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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la mayor brevedad para atender dicha situación.

SE TURNó A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE PIERDEN LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, PARA QUE LO ESTABLEZCAN, APRUEBEN Y OPEREN A LA MAYOR BREVEDAD PARA ATENDER DICHA SITUACIÓN

El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en el noveno párrafo lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

A pesar de la responsabilidad atribuida a cada una de las policías que operan en el país, la realidad muestra el gran déficit de calidad con el que operan. De acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el documento denominado “Modelo Óptimo de la Función Policial” [*] presentado en diciembre de 2017, las condiciones en las que operan las 32 instituciones policiales estatales del país distan mucho de ser las óptimas y plantean que se necesitará al menos cinco años más para contar con el número total de policías que requiere el país para afrontar el reto de reducir los elevados índices de criminalidad.

En dicho documento se plantea, en el indicador 6°, “Mejoras de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial”, lo siguiente:

“Los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación:

1. Homologación al salario promedio nacional de referencia

2. Acceso a créditos para vivienda

3. Seguro de vida

4. Servicio médico

5. Fondo de ahorro para el retiro de los policías

6. Acceso a apoyos para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber

7. Becas escolares para hijos de policías”

No obstante que se encuentra próxima la aprobación y creación de la Guardia Nacional como principal institución de combate a la criminalidad, las policías estatales y municipales seguirán existiendo y operando para dar cumplimiento a sus áreas encomendadas, entre las que se encuentran la de proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir y perseguir la comisión de delitos e infracciones y mantener el orden público. Lo han hecho a pesar de las enormes deficiencias con las que operan y el riesgo inherente al cumplimiento de su trabajo, lo que incluso lleva a la pérdida de la vida.

De acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común A.C., en 2018 hubo un total de 412 elementos policiacos asesinados en todo el país [*] . Guanajuato tuvo 64 policías asesinados, mientras que Guerrero alcanzó la cifra de 43, Veracruz 34, Chihuahua y Puebla 28 casos, Jalisco 24 y la CDMX 19, por mencionar algunas entidades federativas.

Las circunstancias que rodean el asesinato de un integrante de algún cuerpo policial son casi siempre violentas y se encuentran expuestos a la difusión mediática por el hecho mismo de ser una noticia, lo que provoca una afectación mayor a los integrantes de las familias de los servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber.

Las familias de los policías que resultan muertos por algún hecho derivado de su trabajo, frecuentemente tienen que afrontar, además de la pérdida del ser querido, la ausencia del principal aportante económico de la familia, una reorientación general de la vida cotidiana al interior del hogar, trastornos por la ausencia misma del familiar muerto y también por las condiciones en que se dio dicho fallecimiento. Las historias y problemas de las familias de las víctimas son siempre diversas, pero aún así se encuentran patrones de necesidades que pueden y deben ser atendidos por las instituciones del Estado, de ahí la importancia de cumplir con el sexto elemento del indicador 6 del Modelo Óptimo de la Función Policial: 6. Acceso a apoyos para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber.

En la Ciudad de México, apenas el pasado 6 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial el “Acuerdo por el que se crea el Fondo de Apoyo a las Familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales de la Ciudad de México, que pierden la vida en cumplimiento de su deber”, ante el reconocimiento de la necesidad de apoyo y atención en favor de los familiares de las personas integrantes de las instituciones policiales. Este Fondo pretende contribuir a la estabilidad económica después de haber perdido al que en muchos casos es la persona que aportaba el principal ingreso económico de la familia, así como también a “aquellos servicios, actividades y programas con objeto de que puedan tener un desarrollo integral pleno; y que les permita un crecimiento sano, sustentable y en condiciones que permitan su bienestar y desarrollo tanto físico, psicológico, material y social.”

El modelo que siguió el gobierno de la Ciudad de México establece que el administrador y operador de dicho Fondo se encuentre a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir el DIF local, y que se integre un Comité del Fondo en el que participan los titulares de la Jefatura de Gobierno, quien lo preside y las Secretarías de Gobierno, Contraloría, Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Vivienda y el DIF local quien funge como Coordinador Ejecutivo. Esta estructura tiene como propósito que los casos analizados como susceptibles de acceder a los recursos del Fondo, lo hagan de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, que responda en forma expedita a las necesidades que enfrentan las familias de las y los policías muertos en el cumplimiento de su deber.

La pertinencia de que sea el DIF local quien dirija y canalice de la mejor manera los recursos asignados al Fondo, radica en que esta institución por su naturaleza protectora de los derechos de la infancia y la familia, tiene incorporado a su quehacer cotidiano la interrelación con múltiples dependencias, lo que permite aprovechar una experiencia adquirida que hace posible una mayor eficacia en la administración y canalización de los recursos del Fondo para atender las particularidades de cada caso aprobado por el Comité.

En tal sentido, este Punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar a las entidades federativas que aún no cuenten con un mecanismo igual o similar al desarrollado en la Ciudad de México, a atender la situación de las familias de las personas integrantes de las instituciones policiales que han muerto en el cumplimiento de su deber, lo anterior con el debido respeto a la soberanía de los estados, pero con el propósito urgente de atender una problemática que resulta por demás lacerante para el conjunto de la sociedad y especialmente compleja para las familias e individuos víctimas de tal situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Único. - El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas que aún no cuentan con un Fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber, para que lo establezcan, aprueben y operen a la mayor brevedad para atender dicha situación.

Pleno del Senado de la República, a los 28 días del mes de febrero de 2019

Suscribe

Sen. Omar Obed Maceda Luna