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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar diversas acciones, cada una dentro de sus ámbitos de competencia, en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LA SEMARNAT Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES, CADA UNA DENTRO DE SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO MINERO DE TAJO A CIELO ABIERTO “UNIDAD MINERA SAN ANTONIO” PROPIEDAD DE LA EMPRESA COMPAÑÍA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El pasado 5 de febrero de 2019 la empresa Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V., subsidiaria de la minera canadiense Argonaut Gold, Inc., ingresó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT el documento técnico unificado, modalidad B Regional (DTU-BR), para obtener resolutivo favorable en las materias de evaluación del impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a efecto de poder realizar el proyecto minero denominado “Unidad Minera San Antonio”.

Dicho proyecto consiste en desarrollar obras y actividades de una explotación minera de minerales como el oro y la plata bajo la modalidad de MINA DE TAJO A CIELO ABIERTO con lo que se pretende extraer once mil toneladas de materia por día, es decir, cuatro millones quince mil toneladas al año.

De acuerdo con la versión pública del DTU, las características relevantes del proyecto, manifestadas expresamente por la empresa promovente Compañía Minera Pitalla, son las siguientes:

  • Se ubica en el distrito minero San Antonio-El Triunfo, a 41.4 km al sureste de La Paz y 160 km al norte de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. 
  • El proyecto cuenta con 15 concesiones mineras, en una superficie de 20,494 hectáreas que conforman la Unidad Minera San Antonio, cuya vigencia es de 50 años
  • El proyecto de la mina de tajo a cielo abierto se realizará en 614.141 hectáreas, de las 11,922.58 hectáreas bajo arrendamiento o propiedad de la Compañía Minera Pitalla. 
  • El Tajo propuesto medirá aproximadamente 1,100 m de norte a sur y 720 m de este a oeste, en su máxima dimensión ocupará una superficie de 627,400.45 m2 (62.74 has). (II Pag. 82 y 83 / Pag. 100 y 101). 
  • Los tepetates comprenderán 115 millones de toneladas de desechos (II Pag. 101 / Pag. 119). 
  • Son necesarios pozos de agua subterránea para el abastecimiento de la minera. (II. Pag. 200 / Pag. 218). Se requiere 623,000 m3 anuales, ó 1,707 metros cúbicos cada día. 
  • Este proyecto requerirá de la remoción de 577.415 hectáreas de vegetación forestal
  • Se realizarán Actividades Altamente Riesgosas durante toda la vida del proyecto, debido al volumen de cianuro que se manejará, cuya cantidad rebasará la cantidad de reporte establecida en el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas. 
  • La empresa Compañía Minera Pitalla gestionará LA LICENCIA DE USO DEL SUELO Y CONSTRUCCIÓN ante el Ayuntamiento de La Paz, B.C.S. 
  • Actualmente la empresa promovente está tramitando ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la concesión de fuentes subterráneas de agua, así como el permiso para el manejo y uso de explosivos ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
  • El proyecto “Unidad Minera San Antonio” no está dentro de ninguna área natural protegida, ni región terrestre prioritaria, ni área prioritaria de conservación de aves, pero SÍ ESTÁ PARCIALMENTE DENTRO DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA PRIORITARIA SIERRA DEL NOVILLO-LA PAZ

Advertimos que esta es la segunda vez que la empresa canadiense, conocida como Minera La Pitalla, pretende continuar con la intención de realizar un proyecto minero bajo una modalidad que no es compatible con el desarrollo económico del Estado de Baja California Sur, ya que no contempla en ninguna de sus fases la protección al medio ambiente, la disponibilidad de agua potable, así como la salud de los sudcalifornianos.

Recordemos que la primera vez que la empresa minera solicitó las autorizaciones ambientales necesarias, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la autorización de impacto y riesgo ambiental del proyecto “San Antonio”, debido a dos factores de vital importancia: 1) el proyecto minero se ubicaba en la unidad de gestión ambiental UGA U29, “Protección ecológica de aprovechamiento y sin aprovechamiento industrial”, del Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, el cual prohibía la realización de este tipo de proyectos, y 2) dicho proyecto es ambientalmente inviable por las condiciones de sobrexplotación y contaminación actual en las que se encuentra actualmente el acuífero de los Planes, del que se surte agua potable para los habitantes de la ciudad de La Paz. Esto sucedió en agosto de 2012.

Ahora, 7 años después, la empresa minera ha planeado mejor su estrategia, presentado una modificación en la ubicación de su proyecto a efecto de combatir uno de los mayores obstáculos que originalmente le impedían realizar la mina a cielo o tajo abierto: el uso del suelo.

En este sentido, ante esta noticia debe señalarse que desde el Programa de Desarrollo Urbano vigente en 2012 (fecha en que la SEMARNAT negó por vez primera la autorización de impacto ambiental) se reconoció que la disponibilidad de agua potable para el Municipio de La Paz era limitada debido a la sobreexplotación y la contaminación por salinidad de los acuíferos que integran la Región Hidrológica Prioritaria Sierra del Novillo-La Paz. Esta condición adversa también ha sido señalada en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S. de 2018 el cual indica, en sus páginas 36 y 37, que “La recarga del acui?fero de La Paz es de 27.8 mm3/an?o y su nivel de extraccio?n es de 30.5 mm3/an?o, por lo que la condicio?n geohidrolo?gica indica que se encuentra sobreexplotado, existiendo un de?ficit de -7.46 mm3/an?o.”.

Además, como parte del compromiso de la autoridad municipal para la protección de la población de los paceños, en el Programa de Desarrollo Urbano vigente se indica, en la página 223, que una de sus estrategias generales en materia de riesgos y vulnerabilidad es “Evitar generar impactos negativos sobre el acuífero y los ecosistemas costeros que pudieran conducir a desequilibrios ecológicos y conflictos ambientales, por lo que los pozos de absorción asociados a fosas sépticas, las plantas de tratamiento, las presas y represas que no tengan como finalidad la captación de agua no podrá construirse en zonas de recarga y descarga natural del acuífero.”

El Programa de Desarrollo Urbano constituye un instrumento de carácter vinculante, es decir, de observancia obligatoria para todos los funcionarios del Ayuntamiento del Municipio de La Paz, por lo que las autoridades de dicho Ayuntamiento que tengan en sus manos esa solicitud de uso del suelo deberán ajustarse a dicho Programa, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales de los que México es Parte, y evitar en todo momento la violación de los derechos humanos al medio ambiente sano y el acceso al agua potable, considerando como uno de los aspectos de la mayor relevancia los riesgos que conlleva la realización y operación, durante más de 50 (cincuenta) años, de esta mina de tajo a cielo abierto para la extracción y beneficio de minerales como el oro y la plata.

En el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S., el uso del suelo y agua potable son temas adminiculados, que van de la mano, lo cual es un acierto de la mayor relevancia en lugares como La Paz, donde su dinámica hidráulica se ha visto gravemente afectada debido a la sobreexplotación de los acuíferos como el de La Paz (ubicado en la región hidrológica prioritaria Sierra del Novillo-La Paz), lo que ha ocasionado intrusión salina por ser un acuífero costero y que el avance tierra adentro de ésta sea de 240 metros lineales por año, lo que significa que dicha intrusión ha avanzado más de 8 kilómetros a partir de la línea de costa.

Si a dicha situación le agregamos la posibilidad de contaminación accidental (un huracán por ejemplo) o negligente del acuífero por parte de la Minera La Pitalla (lo cual no sería nada raro o extraordinario, como ha sucedido en varios casos, recientemente en Bacanuchi, Sonora, con la contaminación del Río Sonora por lixiviados de jales de la empresa Minera México), debido al manejo de importantes cantidades de cianuro, sumado a otras sustancias riesgosas que hacen del proyecto minero “Unidad Minera San Antonio” una Actividad Altamente Riesgosa, lo correcto y debido por parte del Ayuntamiento de La Paz será negar la licencia de uso del suelo y construcción, aplicando el principio precautorio para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, así como la Constitución y los tratados internacionales que son Ley Suprema de la Unión, rectores también de los actos y procedimientos de la Administración Pública Municipal.

La propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, señala que la Región Hidrológica Prioritaria Sierra del Novillo-La Paz se caracteriza por la siguiente problemática :

  • Modificación del entorno: sobrepastoreo, urbanización, tala de árboles, desforestación en general y erosión. Agotamiento de acuíferos y alta salinización. Contaminación: por desechos sólidos y aguas residuales. 
  • Uso de recursos: sobreexplotación del manto freático. Uso de suelo para agostadero. Termoeléctrica. 
  • Conservación: se requiere de la recarga de acuíferos, de ordenamiento del crecimiento urbano y del saneamiento de desechos urbanos. Se desconoce la dinámica de la calidad de los acuíferos. 

El proyecto se ubica dentro del acuífero Los Planes, dónde se presenta una limitante en la viabilidad del recurso hídrico, ya que existe un decreto (DOF, 6 de julio de 1954) que establece una veda tiempo por indefinido para el alumbramiento del subsuelo en la región meridional donde se pretende ubicar el proyecto, y conforme a la actualización de los valores medios anuales de disponibilidad del acuífero Los Planes tiene un déficit de -4.46 millones de metros cúbicos al año (DOF, 4 enero, 2018).

El proyecto está ubicado el área que se pretende explorar en el mapa E3 del Plan de Desarrollo Urbano. El proyecto tiene aproximadamente 60% de la superficie en la Unidad de Gestión Ambiental U29 la cual es tipificada en el modelo de ordenamiento como in-2, que indica sin aprovechamiento industrial. El mapa E2 del PDU define el área del proyecto dentro de la delimitación Protección Ecológica de Aprovechamiento (PEA) que tiene las siguientes características:

A.9.2 Protección Ecológica de Aprovechamiento (PEA): los usos permitidos cuando impliquen construcción a cubierto no podrán exceder de un nivel y del 3% de la superficie del terreno como el área de desplante. La superficie que se destine a plazas andadores y caminos o deberá acceder del 3% de la superficie total del terreno debiendo garantizar su permeabilidad.

Cabe señalar que la vez pasada que se presentó el mismo proyecto, la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja California Sur opinó que el proyecto no era ambientalmente viable para su autorización. Además indicó que el proyecto se pretende desarrollar en una zona rural donde existen elementos cercanos como son poblados, arroyos, pozos, entre otros, que pueden tener interrelación con potenciales eventos de riesgo derivados del mismo. En aquel entonces concluyó que: el proyecto no era ambientalmente viable para autorización.

La principal preocupación de la población de La Paz, y en general de toda la entidad, es el agua potable, porque tenemos severas limitaciones en cuanto a su disponibilidad. El agua representa para Baja California Sur en general, y para La Paz en particular, el recurso natural más preciado y como tal tenemos la obligación de cuidar la cantidad y calidad de la que disponemos para las generaciones futuras.

Los servidores públicos federales, estatales y municipales tenemos el deber de proteger y garantizar ese elemental derecho de las familias de La Paz, no en un papel o documento oficial, sino con hechos, en su observancia y con la aplicación debida de la Ley.

Además, se han realizado diversos estudios que han señalado la relación entre actividades mineras con uso de cianuro y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas, entre ellos el que en 2013 realizaron la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Salud en Baja California Sur, que plantea las altas concentraciones de arsénico producto de actividades mineras de hace más de 200 años en cuencas, acuíferos y pozos de la región.

Dadas esas concentraciones, se tiene conocimiento que el consumo de agua con arsénico está relacionada con enfermedades como la diabetes, afecciones del corazón, disminución de funciones intelectuales, hipertensión, leucemia, cáncer de pulmón, de riñón, de  hígado, de vejiga y de tracto urinario.

No obstante esta lamentable noticia del reinicio del proceso de autorización de este megaproyecto minero, apenas inicia el procedimiento de evaluación de evaluación del impacto ambiental y de cambio de uso del suelo en terrenos forestales del proyecto minero “Unidad Minera San Antonio”, a través del Documento Técnico Unificado.

Es una oportunidad muy valiosa para que los habitantes de La Paz, a través de la consulta y reunión pública regulada por el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) manifiesten de manera convencida, abierta y con datos duros a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT la improcedencia e inviabilidad ambiental de autorizar en materia de impacto y riesgo ambiental y en materia de cambio de uso del suelo forestal este megaproyecto minero a cielo abierto.

Se tiene conocimiento de que algunas personas de La Paz han solicitado formalmente a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT la realización de la consulta y reunión pública mencionada. Esperamos que, con sensibilidad social y aplicación de la Ley, dicha autoridad federal inicie la consulta y reunión solicitada, de manera que la población cuente con el espacio público al que tiene derecho, para exponer sus preocupaciones y observaciones sobre el proyecto minero “Unidad Minera San Antonio” de la empresa Compañía Minera Pitalla.

Siendo materia de un expediente administrativo, y con pleno respeto a las reglas de ese procedimiento, incluyendo la competencia exclusiva de la autoridad evaluadora, consideramos desde esta H. Asamblea que dicho proyecto no es VIABLE desde el punto de vista de la protección y conservación del medio ambiente, así como del agua del mencionado Acuífero que alimenta actualmente a la Ciudad de La Paz, adicional a lo que aporten las personas solicitantes de la consulta pública y participantes en la misma.  

Creemos que esta situación de vulnerabilidad social, de salud y ambiental encuadra perfectamente en los supuestos establecidos en la fracción III del artículo 34 de la LGEEPA, ya que el proyecto minero “Unidad Minera San Antonio” puede generar desequilibrios ecológicos graves y daños a la salud pública y a los ecosistemas, por lo que será importante y necesario que la SEMARNAT organice una reunión pública de información dentro del procedimiento de evaluación del DTU.

Sería lamentable que las autoridades más cercanas a la población de La Paz, sus autoridades municipales, en algún momento favorezcan los intereses económicos de la canadiense Compañía Minera Pitalla, en vez de proteger los derechos humanos de los habitantes de La Paz. Pedimos a la autoridad municipal que no repita el tristemente célebre caso de la ilegal autorización que un Cabildo otorgó al proyecto minero Los Cardones.

Es inadmisible y vergonzoso para todos enterarnos de que otro proyecto minero de grandes proporciones y que se basa en la utilización de grandes cantidades de cianuro, en el área de los acuíferos que abastecen a La Paz, se encuentre en proceso de autorización.

Esperamos que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Comisión Nacional del Agua, ambas autoridades de la SEMARNAT, se comporten a la altura que requiere la protección de los bienes jurídicos tutelados que están en juego: el agua potable, el medio ambiente y la salud pública de los habitantes de La Paz.

Desde ahora expresamos que la inmensa mayoría de nuestra población se opondrá abiertamente a este nuevo intento de ecocidio y contaminación del recurso natural más importante para la vida de los paceños: el agua.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ayuntamiento de La Paz, a que niegue la licencia de uso de suelo y construcción solicitada por la empresa Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V., para la realización del proyecto minero “Unidad Minera San Antonio”, por contravenir el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S. de 2018, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es Parte, en virtud de que pone en riesgo los derechos humanos al agua potable, a la salud pública y al medio ambiente de los habitantes del Municipio de La Paz, B.C.S.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT a que dé inicio y realice dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto minero “Unidad Minera San Antonio”, la consulta pública solicitada por habitantes del Municipio de La Paz, B.C.S., así como la reunión pública de información correspondiente, en apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 34 de la LGEEPA y los tratados internacionales de los que México es Parte.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT a considerar las opiniones técnicas del DTU-BR y los impactos ambientales y de salud pública del proyecto minero “Unidad Minera San Antonio”, con especial énfasis en el tema de agua potable, sobreexplotación y contaminación de los acuíferos de la Región Hidrológica Prioritaria Sierra del Novillo-La Paz, y a aplicar el principio precautorio respecto de estos riesgos, dada la cercanía de dicho proyecto con el municipio de La Paz y la posibilidad de daño a la salud de sus habitantes, siendo procedente negar la autorización de impacto y riesgo ambiental a la Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V.

CUARTO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que evalúe pormenorizadamente la viabilidad técnica y jurídica del otorgamiento o denegación de la concesión de explotación y aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas o superficiales solicitada por la Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V., considerando los datos existentes de sobreexplotación y contaminación del acuífero La Paz y otros que conforman la Región Hidrológica Prioritaria Sierra del Novillo-La Paz, así como la posible afectación a los derechos humanos a la protección de la salud, al acceso al agua potable y al medio ambiente sano de todas y cada una de las personas de la población del Municipio de La Paz, B.C.S., protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es Parte y la Ley de Aguas Nacionales.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a veintiuno de febrero de 2019.