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Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Propone que el Estado otorgue facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, proporcionando directamente y en colaboración con los sectores privado y social, servicios adecuados para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños en etapa de primera infancia mediante el sostenimiento de guarderías y estancias infantiles.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

EN LA LXIV LEGISLATURA.

PRESENTE.

La suscrita, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo a la siguiente:

Exposición de motivos

Competencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano otorga al Congreso de la Unión las facultades necesarias para iniciar reformas o adiciones a su propio texto en los términos de lo que indica su artículo 135 que preceptúa los siguiente:

Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Por otra parte, el propio cuerpo constitucional determina en el artículo 71 cuales son las autoridades y personas facultadas para detonar mediante iniciativa el procedimiento legislativo, entre quienes se encuentran, desde luego, las y los Senadores del Congreso de la Unión entre otros legitimados, en tanto que el precepto número 72 de nuestra carta magna, agrega que tales iniciativas de reformas o adiciones pueden ser presentadas indistintamente en cualesquiera de las cámaras del Congreso. En la parte conducente, tales dispositivos constitucionales señalan lo siguiente:

Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.- …

II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.- a IV.- …

Art 72.- …

A.- a G.- …

H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I.- …

Consideraciones.

Una de las principales responsabilidades que tiene una sociedad, cualquier sociedad, es velar por los sectores que viven en alguna situación de vulnerabilidad. En este sentido, sin duda alguna la población infantil reviste primordial importancia, tanto por el hecho de que conforman una población que aún no puede valerse por sí misma, como por el hecho no menos importante de que representan el futuro de nuestro país.

El mundo ha reconocido en el Interés Superior de la Niñez, un principio bajo el cual deben regirse todas las decisiones de política pública, de suerte tal, que en sede de Naciones Unidas, se promovió la firma de la Convención de los Derechos del Niño mismo que México también signó, con lo que se comprometió, de cara al mundo, a ceñir su actuar bajo este principio del Interés Superior de la Niñez y a conducirse en todo con respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Algunos de los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño que aluden tanto al principio del Interés Superior de la Niñez como a la protección que en general debe brindarse a niñas y niños son los siguientes:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño.

2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 6

1. Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 19

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Por otra parte, el artículo 4º de nuestra Constitución, también incorporó este principio mediante reforma del 12 de octubre del año 2011, con lo que ya no solo a nivel convencional sino también a nivel constitucional, México se obligó a sí mismo a sujetarse a un amplio marco de actuación para proteger los derechos de la infancia y su Interés Superior.

Art. 4o.- …

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Adicionalmente, en diversas leyes, pero particularmente a través de la “Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, se reforzaron estas obligaciones estatales frente a la población infantil. Algunos preceptos que clarifican esta obligación del Estado mexicano por velar por los derechos y por el Interés Superior de la Niñez, particularmente en relación con el cuidado, atención y la promoción de su desarrollo integral son los siguientes:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. …

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. a V. …

Artículo 2. …

I. a III. …

El Interés Superior de la Niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su Interés Superior y sus garantías procesales.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:

I. El Interés Superior de la Niñez;

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;

III. La igualdad sustantiva;

IV. La no discriminación;

V. La inclusión;

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. La participación;

VIII. La interculturalidad;

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;

XI. La autonomía progresiva;

XII. El principio pro persona;

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y

XIV. La accesibilidad.

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el Interés Superior de la Niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Es pues indudable, que tanto nuestra Constitución, como los tratados internacionales que México ha firmado en la materia y las leyes generales a que hemos aludido, que en su conjunto, en términos de los señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 133 de nuestra carta magna, constituyen nuestra ley suprema, el Estado mexicano está obligado a proporcionar los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral de la infancia, y claro está también que una de las medidas de política pública que resulta indispensable para empezar a dar cumplimiento a estas obligaciones, tiene que ver con proporcionar a las niñas y niños en su primera infancia, es decir, en la etapa de vida que va de los 0 a los 5 años de edad, los espacios adecuados libres de violencia en los que se les brinden esa atención, cuidados y desarrollo integral.

Es inconcuso que, en tanto el Estado no provea de estos servicios elementales a la población infantil, no estará cumpliendo ni siquiera con las obligaciones más elementales a las que está sujeto en términos del principio de Interés Superior de la Niñez, y en términos de los derechos fundamentales que le asisten a las niñas y niños de México.

Considerando también que la dinámica laboral en la mujer ha presentado enormes cambios en los últimos años, a grado tal que si en 1970 solo un 17% de las mujeres en edad de trabajar lo hacían remuneradamente, para el año 2015, esa participación de la mujer en el mercado laboral ya había crecido al 45%, es decir, a diferencia de lo que ocurría hace cincuenta años, hoy por hoy, prácticamente una de cada dos mujeres tiene un trabajo remunerado.

Este fenómeno socio-demográfico, tiene impactos de enorme beneficio para la sociedad en su conjunto porque, por una parte, detona la economía al poner a una gran parte de la población a generar riqueza, crecimiento económico, productividad y por lo tanto mayor bienestar general, pero por otra parte, porque brinda independencia financiera a muchísimas mujeres, con lo que se genera una espiral muy positiva a favor de la igualdad de género.

Por estas razones, en 2007, el gobierno federal puso en marcha un programa de estancias infantiles, administrado por la Secretaría de Desarrollo Social para, a diferencia de las guarderías del sistema de seguridad social, brindar estos servicios a las y los hijos de las madres y padres que no tuvieren un empleo formal. Es decir, sin bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros sistemas análogos de seguridad social brindan el servicio de guarderías, también lo es, que sus derechohabientes son solo quienes cuentan con empleos formales, pero son miles y miles de personas las que cuentan solo con empleos informales. En este sentido, el programa atendió una realidad social que resultaba imperioso atender.

Hacia el año 2011, se expidió la legislación que vino a robustecer el sistema de estancias infantiles, que fue la “Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”. Algunas disposiciones de esta ley que no dejan duda respecto de la obligación que tiene el Estado mexicano de proporcionar el servicio de estancia infantil a todas y todos las niñas y niños son las siguientes:

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el Interés Superior de la Niñez.

Artículo 10. Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. A la atención y promoción de la salud;

IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;

VII. A la no discriminación;

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez, y

IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.

No obstante todo lo anterior, como es bien sabido, tanto el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 presentado por el Ejecutivo Federal a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como el propio Presupuesto de Egresos aprobado por esta, contemplaron un recorte sustantivo al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, que alcanzó casi el 50% del mismo.

En el presupuesto del ejercicio anterior, correspondiente al año 2018, este programa, en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, concretamente en el Ramo 20 “Desarrollo Social”, ahora llamado “Bienestar”, se contempló la cantidad de 4,070 millones de pesos, con los cuales, se proporciona un subsidio federal para el cuidado de 313 mil 450 niñas y niños, en 9,653 estancias infantiles a lo largo y ancho de nuestro país, en las que trabajan más de 55 mil personas de las cuales el 97% son mujeres.

Es el caso, que en el mismo anexo y ramo, para este ejercicio 2019, ese monto se redujo para alcanzar solamente los 2,041 millones de pesos, es decir, una reducción de 2,029 millones de pesos, que representa exactamente el 49.8% de recorte.

Acción Nacional junto a múltiples organizaciones de la sociedad civil, expresó en su momento durante las discusiones relativas a la aprobación del paquete económico y particularmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 en diciembre pasado, el despropósito que esto significaba.

Sin reparar en las advertencias, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo fue aprobado sin corregir este grave error por el cual se redujo este monto a casi la mitad. Considerando la realidad social de nuestro país, y sobre todo, tomando en cuenta que una inmensa cantidad de mujeres madres tienen que trabajar en el sector informal de la economía, la decisión de reducir el monto asignado en el presupuesto a este programa de estancias infantiles es de una gravísima irresponsabilidad y de una insensibilidad inaudita. Lo sensato a este respecto hubiese sido incrementar sustancialmente estos apoyos, pero se hizo justamente lo contrario, se redujo de manera sustantiva.

Como hemos dicho, el programa en mención, operado en su momento por la Secretaría de Desarrollo Social, ahora denominada Secretaría de Bienestar, se enfoca en apoyar a las madres que trabajan de manera informal, habida cuenta que las que lo hacen en el sector formal, es decir, las que cuentan con un empleo formal y en consecuencia cotizan al IMSS, o al ISSSTE, o a algún otro sistema de seguridad social, cuentan con el servicio de guarderías que dichos sistemas proporcionan.

En este sentido, las estancias infantiles que provee la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol), son de las que se conocen como de carácter no contributivas. Esto no es exactamente así, ya que en muchos casos, en realidad, para gozar del servicio de estancias infantiles, tanto la madre, como la empresa que la emplea, deben hacer también sus propias y respectivas aportaciones complementarias.

Tomando en consideración todo esto, hoy por hoy, no se tiene certeza acerca de lo que ocurrirá con la protección a las niñas y niños que acudían a estar estancias, ni qué ocurrirá con los empleos de sus madres y padres, ni con los empleos de las 55 mil personas que laboran en dichas estancias.

Como resulta evidente, el asunto no es para nada menor, ya que impacta directamente a más de 313 mil niños y niñas. Y en este momento la incertidumbre preocupa a miles y miles de madres y a los y las responsables de cada una de esas casi diez mil estancias infantiles.

Reducir tan dramáticamente este apoyo económico, va en detrimento del Interés Superior de la Niñez, con lo que el Estado mexicano está conculcando el marco jurídico tanto constitucional y legal como convencional, pero aún más grave es el hecho de que se violenten los derechos más elementales que le asisten a nuestros niñas y niños, consistente en contar con el espacio seguro, libre de violencia, en el que se les proporcionen la protección, cuidados y atención que les permitan desarrollarse integralmente.

Pero esto no es todo, el derecho al trabajo por parte de las madres y padres que necesitan dejar a sus hijos bajo cuidados adecuados en tanto ellos acuden a sus empleos también se ve conculcado drásticamente, y no se diga el trabajo de las más de 55 mil personas que laboran directamente en las estancias infantiles. A este respecto, nuestra Constitución también establece el derecho al trabajo de todas estas madres y padres.

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Otra consideración que no puede obviarse es el hecho de que este servicio de estancias infantiles tiene un impacto importantísimo en el propósito de mejorar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ya que, como hemos mencionado, de las 329 mil beneficiarias, 328 mil son madres, en tanto que solo un poco más de 10 son padres, es decir, el programa tiene un efecto directo a favor de las mujeres en cuanto a su libertad para trabajar, emprender, estudiar o desarrollarse en cualquier otro ámbito de la vida, en adquirir un sustento económico y libertad financiera y por ende, en vivir bajo condiciones de igualdad sustantiva y de resultados respecto de los hombres.

Reducir o acabar con este programa, implica también pues, reducir o acabar con este detonante de igualdad entre hombres y mujeres que tanto ha servido para impulsar en nuestro país una sociedad igualitaria.

Nuestra Constitución establece también, el derecho que tenemos tanto mujeres como hombres de ser iguales frente a la ley, cosa que en este caso concreto está quedando en entredicho.

Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

En el marco de los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el de evitar cualquiera forma de discriminación y violencia contra la mujer no ha sido obviado. En sede universal, es decir, en el contexto de Naciones Unidas, México es Estado Parte de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, mejor conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, que entre otras cosas establece:

Artículo 1.

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 3.

Los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 5. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) …

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 11.

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Parte tomarán medidas adecuadas para:

a) a b) …

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) …

Artículo 13.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;?

b) a c) …

Artículo 15.

1. Los Estados Parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2. a 4. …

Artículo 16.

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g) a h) …

Por otra parte, en sede interamericana, es decir, en el contexto de la Organización de Estados Americanos (OEA), México es Estado Parte de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, mejor conocida como “Convención Belem Do Pará”, en la cual estos temas también son abordados.

En este sentido, la Convención exige que los gobiernos tomen medidas específicas, incluyendo programas, de manera progresiva a favor de los derechos humanos de la mujer, como podrían ser, entre otros, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, entre otros. El hecho de que la Convención hable de progresividad es muy relevante, ya que implica, que lejos de disminuir –como es en el caso del programa de estancias infantiles-, los beneficios, presupuestos o apoyos que los Estados brindan para apuntalar el fomento y respecto de los derechos humanos de la mujer, estos deben ir progresivamente en aumento.

Artículo 8.

Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

b. a i. …

Derivado de las disposiciones constitucionales y convencionales descritas, México emitió también sendas legislaciones en materia de protección de los derechos de las mujeres. Tales son los casos de la “Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, y la “Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”. Esta última refiere entre sus dispositivos lo siguiente:

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica;

III. Impulsar liderazgos igualitarios, y

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

I. a VI. …

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo;

IX. …

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;

XI. a XII. …

Por su parte, la “Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, establece que el Estado mexicano debe emprender medidas administrativas y presupuestales para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, tanto los consignados en la carta magna, como aquellos que deriven de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte, como los que hemos mencionado antes.

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

No podemos obviar, que esta Ley, también refiere que la violencia contra las mujeres podría consistir en violencia económica. El artículo 6 en su fracción VI, define la violencia económica como “toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

En este sentido, en este caso, las madres trabajadoras beneficiarias del programa de estancias infantiles así como las trabajadoras de las propias estancias, podrían estar siendo objeto de violencia económica.

En definitiva, este Poder Legislativo, junto con las diversas instancias del Estado mexicano, deben ser los primeros en velar porque las mujeres vivan libres de violencia económica, vivan en igualdad sustantiva frente a los hombres, y que las niñas y niños de México sean protegidos como se merecen, como estamos legal, constitucional y convencionalmente -pero sobre todo- moralmente, obligados a hacerlo.

Resolvamos de fondo de una vez por todas este asunto, reformemos la Constitución para que nunca más, estos derechos de los niños y las niñas, y estos derechos de las mujeres, queden sujetos a los vaivenes del gobierno en turno.

Por estas razones, consideramos indispensable elevar a nivel constitucional, la obligación del Estado de proveer específicamente este servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, para, por una parte, corregir este error histórico, pero también y sobre todo, para que nunca más, los derechos de las mujeres y este marco de protección elemental para nuestras niñas y niños vuelvan a estar en riesgo.

 

Cuadro comparativo.

 

En el cuadro a continuación se detalla la modificación propuesta al décimo primer párrafo del artículo 4º constitucional.

 

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, y proporcionará directamente y en colaboración con los sectores privado y social, servicios adecuados para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños en etapa de primera infancia mediante el sostenimiento de guarderías y estancias infantiles.

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 4o.- …

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, y proporcionará directamente y en colaboración con los sectores privado y social, servicios adecuados para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños en etapa de primera infancia mediante el sostenimiento de guarderías y estancias infantiles.

 

Transitorios

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve.

 

 

SEN. JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA