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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones; así como el impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL.


CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA, A PARTIR DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, CUANTOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO HAN PERDIDO SUS EMPLEOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN SUS INDEMNIZACIONES, EL IMPACTO QUE ESTA SITUACIÓN HA TENIDO EN LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PAÍS, LA REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL BENEFICIO LOGRADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD.

Los que suscriben, senadores integrantes de la Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El correcto desempeño de la función pública es indispensable para el correcto funcionamiento de las instituciones. De ahí la importancia de lograr condiciones para el desarrollo de una burocracia moderna y eficaz al servicio del Estado.

La imposición unilateral de las condiciones de trabajo que se ha vivido a partir del nuevo gobierno impide la imposibilidad de negociar aspectos esenciales como la retribución y las prestaciones laborales, todo ello, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de las relaciones laborales privadas. En este sentido, la austeridad republicana no puede ser sinónimo de injusticia y el método avasallador para afectar los derechos de los trabadores al servicio del Estado.

La propuesta de austeridad de reducir 70% de las plazas de confianza del gobierno federal, lo que representa alrededor de 200 mil trabajadores y que ha sido puesta en marcha por el actual Gobierno Federal, ha derivado en una tragedia laboral por los cientos o miles de despidos y afectaciones a los derechos laborales de los servidores públicos de varias dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Los perjuicios para la vida de miles de servidores públicos y sus familias ha sido descomunal, ya que no solo se ha corrido a miles de trabajadores en distintas dependencias públicas sin indemnización y sin explicación alguna. Además, han existido recortes salariales y de prestaciones y se ha ampliado la jornada de trabajo, violando claramente sus derechos laborales y afectando especialmente a las madres de familia.

El discurso del Gobierno Federal ha pretendido confundir a la opinión pública cuando señala que las remuneraciones que percibe la burocracia son privilegios, cuando en realidad en la mayoría de los casos se trata de prestaciones laborales conquistadas por los trabajadores a lo largo de muchos años. Confundir privilegios con prestaciones y hacerlo extensivo a los servidores públicos de todos los niveles representa un error que debemos señalar, ya que ha dañado la economía de miles de familias que dependían del ingreso a partir de sus empleos en el gobierno.

Se ha dicho también que, con estas medidas de austeridad se afecta solo a la alta burocracia, sin embargo, en los hechos, los trabajadores públicos han visto alteradas sus percepciones sin importar su nivel jerárquico.

Nadie puede estar en contra de una política de austeridad basada en la eliminación de privilegios, ajenas al cumplimiento de la función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le son conferidas a las instituciones del sector público. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es claro que los recortes de personal y la disminución de salarios no tuvieron como fundamento un análisis responsable, por el contrario, se midió con el mismo rasero a toda la burocracia perjudicando gravemente su situación laboral y salarial sin tomar en cuenta la relación salarial con la labor que desempeñan.

Los recortes salariales y la eliminación de prestaciones provocaron que miles de funcionarios de entidades de la Administración Pública Federal se ampararan contra la Ley de Austeridad Republicana, la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Público y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, ya que es en este último instrumento donde se fijan los salarios de los servidores públicos.

Lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se conocen los beneficios que ha traído el establecimiento de las acciones concretas derivadas de la política de austeridad republicana ejecutadas en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado y, tampoco, un balance de las afectaciones que ha traído respecto a la operación de las distintas dependencias de la administración pública federal.

No existe evidencia alguna que valide que, los supuestos ahorros generados por la aplicación de dicha legislación se hayan destinado con eficiencia a beneficiar a rubros como la educación, la salud o la inversión productiva nacional.

Por el contrario, hemos sido testigos de empleados gubernamentales que han perdido sus empleos afectando la posibilidad de pago de las colegiaturas, de los créditos hipotecarios y de los cuidados médicos, entre otros, lo que refleja la disminución del poder adquisitivo y la calidad de vida de sus familias.

O afectaciones en la prestación de servicios públicos tales como servicios en hospitales del ISSSTE e IMSS a partir del despido de médicos y enfermeras.

En esta tesitura, es pertinente que el Gobierno Federal informe a esta representación cuantos trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, cuál ha sido la reducción en el costo de la administración pública federal y qué beneficio ha traído a la sociedad en general. 

La legislación establece que no se puede bajar el sueldo de manera unilateral a ningún trabajador, por tanto, una rebaja en el salario siempre debe ser pactada entre el trabajador y el patrón lo que no ha ocurrido hasta hoy en el Gobierno Federal, lo que implica afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, existe una violación flagrante al Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Es decir, la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Público no puede afectar los derechos adquiridos por un trabajador de forma previa.

Por tanto, consideramos urgente frenar la violación a los derechos de los empleados al servicio del Estado. Las autoridades han prescindido de sus servicios sin garantizarles sus derechos laborales adquiridos durante su trayectoria, además de coaccionarlos a firmar convenios por cantidades menores en comparación con lo que señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Cabe mencionar que en el despido masivo ocurrido en diferentes dependencias se ha afectado al personal de honorarios, pero también, a exfuncionarios que pertenecían al servicio profesional de carrera y concursaron para eventualmente conseguir un ascenso dentro de la estructura gubernamental con base en la especialización de sus funciones. Además, los despidos han sido injustificados y sin la indemnización que la ley marca para estos casos.

Lo más grave aún es que todos hemos visto episodios de intimidación y violencia psicológica en contra de los trabajadores para obligarlos a dar por terminada su relación laboral, bajo amenaza de ser boletinados para no poder trabajar en alguna otra dependencia del gobierno o en aquellos casos que los trabajadores despedidos y liquidados tuvieran la oportunidad de regresar a su antiguo puesto, deberán reembolsar al erario el dinero que recibieron cómo liquidación.

Lo anterior ha puesto en jaque al esquema de profesionalización de los servidores públicos y la operación del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que limita la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios oportunos y de calidad hacia la ciudadanía.

Según el IMSS, durante diciembre de 2018 se perdieron 378 mil empleos formales. Esto es:

    • Se perdieron 1.9% de los empleos en el país.
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    • Se perdieron 36% de empleos generados en 2018.
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    • Provocó que la generación anual de empleos fuera 17.5% menor que la de 2017.
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Los despidos en el sector público provocaron que en diciembre de 2018 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación en nuestro país creciera al 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, dato superior al 3.3% de igual mes de 2017, con cifras desestacionalizadas, su mayor nivel en los últimos dos años.

En este contexto, cabe mencionar que a mediados del año pasado, la tasa de desempleo en México fue la cuarta más baja entre los 36 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo por debajo de Japón, República Checa e Islandia.

Urge ofrecer respuestas a las cuestiones y los problemas por los que están pasando los funcionarios al servicio del Estado. Es importante respetar los derechos y la trayectoria de los trabajadores que han ido consolidando logros y ascendiendo progresivamente gracias a su esfuerzo y compromiso institucional a favor de la buena marcha del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores solicita al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuantos trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad.

Segundo.- La Cámara de Senadores solicita al Gobierno Federal respetar los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, así como fortalecer el esquema de profesionalización de los servidores públicos y la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019.

S u s c r i b e n