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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de la concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SE TURNó A LA COMISIóN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.


SENADO DE LA REPÚBLICA
LX
IV LEGISLATURA

Senadora Gabriela Benavides Cobos que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN Y MODIFICACIONES OTORGADAS A LA EMPRESA DENOMINADA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. PARA LA “EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO ARMERÍA-MANZANILLO, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 27 de abril de 1990, la Secretaría de Comunicaciones y transporte (SCT), emitió el Pliego General de folio SCT-CF-11-01, en donde se concursó la concesión para la “Explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, en el estado de Colima, con una longitud de 37 kilómetros”; en dicho Pliego, se estableció en su apartado de “DOCUMENTOS”, punto 6, la duración de dicha concesión, que en ningún caso podría exceder de los 20 años contados a partir del otorgamiento de esta [*] .

Además, en su apartado de CONVOCATORIA, manifestó que la concesión se adjudicaría a aquel concursante que ofreciera fundadamente el menor plazo para su explotación.

Es así como, el 9 de noviembre de 1990 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le otorgó la concesión citada anteriormente a la persona moral denominada Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. (PINFRA); lo anterior por un plazo de 9 años y tres meses, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación Vigente en dicho momento.

Artículo 146.- Las concesiones para construir y explotar caminos se otorgarán por el plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no podrá exceder de veinte años. [*]

Así mismo, se estableció que los servicios conexos tendrán una vigencia de 2 años más, a partir del término de la concesión.

Sin embargo, para el 17 de diciembre de 1992, se realizó un adendum, para ampliar el tiempo de la concesión, para quedar en 14 años.

Si bien es cierto, el 22 de diciembre de 1993, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) que consistieron en:

  1. Se derogó el artículo 146 y se aprobó la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) 
  2. Esta nueva ley en su artículo 6 estableció que “las concesiones se otorgarían hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente…” 

También es cierto que, en el sexto transitorio de la LCPAF [*] , se estableció que “Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán en vigor los términos y condiciones consignados en los mismos hasta el término de su vigencia”.

Es decir que, el contrato de la concesión en cuestión, otorgada a PINFRA en el año 1990 no podía sufrir modificaciones u alteraciones conforme a la nueva Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal que entró en vigor para el año de 1993, por tanto, tenía que permanecer en los mismos términos y condiciones en los que se encontraba hasta antes de esta fecha.

Que conforme al ya injusto adendum de 1992 sería de 14 años, por lo que tendría vigencia hasta el año 2004; No obstante, se han realizado diversas modificaciones al título de concesión que han sido ilegales, violentando de manera clara los perceptos legales.

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSESIÓN QUE RESULTAN VIOLATORIAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. [*]

La primera de ellas fue en el 31 de mayo de 1994, ampliando el plazo hasta 24 años 7 meses, donde además se incluyó el tramo carretero del libramiento de Manzanillo con una distancia total de 14 kilómetros, que van del kilómetro 90+993 (Entronque a Tapeixtles) al kilómetro 104+000.

Si bien es cierto, conforme a la cláusula decimotercera del título de concesión original, se autorizó el derecho de la concesionaria a ampliarse en dicho tramo carretero, debió haberse realizado conforme el sexto transitorio de la LCPAF en donde como ya lo vimos con anterioridad, las concesiones otorgadas antes de dicha Ley tendrían que ajustarse a las disposiciones establecidas en el contrato original y las adecuaciones se realizarían conforme la ley anterior (LVGC).

Por tanto, no podría ampliarse por un término mayor a 20 años contados a partir del momento de su otorgamiento; no obstante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permitió que se violentaran estas disposiciones autorizando que se ampliara hasta por 24 años 7 meses.

La segunda, ocurrió el 3 de febrero de 2006, en donde se permitió por parte de la SCT una ampliación de la vigencia hasta por 30 años; esta decisión, además de ser violatoria en los mismos términos de la anterior, al no haber considerado el transitorio sexto de la LCPAF y las disposiciones aplicables de la LVGC.

También trasgrede la legalidad, debido a que independientemente de cuál de ambas leyes se hubiese considerado para la justificación de la ampliación, las dos establecen que la ampliación se puede solicitar y autorizar únicamente en la última quinta parte de la vigencia, siempre y cuando se justifique con estudios que la proyección de tránsito en cuanto a aforos y composición sea menor a la prevista.

Esto, en el primero de los casos, fue entre los años 2000 y 2004; o en el segundo de los casos, considerando ya la primera violación que se había realizado sería entre los años 2010 y 2014; por tanto, al haber sido realizada en el año 2006, no se encontraba en ninguno de los dos supuestos.

Y, por si fuera poco, tampoco se publicó en dicho año el estudio correspondiente que consistía en un requisito legal obligatorio, conforme ambas leyes y las propias condiciones del título de concesión.

El 19 de noviembre de 2010, se agrega a la concesión en cuestión un cargo por 400 millones de pesos, derivados de un proceso legal entre AUCAL contra SCT y el Gobierno de Tlaxcala; teniendo como consecuencia la ampliación adicional de la concesión de 9 años 5 meses. Siendo un total de 39.5 años.

Resulta impresionante, que no solo se encontraban violentando como en los dos casos anteriores el transitorio sexto de la LCPAF y las disposiciones aplicables de la LVGC.

Sino que incluso, estaban siendo incoherentes, derivado de que la justificación que usaron en los primeros dos casos para la ampliación fue aplicar de manera errónea e ilegal las disposiciones de la LCPAF, es decir, un plazo máximo de 30 años, pero ahora, con las tres modificaciones, se había provocado que el plazo fuese por 39.5 años.

Hasta aquí podemos observar, que la suma de irregularidades e ilegalidades habían logrado que una concesión que había sido otorgada por solo 9 años y tres meses a partir de que fue otorgada en 1990; es decir, que debió haber concluido en 1999.

Ahora tuviese obligados a los habitantes de Colima y todos los ciudadanos mexicanos por 39.5 años, es decir, hasta el año 2029; esto sin duda alguna afecta directamente a la economía estatal y regional, además de que se está cometiendo una injusticia social.

Pero, por si fuera poco, la cereza del pastel fue que el 25 de febrero del 2011, se autorizó a la concesionaria PINFRA una última ampliación por la cantidad de 30 años más; esto, otra vez, sin presentarse los estudios correspondientes que por cierto a la fecha no han dejado de ser obligatorios.

En total, una concesión que debió haber durado tan solo 9 años con tres meses, tendrá vigencia por 60 años, es decir, que la terminaremos de pagar hasta el año 2050.

Pagaremos 60 años por la construcción de una carretera con apenas 47 kilómetros de longitud; que, por cierto, tiene uno de los costos más elevados del país actualmente, con $145.00 [*]

¿Qué se ha hecho al respecto?

Los ciudadanos, desde el año 2012 a la fecha en muchas ocasiones se han manifestado en la caseta de cobro de peaje de la empresa PINFRA [*] , a la altura de la comunidad de Cuyutlán, en la mayoría de las ocasiones han liberado el paso de esta, por lo que ya en varias ocasiones han sido agredidos.

En el lugar, constantemente se han suscitado agresiones físicas y verbales entre manifestantes, periodistas, policía federal y personal de seguridad de la caseta o personas contratadas por la empresa PINFRA.

Así mismo, el 11 de Julio del 2018, el Gobernador del estado de Colima, solicitó mediante oficio al titular de la SCT, la nulidad y/o revocación del título de concesión mencionado.

No obstante, la respuesta fue negativa, por lo que el estado de Colima promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sala Guadalajara, que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

También mi compañero, el senador Joel Padilla Peña, el día 27 de septiembre del 2018 presentó un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se pronuncie sobre la nulidad o revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo; mismo que fue considerado de urgente resolución.

Al analizar la serie de ilegalidades e injusticias que se han cometido contra el pueblo de Colima y en general todos los ciudadanos nacionales, así como los extranjeros que transitan por la carretera Manzanillo-Colima, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es urgente, seguir insistiendo con la finalidad de obtener una respuesta positiva a la legalidad y justa.

No existe justificación real para la serie de ampliaciones que se han venido dando al título de concesión; Manzanillo se ha convertido en uno de los principales puertos del país, más de 2 millones 325 mil 921 toneladas de carga se mueven por el puerto en tan solo un mes (enero 2019) [*] , esto sin contar los productos petroleros.

Manzanillo, es un puerto turístico y comercial, por lo que más de mil quinientos vehículos transitan por la caseta de Cuyutlán, tan solo en una hora. [*] De los cuales, por lo menos un 40% con de carga pesada que eleva los precios, desde $350 hasta $760 por unidad.

La concesión en cuestión legalmente debió haber quedado sin efectos desde el año 2004, por eso la importancia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la administración federal 2018-2023, no haga caso omiso a las irregularidades que se han venido dando desde el año 1994 con la primera de las ampliaciones.

Como Senado de la República no podemos hacer caso omiso a las exigencias de la sociedad y no podemos permitir que se siga violentando la ley en los mismos términos que ha venido sucediendo en los últimos 18 años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. – El Senado de la Republica, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que verifique el cumplimiento de la normatividad en el otorgamiento de la concesión y sus modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. para la “Explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y en su caso sancionar conforme a la Ley a los Servidores Públicos responsables.

SEGUNDO. – El Senado de la República, exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y transportes para que en caso de que la Secretaria de la Función Pública, detecte irregularidades en el proceso de autorización y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. para la “Explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo” inicie el proceso de nulidad y/o revocación de dicha concesión.

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 19 de febrero de 2019.

GABRIELA BENAVIDES COBOS

INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO


[*] Pliego General de concesión de fecha 27 de abril de 1990, con forma 00135, Ciudad de México, emitido por la Dirección General de Carreteras y Subsecretaría de Infraestructura, ambas pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

[*] Ley de Vías Generales de Comunicación. Publicada en el D.O.F. el 19 de febrero de 1940. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/leyes/Ley_de_V%C3%ADas_Generales_de_Comunicaci%C3%B3n.pdf

[*] Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el D.O.F. el día 22 de diciembre de 1993 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf

[*] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Títulos de concesión. Consultado en línea http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-desarrollo-carretero/titulos-de-concesion/

[*] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Consultado en línea en febrero del 2019. Página web: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperRepDet&idVia=1

[*] Colima Noticias. (2018). Manifestantes toman caseta de Cuyutlán. Consultado en línea (febrero 2019) http://www.colimanoticias.com/manifestantes-toman-la-caseta-de-cuyutlan-y-dan-paso-libre-automovilistas/

[*] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estadísticas de Puerto de Manzanillo. Enero de 2019. Consultado en línea https://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/c178cba8f5dd6d8da4ed471d03065a0173c1a9e3.pdf

[*] AF Medios Colima. ¿Cuántos vehículos transitan por la caseta de Cuyutlán? Consultado en línea (marzo del 2019) https://www.afmedios.com/2018/04/hasta-mil-500-vehiculos-por-hora-en-caseta-cuyutlan/