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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, noveno párrafo; y adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 94, noveno párrafo; y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las preocupaciones constantes desde la creación de la Constitución de 1824 fue establecer mecanismos para su protección, por ello dicha Constitución instituía al Supremo Poder Conservador a velar por el texto Constitucional al establecer en el artículo 171 “Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la Federación, y de los Estados”.

Al igual que la Constitución de 1824, el texto de la Carta Magna actual establece medios de control que tienen como objeto garantizar el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponeEsta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…”.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los medios de control de la constitucionalidad [*] , “son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En nuestro país, la Constitución contempla diversos medios de control, de los cuales conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son:

  • El juicio de amparo 
  • Las controversias constitucionales. 
  • Las acciones de inconstitucionalidad. 

Por lo que respecta al juicio de amparo, “…es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo”. [*]

Por su parte, la acción de inconstitucionalidad fue introducida al sistema jurídico mexicano mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y constituye una vía para que las minorías del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales; así como el Ejecutivo Federal; los Partidos Políticos tratándose de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Fiscalía General de la República, sometan a consideración de nuestro Tribunal Supremo la que consideran una Ley contraria al texto constitucional, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado.

De acuerdo con la SCJN, se trata de “Un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales [*] ”.

El Ministro José Ramón Cossío [*] , señala que la función básica de las acciones de inconstitucionalidad es “darle racionalidad y ponerle límites al principio de las mayorías”, es decir, se trata de un mecanismo con que cuentan las minorías a efecto de que puedan consultar a la SCJN, en relación a la constitucionalidad de una norma que consideran contraria a nuestro máximo ordenamiento, con lo cual se garantiza su supremacía.

En cuanto a las controversias constitucionales, fueron introducidas en nuestro ordenamiento constitucional en la Constitución de 1824, donde se atribuía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las mismas.

Por lo que respecta a las controversias constitucionales, el texto constitucional señala que será la SCJN quien conozca de las mismas, con excepción de las relacionadas a la materia electoral, que se susciten entre:

  • La Federación y una entidad federativa;  
  • La Federación y un municipio;  
  • El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;  
  • Entidades Federativas;  
  • Dos municipios de diversos Estados;  
  • Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;  
  • Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;  
  • Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y  
  • Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.  

Sin embargo, en el caso de las controversias constitucionales, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, se requiere que sea el Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, quien promueva dicho medio de control constitucional; de tal suerte que las minorías en el Congreso, no pueden interponer dicho juicio, si no es por conducto del Presidente de cualquiera de las Cámaras.

Lo anterior, propicia que en asuntos de suma relevancia, donde exista una clara invasión de atribuciones, las minorías no puedan ejercitar ningún mecanismo de control constitucional para salvaguardar las atribuciones del Congreso de la Unión; lo que genera un clima de incertidumbre jurídica que deteriora las relaciones entre los poderes y provoca desconfianza de la población hacia las instituciones. 

Por ello es que resulta necesario reformar el artículo 105 constitucional para que al igual que en las acciones de inconstitucionalidad, tratándose de controversias constitucionales, sea posible que un 33% de integrantes del Congreso de la Unión puedan interponerlas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las minorías, preservar el respeto entre poderes y dotar de certeza al orden jurídico mexicano.

En los últimos años la SCJN se ha convertido en mediador de las diferencias entre los distintos órdenes y niveles de gobierno, ante la pluralidad política que se vive hoy día, en donde diferentes partidos políticos gobiernan a nivel municipal, estatal y federal; es necesario que mediante instrumentos jurídicos, todos los actores políticos tengan la posibilidad de recurrir a la Corte, para expresar lo que consideran una invasión a sus atribuciones, o para denunciar la inconstitucionalidad de alguna norma.

A mayor claridad, se adjunta cuadro comparativo de la propuesta.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo 94. …

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.          De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a)         La Federación y una entidad federativa;

b)         La Federación y un municipio;

c)         El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

d)         Una entidad federativa y otra;

e)         Se deroga.

f)          Se deroga.

g)         Dos municipios de diversos Estados;

h)         Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i)          Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j)          Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

k)         Se deroga.

l)          Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. a III. …

Artículo 105. …

I. …

a) a l) …

Siempre que una de las partes sea el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la Comisión Permanente, la controversia podrá ejercitarse por su respectiva presidencia o por el equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes.

II. a III. …

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el noveno párrafo del artículo 94, y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. …

a) a l) …

Siempre que una de las partes sea el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la Comisión Permanente, la controversia podrá ejercitarce por su respectiva presidencia o por el equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes.

II…

III…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 4 de abril de 2019

ATENTAMENTE

SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ


Bibliografía

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÌVAR LELO DE LARREA, Arturo (Coord.), La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Tomo VIII Procesos Constitucionales Orgánicos, Ed. UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2008, pp. 1038

BURGOA ORIHUELA, Ignacio; El Juicio de Amparo, 25 ed., México, Porrúa, 1988, p. p. 1108

Cerezo Vélez, Félix, Introducción al Derecho Procesal Constitucional. En Ruperto Patiño Manfer, Ruperto y Ríos Ruiz, Alma de los Ángeles (Coord.), Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2009, pp. 459

COSSÌO D, José Ramón, Artículo 105. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 452

[*] Véase ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? en: https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx

[*] Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, diciembre de 2006, p. 189, tesis 2ª./J.181/2006; IUS: 173858.

[*] Op. Cit. 1

[*] COSSÌO D, José Ramón, “Artículo 105”. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 180