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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a enviar un informesobre el impacto presupuestal que supondrá la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO.


SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a enviar un informe detallado sobre el impacto presupuestal que supondrá la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Reforma Constitucional en materia de justicia laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, responde a dos compromisos adquiridos por México ante sus contrapartes comerciales más importantes: Canadá y Estados Unidos, pero también obedece a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Derivado de la reforma en comento, se realizaron diversas adecuaciones legales que modifican el modelo de justicia laboral en nuestro país y que descansará en dos grandes pilares: la etapa conciliatoria y la jurisdiccional.

La primera se llevará a cabo en una sede administrativa denominada Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será un órgano descentralizado con un titular nombrado con la participación del Ejecutivo y del Senado, y que pretende evitar que los conflictos obrero-patronales lleguen a juicio. Y la segunda etapa se llevará en una sede judicial ante los nuevos Tribunales Laborales federales o locales según corresponda.

Por otra parte, se introducirán diversas herramientas tecnológicas como el buzón electrónico para las notificaciones, a efecto de que los procedimientos sean más expeditos, y se utilizarán las videoconferencias y VPN entre autoridades, con la finalidad de desahogar diligencias de manera más rápida.

En materia de democracia sindical, se establecen reglas para garantizar que los sindicatos en verdad representen a los trabajadores. La Constancia de Representatividad la obtendrá el que alcance al menos el 30% de los votos de los trabajadores asistentes a la votación, y en caso de competencia entre dos o más sindicatos, la Constancia la tendrá el que alcance mayoría. Para efectos de lo anterior, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá realizar la verificación de la representatividad sindical mediante visitas a los centros de trabajo.

La consolidación de la reforma laboral en la legislación secundaria es de gran relevancia para nuestro país también en el ámbito comercial, ya que de su aprobación depende la ratificación del T-MEC en Estados Unidos, y por consiguiente, la continuación de nuestro bloque comercial más importante y que ha contribuido al crecimiento económico de los tres países que lo conformamos.

Por ello, en los próximos días tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estaremos discutiendo las modificaciones a las leyes secundarias derivadas de la Reforma Constitucional, y consideramos importante que la población, y todas las fuerzas políticas que concurrimos en el Congreso de la Unión, conozcamos los costos asociados con las nuevas disposiciones, específicamente aquellos que se encuentran involucrados en torno al proceso de división de tareas entre los ámbitos administrativo y jurisdiccional en materia laboral y sobre democracia sindical.

Como es del conocimiento de todos, en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se creó la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de coordinar este proceso de transición a los poderes judiciales y organismos de conciliación que se originarán conforme a las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral.

Todas las modificaciones legales anteriores conllevan un impacto presupuestal que hasta el momento no ha sido considerado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se hizo un recorte al Poder Judicial de aproximadamente 7,700 millones de pesos, cifra que representó un recorte de 14% en términos reales.

El nuevo modelo de justicia laboral traerá consigo cargas de trabajo muy importantes para el Poder Judicial. De acuerdo con cifras de la Junta de Conciliación y Arbitraje [*] , durante 2017 se reportaron 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad eran conflictos individuales del trabajo. En el mismo año, el Poder Judicial de la Federación [*] tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el INEGI [*] declaró que solamente el 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyeron en un convenio conciliatorio.

A las nuevas cargas de trabajo deben incorporarse gastos por adquisición de tecnología y sistemas informáticos para agilizar los juicios, y se deberá contratar más personal para realizar la verificación de la representatividad sindical en cada centro laboral.

Lo anterior hace suponer que el Poder Judicial deberá contar un aumento sustancial de recursos que incluso podrían representar más doble del presupuesto recortado por la administración de Andrés Manuel López Obrador para 2019.

Ante la nueva realidad de la justicia laboral en nuestro país, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos oportuno solicitar información a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público que permita transparentar el costo económico de esta medida, y los avances que se tengan a la fecha,  con la finalidad de ayudar en el proceso de análisis y discusión de las leyes en materia laboral que estaremos discutiendo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a enviar un informe detallado sobre el impacto presupuestal que supondrá la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintidos de abril de dos mil diecinueve.

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas)


[*] https://www.gob.mx/jfca/documentos/informe-anual-de-labores-2017-138545