+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE OAXACA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vigencia del precio único del libro, la extensión de sus reglas hacia el libro electrónico y la asignación de una institución responsable de evitar prácticas desleales de comercio en ese mercado, constituyen tres elementos del debate en torno a las reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. De eso se trata esta iniciativa, de generar condiciones normativas para garantizar condiciones de mercado más justas a fin de procurar condiciones de equilibrio que contribuyan a una mayor diversidad de títulos editoriales, un número creciente de librerías y reglas claras entre el libro impreso en papel y los libros electrónicos. En otras palabras, hacer de la ley un instrumento eficaz, que incida en la diversidad cultural y contribuya al cumplimiento del acceso a la cultura a través de la lectura.

Es de señalarse que, a partir de la publicación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el fomento a la lectura y el libro ya no puede verse solo como un servicio, sino como parte de la estrategia para garantizar los derechos culturales de los mexicanos. No sólo se trata de contar con un amplio catálogo de libros y talleres de lectura, sino identificar un conjunto de necesidades y propósitos para hacer de la lectura un hábito nacional, bajo un esquema que articule políticas públicas en la que se incluyan desde el autor hasta el lector final.

En la base de este propósito subyace la necesidad de una amplia oferta de lecturas y libros a la que puedan acceder los lectores en igualdad de condiciones y oportunidades. Y ese es el espíritu con el que nace la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, cuyo debate en 2008 tuvo que ceder en eficacia normativa para lograr el consenso. Lo primero que hay que destacar, es que el precio único no está a discusión: es constitucional. De ello dan cuenta dos resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, el precio único no es un precio fijo ni mucho menos eterno. Las ofertas de libros son posibles en cualquier parte del territorio nacional, siempre que se realicen de manera uniforme y equitativa en un mismo momento y en todo lugar en el que se distribuyan.

Durante la vigencia del precio único, los ejemplares de un mismo libro se venden a un mismo precio, el cual puede bajar o subir, dependiendo las condiciones del mercado, pero en igualdad de condiciones para los lectores de cualquier entidad federativa que desean adquirirlos. Por ello, el precio único no es una figura inamovible, pero, dependiendo las condiciones de oferta y demanda, el libro cumplirá sus ciclos de venta, que los editores estiman en, cuando menos, tres años. Los libros que más se comercializan son los que mantienen vivas a las librerías.

Es de considerarse que, si todas las librerías venden a un mismo precio cada título de cualquier editorial, la competencia en el mercado editorial será incentivada por nuevos factores, como son la selección de catálogos, la especialización temática y la prestación de servicios adicionales en las librerías, puntos de venta y la ampliación de la oferta. Desde esa perspectiva las librerías tendrán garantizada, al menos, cierta rentabilidad, pero, sobre todo, continuidad en el mercado. Pero, sin librerías, la oferta de títulos se reduce significativamente. Sin venta de libros las editoriales tienden a desaparecer. Sin editoriales no hay quien publique a los autores. Bajo este panorama, se reduce significativamente la diversidad de títulos para la lectura y, por lo mismo, la posibilidad de ejercer en plenitud un derecho cultural. La vigencia del precio único es la oportunidad de supervivencia de muchos autores, editoriales y librerías y para ello, una condición, es la ampliación del periodo de vigencia de precio único del libro impreso en papel, de 18 a 36 meses, a partir de la fecha de impresión.

Por otra parte, la existencia de una oferta amplia de títulos, editoriales y librerías en el mercado del libro impreso, pasa también por la regulación de ciertos elementos del libro electrónico, en virtud de que participan de un mismo mercado de consumidores, pero, mientras que quienes intervienen en la cadena de la industria del libro operan bajo las mismas reglas, la comercialización de libros electrónicos no están sujetos a ninguna norma, ni siquiera a las reglas básicas de registro del número internacional normalizado del libro, ISBN.

Sin duda, el libro electrónico ha facilitado la distribución de ejemplares a nivel mundial. Tiene grandes virtudes, pues su disponibilidad es permanente y cualquier autor, puede subir un texto y venderlo a través de las empresas distribuidoras de libros electrónicos sin la necesidad de pasar por el examen de un editor, lo cual no se traduce necesariamente en mayor calidad literaria, sino en una mayor propagación de información y opiniones.

Quienes se dedican profesionalmente a la producir libros electrónicos, señalan que en su industria todos los ejemplares tienen el mismo precio y que, dependiendo de la oferta y la demanda, puede bajar hasta constituir una verdadera oferta. Por ejemplo, las obras completas de Santa Teresa de Jesús, se venden en Amazon en $49.00 pesos y pueden adquirirse una y cinco mil veces.

El libro electrónico ciertamente es un gran instrumento para el fomento de la lectura, pero, todavía no está en disponibilidad para todos. Por su naturaleza, reproduce las condiciones de desigualdad que prevalecen en las sociedades contemporáneas, en este caso, la denominada brecha digital, la cual establece diferencias serias entre el acceso al conocimiento para quienes cuentan con los medios económicos suficientes para adquirir un dispositivo, respecto de los diferentes grupos sociales que no cuentan con las facilidades para acceder a internet o adquirir un dispositivo con la capacidad suficiente para abrir las aplicaciones de la lectura libros digitales.

Es de señalarse que el mercado de libros electrónicos avanza rápidamente y no hay lector especializado que no combine la lectura de libros impresos en papel con libros electrónicos. Sin embargo, cuando se analizan los números, queda clara la brecha digital vigente en el acceso a internet y, por lo tanto, a los libros electrónicos. En México, las personas mayores de quince años que no saben leer y escribir se estiman en 5.7 millones [*] .

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 [*] , el 63 por ciento de la población tienen acceso a internet, lo cual representa que 17.4 millones de hogares mexicanos disponen de acceso a internet, 50.9% del total nacional. Los datos de análisis establecen que los mexicanos utilizan internet para: obtener información (96.9%), entretenimiento (91.4%), comunicación (90.0%), acceso a contenidos audiovisuales (78.1%) y acceso a redes sociales (76.6%). Es de señalarse que únicamente el 45 por ciento de los usuarios informó que utiliza este medio para leer periódicos, revistas y libros.

Es de señalarse que cada día se reduce el uso de las computadoras personales y tabletas en favor de los teléfonos inteligentes, instrumento que no resulta idóneo para la lectura, además que su diseño está dirigido preferentemente a la comunicación inmediata e, incluso, efímera.

Las aplicaciones para la lectura de libros electrónicos compiten con las aplicaciones de todo orden, redes sociales, juegos, correos electrónicos, ordenadores o buscadores, entre otros. La lectura de un libro impreso en un dispositivo está expuesta permanentemente a las notificaciones de las aplicaciones, lo cual dificulta la concentración. Adicionalmente debe considerarse que el libro electrónico, a diferencia del libro impreso en papel, no se hereda a pesar de que su costo no es significativamente inferior al segundo. Cuando el titular de una cuenta fallece, la cuenta también fenece, con todo y las adquisiciones.

Al mismo tiempo, sin ser una política premeditada, los libros electrónicos resultan depredadores de la industria editorial por varios motivos: no tienen inventarios, su disponibilidad no se agota, no siempre tramita el ISBN cuando se trata de libros diseñados específicamente para el formato electrónico, no requieren de una calificación editorial, no implica inversiones físicas, ni de gastos de transporte y el pago de impuestos no tiene un procedimiento claro cuando las operaciones se realizan de país a país.

A contrario sensu, en primer lugar, el libro impreso en papel cumple una función social en la difusión del conocimiento que no puede ser sustituida por ningún dispositivo electrónico, por su costo y disponibilidad. En segundo lugar, porque es el instrumento de transmisión de conocimiento más acreditado socialmente y más democrático. Sirve para leer exclusivamente. Un smartphone sirve para localizar un sitio, consultar alguna duda, chatear con los amigos, mandar un mensaje, recibir llamadas y muchas otras cosas. El libro electrónico compite con esas aplicaciones, mientras que el libro impreso en papel esencialmente es para leer. Además, no requiere de la inversión en un dispositivo, una tarjeta de crédito, de la señal o batería.

Si bien el libro impreso en papel no va a desaparecer, si no homologamos ciertas reglas en cuanto a la publicación de títulos semejantes, se va a encarecer. El propósito de esta reforma a la Ley para el fomento de la Lectura y el Libro es lograr una coexistencia ordenada entre uno y otro de modo que se impulse a la industria editorial sin ningún costo fiscal, en tanto que se establece reglas de horizontalidad en los elementos en que son comunes las ediciones electrónicas respecto de las ediciones impresas en papel.

Cuando un libro impreso en papel presenta algún defecto, se cambia en la librería donde fue adquirido. Cuando un libro electrónico está mal editado (formado), todos los ejemplares están en la misma condición. Los proveedores de ebooks los entregan en condiciones muy diferentes: a veces puede uno moverse libremente entre capítulos, a veces no es posible moverse a través del índice. También existen formatos electrónicos muy diferentes que imposibilitan la lectura en determinados dispositivos, a veces dependiendo el sistema operativo o, bien, la capacidad del mismo. Entre otros formatos existen: mobi, epub, azw3, fb2, htmlz, lit, pdb, pdf, pmlz, txt o eg, entre otros.

El libro impreso en papel es muy vulnerable frente a posibles prácticas desleales de comercio de parte de proveedores del libro electrónico. Una edición sujeta a reglas de precio único, no puede sostener su actualidad si se distribuyen ejemplares por medios electrónicos en condiciones de precio no acordado previamente con los editores. Editoriales y librerías equilibran sus ventas con aquellos títulos que prevalecen en el interés de los lectores, pero, en caso de no resultar rentable la edición, por más que sea relevante su lectura, el propio mercado lo llevará al olvido. Esta circunstancia se ha acentuado con la convivencia de los dos formatos de edición de libros.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, desde el año de 2015 ha venido midiendo el comportamiento lector de la población mexicana de 18 años y más residente en áreas urbanas de cuando menos cien mil habitantes [*] . En ella se destaca que el 76.45 por ciento de la población afirma leer algún material, ya sea impreso o digital, y que de la muestra elegida, el 45.1 por ciento declaró leer, al menos, un libro al año. Las preferencias de lectura son: literatura, 40.8%; libros de texto o universitarios, 33.6%; autoayuda, superación personal o religiosos, 28.2%; cultura general, 23.4% y; manuales, recetarios y demás, 7.5%. Sólo un 36.7 por ciento hace la lectura en libros adquiridos, sin embargo, el 84.9 por ciento prefiere leer libros impresos en papel que en formatos digitales. No obstante, en la serie porcentual de 2015 a 2018, se observa que la población lectora de libros en formato digital se incrementó de 5.1 a 10.7 por ciento.

En el año de 2017 [*] el sector privado y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Conaliteg, produjeron 294 millones de ejemplares, de los cuales, 92 millones fueron a cargo del sector editorial privado para el mercado abierto (3 millones menos que en 2016) y 42 millones adquiridos por el gobierno. Poco más de la mitad de la producción editorial total, estuvo a cargo de la propia Conaliteg.

La facturación total de las editoriales integradas a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, A.C., que incluye a 227 editores, fue por un monto total de 10 mil 125 millones 162 mil 844 pesos para la edición de 24 mil 527 títulos, de los que 147 millones 55 mil 444 pesos se facturaron por la adquisición de ediciones digitales. Las estructura de la industria editorial la integran 924 empresas, 7,351 empleados de base, 516 eventuales y 3,343 personas de freelance. Sin embargo, para ese año se debe considerar una baja general del 3.1 por ciento de personas empleadas en el sector respecto del año previo.

En el curso del tiempo pueden constatarse dos elementos que afectan significativamente a la cadena del libro: la reducción del número de librerías y el menor número de ediciones y reediciones que, en el año de 2013 fueron de 30 mil 597 y en 2017 de 25 mil 527. Debe considerarse que los libros de texto y los de enseñanza de la lengua inglesa constituyen la principal actividad de la industria, pues el consumo de libros de literatura, ficción, infantiles y juveniles o desarrollo personal, representa únicamente el 23 por ciento de los ejemplares totales editados.

En cambio, la facturación de libros digitales muestra un incremento constante desde 2013, el cual paso de 19.6 millones de pesos a 147.1 millones de pesos en 2017. El precio promedio de los ejemplares vendidos por vía electrónica fue por arriba de los 200 pesos.

Por ello, es relevante hacer extensiva la regla del precio único convenido con los editores, con la finalidad de que se ajusten a una misma condición de mercado y, de esta forma, el libro impreso pueda seguir cumpliendo con esta función social hacia los lectores sin acceso a internet por la razón que sea: brecha digital, habilidades digitales, preferencia por la lectura impresa, etcétera. Sería una regla que aplica solo a los títulos impresos en papel que las distribuidoras de libros digitales desean comercializar a través de sus portales. Los libros que no tengan un ejemplar impreso en papel o que haya sido dispuestos exclusivamente para el mercado digital, estarían exentos de esta disposición.

Adicionalmente, el precio único estaría vigente en el periodo de primera edición y de aquellas reimpresiones del mismo título bajo las mismas condiciones. Esta regla deriva de la necesidad de mantener vigentes a las librerías especializadas o en pequeño, unidades económicas que viven de las novedades y la posibilidad de atender solicitudes específicas para lectores especializados.

Sólo de esta forma la versión electrónica no tendrá esa función involuntaria de depredar la distribución y comercialización del libro impreso en papel, porque a la larga, esta depredación involuntaria, generará una pérdida de una oferta cultural en términos de autores, editoriales y librerías, tal como ha venido ocurriendo en nuestro país desde hace algún tiempo, por esta y otras razones. El arreglo comercial entre editores y distribuidores de libros impresos o digitales se dará bajo las condiciones de oportunidad que, en cada caso, favorezca la venta de libros y la mejor condición de negocios para cada uno de ellos.

Por ello, tanto la extensión de la regla de precio único a los libros digitales como la ampliación del tiempo de vigencia del precio único en tanto esté vigente para el libro impreso en papel, constituye una condición esencial para mantener una industria editorial prospera y generadora de empleos y contenidos diversos.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, párrafo octavo; 23, primer párrafo; 26 y 27, párrafo primero; se adicionan la fracción E. al artículos 5°; la fracción VII. al artículo 11; las fracciones I. a la V. al artículo 23; así como el artículo 28; y se derogan la fracción IX del artículo 15; y el párrafo segundo del artículo 27; todos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa o editada en cualquier soporte, lenguaje o código, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus respectivas competencias:

A. La Secretaría de Cultura;

B. La Secretaría de Educación Pública;

C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura;

D. Los Gobiernos de las entidades Federativas, municipales y demarcaciones de la Ciudad de México, y

E. La Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura:

I. a la IV.- …

V. Coadyuvar con instancias a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, así como con miembros de la iniciativa privada en acciones que garanticen el acceso de la población abierta a los libros a través de diferentes medios gratuitos o pagados, como bibliotecas, salas de lectura o librerías;

VI. Generar programas de desarrollo profesional de fomento a la lectura para la población abierta y para los bibliotecarios de la red nacional de bibliotecas públicas, y

VII.- Llevar el registro del precio único de libros a partir de la información que le proporcionen los editores e importadores de libros;

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones:

I.- … a la VIII.- …

IX.- Se deroga.

X.- a la XV.- …

Artículo 23.- Previo a su venta a los consumidores, los editores o importadores de libros deberán registrar el precio único de los libros en la base de datos a cargo de la Secretaría de Cultura, la cual estará disponible a la consulta pública. En dicha base se registrará al menos:

  1. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;
  2. Datos que identifiquen al libro y su autor;
  3. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN);
  4. Fecha de impresión, y
  5. Precio único de venta al público.

Artículo 26.- El precio único de venta al público tendrá una vigencia de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de impresión consignada en el colofón o, en su caso, en el pedimento de importación.  Se exceptúa de lo anterior a los libros antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales, los cuales no estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 22. En tanto un libro impreso en papel esté sujeto al régimen de precio único, su versión electrónica equivalente estará sujeta a las mismas disposiciones.

Artículo 27.- Las acciones para detener y reparar las violaciones al precio único establecido en esta Ley pueden ser emprendidas por cualquier consumidor, competidor, profesionales de la edición y difusión del libro, autores, sociedades de gestión colectiva o cualquier organización de defensa de consumidores.

Artículo 28.- Corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor proteger y vigilar la venta de libros a los consumidores en los términos de la presente ley o, en su caso, aplicar las medidas necesarias y sanciones que garanticen su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Cultura llevará a cabo las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley y demás disposiciones aplicables en un término de sesenta días hábiles.

Tercero.- La Secretaría de Cultura habilitará la base de datos para el registro del precio único de los libros editados en el país o importados al el territorio nacional, en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, sin detrimento del cumplimiento de las obligaciones vigentes de la presente ley y demás disposiciones aplicables dispuestas para los editores e importadores de libros.

[*] Según datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), son analfabetas 19.1% de los adultos mayores de 60 y más años, 4.6% en el caso de los adultos de 30 a 59 años y 1.2% en los jóvenes de 15 a 29 años. Adicionalmente se informa que el porcentaje de población de 8 a 14 años que no tienen la aptitud de leer y escribir un recado es de 2.3%, mientras la población de 15 años y más que tienen hasta tres grados aprobados de primaria es de 7.3 por ciento. Información disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/poblacion2018_Nal.pdf

[*] Indicadores del sector editorial privado en México 2017. Disponible en: https://play.google.com/books/reader?id=8YB7DwAAQBAJ&hl=es&pg=GBS.PA1990