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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL.


De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al Gobierno de México por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una mesa de trabajo para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la República por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente Proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El 17 de diciembre del 2018, el Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la Nueva Política de Salarios Mínimos, por medio de la cual se comenzó con la recuperación del poder adquisitivo del salario real transitando hacia un salario digno que garantice el bienestar de las y los trabajadores mexicanos y sus familias.

En el evento, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, declaró que “tras una prolongada espera, finalmente ha llegado la hora de romper con las políticas salariales del pasado y plantearnos nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor”. De esta manera, el salario mínimo pasó de $88.36 a $102.68, lo que representó un incremento de 16%; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo se duplicó, pues transitó de los $88.36 a los $176.72.

Con esta medida, el salario mínimo en México se ubicó, por primera vez en décadas, a la par de la línea de bienestar que determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De acuerdo con este organismo, la línea de bienestar mínimo “permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada” [*] , mientras que la línea de bienestar “permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias).” [*]

A pesar del notable esfuerzo que ha realizado el Gobierno de México en este primer paso, aún no es suficiente para que el salario mínimo supere las líneas de pobreza determinadas por el CONEVAL o, bien, para que cumpla con su mandato constitucional. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe (o jefa) de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (e hijas).”

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina, México es el país más rezagado, ya que tiene la remuneración mínima más baja como proporción del salario real que paga el sector privado.

Entre 1982 y 2018, el valor del salario mínimo atravesó por un periodo de contracción y otro de estancamiento. Estos periodos corresponden a los gobiernos neoliberales, quienes utilizaron al salario mínimo como un instrumento para la contención de la inflación; sin embargo, sólo derivó en la precarización de los salarios en México, altos niveles de pobreza y, sobre todo, altos índices de desigualdad social.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México y acompañado de un proyecto de izquierda, la defensa de los derechos laborales y del poder adquisitivo del salario, se cristaliza como política pública. El aumento al salario mínimo en 2019 es tan solo un primer paso para lograr el bienestar y la justicia para las y los trabajadores mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), la principal fuente de ingreso de las familias mexicanas la constituye el ingreso por trabajo con el 64.3%. Es decir, la mayor parte de las y los mexicanos son asalariados, por lo que es necesaria una política de Estado que les permita superar las líneas de bienestar y pobreza y contar con el ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que cerca de 700 mil personas ganan el salario mínimo en México, mientras que 35% de toda la población trabajadora gana entre uno y dos salarios mínimos (el salario mínimo que se tomó fue de $67.92). Ante esta situación, el nuevo Gobierno de México decidió intervenir para garantizar y proteger los derechos de las y los trabajadores.

La fracción VI del artículo 123 constitucional crea y faculta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como el órgano del Estado que fija los salarios mínimos en nuestro país. La CONASAMI es un órgano tripartito integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno; tiene como misión establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida de las y los trabajadores y sus familias, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia.

A pesar de su mandato constitucional y legal, durante el periodo neoliberal la CONSAMI persiguió el objetivo contrario: contener el salario. Esta política salarial tuvo como consecuencia la disminución del salario real generando pobreza y desigualdad.

Por ello, el 15 de diciembre de 2018, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destituyó del cargo a Basilio González Núñez quien lo ocupó desde 1991, año en que fue nombrado por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari. En su lugar, designó a Andrés Peñaloza Méndez como titular y a Luis Munguía como Secretario Técnico. Con estos cambios, se demuestra la voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar el valor del trabajo a través de salario y en procurar el bienestar de las y los mexicanos.

La CONASAMI cuenta con un Consejo de Representantes integrado por 22 consejeros del sector obrero (11 titulares y 11 suplentes), 22 consejeros del sector patronal (11 titulares y 11 suplentes) y un representante del gobierno. Los representantes patronales y sindicales actuales fueron electos para el periodo del primero de julio de 2015 al 30 de junio de 2019, por lo que ahora (y en el marco de la Cuarta Transformación) se genera una importante área de oportunidad para renovar el órgano de toma de decisiones.

A pesar que la CONSAMI es el órgano que fija los salarios mínimos, corresponde a la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, instrumentar acciones de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral. Es decir, la Secretaría del Trabajo es quien debe supervisar que los patrones cumplan con el salario mínimo vigente en México.

Para dinamizar la economía de la frontera norte con el fin de crear una cortina de desarrollo que desincentive la migración, el Presidente López Obrador creó el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. El proyecto incluye diversos estímulos fiscales como la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) a ocho por ciento, mientras que la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) se redujo a 20 por ciento. Asimismo, se duplicó el salario mínimo y se ubicó en $176.72.

Debido al incremento al salario mínimo en esta zona, se han presentado reportes que los empleadores de la Zona Libre no están aplicando el incremento total al salario mínimo en el pago de sus nóminas o que buscan arreglos carentes de validez jurídica con sus trabajadores para evitar el pago de este salario protegido por la Constitución. Por lo tanto, es necesario que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos realicen las inspecciones y análisis respectivos para que se garantice este derecho laboral y humano.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores manifestamos nuestro total respaldo a las medidas del Presidente de la República encaminadas en la protección y garantía de los derechos laborales de las y los mexicanos, así como aquellas políticas públicas que tengan por objeto la recuperación del poder adquisitivo del salario. En este sentido, proponemos unas mesas de trabajo con la titular de la Secretaría del Trabajo y el titular de la CONASAMI para luchar juntos por las y los trabajadores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión manifiesta su respaldo al Gobierno de México en la implementación de la nueva política de salarios mínimos para recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos.

Segundo: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo el formato de mesa de trabajo para que informe sobre el estado que guarda la implementación de la nueva política de salarios mínimos y recuperación del poder adquisitivo del salario.

Tercero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos bajo el formato de mesa de trabajo para que informe sobre el estado que guarda la implementación de la nueva política de salarios mínimos y recuperación del poder adquisitivo del salario.

Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los doce días de febrero del dos mil diecinueve.

Suscribe,

Sen. Alejandro González Yáñez   y   Sen. Joel Padilla Peña


[*] Ibíd.