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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la Ley Federal de Derechos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ECONOMíA.


SENADO DE LA REPÚBLICA
LX
IV LEGISLATURA

Senadora Gabriela Benavides Cobos que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES APLIQUEN EL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS DE CONFORMIDAD A LOS CRITERIOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, el sector minero produce el 4% del Producto Interno Bruto (PIB); somos el principal productor y exportador de plata a nivel mundial y estamos entre los 10 primeros lugares en producción de 16 diferentes minerales.

Los beneficios que otorga la minería en México son considerables, pero, recordemos que las sustancias y minerales del subsuelo no son renovables, además que, al ser extraídas provocan daños irreparables a la naturaleza y la calidad de vida de las personas con las que coexisten.

Por esto, en el año 2014, a través de una reforma hacendaria, se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, conocido coloquialmente como “Fondo Minero”; en el cual se establece que están obligadas a pagar los derechos sobre minería las personas físicas o morales titulares de una concesión, o aquellos que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.

El “Fondo Minero” se integra con por lo menos tres derechos, el primero, Derecho Especial Sobre la Minería¸ correspondiente a aplicar una tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva.

El segundo, cuando los titulares de concesiones mineras no lleven a cabo obras o trabajos de exploración/explotación durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión minera, pagarán semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme al 50% de las siguientes cuotas:

Concesiones y asignaciones mineras

Cuota por hectárea

Durante el primer y segundo año de vigencia.

$3.61

Durante el tercero y cuarto año de vigencia.

$5.39

Durante el quinto y sexto año de vigencia.

$11.15

Durante el séptimo y octavo año de vigencia.

$22.43

Durante el noveno y décimo año de vigencia.

$44.85

A partir del décimo primer año de vigencia.

$78.84

Y tercero, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

Una vez recaudados los tres derechos mencionados con anterioridad, un 77.5% del total generado se aplicará directamente al “fondo minero”; recurso que deberá ser empleado en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, para lo cual, la Ley señala los siguientes supuestos:

  1. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos; 
  2. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; 
  3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable; 
  4. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; y 
  5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metro-cable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono. 

Como bien se mencionó con anterioridad, del total generado por los tres derechos, el 77.5% será destinado para el fondo minero, de dicho porcentaje que representará un nuevo 100%; se realizará la siguiente distribución:

  1. 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales. 
  2. 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente 
  3. 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones correspondientes a la aplicación de dicho fondo. 

La distribución de los recursos entre los municipios y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación correspondiente.

También se establece en la Ley, que, para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por:

  1. Un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; 
  2. Un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal;  
  3. Un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras;  
  4. Un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación; y  
  5. Un representante de la comunidad indígena o agraria, en caso de que existiera. 

Además de lo ya mencionado, las personas físicas o morales que se dediquen a la actividad minera, conforme el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, deberán pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las siguientes cuotas:

Concesiones y asignaciones mineras

Cuota por hectárea

Durante el primer y segundo año de vigencia.

$7.22

Durante el tercero y cuarto año de vigencia.

$10.78

Durante el quinto y sexto año de vigencia.

$22.31

Durante el séptimo y octavo año de vigencia.

$44.86

Durante el noveno y décimo año de vigencia.

$89.71

A partir del décimo primer año de vigencia.

$157.88

La determinación del pago del derecho cuando la concesión o asignación cubra periodos inferiores a un semestre, se hará considerando la parte proporcional que le corresponda con base en las mismas.

Si bien es cierto, este derecho no es parte del Fondo, si ingresa de manera independiente a las arcas del gobierno federal por concepto de explotación minera.

De acuerdo al registro estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina anualmente la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del total nacional:

2017: $3,705,377,518.00

2016: $3,339,293,494.93

2015: $2,191,742,278.79

2014: $2,090,718.508.98

A mi estado, Colima, en el año 2017 se le entregaron los siguientes porcentajes :

Gobierno del Estado

Municipios

Total

$26,446,788.40

$44,077,980.66

$70,524,769.06

Municipio

2017

ARMERIA

$28,282.87

COLIMA

$2,206,113.96

COQUIMATLAN

$23.37

MANZANILLO

$31,862.70

MINATITLAN

$41,610,367.28

TECOMAN

$201,330.48

TOTAL

$44,077,980.66

Sin embargo, para este año 2019, el subsecretario de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, mencionó estando en una reunión con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) que el gobierno federal administrará sin intermediario el fondo minero .

Con estas declaraciones, desató una polémica pública, la molestia por parte de los estados y municipios que se ven beneficiados con dicho fondo, la preocupación por parte de las comunidades mineras, agrarias e indígenas y el descontento de las empresas mineras que realizan sus aportaciones; todos, miembros del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

En primer término, la Ley de Derechos es muy clara, al señalar las siguientes tres cuestiones:

  1. Los porcentajes en los que se distribuirá el fondo minero:  
  2. La forma de su aplicación;  
  3. La creación y conformación del Comité, con la finalidad de que este apruebe los proyectos; y 
  4. El tipo de proyectos en los que se puede destinar, que cuenten con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. 

En segundo término, no debemos olvidar, que son las comunidades agrarias e indígenas, así como los gobiernos locales y estatales los que conocen de manera directa las necesidades reales de los poblados en los que se instalan las empresas mineras. Además de que, al ser parte las personas físicas y morales del Comité, pueden tener certidumbre real y jurídica de que el pago de sus derechos se está invirtiendo en lo que marca la Ley, esto genera la confianza necesaria para que ellas sigan aportando sus contribuciones de manera puntual.

Por tal razón, es que nos preocupa que la Secretaría de Economía pretenda centralizar la aplicación del Fondo Minero, primero por las violaciones jurídicas que se implicaría a la Ley Federal de Derechos; y segundo, porque la naturaleza del fondo es contribuir a la justicia social y ambiental de las poblaciones que se ven afectadas por la exploración y explotación del subsuelo. Pretender no consensar la decisión de la aplicación del recurso con los pobladores y las autoridades locales implicará una grave violación de derechos adquiridos. En este sentido, conminamos a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y a garantizar que el fondo se entregue conforme a los criterios establecidos en la ley y demás ordenamientos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICÓ. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones legales apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros de conformidad a los criterios que establece la Ley Federal de Derechos.

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 19 de febrero de 2019.

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS

GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO


Aguirre Loreto, A. FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO). Consultado en línea http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. FONDO MINERO. Consultado en línea https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400252/Distribucion_Fondo_Minero_2017.pdf