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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación, en virtud del interés y trascendencia de los listados definitivos en que se dan a conocer los nombres de las empresas fantasma o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE RESOLVER EN DEFINITIVA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL INTERÉS Y TRASCENDENCIA DE LOS LISTADOS DEFINITIVOS EN QUE SE DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS FANTASMA O FACHADA QUE EXPIDEN COMPROBANTES FISCALES QUE AMPARAN OPERACIONES INEXISTENTES, FALSAS O ACTOS JURÍDICOS SIMULADOS.

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

a)         Marco Jurídico.

El artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Al respecto, el artículo 21, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que corresponde conocer a la Salas de la SCJN cuando se ejerza la facultad de atracción anteriormente señalada.

La interpretación que la Primera Sala de la SCJN ha fijado respecto de la facultad de atracción es que su naturaleza jurídica es la de “…un medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia [*]

Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 27/2008 anteriormente mencionada, se señaló cuáles son los requisitos que deben acreditarse en forma conjunta a fin de ejercer la facultad de atracción, siendo éstos:

i)          Que a juicio del Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y,

ii)         Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la SCJN.

No debe pasarse por alto que, en la diversa Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 102/2011 la Primera Sala de la SCJN se señaló claramente que “los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascedente para casos futuros [*]

Lo anterior, pues en consideración del citado órgano jurisdiccional, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática.

b)        Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Con el objeto de evitar el tráfico de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, en la reforma para el ejercicio fiscal de 2014 se incorporó la facultad de las autoridades fiscales de tener por inexistentes operaciones, cuando un contribuyente emita comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material necesaria para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes que se amparen en los comprobantes emitidos, o en su caso, dichos contribuyentes estén ilocalizables. [*]

A decir del abogado Luis Manuel Pérez de Acha, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) vigente a partir de enero de 2014, establece el procedimiento para que el Servicio de Administración Tributaria investigue y sancione a los emisores de facturas falsas, puesto que éstas son el principal instrumento que utilizan las empresas fachada o fantasma. [*]

Cuando se trata de cometer actos de corrupción –continúa Pérez de Acha– el modo de operar de las empresas fachada es que las dependencias públicas simulen contratos de obra, adquisición de bienes o prestación de servicios sin que ninguno de ellos se ejecute pero que las dependencias sí paguen las contraprestaciones a las que se obligaron e incluso reciban a cambio comprobantes fiscales emitidos por las empresas fachada.

Además, los contribuyentes también utilizan los comprobantes fiscales que emiten las empresas fachada para obtener una serie de beneficios indebidos en claro perjuicio de la Hacienda Pública, pues deduce para efectos del Impuesto Sobre la Renta (en adelante, ISR) acredita para efectos del Impuesto al Valor Agregado (en adelante, IVA) compensa para efectos de ambos impuestos, solicita la devolución de dichas contribuciones, acredita pérdidas fiscales para ISR y disminuye la base de PTU para este mismo impuesto. [*]

El procedimiento aprobado por el Congreso de la Unión para combatir esta tipología de evasión fiscal fue, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 69-B del CFF, facultar al Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes que hayan sido emitidos sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Así, el SAT podrá emitir listados preliminares en los que publica el Registro Federal de Contribuyentes (en adelante, RFC) y los nombres de quienes presuntamente emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, otorgándoles la oportunidad de realizar manifestaciones de derecho y de aportar probanzas que les permitan desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal.

Una vez transcurridos los plazos y habiendo valorado la información, documentación y argumentos de defensa que fueron aportados por los contribuyentes, el SAT podrá publicar un listado definitivo de quienes no hubieran podido desvirtuar los hechos que les fueron imputados. Los efectos de la citada publicación será considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

En este sentido, el artículo en comento establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en forma definitiva en el listado señalado, podrán acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales o bien, procederán a corregir su situación fiscal.

A decir de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF que ha sido resumido en los párrafos anteriores, conforme al cual el SAT publica las listas de las empresas fantasma, resulta fundamental para el combate a la corrupción. [*]

Esta organización de la sociedad civil ha puntualizado que “…la lógica detrás de la actuación del SAT es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera una operación simulada (es decir una empresa fantasma) y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad…” [*] Además, es con base en el citado precepto legal cuando se determina que una persona o empresa facturó operaciones inexistentes que “…(i) se les determinarán los créditos fiscales y (ii) se considerará simulación de actos para efecto de tipificar el delito fiscal… [*]

Sobre este mismo punto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “La política de Estado para prevenir y combatir estos delitos se materializó en el artículo 69-B del CFF, con base en el cual el SAT publica los nombres de las empresas fantasma. Estas listas tienen como propósito dejar sin efecto los comprobantes fiscales que ellas emiten, en tanto que respaldan operaciones inexistentes o simuladas… [*]

A partir de la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF, la Segunda Sala de la SCJN resolvió cinco casos a través de los cuales sentó jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo en cita, i) no vulnera en perjuicio de los gobernados sus derechos fundamentales de audiencia, de irretroactividad de la ley, ni de libertad de trabajo; además de que también se determinó que ii) no se contravino el principio de presunción de inocencia; que, iii) los datos de los contribuyentes son de carácter público y, por ende, pueden darse a conocer a terceros; y, finalmente, que iv) la presunción de operaciones inexistentes no constituye una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Carta Magna.

Se trata de los casos de los Amparos en Revisión 51/2015, 302/2015, 354/2015, 361/2015 y 424/2015 que dieron origen a las Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 132/2015, [*] 2a./J. 133/2015, [*] 2a./J. 134/2015, [*] 2a./J. 135/2015, [*] 2a./J. 140/2015 [*] y 2a./J. 161/2015. [*]

Sin embargo, en las citadas Tesis de Jurisprudencia, la Segunda Sala de la SCJN únicamente se pronunció respecto a la constitucionalidad de la facultad del SAT para emitir y publicar los listados preliminares, sin que se hubiese analizado ni la facultad de realizar los listados definitivos, ni tampoco la consecuencia jurídica de los mismos, es decir, que todas las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por los contribuyentes incluidos en los listados definitivos, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

El abogado Luis Manuel Pérez de Acha plantea que “la constitucionalidad del artículo 69-B del CFF por lo que hace a los listados definitivos, así como las consecuencias legales que a ellos son aplicables ya ha sido planteada ante la SCJN, sin que a la fecha se haya quedado resuelto… [*]

Los temas que, en jurisprudencia firme, podría definir la SCJN son, esencialmente, los siguientes:

i)          Si el procedimiento regulado en el 69-B del CFF corresponde a una gestión del SAT, o bien, a una facultad de comprobación de las previstas en el artículo 42 del Código citado.

ii)         En función de lo anterior, resolver la constitucionalidad del artículo 69-B del CFF en relación con:

  • Garantía de audiencia en favor de quienes emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y de quienes le dan efectos fiscales a los citados comprobantes fiscales; 
  • Los efectos generales de las resoluciones preliminares y definitivas publicadas por el SAT; 
  • Los efectos retroactivos de las resoluciones preliminares y definitivas que son publicadas por el SAT. 

Sobre este particular, cabe mencionar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “el Estado de Derecho exige que la interpretación constitucional privilegie el fortalecimiento de las instituciones, la salvaguarda de la Hacienda Pública y los derechos de los mexicanos en general. Las empresas fantasma se contraponen a todo ello… [*]

La nota publicada por el periódico El Economista el 25 de agosto de 2018, con el cabeceo “Empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos” [*] cuantifica la importancia de este tema y pone en perspectiva el daño que se está causando a la Hacienda Pública.

“…El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en el país más de 8,000 empresas presuntamente, simulan operaciones, las cuales han facturado 2.04 billones de pesos a través de comprobantes apócrifos…” señala la nota, misma que refiere a la entrevista sostenida a Samuel Magaña, entonces Administrador Central de Planeación y Programación de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien comentó que “…En su totalidad, las 8,301 empresas han facturado 2.04 billones de pesos. Consideramos a todas las empresas publicadas porque, en general, muy pocas de éstas han logrado desvirtuar sus operaciones. Desde que entró en vigor este artículo, sólo 120 han logrado desvirtuar…

Lo antes expuesto pone de manifiesto que el tema de las empresas fantasma o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es de gran interés, importancia y trascendencia para nuestro país, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la estabilidad de las finanzas públicas.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y en su caso ejerza la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión en que se ha señalado como acto reclamado la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que el Máximo Tribunal se pronuncie, resuelva y pueda emitir jurisprudencia por reiteración de criterios con relación a si el procedimiento regulado en dicho precepto corresponde a una facultad de gestión por parte del SAT o si se trata de una facultad de comprobación y, en función de lo anterior, resolver la constitucionalidad del artículo de mérito en relación con la garantía de audiencia de quienes expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y de quienes le dan efectos fiscales a los mismos; así como respecto a los efectos generales y retroactivos de las resoluciones preliminares y definitivas que son publicadas por el SAT.

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos


[*] “FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO” Registro 169885. Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 27/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, p. 150

[*] “FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE EJERCERLA A EFECTO DE INTEGRAR JURISPRUDENCIA SOBRE UN PROBLEMA QUE IMPLICA EL ANÁLISIS DE DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.” Registro 161080. Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 102/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, p. 489.

[*] TURANZAS, BRAVO Y AMBROSI. Actualización tributaria 2014.

[*] PÉREZ DE ACHA, Luis Manuel, “Las empresas fachada y los cárteles de corrupción”, en CELORIO VELA, Jesús Agustín y CARRASCO PARRILLA, Pedro José (Directores) Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Tomo III, México, 2018 pp. 51-60.

[*] CELORIO VELA, Jesús Agustín, El combate penal a la expedición de facturas falsas, en Seminario de Discusión Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción. 17 de octubre de 2018, México, Senado de la República.

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY”. Registro 2010275. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, p. 1740.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA”. Registro 2010274. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, p. 1738.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO”. Registro 2010277. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, p. 1743.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”. Registro 2010276. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, p. 1742.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS”. Registro 2010278. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, p. 1745.

[*] “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LAS PUBLICACIONES CON LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYEN UNA PENA QUE DEBA RESPETAR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Registro 2010621. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, p. 277

[*] PÉREZ DE ACHA, Luis Manuel, loc. cit. p. 56.