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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA; DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.


Propone que existan sanciones para el particular que, perteneciendo al mismo sector o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Así mismo se sancionará al servidor público, que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, que proporcione información privilegiada, la restricción se extenderá hasta diez años.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, con el objeto de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer los principios y obligaciones que deben regir la actuación de los Servidores Públicos; definir las conductas que serán consideradas como faltas administrativas graves y no graves; así como las sanciones aplicables a las mismas, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.  

De igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca establecer las sanciones para las conductas ilícitas cometidas por particulares vinculados con faltas administrativas graves; determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

En este contexto, resulta oportuno recordar la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a la integridad pública y sus efectos en el proceso de consolidación de la institucionalidad democrática, emitida en el marco de la labor realizada por las Naciones Unidas en el campo de la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza, en particular aquella que se plasma en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

De conformidad con estos importantes referentes internacionales, la ética y la integridad en el servicio público son los pilares fundamentales sobre los que se asientan las estructuras políticas, económicas y sociales y, por consiguiente, resultan factores indispensables para el bienestar económico y la prosperidad de los individuos y de la sociedad en su conjunto.

La ética y la integridad resultan valores y conductas cruciales para la gobernanza pública, para salvaguardar el interés general y reforzar valores fundamentales como el compromiso con una democracia plural basada en el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. Por estas razones, resulta indispensable identificar y atacar los riesgos que atentan contra la ética como consecuencia de las distintas y complejas interacciones que se presentan entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas y morales, en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas.

Y es precisamente esta intensa interconexión la que nos exige un enfoque integrador que abarque al conjunto de la sociedad a la hora de mejorar la integridad y ética pública, reduciendo al maximo posible los incentivos y vacios que favorecen la corrupción dentro del sector público. En nuestro país, la ciudadanía ha rechazado rotundamente lo que consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, el cual limita sus oportunidades de movilidad social y de acceso a una vida mejor.

Escándalos recientes y cada vez más frecuentes que involucran a altos servidores públicos o a personalidades políticas, han profundizado la percepción colectiva y hoy nos obligan a impulsar acciones contundentes que permitan al Estado fortalecer sus herramientas contra la corrupción en sus distintas manifestaciones.

En una encuesta de Gallup del 2015 , más del 70% de los ciudadanos opinó que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno. Este desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez, contagiado el desempeño económico de manera negativa. El reconocido informe anual de competitividad de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; otros informes ubican las pérdidas en un 9% del PIB.

Por otro lado, la Revisión de Integridad de México de la OCDE, muestra que si la corrupción no se atiende con eficacia, será imposible atender en la misma forma muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país: caída de productividad y competitividad, desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad regional y varios más.

Por lo tanto, debemos tener muy presentes las acciones prioritarias y estratégicas que el Estado mexicano está obligado a implementar para hacer frente a la corrupción y fortalecer la ética y la integridad en el servicio público. Entre otras, me parece oportuno destacar la necesidad de realizar importantes inversiones en campañas de concientización; desarrollo de capacidades y creación de instituciones.  Debemos también proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros; refinar los Protocolos de Contratación para hacerlos más transparentes; aclarar y desarrollar aún más las políticas y claúsulas de conflicto de intereses; proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y fortalecer a los contralores internos para realizar investigaciones disciplinarias y gestionar los riesgos.

Estos son los ejes en los que se sustentan las buenas prácticas internacionales y las lecciones aprendidas por expertos de diferentes países miembros de la OCDE que han tenido experiencias y procesos exitosos para constituir sistemas sólidos de integridad y ética en el sector público, entre los que destacan España, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, es claro que las políticas públicas se ubican en el centro de la relación entre ciudadanos y gobierno, y determinan la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos, por ello, las decisiones sobre políticas públicas que son tomadas sin tener en cuenta el interés general, exacerban las desigualdades y menoscaban los valores democráticos, el crecimiento económico y la confianza en el gobierno. En razón de lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar que en el proceso de toma de decisiones que involucre a sectores estratégicos del país se privilegie y salvaguarde el interés público.

El artículo artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades  Administrativas ya establece que incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Por su parte, el artículo 56 precisa que para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público, añadiendo que la restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

En el mismo sentido, el Artículo 72 establece que será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

En tal virtud, la presente iniciativa propone incrementar el plazo de restricción establecido en los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de extender, hasta 10 años, el plazo en el que un servidor público que se haya retirado del empleo puede incurrir en el delito de utilización indebida de información; y el plazo en el que un particular puede incurrir en responsabilidad por contratación indebida de ex Servidores Públicos, siempre que quien haya sido servidor público durante el año previo, posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.

Lo anterior, es absolutamente congruente y consistente desde el punto de vista constitucional, ya que extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado, NO busca NI pretende  limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona, por el contrario, tal y como ya lo ha expresado el poder judicial de la federación con motivo de la restricción de un año que ya se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo es el de  garantizar que ciertos ex servidores públicos NO se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su estancia en el servicio público, siempre que lo anterior pudiera implicar una violacion a los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y configurarse como un claro y abierto conflicto de interés.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 9, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO PROHÍBE TODO TIPO DE VENTAJA OBTENIDA DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA CONCLUSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DESEMPEÑADA, SINO SÓLO AQUELLA QUE REDUNDE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O QUE SIGNIFIQUE UN CONFLICTO DE INTERESES .

De una interpretación gramatical, sistemática y conforme de los artículos 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se colige que la prohibición prevista en este último, en relación con la hipótesis de obtener alguna ventaja, consiste en vedar, durante un año posterior al fin del empleo, cargo o comisión, la posibilidad de que un servidor público se coloque o haga que se le ubique en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otra persona, como consecuencia de las funciones públicas que desempeñó, siempre que lo anterior implique la violación de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y/o eficiencia o que con ello se incurra en conflicto de intereses; es decir, el citado artículo 9, inciso a), no prohíbe todo tipo de ventaja obtenida durante el año siguiente a la conclusión del puesto público desempeñado, sino sólo aquella que redunde en la transgresión de los mencionados principios previstos en el señalado precepto constitucional, o que signifique un conflicto de intereses, según lo define el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo, de la indicada ley. Lo anterior se afirma, además, porque del proceso legislativo que originó el aludido artículo 9 se advierte que el legislador consideró que no se debía sancionar el solo hecho de que el ex servidor público, durante el año siguiente al fin de su encargo, trabajara en aspectos relacionados con aquellos que desarrolló mientras laboró para el sector público, pues estimó que ello provocaría una limitación indebida al derecho fundamental de libertad de trabajo previsto en el artículo 5o. constitucional, incluso cuando el trabajo privado implique la prestación de servicios a una dependencia u organismo público directamente o a través de un tercero en aspectos que antes desarrolló como servidor público, pues, en principio, eso se debe a la experiencia y conocimientos adquiridos durante su desempeño público (lo que evidentemente significa una ventaja en sentido lato, mas no indebida). DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 91/2011. Director General Adjunto Jurídico, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 19 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretario: José Rogelio Alanís García.

A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

Sin correlativo

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Sin correlativo

Artículo 56.

Para los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción a la que hace referencia el párrafo anterior se extenderá hasta diez años.  

Artículo 72.

Incurrirá en la misma conducta referida el párrafo anterior el particular que, perteneciendo al mismo sector o área,  contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 56.

Para los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción a la que hace referencia el párrafo anterior se extenderá hasta diez años. 

Artículo 72.

Incurrirá en la misma conducta referida el párrafo anterior el particular que, perteneciendo al mismo sector o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019

Suscribe

SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ

https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf

https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/159/159857.pdf