+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.


Propone que el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, los Gobernadores y Congresos de los Estados, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, deberán destinar y aprobar los recursos económicos suficientes en todos los presupuestos, sin omitir algún ejercicio fiscal, para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

P R E S E N T E

El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta ahora, la prevención de la violencia, el delito, y la delincuencia, operaban en nuestro país mediante dos programas y áreas de gobierno.

En 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, como instrumento para incidir en la reducción del delito, teniendo como base la prevención.

En esta ley se estableció el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, como unidad administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la realización de un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este programa desde 2014, fue el medio para destinar los recursos a los estados y municipios para las acciones de prevención contra la violencia.

A la fecha los proyectos para la prevención social de la violencia y la delincuencia ha operado mediante recursos del FORTASEG, destinado a las entidades que lleven a cabo tareas de seguridad pública, profesionalización, certificación, equipamiento, infraestructura para las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia. Para el actual ejercicio 2019, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinaron 4 mil 9 millones, 124 mil pesos, bajo el concepto de subsidios en materia de seguridad pública.

Asimismo, en 2013 se creo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, con el Programa Nacional de Prevención del Delito como su principal herramienta para operar recursos para intervenciones sociales en municipios de alto riesgo.

Desde su creación, a esta área de la SEGOB se le destinaron recursos para su operación, en 2014 fueron 2 mil 595 millones de pesos; al año siguiente 2015 se le otorgaron 2 mil 683 millones de pesos; para 2016 los recursos disminuyeron a 2 mil 15 millones de pesos; que para 2017 bajaron a cero; y para 2018 únicamente se le destinaron 300 millones, lo que equivale a únicamente el 11 por ciento de lo que se le destinaba 4 años atrás en 2014. Lo anterior, a pesar de que la violencia y la delincuencia no disminuyó.

Lo que pone de manifiesto que la implementación de este programa que debía ser prioritario, y al cual también aportan recursos en una parte los Estados y Municipios, depende en gran parte de los recursos que le pretenda destinar el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados.

Esta política enfrentó varias complicaciones, como la duplicidad de instancias, al existir el Centro Nacional de Prevención del Delito, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como estructura paralela en la SEGOB; y operativamente como sucede en múltiples programas, la entrega tardía por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la realidad, los 300 millones que le fueron destinados el año pasado (2018) significaron únicamente una asignación simbólica a fin de no reconocer que el programa no representó ningún interés para el gobierno federal en turno y que la política de prevención social se daba por terminada.

Motivo por el cual se pretende reformar el artículo 28 de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a fin de que el Ejecutivo Federal, el poder legislativo, por medio de la Cámara de Diputados, los Ejecutivos de los Estados y los Congresos Locales y de la Ciudad de México, para que sea una obligación destinar y aprobar los recursos suficientes para coordinar esfuerzos y avanzar en la implementación de la prevención social de la violencia y la delincuencia y no se encuentren sujetos a negociaciones políticas coyunturales.

No se puede pensar y mucho menos actuar en combatir la violencia y abatir la delincuencia, sin acciones de prevención que permitan la recuperación del tejido social en nuestras localidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 28 de la Ley General Para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para quedar como sigue:

Artículo 28. El Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, los Ejecutivos y Congresos de los Estados, y de la Ciudad de México, deberán destinar y aprobar los recursos económicos suficientes en todos los presupuestos, sin omitir algún ejercicio fiscal, para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días de febrero de 2019.

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA