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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, estado de Sonora, durante la gestión de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (2015-2018). De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se advierten derivado de dichas auditorías e investigaciones.

SE TURNó A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO.


CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE ABRIL DE 2019

SLT/LXIV/XXX/FB

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

P R E S E N T E.

Lilly Téllez, Senadora de la República por la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, 276 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías practicadas al Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, durante la gestión de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (2015-2018). De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de dichas auditorías e investigaciones, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 16 de septiembre de 2015, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez rindió protesta como presidente municipal de Hermosillo, Sonora, para el periodo 2015-2018, ante la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano [*] .

El 26 de enero de 2018, el Cabildo de Hermosillo, aprobó la licencia de Acosta Gutiérrez para separarse de su cargo de alcalde, para participar como candidato a Senador por el PRI en las elecciones del paso 1 de julio.

El 16 de marzo de 2018 [*] , el Cabildo del Ayuntamiento de Hermosillo, aprobó la renuncia de Acosta Gutiérrez como alcalde de la ciudad Capital de Sonora y se remitió para su ratificación al Congreso del Estado.

El 22 de marzo de 2018, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la renuncia de presentada por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al cargo de presidente municipal de Hermosillo [*] .

El 9 de noviembre de 2018, el portal de noticias Proyecto Puente, publicó una nota en donde se da cuenta que el dirigente del PRD en Sonora, Miguel Ángel Armenta, afirma que debe iniciarse un Juicio Político en contra de Miguel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien “destinó más de 500 millones de pesos a fines distintos a los aprobados y fueron reportados a gasto corriente, se trata de una ilegalidad y el Congreso debe de tomar cartas en el asunto” [*]

El 3 de diciembre de 2018, en una nota publicada por el periódico Milenio, se indica que “la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda de Sonora solicitó al Congreso del Estado que instaure juicio político contra el ex alcalde priista de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y Tadeo Iruretagoyena Tirano, ex tesorero del ayuntamiento. Este escrito fue remitido por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo” [*] .

El 5 de diciembre de 2018, llegó al Congreso del Estado de Sonora, a través de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales la denuncia de Juicio Político en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, acusado de dañar la Hacienda Pública Municipal durante su gestión.

El 28 de marzo de 2019, de acuerdo a una nota publicada por el Congreso del Estado, indica que “ante la falta de quórum, los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no sesionaron para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el Acuerdo que la misma comisión dictaminadora manifestaría en relación a la denuncia de juicio político en contra de los ciudadanos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo y Tadeo Iruretagoyena Tirado, ex tesorero municipal de dicho Ayuntamiento durante la administración 2015-2018” [*] . Dicha denuncia fue presentada por presentada por la ciudadana Patricia Argüelles Canseco, en su calidad de titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo.  

Cabe señalar que la fecha señalada anteriormente, era el último día para determinar la procedencia del Juicio Político, derivado que del artículo 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora indica que “el procedimiento de juicio político deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro del año siguiente al de la conclusión de sus funciones”.

El pasado 2 de abril, el portal periodístico de Sonora, Proyecto Puente publica una nota en donde el regidor de Movimiento Ciudadano, Carlos León García, del Ayuntamiento de Hermosillo hace “un llamado a la Contraloría Municipal de Hermosillo, para que esclarezca dónde están los casi 7 millones de pesos que presuntamente desaparecieron durante el trienio del exalcalde, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta Gutiérrez… este recurso económico está etiquetado dentro del programa RAMO 23, destinado para obra pública” [*] .

De los Antecedentes expuestos, se puede concluir que no estamos hablando ni de apreciaciones subjetivas, ni de carácter político. Se trata de que se investigue y en su caso, se sancione el daño causado a la hacienda pública municipal, en perjuicio de toda la sociedad hermosillense, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, señala que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Asimismo, que “los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente”.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo 14, fracción III, establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto “promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan”.

A pesar de los principios constitucionales y legales que deben regir al ejercicio de los recursos económicos, en el caso que nos ocupa, al municipio de Hermosillo, se advierte que Miguel Ignacio Acosta Gutiérrez, durante su gestión como alcalde de la ciudad capital de Sonora en el periodo 2015-2018, no se cumplió con la obligación de respetarlos a cabalidad.

Lo anterior, va más allá de las múltiples notas periodísticas que existen sobre el tema. Basta con revisar las auditorías elaboradas por la máxima autoridad de fiscalización en nuestro país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por ejemplo, tan sólo en la Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-26030-16-1374- 2018. 1374-GB-GF, elaborada por la ASF, relativa al Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora;se indica que “se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones” [*] .

Dicho dictamen fue emitido el pasado 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de la auditoría, la cual -se indica en el documento- se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.

Ahora bien, con independencia de que no se pudo llevar la demanda de Juicio Político al Pleno del Congreso del Estado para que los diputados pudieran discutir y votar el dictamen respectivo, y en su caso establecer las sanciones correspondientes al ex presidente municipal, es evidente que existen pruebas, como el dictamen público de la ASF antes referido- que permitirían a las autoridades iniciar cualquier tipo de investigación al tratarse de un presunto quebranto al erario y al patrimonio del municipio de Hermosillo.

Los hermosillenses nos sentimos agraviados ante las anomalías que hubo durante su gestión y lo mínimo que esperamos es que se investigue y que las autoridades competentes deben informar qué es lo que han hecho en todo este tiempo para sancionar a los responsables de las irregularidades cometidas -por actos u omisiones- en el periodo de la gestión de Acosta Gutiérrez.

Estamos hablando de una situación grave: el ejercicio indebido de los recursos públicos que debían destinarse en beneficio de los hermosillenses y no en beneficio de unas cuantas personas. La corrupción debemos erradicarla en todos los sectores y este Punto de Acuerdo busca contribuir a ello.

Debemos recordar que en todo Estado Constitucional de Derecho y en todo régimen democrático, deben regir tres principios fundamentales en el ejercicio público: la rendición de cuentas, la transparencia y la legalidad. No cumplir con alguno de esos principios es no cumplir con el mandato que el pueblo le confirió a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez como alcalde de Hermosillo.

Debido a las distintas irregularidades que se han hecho públicas, parece que al ex alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, se le olvidó que al rendir su protesta de ley, se comprometió a cumplir y hacer cumplir con la Constitución Federal, la Constitución de Sonora, así como las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente las obligaciones de su encargo.

De ahí la importancia de que se realicen auditorías, investigaciones y procedimientos para sancionar a aquellas personas que ejerzan recursos públicos e incumplan con la observancia de sus principios: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión atenta y respetuosamente, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías practicadas al Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, durante la gestión de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (2015-2018). De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de dichas auditorías e investigaciones.

Senado de la República, Ciudad de México, a 2 de abril de 2019.

Atentamente

Lilly Téllez

Senadora de la República