+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


SENADOR. MARTI BATRES GUADARRAMA.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

PRESENTE:

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento en los artículos 8, numeral1, fracción 11; 10, fracciones 1, 111; 76, numeral1, fracción IX; 276, numeral 1, fracción 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto respetuosamente a consideración del pleno de esta Cámara de Senadores de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, Y DEBIDO PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE MANERA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA, A EFECTO DE DAR CON LOS RESPONSABLES.

PRIMERO. Los artículos 1º, 17º, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando a todas las personas la protección más amplia, por ende, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

Además, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, para hacer efectivo el derecho de todas las personas a la protección y a que se les administre justicia, de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos.

SEGUNDO. Por su parte, el articulo 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En ese contexto, conforme a los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal [*] , se establecen como principios fundamentales la igualdad ante la ley, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la justicia penal. 

Por otra parte, la Organización de las Nacionales Unidas [*] , establecen que el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho, ya que sin el acceso a la justicia no se pueden ejercer libremente los derechos humanos de las personas, por lo tanto, se debe garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, además, manifiestan que la administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria.

TERCERO. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, que dentro de las garantías del debido proceso debe observarse en todo procedimiento jurisdiccional, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento, pues forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de acceso a la Impartición de Justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran la garantía individual relativa, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos materialmente Jurisdiccionales [*] .

En esta, se establece que la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

CUARTO. En ese contexto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio del 2010 [*] , por el cual, el Procurador General de la República, crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, en cargada de dar a atención a los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, mediante la coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuanta además con las facultades siguientes:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, fracciones I, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación;

II. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes;

IV. Autorizar las determinaciones de incompetencia, acumulación y separación de las averiguaciones previas y, previo dictamen del Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal. Tratándose del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Realizar la sistematización y explotación de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos respectivos, con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como todas las áreas que correspondan en la Procuraduría;

VI. Solicitar la información relativa al sistema bancario y financiero a que se refiere el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales;

VII. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás normas relacionadas;

VIII. Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito Federal, en términos de los Convenios de Colaboración celebrados en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades locales en la investigación de los ilícitos materia del presente Acuerdo;

IX. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

X. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y a la información, fundamentalmente dirigido esto, a proteger la seguridad de los comunicadores;

XI. Dar seguimiento a las acciones de la Institución relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo e informar de ello al Procurador y a las asociaciones profesionales internacionales y nacionales de periodistas mediante los mecanismos de concertación que al efecto se establezcan, y

XII. Las demás que le encomiende el Procurador General de la República.

Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía contará con un área de averiguaciones previas, cuyo Titular será Agente del Ministerio Público de la Federación.

QUINTO. Así las cosas, como se puede establecer, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. En ese contexto, dicha garantía cobra relevancia para esclarecer el caso de la una periodista mexicana Miroslava Breach Velducea, quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua.

Ya han pasado dos años del homicidio a manos de pistoleros al servicio de la célula los Salazar, del cártel de Sinaloa que domina el municipio de Chínipas [*] , y aun no se han conocido las investigaciones que permitan esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Dicha investigación, de acuerdo a información obtenida por el periódico la Jornada, no han caminado correctamente, pues el pasado sábado 23 de marzo del presente año, periodistas de diversos medios de comunicación realizaron una jornada de protesta frente a las oficinas del gobierno del estado para expresar “el rechazo que definen como dolo y negligencia en la investigación y para expresar que el silencio es complicidad”.

En ese contexto, el pasado 11 de abril, un Juez de Control del fuero federal resolvió favorablemente la facultad de atracción solicitada por la FEADLE y la consecuente inhibitoria para que las autoridades del fuero común continúen en conocimiento de los hechos [*] .

Dicha atracción es derivada de las potestades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en dicha resolución, el juez del fuero común instruyó a la Fiscalía General del estado de Chihuahua entregar de manera íntegra todos los registros de la carpeta de investigación en un plazo de cinco días, así como la puesta a disposición del vinculado a proceso ante las autoridades judiciales federales.

Por ello, es preciso señalar que los mecanismos de coordinación entre la FEADLE y la Fiscalía de Chihuahua en el ámbito de sus competencias deben ir encaminadas a esclarecer los hechos y dar con los responsables, para que el homicidio de Miroslava Breach y de otros miles de periodistas no queden impunes, pues, no se ha concluido el proceso de investigación y hay limitaciones de la actividad de la fiscalía de Chihuahua [*] .

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRIMERO.  Se exhorta al Fiscal General de la República y al Titular de la Fiscalía del Estado de Chihuahua a continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach, conforme a los principios de legalidad, eficiencia, y debido proceso para la administración de justicia, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, a efecto de dar con los responsables.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 25 de marzo del 2019.

Atentamente.

_______________________________________________

Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora.

Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en La LXIV Legislatura.