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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscriba y remita a esta Soberanía la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE RELACIONES EXTERIORES.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA BREVEDAD ADHIERA Y REMITA A ESTA SOBERANÍA, LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (A-70), , DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, ADOPTADA EN WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS EL 15 DE JUNIO DE 2015, PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO, LA RATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

La que suscribe, Sasil de León Villard, Senadora integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II y  276, numerales 1) fracción I y II y 2) del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial y se estimaba que en 2018, existían ya aproximadamente 962 millones de personas con más de 60 años, siendo probable que en 2050, haya por primera vez en la historia, más personas adultas mayores que niños. Actualmente, una de cada 10 personas es adulto mayor y en el proyectado año 2050, la ONU, considera que la proporción será de una por cada cinco personas. [*]

Esta tendencia sobre el envejecimiento de la población es, en un sentido general, un logro de la sociedad ya que a través de los avances de la ciencia médica se han podido disminuir las muertes prematuras, pero significa también importantes desafíos en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y de derechos humanos.

En nuestro país, el proceso del envejecimiento se ha hecho visible desde mediados de los años noventa del siglo XX y continuó durante toda la primera década del siglo XXI, ya que se registró un aumento en la esperanza de vida. En 1990 se ubicaba en 70 años promedio, para hombres y mujeres y se espera, llegue a 77 años en 2030, lo cual da muestra de los logros alcanzados esencialmente en materia de salud; pero igualmente y con mayor impacto se desatan cuestiones por afrontar en las esferas del empleo, vivienda, salud y servicios públicos, entre otros, para la población adulta mayor que se está incrementando. [*]

Las proyecciones de población de 2010 a 2050, elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), revelan los cambios para el sector de las personas adultas mayores, pues de 2000 a 2015, la población de 60 años y más en términos absolutos aumentó casi el 40%, es decir, pasó de 7.5 millones a 12.1 millones de personas, mostrando también el desplazamiento de la edad mediana, mientras que en 2000 fue de 23 años, para 2015 se ubicó en 27 años. En 2019, la población mexicana de 60 años y más es de 12.9 millones de personas. [*]

Esto llama la atención, porque hasta hace apenas algunas décadas las personas adultas mayores en el mundo, no gozaban de una plena protección a sus derechos, se les discriminaba y se les dejaba fuera de participar de beneficios y de la posibilidad de participar de la vida productiva, equidad que es apenas un pequeño pago por el trabajo y contribución de toda una vida para con sus familias, comunidades e instituciones públicas y privadas.

En 1982, los Estados Miembros de ONU adoptaron el Plan de Acción Internacional de Viena en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria. En dicho Plan, los Estados que asistieron a la Asamblea reafirmaron su compromiso en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aplican plenamente y sin menoscabo, a las personas de edad y reconocieron que la calidad de vida no es menos importante que la longevidad y que, por consiguiente, las personas de edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de una vida plena, saludable y satisfactoria y ser estimados como parte integrante de la sociedad. [*]

Por su parte en nuestra región, la aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llevada a cabo en San Salvador en 1988,  fue la primera en su tipo, que logró que los derechos de las personas de edad se reconocieran explícitamente. [*]

De conformidad con el artículo 17 del Protocolo de San Salvador, toda persona tiene derecho a una protección especial durante su ancianidad. Los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en particular para, entre otras cosas:

•        Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

•        Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos; y

•        Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Las personas de edad, han sido identificadas como un grupo social que requiere protección especial en otros instrumentos de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre los que figuran la Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no-violencia y la Declaración Interamericana sobre la Familia. [*]

Después de cinco años de reuniones y del trabajo arduo en el marco de la  45ª  Sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015, varios de los Estados de América Latina firmaron la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores. Esto fue producto del esfuerzo del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA y la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR. [*]

Esta Convención establece un serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores, también define principios convencionales entre los que destacan: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.

Los Estados Parte de esta Convención buscan resaltar la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas mayores, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales, que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; y buscan comprometer a dichos Estados Parte, de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas adultas  mayores, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.

PRECEDENTES EN MÉXICO

En nuestro país, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, se creó en Instituto de la Senectud (Insen) adscrito a la Secretaría de Salud y en  octubre de 1980 dicho instituto, recibió por primera vez presupuesto propio y con eso, rentó una casa en la colonia Nápoles, donde instaló sus oficinas. A finales de ese año se inició el programa de afiliación de personas de 60 años y más. Los afiliados recibían una credencial que les daba acceso a descuentos en diversos servicios y algunos bienes, además de que es un medio de identificación bien aceptado. [*]

Algunas de las primeras acciones en beneficio de las personas mayores fueron: otorgar servicios de atención médica, establecer convenios con diversos organismos e instituciones y promover actividades culturales, recreativas y manualidades.

Sin duda durante la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador hoy presidente, al frente del entonces Distrito Federal 2000-2006, se realizó un cambio de paradigma, que permitió un mayor reconocimiento y apoyo a los adultos mayores, al dotárseles de una pensión mensual y de programas sociales tendientes a promover sus derechos.

A nivel federal, en enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el Insen pasaba a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cambiando su nombre a Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen), con la idea de que los adultos mayores son fuente de experiencia y testimonio vivo de valores y virtudes en plenitud.

Pero el paso más importante se dio en de junio de 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en ella, se establecieron derechos para este grupo social, clasificados en seis rubros: 1) de la integridad, dignidad y preferencia; 2) de la certeza jurídica; 3) de la salud, la alimentación y la familia; 4) del trabajo; 5) de la asistencia social; y 6) de la participación.

Entre ellos se destacan los siguientes:

•        A una vida con calidad, que obliga a las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, a garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

•        Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que se consagren. A una vida libre sin violencia. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. A la protección contra toda forma de explotación.

•        A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.  A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

•        A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere. A contar con atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso.

•        A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

•        A tener acceso preferente a los servicios de salud,  con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

•        A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales.  A recibir de manera preferente el derecho a la educación;

•        A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

•        A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

•        A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.

•        A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio.

•        De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector.

•        A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad.  A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana.

•        A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros

Esta Ley estableció la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la materia, creo el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y muy importante: definió las obligaciones de diferentes instancias públicas y de gobierno, con el propósito de garantizar los derechos y beneficios de las personas adultas mayores.

El pasado 18 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, dicha instancia dio a conocer 41 propuestas generales para optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de ese grupo poblacional. [*]

En su Informe, la CNDH pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos específicos para la protección y garantía integral de los derechos de la población mayor de 60 años y concretar una propuesta de política pública nacional en materia de vejez, envejecimiento y atención de esas personas, con acciones diferenciadas para los grupos más vulnerables, un plan de ejecución transversal, y perspectiva de ciclo de vida a fin de diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos propone entre otras cosas:

1)      Optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores;

2)      Invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas mayores y los estándares internacionales en la materia;

3)      Incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, y

4)      Tomar un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de sus prerrogativas y asegurar a cada generación la posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo personal y bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor de desigualdad en la calidad de vida. 

De acuerdo con el informe especial, el Estado mexicano: a) carece de políticas públicas integrales para responder a los retos del cambio demográfico; b) prevalece la ausencia del enfoque de derechos humanos y de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional; c) existe desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección de los derechos de las personas mayores, y d) se requiere asignar recursos presupuestales con enfoque diferenciado y transversal a las instituciones que trabajan con ese grupo vulnerable.

Asimismo, se destaca que se carece de un Diagnóstico Nacional con enfoque diferenciado que considere a las personas mayores, como una categoría formada por muchos subgrupos sociales, cuyas oportunidades para el acceso a sus derechos están determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y el origen étnico, e identificó como necesidad apremiante que los programas y acciones dirigidas a esas personas incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y enfoque diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen.

Muchas de estas observaciones se derivan de la observación relevante que hace la CNDH al Ejecutivo Federal para firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70) e incorporarla al orden jurídico nacional, así como armonizar las leyes federales con su contenido y destinar el presupuesto adecuado para su puntual cumplimiento

Ello es así, porque la necesidad de que México suscriba la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores (A-70), debe servir para impulsar políticas públicas transversales, articulación de medidas y armonización legislativa.

No será suficiente ni alentador a largo plazo destinar recursos, también, deben procurarse derechos integrales, mejores condiciones de vida de este tipo poblacional, se requiere del desarrollo de estrategias con enfoque multidisciplinario y de trabajo coordinado entre el Estado, las familias y la comunidad, cuyo eje fundamental debe ser la perspectiva de derechos humanos, en la cual, se ve implícito el reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos, de su dignidad y autonomía, de su capacidad de decisión, participación y actuación en todos los aspectos de su vida, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven.

Con fundamento en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas del Senado de la República:

…aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos

Así que, en cumplimiento a nuestro marco Constitucional, apegado a un sistema convencional de protección de derechos humanos, ante la  necesidad de establecer políticas públicas integrales y por los mandatos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores vigente y las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es de suma importancia que el Estado Mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70).

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Senado de la República aprueba el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta Respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la brevedad, se adhiera y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, para su discusión y en su caso, la ratificación correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 2 días del mes de abril de 2019.

A T E N T A M E N T E

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD

Fuentes Consultadas


[*] Informe Perspectivas de la Población Mundial ONU, http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html

[*] www.cepal.org/es/temas/envejecimiento

[*]    http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico

[*]    www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Viena_sobre_Envejecimiento_1982.pdf

[*] www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

[*] http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp

[*] Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA y con la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del  MERCOSUR

[*] http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/128/1/images/Manual%20General%20de%

[*] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf