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Estado Actual: Ficha Técnica


De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa, con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


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Descargar Documento (Inic_MORENA_Remuneraciones.pdf)

Propone que a falta de disposición expresa en la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, se aplicará de manera supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establece que los servidores públicos estarán obligados a reintegrar dentro de los siguientes 30 días naturales, las cantidades que les sean notificadas por el área administrativa o, en su caso, por el órgano interno de control, por cualquier pago en demasía según las disposiciones vigentes. El órgano interno de control podrá prorrogar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que exista una causa justificada y sea acordado por las partes.

De igual forma ningún servidor público obligado por la ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al monto que se establezca para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando la actualización salarial que se considere durante el ejercicio a las remuneraciones del Presidente de la República.

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme a los lineamientos que al respecto emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta especialización. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de autonomía constitucional, sus respectivas unidades de administración podrán determinar lo conducente.

En los casos en que se obtenga u otorgue un beneficio económico en contravención a lo dispuesto la Ley, se impondrán las sanciones de destitución e inhabilitación en los términos que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas.