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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado de Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE GOBERNACIóN.


Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva.

Senado de la República.

Presente.-

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que modifique el Decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 3 de diciembre de 2018 para que adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el Municipio de Allende, en el estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de marzo de 2011. Asimismo, se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de atracción con objeto de investigar y esclarecer la matanza en el municipio de Allende, del estado de Coahuila, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Estado de Coahuila aproximadamente a las 17:30 horas, ocurrieron actos delictivos, de acuerdo a testimonio de personas que presenciaron los hechos afirman que en el municipio llegaron personas fuertemente armadas en más de 40 camionetas, irrumpiendo el domicilio de varias familias, destruyeron alrededor de 39 casas y 7 ranchos. Ingresaron a diversos domicilios, los saquearon, quemaron y se llevaron a personas con destino desconocido, posteriormente se afirma que fueron llevados a un rancho a las salidas de Allende, el resultado fue la desaparición de más de 400 personas. También se presume que las personas que llegaron al municipio están vinculadas al crimen organizado.

En algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, fachadas agrietadas y columnas colapsadas. Entre los escombros quedan los vestigios de vidas destrozadas, aun se visualizan muebles destrozados y bienes personales como zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes con gran detrimento.

Si bien es cierto, a diferencia del resto del país que han sido destrozados por la guerra entre rivales del crimen organizado, lo ocurrido deja a nuestro México en el escenario internacional como un Estado si leyes.

El municipio de Allende tenía como actividad principal la ganadería, su población oscilaba a más de 23,000 habitantes y a solo 40 minutos se encuentra la frontera con Texas, Estados Unidos de América. Debido a la cercanía, el Gobierno Norteamericano a través de su Agencia Antidrogas (DEA) por sus siglas en inglés, conoció y reconoció que hubo un grave error en la investigación realizada a líderes de la delincuencia organizada. Tal y como fue la falta de secrecía en la información obtenida.

Una unidad de la policía mexicana conoció las líneas de investigación por parte de los agentes de la DEA, que, por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido entrenados y aprobados por la agencia estadounidense. Así, de inmediato, los líderes del narco se enteraron de inmediato. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos.

Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables. Al final, autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.

A la mañana siguiente, sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios operarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Muchas de las propiedades fueron saqueadas a plena luz del día, en colonias prósperas y transitadas. A la vista se aprecia una desolación no solo de transeúntes, sino de actividades cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares. Los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una ola de saqueos.

Durante años, las autoridades estatales y federales en México no parecían hacer un esfuerzo verdadero para indagar en el ataque. Las autoridades federales mexicanas dijeron que sus predecesores no investigaron porque los asesinatos no se podían conectar al crimen organizado, pero reconocieron que ellos tampoco han investigado.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic han identificado alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos. Los familiares fueron abandonados a su suerte a la hora de juntar las piezas de lo que pasó y reconstruir sus vidas.

Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila en turno, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron una “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos.

En lo que va a partir de la fecha señalada a la actualidad, menos de una docena de sospechosos han sido arrestados, la mayoría eran ex policías locales y peones del narco que seguían órdenes. Nadie ha sido acusado de asesinato. En 2015, la oficina del fiscal especial de Coahuila comenzó una serie de reuniones con familiares de aquellas víctimas que, como creían los investigadores — basados en confesiones — estaban muertos. Emitieron certificados de defunción, pese a no tener cuerpos, que enlistaban causas de muerte como “choque neurogénico” y “combustión total debido a exposición directa al fuego”.

Después de eso, familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda a los distintos niveles de gobierno, a instituciones y organizaciones no gubernamentales, pero esto obligó a los familiares a no a hablar públicamente sobre su tragedia por cuestiones de seguridad en el mejor de los casos, varias personas se mudaron a Estados Unidos.

Al igual que lo sucedido en Ayotzinapa, Guerrero, es deber del Gobierno Federal, esclarecer realmente lo que sucedió en Allende, Coahuila, cuantas personas fueron asesinadas y dar con el paradero de los desaparecidos, que los responsables paguen por lo que hicieron, la gente en Coahuila reclama justicia para los víctimas. Por ello, exhorto al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones modifique el Decreto que da vida a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, para que sea esta quien atraiga el caso o en su defecto amplié sus atribuciones.

Por otro lado, extiendo exhorto a la Fiscalía General de la República para que investigue de acuerdo a sus facultades y atribuciones, asimismo, de haber elementos probatorios que acrediten la probable comisión de delitos, radique el expediente al juez de control para que proceda conforme a la ley.

Sabemos que la seguridad es el eje de bienestar social, por ello, exhorto a la Secretaria se Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con el Gobierno del Estado fortalezca la seguridad en el municipio de Allende.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que modifique el Decreto que crea la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Allende, Estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de marzo de 2011.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de atracción con objeto de investigar y esclarecer el caso de la matanza en el municipio de Allende, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el 18 de marzo de 2011.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila fortalezca la seguridad del municipio en dicha demarcación.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes implementen un programa de reconstrucción de los servicios públicos, así como de las casas dañadas de particulares.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 20 de marzo de 2019.

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina