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Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa sin licitación de 671 pipas para la distribución de combustibles.


SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

P R E S E N T E

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE PETRÓLEOS MEXICANOS A QUE INFORMEN SOBRE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SIN LICITACIÓN DE 671 PIPAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al estar en los primeros meses de un nuevo sexenio, donde el titular del Ejecutivo proviene de un partido distinto al que anteriormente ostentaba la investidura presidencial, los cambios de paradigmas son amplios y bastos determinando de forma directa modificaciones, tanto en los planteamientos de nuevas políticas públicas, como en su forma de implementación por parte de los nuevos actores investidos de la función pública.

Una de las nuevas políticas que se han denominado prioritarias por parte de este gobierno y que fue presentada el 27 de diciembre de 2018, es el combate al huachicol y a los huachicoleros, pero ¿a qué se refiere esto? Los huachicoleros son aquellas personas que se dedican al robo de combustible mediante la ordeña de ductos propiedad de Petróleos Mexicanos.

“Originalmente la palabra huachicol era utilizada para describir al producto derivado de adulterar brandy, whisky o ron con alcoholes de caña. Sin embargo, después fue adoptada por conductores de tráilers para referirse al hidrocarburo hurtado.” [*]

Nadie duda, que el huachicol es una actividad ilegal que afecta el patrimonio de la nación y las finanzas públicas, las tomas clandestinas de combustible se dispararon en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en el cual este delito aumentó 262%.

De acuerdo con el extitular de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, se acumularon más de 40 mil perforaciones ilegales, siendo éste el mayor número de ataques a la red de ductos en la historia; tan solo entre enero y septiembre de 2018 fueron detectadas 11 mil 197 tomas clandestinas, cifra 46 por ciento mayor respecto al mismo periodo de 2017.

En dicho lapso, Puebla obtuvo el mayor índice delictivo con mil 636 tomas, lo que representó un aumento de casi 79.4 por ciento en un año. Hidalgo, se mantuvo como la segunda entidad con más tomas clandestinas, al sumar mil 486, cifra que representó un aumento de 103 por ciento en comparación con las 731 del mismo periodo de 2017. [*]

Todo esto generó, según datos de Pemex en la administración anterior, perdidas históricas en 2018 por la cantidad de 35 mil millones de pesos, 16.6% más respecto a los 30 mil millones de pesos de 2017, siendo esta cifra brutalmente mayor a los 7 mil millones de pesos que representaba esta actividad en 2012. Sin embargo, la actual administración calcula las perdidas en aproximadamente 66 mil millones de pesos, debido a que incluye no solo la ordeña de ductos, sino, también el robo de pipas.

Independientemente de la cifra que se utilice para cuantificar el daño patrimonial que ocasiona este ilícito, lo importante es tener presente que se deben de poner en práctica acciones que se dirijan a combatir este delito y prevenir que en el futuro se siga cometiendo. También es importante que permeen  en su implementación la coherencia, la logística y la seriedad, ya que de lo contrario seguiremos experimentando situaciones como las que se presentaron el mes de enero pasado.

El plan presentado por el Presidente prevé que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, terminales de almacenamiento y despacho, estaciones de rebombeo y ductos. También contempla una nueva forma de distribución del combustible, cerrando los ductos y haciendo uso de pipas para repartirla.

La falta de previsión de los efectos negativos que ocasionaría la implementación de un plan en contra del huachicol, tal y como se presentó con el cierre de ductos, generó que varios estados como el Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas y Puebla resintieran una crisis en materia de retrasos en la distribución y escasez de gasolina.

Desde el 4 de enero, comenzaron los reportes de escasez y las circunstancias cambiaron únicamente para agravarse, ya que se reportó caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.

Ante esto, el Gobierno Federal anunció que se habían firmado contratos para adquirir 571 pipas con un costo cercano a 85 millones de dólares, con el fin de garantizar el abasto de combustible en el país, sin embargo, las compras se hicieron a través de una adjudicación directa y no mediante licitación, como lo establece la ley, argumentando que nos encontrábamos en una situación de emergencia y era necesario garantizar el abasto de combustible.

Días después de este anuncio, la cifra de autotanques para transportar el combustible aumentó a 671, erogando para ello un total de 92 millones de dólares, que se distribuirían entre 6 empresas: Navistar México, Detroit Diesel Allison México, Corporación Heil Trailer de México, Traylfer, Scania Comercial y Fruehauf Trailer Corporation.

Es comprensible que existiera una urgencia por actuar ante la gravedad de la crisis, sin embargo, antes de garantizar cualquier situación de carácter social o contingente, el deber de los funcionarios públicos es asegurar sobre todo el estado democrático y constitucional de derecho y al realizar la compra sin licitación, se violentó el sistema jurídico por los encargados de verificar su respeto y cumplimiento, ya que la compra no se encontraba justificada en ninguno de los supuestos de excepción que contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para no realizar licitación pública, independientemente de que se haya realizado o no con empresas con un largo historial de servicios para Pemex, incluso desde negocios diferentes al transporte.

A pesar de esto, el problema de desabasto empezó a ser menor cuando el gobierno tomó la decisión de retomar poco a poco el flujo normal de combustible en los ductos, sin que hayan llegado las pipas adquiridas, por lo que bien pudo haberse evitado el desabasto y las consecuencias negativas que trajo consigo si el gobierno hubiese actuado con previsión y responsabilidad suficiente, adquiriendo dichas unidades de transporte mediante el mecanismo de licitación que establece la ley en las que se hubiesen garantizado las mejores condiciones para su compra.

Las políticas públicas tienen la finalidad de atender las problemáticas que aquejan a una sociedad, la simple implementación de las mismas, por más loable que sean sus fines, no pueden considerarse exitosas sin que se demuestre que tienen resultados positivos, ya que si en el transcurso de su implementación se generan daños o perjuicios a la sociedad a la cual van dirigidas dichas políticas, no podemos hablar sino solamente de que estamos en presencia de una política pública mal implementada o ineficiente.

Ahora bien, no solo se contravinieron disposiciones legales, sino que no se tuvo el conocimiento técnico suficiente para prever que los bienes adquiridos violaban los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que la NOM 012, “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte”, indica que los vehículos que transportan químicos y otros materiales riesgosos, deben tener llantas dobles para evitar que se queden varados y puedan ser objeto de atracos y otros percances, sin embargo, todas las pipas nuevas que compró el gobierno mexicano para Pemex, son de llanta unitaria, lo que representa una clara violación a la NOM.

Para evitar esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, generó un “Acuerdo” ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se permite el tránsito por los caminos del país de los nuevos vehículos de Pemex, sus filiales y subsidiarias, sin embargo, con base en lo dicho por Salvador Saavedra, Presidente de la Rama Industrial 105 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), las pruebas que se hicieron con el tipo de unidades adquiridas, determinó que no era conveniente la utilización de llantas unitarias, pues “al poncharse una llanta se quedaría varado el vehículo y no se considera correcto, ya que cualquiera puede llegar a atracarlos o dañar los vehículos. Si abres válvula puede ser peligroso (…) y con llantas dobles evitas que se quede varado” [*] .

Para que exista un fortalecimiento en el estado democrático y constitucional de derecho, las leyes deben ser cumplidas en sus términos no solo por los particulares, sino principalmente por las instituciones de la administración pública, independientemente de quienes estén encabezando las instancias de gobierno, además de apegarse a un régimen de total transparencia y rendición de cuentas, ya que preocupa que con base en una revisión de la Comisión Federal de Competencia Económica se encontró que en 2017 el gobierno en su conjunto, entregó sin licitar ocho de cada 10 contratos, por lo que al no contemplarse en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2019 una medida que prevenga la contratación sin licitación, debemos en la media de nuestras competencias asegurar que los bienes que se adquieran sean mediante las mejores condiciones de mercado y de la mejor calidad, todo conforme a las disposiciones legales de la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe de manera detallada y transparente a esta soberanía sobre el proceso de adjudicación directa de 671 pipas para la distribución de combustibles realizada en enero de 2019 y que garantice en futuras adquisiciones las mejores condiciones de compra mediante licitaciones públicas.

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de Petróleos Mexicanos a que adecue las 671 pipas para la distribución de combustibles adquiridas mediante adjudicación directa en enero de 2019 para que se encuentren conforme a las disposiciones establecidas técnicamente en la NOM-012-SCT-2-2017, “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”.

Atentamente,

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo

Senado de la República, a 20 de febrero de 2019.


[*] https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/4/enterate-que-es-un-huachicolero

[*] https://www.excelsior.com.mx/nacional/pierde-pemex-35-mil-mdp-en-este-ano-por-huachicol/1281285

[*] http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/violan-norma-pipas-de-amlo