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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMíA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión

P R E S E N T E.

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan un Capítulo VIII TER, denominado “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS” y un artículo 76 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor. al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

  1. Antecedentes

El pasado 24 de octubre de 2017, los entonces Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura presentaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante, LFPC) con la finalidad de:

  • Introducir un nuevo capítulo que regule los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través de personas morales que operan, utilizan o administran aplicaciones informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de las cuales los particulares contratan el servicio privado de transporte con chofer; 
  • Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO) a exigir y registrar los términos y condiciones de servicio como contrato de adhesión, e
  • Incorporar la definición del Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, la cual permite identificar y diferenciar este servicio del Transporte Individual de Pasajeros al establecer que es un modelo que tiende a satisfacer.

No obstante, se encuentra pendiente de su aprobación, toda vez que, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Economía para su análisis y dictaminación correspondiente, el expediente que contiene el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, que contiene Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

  1. Marco Jurídico

Que la LFPC regula las relaciones entre proveedores y consumidores para lo cual define una serie de principios básicos en las relaciones de consumo que garantice la libertad de elección y la equidad en las relaciones contractuales.

De acuerdo con la LFPC los contratos de adhesión son el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.

Así, el artículo 90 de la LFPC establece que las cláusulas contractuales serán inválidas o se tendrán por no puestas cuando se presenten los siguientes casos:

  1. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente a sus obligaciones;
  2. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato, y
  3. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor.

Por lo que, el servicio que otorgan las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles se ubica en el ámbito de competencia de la PROFECO.   

  1. Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica

Que en junio de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, COFECE) emitió un Análisis de Opinión: La prestación del servicio de transporte de personas por medio de plataformas móviles (en adelante, opinión), dirigida al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a todos los gobernadores y legislaturas locales del país, en relación a las Empresas de Redes de Transporte (en adelante, ERT).

La COFECE analizó las características de las ERT y determinó que éstas resuelven de manera efectiva problemas de coordinación y asimetrías de información propias del servicio de transporte individual de personas, además de atender una serie de problemáticas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad.

La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en regular los servicios prestados por las ERT. En julio de 2015, el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial dos acuerdos que están basados en las principales recomendaciones emitidas por la COFECE. Así, mediante dicha regulación, las ERT fueron reconocidas como una nueva categoría de transporte privado, sin que se establecieran restricciones a la oferta o al sistema tarifario, aunque sujeto a ciertos requisitos.

La reacción regulatoria de la Ciudad de México fue seguida por otras entidades federativas, por ejemplo, estados como México, Puebla y Guanajuato modificaron sus marcos normativos para que el usuario tenga opciones de movilidad de distintos tipos y se eviten barreras que puedan impedir o limitar la entrada de nuevos proveedores.

Asimismo, el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia (ICN por sus siglas en inglés), dio un reconocimiento a la COFECE, toda vez que, resultó ganadora en el Concurso de Promoción de la Competencia 2015-2016, por la opinión en comento.

La COFECE participó en la categoría de promoción a la competencia en los mercados innovadores, en la que resultó ganadora por:

  • Proponer el reconocimiento formal de una nueva categoría o modalidad de transporte individual de pasajeros a través de las ERT y promover enfoques regulatorios pro competitivos, y
  • Haber incidido en el diseño de varios marcos regulatorios locales, incluyendo el que actualmente aplica para la Ciudad de México.

En su momento, la Comisión opinó que los servicios prestados por las ERT son resultado de los avances tecnológicos y de un proceso innovador que los convierte en un nuevo producto en el mercado.

Además, recomendó que cualquier regulación que llegara a emitirse debería limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia.

  1. Empresas de Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas, en México

Que de acuerdo con datos de la opinión emitida por COFECE, las ERT (Uber y Cabify, en particular) iniciaron operaciones en México en 2013 y comenzaron a crecer de manera acelerada, una de las razones obedece a la llamada externalidad de red, es decir, al uso de una plataforma que crece de valor en la medida que existen más usuarios inscritos (en este caso, conductores y pasajeros).

El servicio resultó muy atractivo para cierto tipo de consumidores que tenían necesidades de movilidad no satisfechas, pero además, contaban con acceso a una tarjeta de crédito y a un teléfono móvil con ciertas características.

No obstante, en lo referente a la seguridad y la movilidad, estas nuevas alternativas de transporte no han implementado medidas de seguridad, pues frecuentemente se observan delitos cometidos por losconductores que prestan este servicio.   

Así, el pasado 11 de julio de 2018, la PROFECO inició procedimientos por infracciones a la LFPC en contra de las empresas prestadoras del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas denominadas Uber, Easy Taxi y Cabify, por la probable transgresión a los derechos de consumidores del país que contratan sus servicios.

De acuerdo con datos del portal de internet de la PROFECO, “…Como resultado de los Procedimientos por Infracciones a la Ley iniciados en contra de estos proveedores, se han impuesto sanciones que ascienden a los 6,484 millones de pesos:

  • Uber por 3 millones 974 mil pesos;
  • Easy Taxi con 1 millón 810 mil pesos, y
  • Cabify con 700 mil pesos, las cuales ya fueron notificadas y que aún no han quedado firmes, es decir, que aún pueden ser impugnadas.

Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores; aunado a la difusión de publicidad engañosa, a través de la cual ofertan un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal.

En lo que respecta a Cabify, este proveedor establece de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán reembolsables, así como, que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin definir con claridad qué criterios se utilizarán para esta consideración.

Aunado a lo anterior, se determinó el establecimiento de prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores y obligaciones inequitativas o abusivas, tales como que el usuario exonera a Cabify de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

En cuanto a Easy Taxi, no se hace responsable de daños o perjuicios, que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de los equipos de EASY y del USUARIO en caso de que un tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas coercitivas y desleales. Adicionalmente, sus frases publicitarias como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado.Por otro lado, se estima que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados).

Asimismo, en el caso de Uber se señala que para la solución de cualquier controversia que eventualmente se presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, las partes se deberán someter al arbitraje o a la mediación, establecidos en la legislación de Ámsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa…”.

Por otro lado, en el ámbito internacional también se han observado múltiples denuncias lo que ha provocado que en países como el Reino Unido se haya negado la renovación de la licencia a una empresa ante estos actos delictivos.   

  1. Objetivo de la Iniciativa

Como se puede observar, estas empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores.

Es por ello que la Iniciativa propone:

  • Regulación de las empresas que prestan el servicio de transporte privado de personas a través de plataformas tecnológicas, únicamente para efectos de la protección del consumidor, no de movilidad y transporte.
  • Registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual será actualizado bimestralmente ante la PROFECO.
Con ello, estas empresas se sujetarán a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de nuestro país, para evitar que los usuarios se sometan al arbitraje o a la mediación, de otro Estado extranjero, y
  • Responsabilidad solidaria del proveedor ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.
Estos cambios permitirán, entre otras cosas:
  • Conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje;
  • Eliminar cobros indebidos;
  • Desglosar y transparentar la tarifa, y
  • Evaluar a choferes y pasajeros. 

Con ello, se busca proteger el bienestar del consumidor mediante una regulación, que de ninguna manera limitará ni pone barreras a la libre competencia, por el contrario, garantizará un servicio eficiente, seguro y de calidad.

Por lo anterior, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Único.- Se adicionan un Capítulo VIII TER denominado “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

CAPITULO VIII TER

DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

ARTÍCULO 76 TER.- El Servicio Transporte Privado de Personas a través Plataformas Electrónicas es el otorgamiento de un servicio de transporte por parte de  personas morales que operan, utilizan o administran aplicaciones informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles.

En la prestación de dicho servicio se cumplirá con lo siguiente:

  1. El servicio será prestado bajo la responsabilidad del proveedor quien opera o administra mediante aplicaciones o plataformas electrónicas, propias o de un tercero, entendidas como las herramientas informáticas y demás desarrollos tecnológicos que permitan a los consumidores mediante dispositivos móviles y/o otras herramientas electrónicas puedan acceder al Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas.

Asimismo, deberá registrar el contrato de adhesión ante la Procuraduría, sujetándose a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de los Estados Unidos Mexicanos;

  1. El prestador del Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas es aquella persona física que se encuentra capacitada y registrada por el proveedor mediante Plataformas Electrónicas. 

El proveedor estará obligado a responder solidariamente ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio;

  1. La Procuraduría llevará a cabo un registro de las empresas que presten dicho servicio y deberá ser actualizado bimestralmente.

Transitorios

Primero .- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Tercero. - El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones a los Reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

SUSCRIBE

Sen. Minerva Hernández Ramos