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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de atención a migrantes en rehabilitación, especialmente a las que se encuentran en condiciones críticas en el estado de Baja California.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la Atención a Migrantes y de Centros de Atención a Migrantes en Rehabilitación, especialmente a las que se encuentran en condiciones críticas en el Estado de Baja California lo anterior con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.

Con cifras de la OIM, el número de personas que se ubican en un país diferente al de su nacimiento es de más de 258 millones en el año 2017, frente a los 244 millones de 2015. Esta cifra es cerca de 100 millones más comparada con la de 1990 y más del triple que en 1970, en la que el número de migrantes era de 84 millones aproximadamente. Las mujeres migrantes constituyeron el 48%, 36.1 millones de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, América acoge el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y del cual México es miembro, reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es "no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes.

La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la migración tales como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros.

En nuestro país, el fenómeno de la migración se entiende desde la óptica de país de origen, destino, tránsito y retorno de millones de personas migrantes con sus familias, con todas las problemáticas y consecuencias que esta condición de migrante trae consigo. En términos de seguridad humana, este enfoque reconoce que el tratamiento integral del tema migratorio tiene implicaciones regionales y globales, más complejas que la sola perspectiva nacional y bilateral, que es insuficiente para comprender esta realidad en su plena dimensión.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como: niños, niñas y adolescentes; mujeres; indígenas; personas de la tercera edad; y víctimas de delitos.

En la administración pasada se reconoció que la migración tiene un peso importante en la dinámica de la evolución social nacional, económica, cultural y política. Por medio del “Programa Especial de Migración 2014-2018”, la cual señalaba que la migración en nuestro país demanda políticas migratorias con capacidades y horizontes integrales en más de un sentido: internacional y nacional; intersectorial, intergubernamental y entre poderes; con relación al conjunto de los derecho de las personas migrantes; por la inclusión activa de los organismos de la sociedad civil; por sus consecuencias multidimensionales en el desarrollo y en las políticas para potenciar sus beneficios y corregir sus distorsiones; por sus impactos territoriales, que abarcan todos los espacios del país; por los flujos y poblaciones que componen al conjunto de nuestra dinámica migratoria, así como con perspectiva histórica y con visión de largo plazo.

Esta visión integral reconoció la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá es fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de gobierno que implementan la política migratoria.
Debo señalar que las OSC desempeñan un papel de suma relevancia para proveer servicios en donde el gobierno no ha podido llegar y organizan redes institucionales que cuentan con experiencia y reconocimiento social. Su papel es decisivo, y es necesario apoyarlas para el desarrollo de sus capacidades. El Estado más que nunca en esta época, requiere y necesita mayor cooperación con las OSC para desarrollar modelos de intervención pública y mecanismos de vigilancia y contraloría social que garanticen el respeto a los derechos de las personas y su seguridad, según necesidades específicas de los diversos grupos de migrantes, y promover la cohesión social.

La actual administración del Gobierno Federal, no ha definido una política migratoria de protección y asistencia para las personas migrantes, e incluso ha recortado recursos de apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pro migrantes con el sólo dicho de “encontrar irregularidades en el manejo de recursos” sin presentar prueba alguna de sus dichos, y quitando recursos por más de 300 millones de pesos.

De los migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadounidenses en 2013, 23% manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente falta de agua y alimento, insolación, caída del tren, extorsión y robo. Sólo 25% de este universo recibió asistencia en territorio nacional (sobre todo por parte de una casa de migrantes o albergue (15%), y, en menor medida, por Grupos Beta (5%) y por particulares, iglesias y organizaciones (5%).

Durante la primavera del año 2018, comenzó un fenómeno de migración de Centroamérica, principalmente de los países de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua la cual se llamó “Caravana Migrante”. Dicho término se entiende como la movilización masiva de personas centroamericanas a través del territorio mexicano, que tiene como principal destino los Estados Unidos de América. Muchas personas migrantes y sus familias lo hacen de forma irregular, ya que no cuentan con los requerimientos legales del país de tránsito y destino.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), en el Estado de Baja California, se registraron 8 mil 298 migrantes de ésta Caravana de más de 15 mil que se tiene conocimiento cruzaron el territorio nacional, es decir más del 50% del total fue recibido por el Estado, de los cuales a inicios de 2019 quedaban en diferentes albergues alrededor de 850 personas, atendidos en su mayoría por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo, un reporte inicial del INAMI se estima en 14 mil el número de migrantes que se incorporarán a la caravana en 2019; señalando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debido al alto número de migrantes que están solicitando ser registrados visa humanitaria en la ciudad de Tijuana, expresan gran preocupación junto con las OSC, ya que no cuentan con recursos debido a la cancelación del Fondo Federal de Atención al Migrante. Aunado a esto, se suma la problemática de falta de información sobre los planes que existen para solventar la problemática derivada de la resolución de los Estados Unidos de América sobre la devolución de migrantes a territorio nacional conforme a la sección 235 de la Ley de inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos.

Por su parte, el sector empresarial del Estado de Baja California, en ayuda a este fenómeno ha mostrado una gran disposición para otorgar empleo a todos los migrantes que cuenten con visas humanitarias, particularmente en los sectores de maquila y agricultura, siendo una más de las voces que entienden la situación tan apremiante que impera en el Estado.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO


ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, de manera urgente se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos que por medio del Fondo de Atención al Migrante y del Programa Especial de Migración se hacía llegar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la Atención a Migrantes y de Centros de Atención a Migrantes en Rehabilitación, y de especial atención a las que se encuentran en condiciones críticas en el Estado de Baja California, toda vez que son las que más migrantes atienden a nivel nacional.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 19 de febrero de 2019.

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE