+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar el buen funcionamiento del Estado mexicano.

SE TURNó A LA COMISIóN DE GOBERNACIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TERMINAR CON LA OFENSIVA EMPRENDIDA EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS Y DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA CON CARÁCTER DE REGULADORES EN MATERIA ENERGÉTICA, APEGARSE AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y FOMENTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MEXICANO.

El que suscribe Senador Mario Zamora Gastélum integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los órganos constitucionalmente autónomos son aquéllos creados en el marco constitucional y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.

Estos órganos surgieron para distribuir algunas funciones específicas del Estado mexicano, así como procurar que las decisiones políticas no se concentraran arbitrariamente en el Poder Ejecutivo, sino que éstas, se tomaran en función de las capacidades técnicas fuera de las presiones políticas o presupuestales del gobierno en turno.

La creación de los órganos autónomos ha sido producto de la historia democrática en nuestro país. En este proceso el papel de la sociedad civil ha sido sustancial. Defenderlas, es proteger a la democracia, al Estado de derecho y evitar que el poder se ejerza de manera unilateral.

De ahí que nos parezca muy riesgoso el ataque sistemático que se ha emprendido desde el Gobierno Federal encabezado por el propio Presidente de la República en contra de los órganos autónomos, así como de aquellos que, estando sectorizados, gozan de autonomía técnica y de gestión para regular algunas actividades del Estado y coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Estamos frente a una discusión que no es menor, ya que lo que está en juego es el fortalecimiento o el debilitamiento de la vida institucional del Estado mexicano. De ocurrir esto último, estaríamos ante la presencia de un poder desmedido por parte del Ejecutivo Federal que no conviene a la Nación. Por el contrario, sería deseable consolidar a la República a partir de una democracia funcional que permita a los órganos autónomos cumplir con su labor para promover la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos, la competencia económica y, en general, el combate a la corrupción.

El surgimiento de estos órganos en México ha sido gradual. A lo largo de las últimas tres décadas han sido creados el Banco de México; el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y, ahora más recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR).

Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobadas por el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de la Unión, atestiguamos el primer embate en contra de los órganos constitucionalmente autónomos. Nos referimos al intento de quitarle la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), para supeditarlo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), aún sin que exista una reforma constitucional en la materia.

En el Artículo 38 del decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se precisa que la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecerá “en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema destinado a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad información sobre la operación, cobertura, equidad y demás atributos y condiciones estructurales del sistema educativo nacional”.

Esto representa el primer golpe que propina el Gobierno Federal para meter reversa a la reforma educativa y desmantelar un órgano constitucionalmente autónomo que resulta fundamental en la operación de del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Otra forma de intromisión que es importante denunciar es el intento de someter a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), primero, mediante el amago de una iniciativa de ley que pretendía anular su autonomía y, después, a partir de las presiones ejercidas desde el Ejecutivo Federal para que sus comisionados renuncien y ser reemplazados por personajes cercanos al actual gobierno.

En este mismo tenor, el Presidente de la República ha dicho que estos organismos son una simulación y que obedecen a intereses particulares en una estrategia clara que busca desprestigiarlos y generar una animadversión de parte de la opinión pública y de los ciudadanos.

Basta recordar que el 14 de noviembre de 2018 este objetivo tuvo efecto con la salida de Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), quien dejó su encargo cinco meses antes de concluir el mandato para el cual fue electo.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) creada a partir de la reforma energética de 2008, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, autonomía técnica y autosuficiencia presupuestaria.

Entre sus objetivos estratégicos está el incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la transparencia de las licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos para propiciar la inversión y el crecimiento económico.

Asimismo, tiene como atribución la evaluación eficiente de los planes de exploración y extracción para impulsar el incremento de la producción y las reservas petroleras de nuestro país.

En estos últimos días hemos sido testigos de acusaciones muy graves en contra de Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que tienen que ver con un supuesto “conflicto de intereses” que no ha sido comprobado, ni tampoco judicializado en los tribunales.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, como se establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Entre sus principales funciones está la de garantizar las condiciones para que la disponibilidad de energéticos en México sea la requerida, con calidad y a precios competitivos.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) establece que la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Asimismo, además de las atribuciones que le confieran la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y demás leyes aplicables, es el encargado de regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:

I.  Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;

II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y

III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

Como se aprecia tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), son dos órganos reguladores que tienen la finalidad de fortalecer el sistema energético de México para elevar nuestra competitividad en el panorama internacional energético.

En este sentido, consideramos que es un error debilitar a los organismos reguladores de energía, así como lanzar señales erráticas a los mercados que ponen en riesgo las inversiones que requiere el sector para que nuestro país pueda estar en posibilidades de crecer en materia económica.

Paralelamente, se ha dado a conocer que la Cámara de Diputados discutirá en estos próximos días reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos, las cuales buscan limitar las facultades del Consejo de Administración y darle mayores atribuciones al Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa a través de un mayor control, operación y ejecución de tareas sobre la empresa productiva del Estado.

Lo grave es que, a partir del nuevo marco jurídico de referencia, el Director General de Pemex tendrá conducción central y estratégica de la empresa productiva del Estado, concediéndole la responsabilidad de actualizar el Plan de Negocios en casos de crisis económicas y financieras. De aprobarse estas disposiciones legales el titular de Pemex monopolizará el mando de las distintas empresas del consorcio petrolero.

Ante los eventos antes señalados, queremos dejar de manifiesto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estará muy atento para evitar que prosiga la ofensiva en contra de los órganos constitucionalmente autónomos o, de aquellos que, estando sectorizados, gozan de autonomía técnica y de gestión.

No permitiremos que estas instancias sean vulneradas o, que fuera del orden constitucional, se les vulnere y se les quiten competencias que afectan el buen funcionamiento del Estado mexicano.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguirá defendiendo la participación de los órganos constitucionalmente autónomos y de aquellos órganos de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en materia energética, ya que su consolidación es piedra angular en el contrapeso al poder del Ejecutivo y el sano desarrollo del Estado mexicano. No permitiremos que en el país se instaure un poder omnímodo que dañaría gravemente la vida de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a terminar con la ofensiva emprendida en contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar el buen funcionamiento del Estado mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Sen. Mario Zamora Gastélum