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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la SEDATU pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas en la denominada: “Estafa Maestra”.

SE TURNó A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGUE LA RUTA QUE SIGUIERON LOS MILLONES DE PESOS QUE LA SEDATU PAGÓ A LAS EMPRESAS QUE SUBCONTRATARON Y LAS CUENTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE DICHA DESVIACIÓN DE RECURSOS DETECTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL SEXENIO PASADO, SEÑALADAS EN LA DENOMINADA “ESTAFA MAESTRA”, conforme a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El portal de noticias “Animal Político” y la Organización Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron la denominada “La Estafa Maestra” en septiembre de 2017,  en donde se reveló que se había detectado por parte de la Auditoría Superior de la Federación detectó supuestos desvíos de millones de pesos hechas en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Robles, realizado a través de universidades públicas y televisoras públicas, mediante esquemas de desvío de dinero operados a través de convenios para la prestación de diversos servicios, que por su parte la SEDATU según celebró con universidades y organismos estatales en los años 2015 y 2016. Lo cual fue revelado en tres auditorías de carácter forense realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Entre las instituciones revisadas en las auditorías que participaron en este esquema son la Universidad Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario y las Politécnicas de Quintana Roo, Francisco I. Madero y Chiapas, que recibieron millones de pesos en convenios con la SEDATU.

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas, presentadas por el gobierno federal en el sexenio pasado, muestran evidencias de malversación de recursos públicos que deben ser investigadas por las instancias correspondientes. En particular, los mecanismos de desvío de recursos conocidos como la “Estafa Maestra” que deben ser investigados y los responsables sometidos a los procesos legales adecuados para definir y fincar responsabilidades, respetando, por supuesto, el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados

El objetivo del combate a la corrupción y de la rendición de cuentas debe ser doble: clarificar los mecanismos y responsables del ejercicio indebido de recursos y/o funciones a fin de ejercer acciones correctivas que los prevengan en el futuro, y reintegrar los montos defraudados a la hacienda pública.

Actualmente, se desahogan juicios promovidos por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) vinculados a la Estafa Maestra. Es necesario que estos juicios se resuelvan en estricto apego a derecho. Que se investigue el origen y destino de los recursos malversados por los servidores públicos responsables de la llamada “Estafa Maestra” y que se impida que los ex servidores públicos de la SEDATU, a través de acciones concertadas con los servidores públicos de la anterior administración que siguen en la Fiscalía General de la República, conviertan a la “Estafa Maestra” no solo en un mecanismo para sustraer recursos del erario público, sino también en una estafa jurídica que permita sustraer de la acción de la justicia a los responsables del daño patrimonial del que hayan sido responsables.

Cabe mencionar que, la democracia mexicana ha tenido avances importantes en diversas áreas de su desarrollo; sin embargo, es evidente que la rendición de cuentas, el cumplimiento del Estado de Derecho y la procuración de justicia son tareas pendientes que requieren de la atención de todos los actores políticos y de las instituciones involucradas.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I.    Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.   La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

IV.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación por desvío de recursos:

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; ’’

‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; ‘’

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables; ‘’

‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, investigue los delitos que se pudieron haber configurado por el desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de empresas fantasmas e instituciones educativas durante el sexenio pasado, señaladas en la llamada “Estafa Maestra”

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la SEDATU pagó a las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas en la denominada “Estafa Maestra”.

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que informe acerca de las investigaciones que ha realizado en contra de servidores públicos por el desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el sexenio pasado en la llamada “Estafa Maestra”.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ