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Proposiciones

Estado Actual: Junta de Coordinación Política Ficha Técnica

De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como de la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

SE TURNó A LA JUNTA DE COORDINACIóN POLíTICA.


Ciudad de México, a 11 de abril de 2019

SLT/LXIV/XXX/FB

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

P R E S E N T E.

Lilly Téllez, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por la que solicita la creación de una Comisión Especial que se encargue, en el ámbito de sus atribuciones legales y reglamentarias, a darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, capital del Estado de Sonora, así como a la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 5 de junio del año 2009, ocurrió la mayor tragedia infantil en nuestro país: el incendio de la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora, donde murieron 49 niños, otros 70 quedaron lesionados con daños físicos irreparables, y un número aún no calculado estuvieron expuestos debiendo llevar tratamientos médicos de por vida, al igual que padres y familiares de las víctimas.

A continuación, se presenta un recuento de los principales acontecimientos relacionados con el incendio de la Guardería ABC, S. C.

Era una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que operaba en un lugar habilitado en una antigua nave industrial, a un costado de una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en un espacio de 50 por 30 metros; no tenía salidas de emergencia, ni contaba con extinguidores.

El personal que laboraba ahí eran empleadas o maestras, lugar en donde atendían a más de 200 menores de entre seis meses y 5 años de edad, de los cuales 142 estaban ahí el día de la tragedia.

De manera incontrolable, el fuego consumió las instalaciones de la Guardería ABC donde los menores de edad se encontraban durmiendo. El fuego inició en la citada bodega y en cuestión de segundos, se extendió a todo el lugar.

En un principio el incendio se atribuyó a un sobrecalentamiento del cable de uso rudo que abastecía de energía eléctrica a un aparato de refrigeración en la bodega de la referida Secretaría de Hacienda local, donde se almacenaban archivos, documentos y placas de vehículo.

En enero de 2010, el reconocido perito y consultor estadounidense David Smith participó en la investigación de manera gratuita. Su peritaje sostiene la teoría que ha sido avalada por el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, A.C., para quien el incendio fue provocado, ya que en la bodega no había electricidad y el “cooler” estaba muy lejos de donde comenzó el incendio.

En el mismo sentido, diversos testigos, que en su momento fueron proporcionados por los padres de los menores, han afirmado que el día del incendio en el almacén contiguo a las instalaciones de la Guardería ABC, se observó movimiento por un grupo de hombres que eran dirigidos presuntamente por Carlos Andrés López Meza alias “El Teniente”, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, quien fuera Secretario Técnico del entonces Gobernador Eduardo Bours Castelo. Es de resaltarse, que poco más de dos meses después de la tragedia de la Guardería ABC, López Meza fue asesinado de nueve impactos de arma de fuego, el 17 de agosto de 2009, homicidio que sospechosamente hasta la fecha no ha sido aclarado.

Esta tragedia involucra por un lado, la transferencia de una responsabilidad pública del Estado (el servicio de guarderías que establece la Ley del Seguro Social) a particulares, pero también implica la existencia de un instrumento jurídico de gobernanza contractual a través del cual se concretó un convenio de subrogación suscrito entre el IMSS y la Guardería ABC, ya que al momento de la tragedia ésta estancia infantil funcionaba bajo los parámetros del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Recordemos que esto ocurrió cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de República; Eduardo Bours Castelo estaba en los últimos meses de su cargo como Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al igual que Ernesto Gándara Camou, quien era el alcalde de Hermosillo, capital del Estado de Sonora.

10 días después del incendio, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, determinó atraer las investigaciones debido a que la estancia infantil recibía recursos por parte del IMSS por el servicio subrogado que brindaba, dado que al propio Instituto le correspondía prestar el servicio de seguridad social; además de que en virtud de que la bodega contigua a la guardería y donde se tiene conocimiento que comenzó el incendio, pertenecía al Gobierno de Sonora, esto podría implicar un conflicto de intereses para la autoridad estatal.

En su momento, la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, formada por padres de las víctimas de la Guardería ABC, denunciaron ante la PGR que tanto el Procurador de Justicia del Estado y el Gobernador de Sonora en esos momentos, Abel Murrieta Gutiérrez y Eduardo Bours Castelo, respectivamente distorsionaron la escena del crimen, y con ello no tan sólo entorpecieron la impartición de justicia, sino que impidieron que las víctimas hasta la fecha no puedan conocer lo que realmente ocurrió el 5 de junio de 2009, ni la que la PGR, hoy la FGR, no ha dado ninguna respuesta a esta demanda.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación que concluyó con la Recomendación 49/2009 [*] del 31 de julio de 2009, en la que en su momento estableció que hubo una violación a los derechos fundamentales de los menores y sus familiares que fueron vulnerados y confirmó la responsabilidad de servidores públicos del gobierno municipal de Hermosillo, del Gobierno del Estado, del IMSS, y de la Delegación de esa dependencia en el Estado de Sonora.

Del análisis de las constancias que integraron dicha Recomendación, la CNDH “acreditó la existencia de acciones y omisiones violatorias a los Derechos Humanos en perjuicio de los menores de la Guardería ABC, S. C., en Hermosillo, Sonora, que resultaron fallecidos y lesionados, de las personas que ahí laboraban y las que el día del siniestro arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de los familiares de los menores que acudían a la mencionada guardería, relativo al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como al derecho a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de una prestación y ejercicio indebido del servicio público, por parte de servidores públicos del IMSS, del Gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, así como de los responsables de la Guardería ABC, S. C., que actuaron bajo la anuencia o tolerancia de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las autoridades de dicho municipio, con lo cual se consideró que la conducta desplegada por los servidores públicos de las tres instancias de gobierno contravinieron lo dispuesto por los artículos 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo; 14, párrafo segundo,. y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales de observancia general en el territorio nacional… en los que se reconoce el derecho a la vida y a la integridad personal, así como a un nivel de vida adecuado de salud y bienestar, y que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor lo requiere; que los niños gozarán de protección especial y de los beneficios de la seguridad social para desarrollarse en buena salud, figurando entre los primeros que reciban protección y socorro, así como que las instituciones públicas y privadas de bienestar social deberán tener una consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño, asegurando la protección y cuidado para su bienestar garantizando su supervivencia y desarrollo” [*] .

Por tanto, la CNDH emitió la Recomendación 49/2009 al Mtro. Daniel Karam Toumeh, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y al Lic. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. A cada uno de ellos les indicó una serie de irregularidades -por acción u omisión- en el ámbito de su competencia relacionados con la creación y operación de la Guardería ABC, el incendio respectivo y en su caso, se llevaran a cabo procedimientos contra servidores públicos de distintos niveles para deslindar o fincar las responsabilidades que correspondieran.

El 6 de agosto de 2009, previa solicitud hecha por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad que estaba prevista en el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, así como los actos administrativos y omisiones que dieron lugar a ellos. Esta Facultad de Investigación quedó radicada bajo el número 1/2009 [*] .

El Pleno de la Corte designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ponente en el asunto citado. En tal virtud, en junio de 2010, presentó un proyecto de dictamen [*] de 370 hojas en el que concluyó que en los hechos del incendio de la Guardería ABC “se incurrió en violaciones de garantías individuales” y determinó como “autoridades responsables de las violaciones graves de garantías individuales” a 14 funcionarios públicos de alto nivel correspondientes a los tres niveles de Gobierno, entre ellos, Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido) y Daniel Karam Toumeh, ambos ex directores del IMSS; Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora, y Ernesto Gándara Camou, quien fuera alcalde de la ciudad de Hermosillo, Son.

Dicho proyecto de dictamen no obtuvo la mayoría de votos de los Ministros de la Corte, sin embargo, sentó un precedente muy importante sobre las responsabilidades que tuvieron servidores públicos de nivel jerárquico superior en el incendio de la Guardería ABC.

Posteriormente, se elaboró un nuevo proyecto [*] que fue aprobado por mayoría de ocho votos y tres en contra de los Ministros integrantes de la Corte en el que se determinó que en los hechos del incendio de la Guardería ABC, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales. Asimismo, solamente fueron señalados como responsables distintos servidores públicos de mediano y menor nivel. Por el IMSS, se señalaron al Delegado Estatal en Sonora y al Titular del Departamento Delegacional de Guarderías; como Autoridades Estatales de Sonora al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, y como Autoridades Municipales de Hermosillo, Son., al Director de Inspección y Vigilancia Municipal y al Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Por su parte, los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, formularon Voto de Minoría [*] en el Dictamen emitido en la Facultad de Investigación 1/2009. En el manifestaron que “con fundamento en los hechos probados y en los deberes legales y constitucionales omitidos, los Ministros que suscribimos este voto consideramos que las siguientes autoridades resultan responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad, en los términos ampliamente desarrollados con anterioridad”.

De igual forma, señalaron el nombre y cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de las violaciones graves a los derechos que protege la Constitución:

A) Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Daniel Karam Toumeh, Director General (marzo de 2009-2012).

2. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Director General (2006-2009).

3. Sergio Antonio Salazar Salazar, Director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009).

4. Carla Rochín Nieto, Coordinadora de Guarderías (2007-2009).

5. Arturo Leyva Lizárraga, Delegado Estatal en Sonora (2006-2009).

6. Noemí López Sánchez, Titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).

B) Autoridades del Gobierno del Estado de Sonora.

7. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado (2003-2009).

8. Wilebaldo Alatriste Candiani, Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009).

9. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda (2007-2009).

10. Fausto Salazar Gómez, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009).

11. Jorge Luis Melchor Islas, Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la 2011).

C) Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

12. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal (2006-2009).

13. Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009).

14. Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).

Como se puede apreciar, tanto en el proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como en el Voto de minoría en el que también participa, al igual que Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, se aportan elementos importantes para acreditar la responsabilidad del incendio de la Guardería ABC, a servidores públicos de nivel jerárquico superior y no sólo de nivel medio. Estos elementos debieron ser considerados por las distintas autoridades encargadas de investigar lo ocurrido aquel 5 de junio de 2009.

La importancia de este asunto en la Agenda Nacional es indudable. Al respecto, el 3 de junio de 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó el Acuerdo por el que se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, Sociedad Civil en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009 [*] , publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que padres de las víctimas en el caso de la Guardería ABC, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tener una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington y solicitar que se imparta justicia.

Por ejemplo, en una nota del periódico Excélsior de esa fecha se indica que “Padres de víctima denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la falta de transparencia, justicia y acciones para evitar que se repita una tragedia… A más de 5 años (65 meses) ninguno de los 30 sospechosos sujetos a proceso penal, entre funcionarios de los tres niveles de gobierno y los socios de la Guardería ABC, han pisado la cárcel por su responsabilidad en la mayor tragedia infantil en la historia nacional” [*] . Asimismo, se da cuenta en los portales de noticias Reforma [*] , Animal Político [*] ,

El 5 de junio de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicó el Boletín 123/2015 en el que manifestó que “se solidariza e insiste en el cumplimiento de la exigencia de las víctimas directas e indirectas para el esclarecimiento pleno de los hechos y la realización de las garantías de no repetición, para lo cual resulta fundamental el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los estados de la República y la armonización de sus leyes locales” [*] .

El 14 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en la causa penal 126/2009 y sus acumuladas, dictó sentencias condenatorias por la responsabilidad en la comisión de diversos delitos a los distintos servidores públicos en el incendio de la Guardería ABC que van de los 20 a los 29 años de prisión [*]

El 5 de junio de 2017, frente a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, un grupo de activistas instalaron un monumento en memoria de los 49 menores que fallecieron. El periódico español El País registró esta situación e indicó que “el suceso dejó una herida profunda en la sociedad que la falta de culpables no ha dejado sanar” [*] .

Cuatro días después de que se cumplieron ocho años de la tragedia que nos ocupa, el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Hermosillo, Sonora, “confirmó la responsabilidad de las 19 personas acusadas de los delitos de homicidio y lesiones culposas” [*] en el incendio de la Guardería ABC.

En un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se “informó que en los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 13 de mayo de 2016, dictada por el juez primero de Distrito en el estado, el Tercer Tribunal consideró que los implicados incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de guardería y la ocupación de la bodega contigua, como lo señaló la sentencia del juez natural” [*] . Esta información se replica por distintos medios de comunicación como Proceso [*] , Animal Político [*] , Excélsior [*] , Heraldo [*] , La Silla Rota [*] , entre otros.

El 5 de junio de 2018, el periódico El Universal publicó una nota periodística con el título “¿Quiénes son los sentenciados por el caso ABC que siguen en libertad?” [*] . Ahí se manifiesta que “a nueve años de luto y lucha de los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, no hay una sola persona responsable presa… Aunque hay 19 personas sentenciadas, por tratarse de delitos culposos (delitos no graves), ninguna está en prisión y todas siguen el proceso de libertad…” [*] .

Por último, en Sesión del 3 de octubre de 2018 [*] , la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala y a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, decidió ejercer su facultad de atracción en las solicitudes 222/2018 y 223/2018 sobre los hechos relacionados con el incendio de la Guardería ABC.

Respecto a la solicitud 222/2018, se “consideró que el asunto cumple los requisitos de interés y trascendencia para su atracción, porque su análisis podría permitir examinar la regularidad constitucional de la sentencia reclamada, específicamente la parte en que –a raíz de un control ex officio– se declaró la inconvencionalidad del artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se inaplicó la porción normativa que prevé la regla para sancionar el concurso ideal de delitos, vigente en dos mil nueve, para luego configurar una fórmula específica al caso concreto, lo cual implicó que las penas de prisión impuestas se elevaran considerablemente” [*] .

En cuanto a la diversa solicitud 223/2018, “se consideró que las notas de importancia y trascendencia también se cumplen, porque la atracción del asunto podría permitir a la Primera Sala evaluar si la condena impuesta a los sentenciados cumple los estándares respecto a la reparación integral del daño causado a las víctimas y ofendidos de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, pero sobre todo, pudiera llevar a examinar si la decisión de postergar su cuantificación a través de un incidente de inejecución es compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en su vertiente de justicia pronta” [*] .

Dichos asuntos se encuentran pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 8 de febrero de 2019, la suscrita, presentó un Punto de Acuerdo [*] por el que se exhorta al IMSS, a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC. Esta proposición fue apoyada por la también senadora sonorense, Sylvana Beltrones Sánchez del grupo parlamentario del PRI quien además propuso que se citara al “Director de Administración, al Director Jurídico y al Titular del Órgano Interno de Control del IMSS a fin de realizar una mesa de diálogo y conciliación con los padres de los menores afectados de la guardería ABC…” [*]

Dicha propuesta fue considerada de urgente resolución y se aprobó en votación nominal por 95 votos a favor, cero en contra y una abstención [*] .

En el comunicado No. 034/2019 del 10 de febrero de 2019, se da cuenta que el titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “a solicitar una medida cautelar a fin de que el Instituto pueda seguir brindando servicios y medicamentos a familiares de las niñas y niños afectados por el incendio de la Guardería ABC…” [*]

Sobre el particular, el 13 de febrero de 2019, la CNDH emitió el Comunicado de Prensa DGC/049/19 en el que informa que “el IMSS debe respetar y garantizar los derechos de las personas, obligación a la que no puede renunciar o pretender delegar a terceras instancias… también dirigió sendos oficios a la SFP y a la ASF para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven y adopten las medidas que permitan al IMSS restablecer de inmediato las acciones de reparación integral del daño con motivo de la Recomendación 49/2009, a la que debe dar cabal cumplimiento” [*] .

Derivado de lo anterior, mediante el comunicado No. 038/2019, el IMSS informó “que restituye de manera inmediata los servicios suspendidos desde noviembre pasado a los familiares de los afectados por el incendio ocurrido en la Guardería ABC, el 5 junio de 2009 en Hermosillo, Sonora” [*] .

El Senado de la República recibió la respuesta formal por parte del IMSS, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mediante la cual se da cuenta que el Director General del IMSS le envió el oficio No. 0952170500/031 de fecha 13 de febrero de 2019, al Delegado Estatal de Sonora, Lic. Guillermo Noriega Esparza y al Director del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, Dr. Miguel Ángel Baeza Esparza, “a fin de instruir la restitución de manera inmediata de los servicios subrogados, a los familiares de los afectados por el incendio ocurrido en la Guardería ABC…” [*] .

Por otra parte, es importante señalar que en una nota publicada en el portal de Internet de Notimex, el pasado 28 de febrero del año en curso, se indica que el actual director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que expuso que “aunque el IMSS no es parte en los juicios, es de su interés que el caso quede completamente resuelto y se determinen las responsabilidades, sanciones e indemnizaciones correspondientes. Consideró que se debe dar seguridad y certeza jurídica a las víctimas y sus familias, pues el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución prevé que todas las personas tienen derecho a que los tribunales les administren justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta” [*] .

El 15 de marzo de 2019, el mismo titular del IMSS, compareció ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República [*] e informó que “inició los trámites necesarios ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para ofrecer una disculpa pública a los padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, en Hermosillo, Sonora” [*] .

Estos antecedentes que se han descrito de manera enunciativa, más no limitativa, nos permiten recordar y tener presente, parte de los principales acontecimientos que han sucedido a partir del incendio de la Guardería ABC.

CONSIDERACIONES

A casi 10 años del incendio de la Guardería ABC, es inadmisible que aún no se haya impartido justicia a las víctimas y a sus familiares, ni esté claro lo que originó esa tragedia, ni se hayan determinado completamente las responsabilidades, por acción o por omisión, de las autoridades municipales, estatales o federales correspondientes.

Cabe señalar que inicialmente había 32 personas procesadas, donde se incluía a servidores públicos de alto nivel jerárquico de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, la lista se depuró y sólo se ha imputado responsabilidad a 19 personas de los 22 presuntos culpables, todos ellos funcionarios de menor nivel [*] . Además, las sentencias dictadas han sido apeladas.

Por ejemplo, en mayo de 2016 se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de prisión, pero hay todavía 10 casos están sin sentencia.  

El hecho de que a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un proceso jurídico que le conllevó varios meses de análisis, haya atraído dos Juicios de Amparos relacionados con los expedientes penales derivados del incendio de la Guardería ABC, nos da la oportunidad de aportar elementos que permitan que las familias de las víctimas puedan obtener justicia, que hasta la fecha, les ha sido negada, ya que el Estado Mexicano, a través de autoridades de los tres niveles de Gobierno, violaron los derechos humanos de los 49 menores de edad que murieron, además de 70 más que quedaron lesionados con daños físicos irreparables, y de un número aún no calculado que estuvieron expuestos, debiendo llevar tratamientos médicos de por vida derivado de la peor tragedia infantil en nuestro país.

Como podemos darnos cuenta, la impunidad con que ha sido tratado este caso desde el punto de vista jurídico es evidente, y ha sido el sello característico de esta historia. Ha habido impunidad en todas las exigencias de justicia que han realizado los padres y los familiares de los menores a lo largo de todos estos años. No es posible, ni admisible que a casi una década del incendio, las instituciones encargadas de impartir justicia, no hayan culminado las investigaciones, ni determinado las sanciones a todas las personas involucradas en el incendio de la Guardería ABC, que al paso del tiempo se ha convertido en una marca imborrable no tan sólo para la ciudad de Hermosillo y sus habitantes, sino para todo el país, ya que además de ser considerada la peor tragedia infantil en la historia de México, es también el acontecimiento que dejó al descubierto lo mal que funcionan diversas instituciones del Estado Mexicano, cuando se está prestando un servicio.

En ese sentido, desde el Senado de la República tenemos la posibilidad de contribuir a que situaciones como estas nunca caigan en el olvido de la sociedad y a que se haga justicia. Existen diversas pruebas y testimonios que indican que el incendio de la Guardería no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de una sucesión de complicidades gubernamentales, de actos de corrupción en todos niveles, de negligencias, acciones y omisiones que han marcado la historia de México, ya que han dejado en evidencia la incapacidad del Estado Mexicano para hacer justicia de manera pronta, expedita y eficaz, velando así por el derecho que tienen las víctimas a ser restituidos o reparados en el ejercicio de sus derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internaciones que México ha suscrito en la materia de derechos de los niños y que en todo momento protegen el principio del interés superior del menor.

En el ámbito de sus atribuciones, esta Soberanía busca contribuir, a través de una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos sobre el incendio de la Guardería ABC, a que las distintas autoridades involucradas en las investigaciones y resoluciones de los asuntos que tienen a su cargo, puedan llegar a su fin con imparcialidad, objetividad, eficiencia y eficacia, así como que se imparta justicia, se determinen las responsabilidades y se establezcan las sanciones que correspondan.

Cabe mencionar que, aunque esta no es la primera ocasión que este asunto se aborda en el Congreso de la Unión; sí es la primera vez que la presente LXIV Legislatura lo retoma para efectos de crear una Comisión Especial, y es la primera donde se pretende impulsar la adopción de una modalidad diferente en donde además de contribuir a que las autoridades competentes de cada uno de los órdenes de gobierno realicen las acciones necesarias a fin de que las víctimas obtengan justicia y les sea reparado el daño que les fue causado, también coadyuve en la obtención de información que permita el deslindar las responsabilidades administrativas o penales que el caso amerita respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC.

No es posible que a diez años del incendio de la Guardería ABC, se hayan realizado múltiples investigaciones sin que hasta el momento, no hayan llegado al fondo del asunto, ya que no se han sancionado a los altos funcionarios que estuvieron implicados en estos lamentables acontecimientos.

En tal virtud, es que vengo a solicitar la creación de una Comisión Especial que tenga como finalidad principal darle seguimiento a los acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como a la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Sobre el particular es que considero que existen dos argumentos fundamentales que se convierten en la base de la presente petición a esta Honorable Asamblea, ya que cada uno de estos rubros, permitirán que la Comisión Especial que se está solicitando se integre, tenga un gran campo de acción y cúmulo de trabajo, en particular para que desde este Recinto Legislativo recuperemos la memoria de un hecho que no debe quedar en la impunidad.

El primer argumento es el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de atraer dos amparos de la Guardería ABC, el 222/2018 y el 223/2018; uno de ellos es el promovido por 19 de los sentenciados, que impugnaron las penas que le impusieron por el caso, y el otro es el promovido por los familiares de las víctimas, quienes exigen lo contrario, es decir, penas mayores para los responsables de los delitos.

En ese sentido, recordemos que en junio del año pasado, un Tribunal Federal sentenció a esas 19 personas, entre ellos dos socios de la Guardería, la ex – jefa del Departamento de Guarderías y el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El principal argumento jurídico por el que fueron imputados y declarados culpables es que los sentenciados incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de la Guardería ABC y la indebida ocupación de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado.

Lo que en ambos Amparos se analizar la constitucionalidad y convencionalidad que realizó el Juez de distrito al inaplicar el artículo 64 del Código Penal Federal, vigente con anterioridad a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, y con ello determinar si es jurídicamente justificable la cuantificación de la sanción que realizaron a través de un incidente de inejecución, determinando si esto es compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.

Este hecho tan trascendental jurídicamente hablando le brinda al caso la esperanza para que se haga justicia y se les resarza eficazmente el daño a todos los familiares de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia; ya que será el máximo Tribunal del país el que tenga la oportunidad de ser la instancia que resuelva de manera definitiva el caso.

El segundo argumento es que desde esta Comisión Especial que se está proponiendo crear, se realice como parte de su trabajo ordinario, un análisis profundo sobre la eficacia de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que después del incendio de la Guardería ABC, las deficiencias en los servicios que presta el Estado, ha ocasionado que menores de edad fallezcan por razones diversas, desde bronco aspiración o descuido por dejar una cisterna abierta.

Lo cual denota deficiencias tanto en las capacitaciones que se le brindan a las personas que están a cargo de los grupos de niños, como en la base que debe tener un ordenamiento jurídico que sea eficaz y que resuelva los múltiples problemas que se puedan ocasionar en los lugares donde se atienden a niños menores de edad.

Las razones aquí presentadas, le brindan a la presente proposición la vigencia sobre la importancia de por qué se debe impulsar la creación de esta Comisión Especial; particularmente para todos aquellos que piensen que el caso de la Guardería ABC ha concluido, y no tenemos que seguir abordándolo. Todo lo contrario compañeros senadores, es un caso que no ha podido concluirse en virtud de que las víctimas no han alcanzado la justicia.

A continuación y de manera respetuosa, se presentan los nombres de los niños que perdieron la vida en el incendio del 5 de junio del año 2009, en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora:


1. María Magdalena Millán García

2. Andrea Nicole Figueroa

3. Emilia Fraijo Navarro

4. Valeria Muñoz Ramos

5. Sofía Martínez Robles

6. Fátima Sofía Moreno Escalante

7. Dafne Yesenia Blanco Losoya

8. Ruth Nahomi Madrid Pacheco

9. Denisse Alejandra Figueroa Ortiz

10. Lucía Guadalupe Carrillo Campos

11. Jazmín Pamela Tapia Ruiz

12. Camila Fuentes Cervera

13. Ana Paula Acosta Jiménez

14. Monserrat Granados Pérez

15. Pauleth Daniela Coronado Padilla

16. Ariadna Aragón Valenzuela

17. María Fernanda Miranda Hugues

18. Yoselín Valentina Tamayo Trujillo

19. Marian Ximena Hugues Mendoza

20. Nayeli Estefania González Daniel

21. Ximena Yanes Madrid

22. Yeseli Nahomi Baceli Meza

23. Ian Isaac Martínez Valle

24. Santiago Corona Carranza

25. Axel Abraham Angulo Cázares

26. Javier Ángel Merancio Valdez

27. Andrés Alonso García Duarte

28. Carlos Alán Santos Martínez

29. Martín Raymundo de la Cruz Armenta

30. Julio César Márquez Báez

31. Jesús Julián Valdez Rivera

32. Santiago de Jesús Zavala Lemas

33. Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas

34. Xiunelth Emmanuel Rodríguez García

35. Aquiles Dreneth Hernández Márquez

36. Daniel Rafael Navarro Valenzuela

37. Juan Carlos Rodríguez Othón

38. Germán Paúl León Vázquez

39. Bryan Alexander Méndez García

40. Jesús Antonio Chambert López

41. Luis Denzel Durazo López

42. Daré Omar Valenzuela Contreras

43. Jonathan Jesús de los Reyes Luna

44. Emily Guadalupe Cevallos Badilla

45. Juan Israel Fernández Lara

46. Jorge Sebastián Carrillo González

47. Ximena Álvarez Cota

48. Daniela Guadalupe Reyes Carretas

49. Juan Carlos Rascón Holguín


Por tanto, es que resulta de suma trascendencia el que desde esta Soberanía se pueda preservar la memoria de los 49 niños que murieron, se emprendan las acciones que se especifican en el presente documento, así como analizar la eficacia de la citada Ley General, y si de verdad ha cumplido con su objetivo, para que en función del resultado de ese análisis, se puedan promover iniciativas de reforma de manera específica que tengan como finalidad el mejorar el marco jurídico en la materia a las leyes que según proceda.

En ese sentido, es que me permito presentar la presente Proposición con Punto de Acuerdo que pretende contribuir a alcanzar la verdad y la memoria respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC, intentando sentar las bases para que sea ante las autoridades competentes en la materia se obtenga una justicia pronta, efectiva e imparcial que brinde a las víctimas la certeza jurídica de saber lo que ocurrió y que los responsables reciban su castigo por las autoridades facultades para ello, así como las demás atribuciones que se le otorgarán de manera específica. No debemos permitir que el incendio de la Guardería ABC pase de la injusticia al olvido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 119 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, que originaron el incendio de la Guardería ABC, S. C., de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

Segundo. La Comisión Especial tiene por objeto coadyuvar a la obtención de información que permita deslindar las responsabilidades penales, civiles, administrativas o cualquier otra que el caso amerita respecto del incendio de la Guardería ABC, así como analizar la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil [*] , y en su caso, promover la aprobación de reformas a ésta y a las demás las leyes específicas que se vinculen con el tema aquí abordado.

Tercero. La Comisión Especial se integrará por un máximo de diez miembros. Su Presidencia estará a cargo del Grupo Parlamentario mayoritario en el Senado de la República y sus integrantes son:

  1. Senadora Lilly Téllez, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. 
  2. Senadora Nestora Salgado García, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. 
  3. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  4. Senadora Claudia Edith Anaya Mota, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  5. Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  6. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  7. Senador Juan Manuel Fócil Pérez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
  8. Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  9. Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  10. Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, Sin Grupo. 

Cuarto. La Comisión Especial estará vigente durará el tiempo que sea necesario hasta que cumpla el objeto que originó su creación.

Quinto. De manera anual, la Comisión Especial emitirá un Informe de Labores en el que de forma concreta se vean reflejados los avances y demás actividades que haya realizado en ese periodo de tiempo.

Sexto. La Comisión Especial acatará las disposiciones jurídicas y reglamentarias que le son aplicables a las comisiones ordinarias, de conformidad con el Marco Jurídico del Congreso de la Unión y del Senado de la República.

Séptimo. La Comisión Especial contará con un Consejo Consultivo que estará integrado por los padres de familia de las víctimas, y que tendrá como finalidad el orientar y asesorar a los miembros de la Comisión respecto de la forma en que se pueda impulsar la recuperación de la memoria del incendio de la Guardería ABC. Para todo lo relativo a la creación, objeto, características y dinámica de trabajo que tendrá el Consejo Consultivo, la Comisión Especial emitirá un Acuerdo de creación en donde estará especificado todo lo anterior.

Octavo. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión Especial tendrá la posibilidad de reunirse con las víctimas del caso, generando un esquema de Audiencias Públicas, así como organizar reuniones de trabajo con los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que estime pertinentes.

Noveno. Para su funcionamiento, la Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que serán aprobados por la Comisión de Administración.

Décimo. De encontrar elementos jurídicos suficientes, los miembros de la Comisión Especial se encargarán de presentar, ante las instancias correspondientes, las quejas o denuncias correspondientes.

Senado de la República, Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.

Atentamente

Lilly Téllez

Senadora de la República


[*] Op. cit., pp. 1-2.

[*] La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un micrositio con información sobre el ejercicio de la Facultad de Investigación 1/2009: http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Principal.html

[*] Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, así como voto particular formulado por el Ministro Juan N. Silva Meza y votos concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167674&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019.

[*] Voto de minoría que formulan los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, en el Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández: publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167675&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019.

[*] Nota informativa DGCS/NI 29/2016 del 14 de mayo de 2016, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal: http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2016/notaInformativa29.pdf Consultado el 20 de febrero de 2019.

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] http://www.senado.gob.mx/64/votacion/3269 Consultado el 8 de febrero de 2019.

[*] http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/034 Consultado el 10 de febrero de 2019

[*] http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/038 Consultado el 15 de febrero de 2019.

[*] http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-28-1/assets/documentos/DGPL_2P1A_406_SEGOB_IMSS.pdf Publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República número LXIV/1SPO-92 de fecha 28 de febrero de 2019 y consultado en esta misma fecha.

[*] https://youtu.be/lhgVIkKo5DI Consultado el 19 de marzo de 2019.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.