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Estado Actual: Ficha Técnica

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada.


Propone que todo servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales o Gobiernos Municipales no pueda prestar servicios profesionales en la iniciativa privada en temas o áreas relacionadas al encargo público desempeñado.

Establece que será facultad de la Secretaría de la Función Pública dictaminar a través de un Consejo especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o al servidor público se le otorgue anuencia para desempeñar un cargo en el sector privado.

De la senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar en conflicto de intereses entre la esfera pública y privada.

De la senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 52 , reforma el segundo párrafo del artículo 56 se adiciona el 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a los siguientes:

Antecedentes

En el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Estos movimientos se producen en un sentido y en otro, es decir, desde las instituciones públicas a las EMPRESAS TRANSNACIONALES y viceversa. Y se están produciendo de forma creciente a nivel local, nacional y supranacional, constituyendo una muestra más de lo difusa que es la línea que separa el poder político y el poder económico.

Las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas o que ejercen en LOBBIES industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado desde el ámbito empresarial. De la misma manera, altos cargos políticos y técnicos de las instituciones públicas, en numerosas ocasiones, pasan a desempeñar puestos clave en las grandes corporaciones y los grupos de influencia empresariales, llevándose consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito de la administración.

El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta redundancia de los beneficios empresariales en el conjunto de la población. En el actual contexto de crisis se sostiene, además, sobre el discurso que defiende la tecnocracia, es decir, el ejercicio del gobierno al modo de una gestión de recursos según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad. [*]

Antecedentes en México

En los casos de las Constituciones de 1812 (Cortes de Cádiz), 1824 y 1836 éstas no contenían un capítulo que regulara exclusivamente la responsabilidad de los servidores públicos, las disposiciones que regulaban la materia se encuentran dispersas.

Es a partir de la Constitución de 1857 cuando por primera vez se incluye un título que regula específicamente las responsabilidades de los funcionarios públicos.

La terminología empleada para la regulación de responsabilidades de los servidores públicos, siempre ha sido ambigua. Un claro ejemplo es el texto original de la Constitución de 1917, cuando se indica que determinados servidores públicos son responsables por delitos comunes, y enseguida se hace mención a la responsabilidad por los delitos, faltas u omisiones sin hacer una especificación sobre lo que se debe entender por “delitos, faltas u omisiones”, dejando sobre todo el caso de los delitos a la vaguedad, pues no se sabe si se refiere a delitos comunes, los cuales ya están mencionados, o a delitos oficiales. Se hace un uso indiscriminado de la terminología, llevando a una interpretación confusa.

Las responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público han ido variando con el tiempo. Mientras que, desde la Constitución de Cádiz todas las constituciones han contemplado la responsabilidad penal, sólo en México, desde la Constitución de 1917 se contempla la responsabilidad administrativa de los servidores, y la responsabilidad política solo se ha tenido en cuenta desde la Constitución de 1836.

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los servidores, si bien ya con la Constitución de 1824 se regulaba la misma, en la Constitución de 1836 desapareció su referencia, volviendo a aparecer en las constituciones posteriores. [*]

Para el caso de la responsabilidad política, conocida como juicio político, por regla general han intervenido ambas cámaras una erigida como órgano de Acusación (Cámara de Diputados) y la otra como órgano de Sentencia (Cámara de Senadores).

No obstante, las autoridades que intervienen han ido variando en función de los textos constitucionales. Así:

  • En 1812 (Cortes de Cádiz), las autoridades intervinientes, según fuera el caso (Secretarios de Despacho, consejeros del Consejo de Estado, Magistrados, etc.) eran las Cortes, El Tribunal que nombraran las Cortes; el Jefe político más autorizado (sin especificar quién era); el Rey y el Consejo de Estado. 
  • En la Constitución de 1824, las autoridades intervinientes podían ser cualquiera de las dos Cámaras erigidas en Gran Jurado. 
  • En la de 1836, tenían competencia la Cámara de Diputados y el Senado. 
  • En la Constitución de 1857, la autoridad competente para intervenir era el Congreso (Cámara de Diputados) y la Suprema Corte de Justicia. Debe señalarse que la constitución de 1857 en principio reguló a un Poder Legislativo de sistema unicameral, es decir, conformado por una sola Cámara, la de Diputados.  

Es así que, en materia de responsabilidad de funcionarios públicos respecto a los delitos oficiales, participaban en el procedimiento el Congreso (Cámara de diputados) erigida como Jurado de acusación y, la suprema corte de Justicia erigida en Jurado de Sentencia.

El 13 de noviembre de 1874, se publicaron reformas relativas a la conformación del Poder Legislativo y a través de las cuales se restableció el sistema bicameral, otorgando la atribución de erigirse en Jurado de Sentencia para el caso de delitos oficiales al Senado. [*]

  • POLÍTICA DE “RENOVACIÓN MORAL” 

En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos- instrumentó la política de “renovación moral”, realizando una reforma constitucional a través de la cual se regularon las responsabilidades de los servidores públicos, mismas que se clasificaron en responsabilidad penal, política, administrativa y civil.

En la iniciativa que dio origen a esta reforma, se señala que “Es impostergable la necesidad de actualizar esas responsabilidades, renovando de raíz el Título IV constitucional que actualmente habla de las responsabilidades de los funcionarios públicos”. Se cambia al de “responsabilidades de los servidores públicos”. Desde la denominación hay que establecer la naturaleza del servicio de la sociedad que comparta su empleo, cargo o comisión.

El contenido en general de dichos artículos constitucionales que hasta la fecha se ha mantenido es el siguiente:

Articulo. 108

Establece los sujetos a las responsabilidades por el servicio público.

Articulo. 109

La naturaleza de las responsabilidades de los servidores públicos y la base de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito.

Articulo. 110

El juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones correspondientes.

Articulo. 111

El juicio para exigir las responsabilidades penales y la sujeción de los servidores públicos a las sanciones de dicha materia.

Articulo. 112

Los casos específicos en los que se requiere o no la declaración de procedencia.

Articulo. 113

La naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos para aplicarlos.

Articulo.114

Los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores públicos. [*]

  • ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Del mismo modo que sus precedentes, las primeras normas del México independiente contemplaron los dos aspectos de la responsabilidad jurídica como institución dentro del naciente derecho público: la sanción a los funcionarios o empleados por las faltas o delitos cometidos con motivo del cargo y la indemnizaciónretributiva, sólo que este rubro, y respecto de los particulares, podía ser reclamada a los funcionarios intervinientes y culpables.

Para exigir al Estado, en más de una ocasión antes de la sanción de los Códigos (década de 1880) aparece en leyes particulares, como decisión soberana tendiente a compensar el sacrificio hecho en beneficio de la Nación. Para empezar a hablar de indemnización con el sentido de retribución civil de perjuicios que se causan por hechos o actos del gobierno o de gestión será necesaria la sanción en el orden federal de los Códigos Civil y Penal.

Así, entrando en materia, conforme se afianzaba la independencia y normalizaba el régimen de la nueva Nación, la responsabilidad jurídica originada en el ejercicio del poder público comenzó su propia evolución, como institución del derecho soberano.

No obstante, para fines de este estudio, desde 1810 tendremos dos ordenamientos. Una vez iniciada la guerra de independencia coexisten el derecho novohispano y las leyes que comenzaron a expedir los insurgentes.

En relación con la responsabilidad por la gestión de los asuntos estatales (por ejemplo el Decreto Número 85 del 14 julio de 1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y el Decreto Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, De la Responsabilidad sobre la Observancia de los Decretos del Congreso Nacional), ambos ordenamientos concentran y mantienen la mira en la persona de los agentes públicos como sobrevivencia de las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812. (Se expone como primer antecedente de la responsabilidad de los funcionarios públicos a los artículos 128; 131 fracción XXV; 228, 229, 254, 255 y 261. inciso IV y V de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Pertenece al derecho vigente de este momento el anunciado Decreto del 24 de marzo de 1813. Tal decreto deriva de la Constitución de Cádiz).

Las Cortes generales y extraordinarias se reservaron la función de regular lo atinente a los infractores de la Constitución en decreto separado, por lo que el citado Decreto de 1813 estuvo dedicado a establecer las reglas “para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos”. Debiéndose entender por empleados públicos a los sujetos de la ley, magistrados y jueces y demás empleados. Los tribunales superiores y los jueces respondían a las faltas que cometieran en el servicio sus respectivos inferiores y subalternos. Las penas iban desde la destitución e inhabilitación hasta la reparación de perjuicios causados a la función pública y a los particulares.

Por su parte las primeras normas jurídicas propiamente mexicanas acogieron en la materia los mismos principios y reglas del derecho de la conquista (por ejemplo el Decreto Número 85 del 14 julio de 1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y el Decreto Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, “De la Responsabilidad sobre la Observancia de los Decretos del Congreso Nacional”), adopción complaciente que el embrionario derecho patrio hizo de ese régimen y que posteriormente, se evidenció aún más la enorme influencia de las instituciones de Cádiz con la continuación en México del juicio de residencia, asentado definitivamente en el Decreto constitucional del México formalmente independiente (Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de Octubre de 1814).

A partir de entonces inició en México una tradición: la responsabilidad de los funcionarios públicos como un asunto de las normas inherentes a la organización política. El encuadramiento dentro del derecho público de las violaciones y sanciones por el ejercicio de la función pública continuó en las regulaciones posteriores, inclusive después de la responsabilidad indirecta y subsidiaria del Estado en los Códigos Civil y Penal hacia los años 1870 y 1871 respectivamente y durante todo el siglo XX. [*]

  • CONSTITUCION DE 1917 

La responsabilidad de los servidores públicos ha sido siempre motivo de preocupación en las sociedades políticas de todos los tiempos y hoy nuestro país no es la excepción.

Se pueden encontrar diversas referencias del sistema de responsabilidades que ha regulado a la burocracia desde el derecho romano [*] y los sistemas jurídicos que le siguieron en el continente europeo.

Sin embargo, cabe destacar que durante la época colonial hay una permanente preocupación por esta cuestión, evidenciada principalmente en las normas relativas al juicio de residencia, mismo que experimentó una continua evolución, presentándose con variadas modalidades. Así, puede decirse que su finalidad consistía en radicar o arraigar a un funcionario público que hubiese terminado su cargo, hasta en tanto no se recibieran y resolvieran por un juez las quejas que, contra su desempeño, tuvieran los gobernados o el poder público.

Adicionalmente, en el México independiente se comenzó a desarrollar un sistema de responsabilidades, que recogía y rebasaba al juicio de residencia, no obstante que            hasta     la segunda         mitad    del         siglo       XX fueron conservados algunos vestigios de éste.

                 BASES CONSTITUCIONALES.

Por otra parte, cabe recordar que, no obstante que las constituciones políticas del siglo XIX hacen referencia a las responsabilidades de los servidores públicos de manera no muy sistemática, la constante preocupación de la sociedad mexicana por establecer un régimen de responsabilidades era clara y evidente.

Primeramente, cabe recordar que el constituyente de 1917 dedicó el título cuarto de la Carta Magna a “las responsabilidades de los funcionarios y Empleados de   la Federación, del Departamento y Territorios Federales”, mismo que fue abrogado por una ley publicada en diciembre de 1979, la cual, a su vez, fue suplida por la de 1982.

En efecto, el 28 de diciembre de 1982, fue reformado el título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos, al establecer el actual sistema de responsabilidades en sus artículos 108 a 114, estableciéndose con ello, un esquema legislativo que solamente hasta fechas recientes ha sido sustancialmente modificado.

Dicho esquema constitucional es el siguiente:

“DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS”.

Art. 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Art. 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente.

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. 

La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Art. 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados  al Congreso  de la Unión,  los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral,  los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores  de  Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Art. 111. Para proceder penalmente contra los Diputados

y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de  la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados  a  la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe  de  Gobierno  del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia  del  Distrito  Federal,  así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados,  Diputados  Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de  Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Art. 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Art. 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Art. 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.” (énfasis añadido) [*]

Como puede observarse, nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública  que  se  traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos, para  que  estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público.

La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública es indispensable para la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático. [*]

Exposición de Motivos

  • INTRODUCCIÓN 

En México el cambio de traje público al privado se ha convertido en una práctica constante entre los ex servidores(as) públicos(as) al terminar sus encargos, al grado tal de normalizar una acción que a todas luces resulta un conflicto de intereses y que desafortunadamente nuestra legislación se ha quedado corta en la regulación de esta problemática que afecta la seguridad nacional del pueblo de México.

Muchos son los exfuncionarios que han pasado del ámbito público al privado, los casos más escandalosos son los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes después de que terminaron su gobierno trabajaron en empresas que representan sectores estratégicos para el país.

  • José Antonio Meade Kuribreña, durante la presidencia de Felipe Calderón fue secretario de Energía y secretario de Hacienda y Crédito Público. ? En la presidencia de Enrique Peña Nieto ejerció como secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda y Crédito Público., se integró el pasado 25 de Febrero del año en curso al Consejo de Administración de HSBC Holdings. 
  • Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía en la administración de Calderón, se integró a Iberdrola como consejera externa cinco meses después de que concluyera el sexenio. 
  • Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno Zedillo, se convirtió en vicepresidente de Desc S.A. y en directivo de Carlyle Group. En 2006, regresó al servicio público como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para después pasar a formar parte de Sempra Energy (hoy Ienova). También fue director general de la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente es asesor senior y jefe de la oficina de México de KKR & Co. 
  • Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo, es director de Sempra Energy México (Ienova) y forma parte parte del consejo administrativo de la compañía Southern Copper Corporation. 
  • Guillermo Ortiz Martínez, quien fungió de secretario y subsecretario de Hacienda, secretario de Comunicaciones y Transportes y gobernador del Banco de México, pasó a ser presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte. 
  • Jesús Reyes Heroles González-Garza, quien ocupó cargos en la secretaría de Hacienda, Banobras y Pemex, después fue presidente ejecutivo de la empresa StructurA, así como miembro de los consejos consultivos para América Latina de Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group. 
  • Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, tiene ahora un papel en la iniciativa privada como tesorero del corporativo de Televisa, funcionario de Banamex para derivados, vicepresidente del grupo Modelo y consejero de la empresa Jacobs Engineering Group. [*] 

Por lo anterior expuesto es urgente terminar con uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, separar el poder político del poder económico y que nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen de manera discrecional y para su beneficio la información privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función y que no es del dominio público.

El Estado como entidad política ha sufrido una gran transformación a lo largo de los siglos, si hacemos un análisis comparativo, podemos observar claramente la incorporación de diversas figuras modernas que tienen como principio base la democracia y la libertad, que en los sistemas de la edad media y absolutismo no existían. Estos elementos eran inimaginables por ejemplo en la época de los luises en Francia, era inconcebible el cuestionar al rey sobre los actos que llevaba a cabo, pues al único que le tenía que rendir cuentas era a Dios y nada más, eso reflejaba el grado de impunidad que se tenía, al igual que la inmunidad, pues nadie lo podía tocar.

 “Así en un principio la idea predominante era la de la irresponsabilidad absoluta del Estado, basada fundamentalmente en la idea de la soberanía como equivalente a la del poder omnímodo y absoluto delegado al monarca por Dios. Su infalibilidad surge de un origen divino, “El rey no puede ser juzgado”. Es por ello por lo que un buen sistema de regulación de servidores públicos es importante para marcar la igualdad de los gobernantes y gobernados y que no por el simple hecho de ser alguien que ocupa un puesto de gobierno en cualquier escala podrá cometer abusos, al contrario, el poder se va domesticando y limitando. [*]

En este orden de ideas, podemos ver claramente la presencia del Estado de Derecho, donde nadie estará exento de la ley, y la misma Constitución nos dará la seguridad jurídica que en caso que las mismas autoridades de un país cometan errores al igual que cualquier otra persona, serán regulados por está y por un régimen jurídico establecido, sin importar cargo ni comisión, eso nos marca la pauta para ver como los Estados han pugnado por regular el Estado de Derecho para implementarlo a como dé lugar, aunque sea de manera material o en ley, pues de facto o en la realidad sea de otra manera, ya que hay factores contra los que tendremos que seguir luchando contra corriente para su eficaz implementación como es el caso de la corrupción, el despotismo y cinismo de algunos funcionarios, el capricho, la ineptitud o negligencia, la falta de capacitación, los interés personales de los mismos y no ver por la cosa pública, que es lo que en verdad debería de importar a todos nuestros funcionarios, para así en verdad realizar buena política ,y no jugar a ser políticos.

Antes de entrar a definir en sentido estricto el concepto de responsabilidad en relación con los servidores públicos, analizaremos un poco qué es el Servicio Público definido como “…actividad desempeñada por organismos, dependencias, poderes, autoridades del Estado, agentes auxiliares del poder público en el ejercicio de las atribuciones legales que tienen encomendadas un pueblo determinado, llámese nación o Estado soberano”, en este marco tiene mucha importancia la palabra “actividad” debido a que serán actividades encaminadas a el fin último que es el de lograr el funcionamiento y administración del Estado, serán actividades que si no existieran, la funcionalidad del Estado sería imposible, van encaminadas a la organización del poder público en sus diversas ramas (ejecutivo, legislativo y judicial) pero también se van a dividir en esferas, de acuerdo a nuestro sistema federal (municipal, estatal o federal). [*]

Por otro lado, es importante destacar la importancia de la palabra “encomendados” puesto que toma un significado de acciones en pro de la sociedad y velando por el interés público. Es tal el grado de importancia de las encomiendas realizadas por estos personajes que necesitan de una regulación exclusiva, puesto que va a impactar sobre toda la población las actividades que se realicen, no es que sea capricho de la Constitución, pues si se deja abierto y al libre albedrío la regulación de la función pública el país sería ingobernable, simplemente no habría bases para limitar el poder público.

En relación a -la responsabilidad de los servidores públicos- debemos ser más específicos, esta va a emanar del incumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución y leyes reglamentarias (Ley General de Responsabilidades Administrativas) les establecen, en este rubro también se engloba el romper con su competencia y con las atribuciones que le fueron concebidas.

Al respecto, podemos señalar que: “La responsabilidad del Estado es la obligación que tiene de proteger jurídicamente a los ciudadanos contra las decisiones arbitrarias e ilícitas de la administración pública: federal y estatal, y de sus funcionarios a consecuencia de las funciones administrativas que desempeñan en el cumplimiento de las funciones que les fueron encomendadas.  

Lo anterior, nos pone en ese tan ansiado Estado de Derecho que buscamos, pues se establece una regulación específica para los servidores públicos y para la prevención de posibles fallas de estos, debemos recordar que al igual que cualquier ser humano son personas, tienen vicios, errores que deben ser remediados por la ley en caso de que se presenten. El sistema jurídico de los servidores públicos debe tener una base muy sólida pues como sabemos ellos son los encargados de ver por la cosa pública de la sociedad, ver por qué sus actos redunden sobre la mayor parte de la población, siempre y cuando sean de carácter positivo, no deben ver por la agenda privada o de intereses personales, si esto ocurre se estaría rompiendo con un principio básico de la función. Por lo antes manifestado, se podrían determinar las reglas básicas que permitan el tener un sistema regulado de servidores públicos:

Están sujetos a las mismas responsabilidades que los particulares, y al tener un encargo tendrán muchas más: “La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del auto, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o administrativo. Cualquiera falta lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, además una responsabilidad civil o penal”

El funcionario público estará limitado por la ley y el Estado de Derecho y habrá una fiscalización de estos por parte del mismo Estado y los gobernados.

El sistema regulara a todos los niveles de gobierno, desde el más alto, hasta el más bajo, sin excepción alguna. [*]

1.1 FUNCIONARIOS QUE PUEDEN CAER EN RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN.

El servidor público, representante del servicio público y de la Nación, será el que llevará a la práctica todas esas actividades de las entidades de carácter público, a través de sus cualidades y capacidades. El artículo 108 de la Constitución Mexicana define quienes son los personajes que son capaces de incurrir en una responsabilidad como servidores públicos:

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Es de observarse qué, a través del tiempo ha existido desinterés por el estudio de la responsabilidad administrativa en nuestro país, puesto que ni el Constituyente de 1857, ni el de 1917, la establecieron de manera clara y precisa, por lo que el aspecto disciplinario en el ejercicio de la función pública se dejó principalmente al Derecho Laboral. Al respecto, Fix-Zamudio opina que “en realidad, cuando se habla de la responsabilidad de los funcionarios se hace referencia de manera preferente a las  sanciones políticas o de carácter penal, en virtud de que las administrativas y  patrimoniales se encuentran dispersas en numerosas disposiciones y en procedimientos muy disímbolos, además de que abarcan a todos los que prestan sus servicios a los entes públicos, no sólo a las dependencias directas, sino también a los organismos públicos descentralizados, e inclusive en algunos supuestos se aplican también a los directivos o empleados de las empresas de carácter público”. [*]

Opinión acertada, puesto que ha sido hasta últimamente que hay interés por profundizar en el tema y las disposiciones administrativas se han sido más claras y específicas respecto de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Tal como ya se mencionó en los antecedentes de la responsabilidad de los servidores públicos, fue hasta 1982, cuando se dieron las reformas constitucionales y legales y se fijaron la naturaleza, el objeto, la finalidad y el régimen de la responsabilidad administrativa, en razón del interés del Estado de proteger los valores que presiden el ejercicio de la función pública.

Por tanto, es en el Artículo 109 Constitucional, fracción III, es donde encontramos la base jurídica de la responsabilidad administrativa, misma que a la letra dice:

          “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones    que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

Por lo antes descrito, deben tratarse estos cinco valores. Así, aplicándolo a la realidad, es frecuente oír el insistente lamento de que vivimos en una crisis de valores, en que los agentes comprometidos en la realización de la justicia -jueces, abogados, funcionarios, gobernantes, servidores públicos- caen en renuncias en el desempeño de sus funciones, que trae aparejado un quiebre en el proceso de hacer justicia.

De lo anterior, no resulta fácil discernir y emitir un juicio riguroso, pues por una parte se escucha la voz tronante que denuncia una avalancha corruptiva, y por otra aparece el apático conformismo que lleva   a un inerme inmovilismo.

Como podrá advertirse, a partir de estos principios, que en resumen son legalidad y eficiencia, los servidores públicos deberán tenerlos en cuenta antes de realizar sus actos.

Por tanto, la responsabilidad administrativa es de  gran  importancia, dado que encontramos corrupción todavía a gran escala dentro de nuestra Administración Pública; además de que existe un gran problema como es el que muchos de nuestros servidores públicos no conocen sus obligaciones, por tanto es en esta área donde hay que hacer una gran labor preventiva a través de los diversos mecanismos de control sustentados en las leyes de Administración Pública, Entidades Paraestatales, Contabilidad y Gasto Público, de Presupuesto, etc.,... antes de las responsabilidades; para evitar que nuestros servidores públicos incurran en corrupción y se ocupen realmente del servicio público.

1.2 LA RESPONSABILIDAD           ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Es un principio general del derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe resarcirlo.  Esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales.

Así, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto.

Por una parte, la responsabilidad civil del servidor público se traduce en la obligación de reparar el daño   por parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada, a diferencia de la penal, en la que responde frente a la sociedad representada por el Estado. De manera que un mismo hecho puede dar lugar a responsabilidad de distinto orden; pero la responsabilidad penal siempre será subjetiva, como se dice muy comúnmente: delinquen las personas, no las instituciones, puesto que las personas jurídicas públicas actúan mediante voluntades humanas que se ponen a su servicio.

Aunque hoy existe una tendencia académica que parece haber tenido eco en la legislatura respecto a que el Estado debe ser solidariamente responsable respecto   a los daños y perjuicios ocasionados por sus funcionarios, en todos los casos, no sólo cuando estos actúen dolosamente.

Por lo tanto, al hablar de responsabilidad administrativa sólo se hace referencia a la responsabilidad civil de las personas públicas.

Conforme a esta idea, se considera que un servidor público debe responder por sus actos indebidos o ilícitos, según lo establezcan las leyes. [*]

  • DERECHO COMPARADO 

Artículo 45.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determine la ley.

  • CHILE 

Artículo 38.- Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

  • COLOMBIA 

Artículo 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Artículo 124.- La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

Artículo 130.- Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los funcionarios públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

Artículo 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar a sus ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

  • COSTA RICA  


Artículo 194.- El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución es el siguiente:

"- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?

-Sí, juro-.

-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden".

  • CUBA


Artículo 10.- Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.

Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones.

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia.

Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado.

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad.

Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro.

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito.

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.

  • EL SALVADOR


Artículo 235.- Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.

Artículo 245.- Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución.

  • GUATEMALA 

Artículo 155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años.

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.

Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles.

  • HONDURAS 

Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

Artículo 324.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y penal contra el infractor.

  • NICARAGUA 

Artículo 130.- Disposiciones generales sobre el régimen económico y financiero.

Artículo 131.- Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión.

Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera administrativa serán regulados por la ley.

  • PANAMÁ 

Artículo 18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.

Artículo 33.- Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de lo precisos términos de la Ley: Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas…

Artículo 299.- El Presidente y Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los Directores Generales, Gerentes o jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación.

El Notario realizará esta diligencia sin costo alguno.

Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de Ley.

  • PARAGUAY 

Artículo 104.- DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS 
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo.

Artículo 106.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO 
Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto.

  • PERÚ 

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante se ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para su la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

  • REPÚBLICA DOMINICANA  


Artículo 102.- Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.

Artículo 106. -La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier funcionario u oficial público.

  • UNITED STATES OF AMERICA  


Artículo. VI.

Clausula 3 Ley Suprema.

  • URUGUAY 

Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.

Artículo 25.-Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.

Artículo 64.- La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos.

Artículo 65.-La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias.

En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de los servicios.

Artículo 66.-Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.

  • VENEZUELA 

Artículo 139.- El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.

Artículo 140.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.

Artículo 143.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Senador Alejandro González Yáñez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE


Texto actual

Propuesta del PT

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 52.

(…)…

Toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales o Gobiernos Municipales no podrá prestar servicios profesionales en la iniciativa privada en temas o áreas relacionadas al encargo público desempeñado.

Artículo 56.

(…)…

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Artículo 56 bis. Será facultad de la Secretaría de la Función Pública dictaminar a través de un consejo especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o al servidor públicos se le otorgue anuencia para desempeñar un cargo en el sector privado.

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Esta iniciativa que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea tiene por objeto terminar con uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, separar el poder político del poder económico y que nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen de manera discrecional y para su beneficio la información privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función y que no es del dominio público. Por lo que se pretende poner un candado inclusive cuando el servidor público se haya retirado de su empleo, cargo o comisión, mediante el cual no pueda pasar de la administración pública a la privada con posibles beneficios patrimoniales de su encargo.

Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace necesario fortalecer el capítulo II de las faltas administrativas graves de los funcionarios públicos en especial su artículo 56 párrafo II. Por otro lado, consideró de manera general las faltas administrativas graves al limitarla solo a un plazo de hasta un año.

Como se observa, la disposición señalada es por demás ambigua al solo manejar un plazo muy corto de tiempo.

Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de Decreto

UNICO

Que se reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, adiciona el artículo 56 bis y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales o Gobiernos Municipales no podrá prestar servicios profesionales en la iniciativa privada en temas o áreas relacionadas al encargo público desempeñado.

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Artículo 56 bis. Será facultad de la Secretaría de la Función Pública dictaminar a través de un consejo especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o al servidor públicos se le otorgue anuencia para desempeñar un cargo en el sector privado.

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los cinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Atentamente

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


[*] http://omal.info/spip.php?article4875 (Observatorio de Multinacionales en América Latina) 

[*] https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

[*] https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

[*] https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

[*] https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

[*] Un buen ejemplo de ello es la llamada acción popular, que podía ejercitarse por cualquier ciudadano (civis de populo). Vid. Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Teoría general. 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1977, p. 780.

[*] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/

[*] http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_sistema_de_responsabilidades_de_servidores_p_blicos_y_la_supletoriedad_procesal.pdf

[*] https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/05/calderon-zedillo-y-otros-exfuncionarios-que-han-usado-la-puerta-giratoria

https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/

Fix-Zamudio, Héctor, Las responsabilidades de los Servidores Públicos en el Derecho Comparado, Las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Editorial Porrúa, México, 1984, p. 60.

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_sistema_de_responsabilidades_de_servidores_p_blicos_y_la_supletoriedad_procesal.pdf