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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SE TURNó A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO.


PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA al Poder Ejecutivo Federal, PARA QUE asuma las obligaciones establecidas en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto A la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior, garantizando, velando y cumpliendo de manera plena con el principio del interés superior de la niñez.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República

P r e s e n t e

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión; e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 95 numeral 1, 108 y 109 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, asuma por parte del Estado las obligaciones establecidas en nuestra Constitución General, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior, garantizando, velando y cumpliendo de manera plena, con el principio del interés superior de la niñez, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma jurídica suprema, la cual regula entre otras cosas los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, establece en su artículo cuarto, párrafo noveno que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Así mismo, la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el año 2014, marcó el inicio de una nueva etapa para la niñez y adolescencia en México, en la que gobierno y sociedad trabajaron de manera coordinada con un solo fin: garantizar sus derechos. Por primera vez se establecieron las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales, así como el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

En su artículo 2, segundo párrafo prevé que:El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.”

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto destacando que el interés superior del menor es un concepto triple [*] : (i) un derecho sustantivo; (ii) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (iii) una norma de procedimiento, por lo que podemos concluir que el derecho del interés superior del menor no exige observar que “todas las decisiones y medidas relacionadas con la niñez” incluye también, todas las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, las condiciones de vida, la protección, el asilo, entre otras.

Además de ello, debemos recordar los compromisos adquiridos por México al suscribir la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en la cual se establecen Objetivos del Desarrollo Sostenible, por sus siglas ODS, en donde el principio del Interés Superior de la Niñez supone generar estrategias y políticas que trasciendan administraciones, articulen órdenes de gobierno, y homologuen objetivos, metas e indicadores enfocados en garantizar el ejercicio de sus derechos.

De igual forma, no debemos olvidar la importancia que representa la etapa de la “Primera Infancia”, la UNESCO la define como un momento único del crecimiento, representa la etapa más significativa en el aprendizaje del niño, y es la que condicionará su manera de actuar en el futuro comprendiendo como tal, la adolescencia y la madurez. Durante ésta, el niño experimenta cambios constantes de supervivencia, físicos e intelectuales que le permiten conectarse y explorar su medio ambiente. 

Así mismo, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no solo contribuye a preparar a los niños, se trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. La AEPI tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro.

México desde el año 2007, eligió ser un país que invierte estratégicamente y enfoca sus políticas públicas en sus niñas, niños y adolescentes, logrando beneficios como: reducción de la desigualdad social, mayores niveles de educación, mejores condiciones de salud, menor violencia, entre otros.

Fue así, que de manera responsable y prioritaria el gobierno puso en marcha el programa de Estancias Infantiles, programa con más de 11 años de vida y que representa una de las pocas políticas públicas verdaderamente integrales que consiguen atajar diversas problemáticas sociales con una sola acción.

Las Estancias Infantiles se implementaron como respuesta a la necesidad de contar con servicios de cuidado infantil, garantizando el derecho a la educación inicial y a la seguridad social como una obligación del Estado, así como un apoyo a las madres de familia trabajadoras que no contaran con seguridad social y, por ende, con los beneficios que ésta proporciona como las guarderías. El programa fue reconocido en el 2012 por la Organización de las Naciones Unidas mediante el premio al servicio público como un caso de éxito en la promoción del enfoque de género en la producción de los servicios públicos.

Así mismo, a partir del año 2015 arrancó el proyecto piloto con el financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo (MACI), en donde niñas y niños con alguna discapacidad ingresaron a las Estancias Infantiles y han sido constantemente beneficiados al mostrar un avance en (i) independencias y autocuidado; (ii) nivel de inclusión social; y (iii) desarrollo temprano integral, según datos del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) [*]

Actualmente en México existen 9,582 Estancias Infantiles, en donde se atienden casi a 326,000 mil niños y niñas a nivel nacional, de los cuales existen 4,024 niños y niñas que tienen una discapacidad. Por citar un ejemplo, en mi estado San Luis Potosí, existen 209 Estancias Infantiles que atienden a 6,600 niñas y niños, de los cuales el 10% tienen alguna discapacidad. Todas estas estancias y en apego a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (firmada por México en 2007), han tenido resultados positivos en temas claves para la construcción de un mejor futuro para los niños y las niñas con discapacidad en México, cumpliendo con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Para nosotros como legisladores, como padres y madres, así como parte de esta sociedad, conocemos la trascendencia de este programa, no somos ajenos a la problemática social que vive nuestro país y tampoco podemos ser insensibles ante un tema de gran trascendencia. Nuestras niñas y niños merecen todo nuestro compromiso, ya que ellos también son sujetos de derechos y nosotros junto con el Estado estamos obligamos a garantizarles una infancia plena, atendiendo la primera infancia como una parte importante en su desarrollo.

Sin embargo, es de todos conocido que el Presidente López Obrador ha determinado cancelar los recursos a las Estancias Infantiles, por lo que ahora la ayuda será entregada directamente a los padres de familia, argumentando un problema de corrupción, que dicho sea de paso no ha quedado demostrado hasta el momento. Por otro lado, el combate a la corrupción no es pretexto suficiente para afectar los derechos de miles de niñas y niños mexicanos y menos por parte de aquel que ostenta estar del lado de quienes menos tienen.

Esta estrategia, ha propiciado incertidumbre en madres y padres afectados, han buscado otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacta en sus medios de subsistencia; o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación en el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para la integridad y seguridad de las niñas y niños.

En ese orden de ideas, debemos reconocer, compañeras y compañeros, que este programa generó un derecho a niñas, niños, madres y padres trabajadores, derecho que no podemos vulnerar, además que estamos obligados a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez [*] y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda.

No podemos ni debemos perder de vista que los más afectados por esta errónea medida, son nuestras niñas y niños de México, a quienes les debemos asegurar un desarrollo adecuado desde sus primeros años de vida, en un tema básico y de observancia obligatoria como derecho humano.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, asuma por parte del Estado las obligaciones establecidas en nuestra Ley Suprema, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior, garantizando, velando y cumpliendo de manera plena, con el principio del interés superior de la niñez.

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a efecto de que a la brevedad se emitan las Reglas de Operación para el Ejercicio 2019, que permitan el correcto funcionamiento de las Estancias Infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios.

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Bienestar se amplié la discusión sobre este tema, convocando a expertos de los distintos sectores para trabajar en el fortalecimiento de programas como el de Estancias Infantiles, dirigidos a garantizar el derecho al desarrollo, la educación y la protección integral de las niñas y los niños de nuestro país.

CUARTO. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, realicen las reasignaciones presupuestarias correspondientes, a fin de incrementar por la cantidad de 2,100 millones de pesos la partida a favor de las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Dado en el Salón de Sesiones, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte