, supuesto en el que se cubrirá la vacante de Magistrado Electoral de sala Superior o regional, con la persona que, dentro de dichas ternas, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de una mayoría de cuando menos ocho votos de los Ministros presentes. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, realizara las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Suscribe

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA

Senadora de la República

[*] Locke John.- Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil.- Ed. Alianza.- España 2015. Pag. 72.

[*] Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.- El espíritu de las Leyes.- traducción de Demetrio Castro Alfin.- Ed. Istmo S.A..- España 2002. Pag. 54.