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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los padres de familia y no a las estancias infantiles.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E.-

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE RINDA INFORMACIÓN EN TORNO A SU POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019, EN EL SENTIDO DE DAR APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y NO A LAS ESTANCIAS INFANTILES, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 23 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión emitió el Decreto mediante el cual aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Dicho Decreto fue promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.

En ese Presupuesto de Egresos se destinaron recursos públicos al “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, con base en la propuesta que al respecto formuló el Ejecutivo federal en los plazos constitucionales correspondientes. No obstante, ese monto fue inferior al que para ese programa se aprobó para el ejercicio inmediato anterior, generándose así una afectación no sólo a las beneficiarias directas de ese programa, o sea, las madres trabajadoras; sino también a la actividad económica y laboral de prácticamente todas las entidades federativas, en cuyos territorios se ubican las estancias infantiles.

El 7 de febrero de 2019, el Pleno de esta Cámara de Senadores aprobó exhortar a la Secretaría de Bienestar para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buscara los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”, así como para que mantuviera las mismas reglas de operación del programa de estancias infantiles y entregara a la brevedad, los apoyos correspondientes a los meses transcurridos.

Tal exhorto se motivó en la circunstancia de que el presupuesto aprobado para ese programa durante este ejercicio fiscal es menor al que se ejerció por el mismo concepto el año inmediato anterior, siendo que esa reducción presupuestal no tiene sentido al no haberse reducido el padrón de beneficiarios. En el propio exhorto también se ofrecieron datos estadísticos a junio de 2018 que vale la pena destacar:

  • 1,283 municipios con presencia del programa, de los cuales 41 están entre los 250 con menor índice de desarrollo humano en términos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 218 presentan un alto o muy alto grado de marginación, en términos de la clasificación del Consejo Nacional de Población; y 542 son considerados de población preponderantemente indígena por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
  • 9,354 estancias infantiles inscritas, siendo que 2,317 de éstas brindan sus servicios a niñas y niños con discapacidad. 
  • 50,438 fuentes de ingreso entre las personas responsables de las estancias y sus asistentes. 
  • 295,567 madres trabajadoras y padres solos beneficiados. 
  • 310,628 niñas y niños objeto de cuidado, de los cuales 4,135 tienen algún tipo de discapacidad. 

Empero, en esa misma fecha, el Presidente de la República declaró en su conferencia de prensa matutina que se entregaría un apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles debido a presuntas irregularidades en el manejo de éstas.

Este acto del Ejecutivo federal soslayó por completo las razones por las que nosotros, los Senadores, giramos el exhorto anterior a diversas autoridades de la Administración Pública federal.

Desde ese día hasta ahora, el Senado de la República ha podido atestiguar una preocupación generalizada en la población y en los gobiernos estatales y municipales, derivada de la circunstancia de que el desahucio material del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” desincentiva la actividad económica en esas localidades, reduce los empleos correspondientes y dificulta el cuidado de las niñas y niños, con las funestas consecuencias familiares, sociales y económicas que esto conlleva.

El principio de división de poderes inmerso en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vertebra la organización del Estado mexicano y se basa en un conjunto de pesos y contrapesos que terminan por evitar la consolidación de un poder absoluto a través del respeto a las competencias que corresponden a los otros órganos y órdenes de gobierno del propio Estado.

Uno de los principales pesos que goza el Poder legislativo frente al Ejecutivo consiste, precisamente, en el control presupuestario ejercido por la Cámara de Diputados, el cual se refleja en la aprobación anual del presupuesto de egresos, esto es, la etiquetación expresa de los gastos que en un ejercicio fiscal puede ejercer la Administración Pública de la Federación. Tal competencia está contemplada en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que disponga la Federación deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez “para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, de manera que, al haberse aprobado en el Presupuesto de Egresos un gasto público destinado al “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, no se considera factible que el Ejecutivo federal cancele de modo unilateral ese programa, sobre todo a inicios del segundo mes que compone el ejercicio fiscal; y menos aún que pretenda otorgar un beneficio económico directamente a las madres y padres trabajadoras, cuando no existe una aprobación presupuestal en ese sentido y, por lo tanto, no se trata de un recurso económico destinado al gasto público, lo cual no sólo contraviene aquel precepto constitucional, sino que además pone en grave peligro la obtención de ingresos de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el destino al gasto público constituye un principio en materia tributaria, benéfico para los contribuyentes y limitante para los órganos de gobierno.

Si partimos de que la cancelación de ese programa obedece a irregularidades detectadas en el mismo, es necesario que este Senado conozca dichas irregularidades y, sobre todo, las acciones que al respecto se han tomado, en el entendido de que si el Presidente de la República tuvo conocimiento de las mismas, estaba constreñido a denunciarlas inmediatamente en caso de que fueran constitutivas de delitos, en términos de lo establecido en el artículo 222, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Todo lo anterior es muy importante para esta Cámara de Senadores, pues como canal institucional para que las entidades federativas intervengan en la formación de la voluntad en el orden de gobierno federal, debemos estar conscientes de los alcances de esta decisión ejecutiva que termina por afectar gravemente a las familias, a las sociedades y a las economías locales; y que, en materia fiscal, podría trascender en la obtención de ingresos de la Federación que, a la postre, podrían destinarse a las entidades federativas y a los Municipios a manera de participaciones o aportaciones federales.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE RINDA INFORMACIÓN EN TORNO A SU POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019, EN EL SENTIDO DE DAR APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y NO A LAS ESTANCIAS INFANTILES.

PRIMERO. – El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara de Senadores en qué consisten las “irregularidades” detectadas en las estancias infantiles, mismas que de manera difusa refirió en su conferencia matutina del 7 de febrero de 2019.

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara de Senadores qué acciones concretas ha tomado la Administración Pública federal a su cargo para que se sancione administrativa y/o penalmente a los presuntos responsables de esas “irregularidades”.

TERCERO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en el plazo de siete días naturales informe si, previo a su declaración pública del 7 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestal para otorgar “apoyos económicos” bimestrales directamente a los padres y las madres de familia; y, en caso de que no fuera así, informe la partida presupuestal de la que pretenden obtenerse esos “apoyos”.

CUARTO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio del gasto público, sean respetuosos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de febrero de 2019.

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA

Senador de la República

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019.