+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Consulta de: Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), A  EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS CONSULTAS PÚBLICAS QUE ORDENAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN LOS PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS HOTELEROS “HOTEL BAHÍA EL RINCÓN” Y “PLAYA LA RIBERA”, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Cabo Pulmo, en el Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, representa un hábitat de gran relevancia por su riqueza natural única en el mundo. Su preservación ha sido objeto de una lucha social constante, comprometida y eficaz de los sudcalifornianos en los últimos lustros.

Por su importancia ecológica y para protegerlo de la sobreexplotación pesquera, un grupo de pobladores originarios de Cabo Pulmo, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las autoridades federales que decretaran esta área marina como Área Natural Protegida, declarándose como tal en 1995, bajo la categoría de Parque Nacional.

Esto ha sido reconocido a nivel internacional, por lo que en 2005 Cabo Pulmo fue integrado a la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 a la lista del Convenio RAMSAR para la Conservación de Humedales de Importancia Internacional.

Frente a la costa de este sitio se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California y debido a su antigüedad podría tratarse del arrecife más viejo del Pacífico americano.

Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios ecológicos y económicos que brindan los ecosistemas saludables, convirtiéndose en uno de los principales puntos de buceo en el Pacífico Mexicano y en un importante receptor de turismo de naturaleza en el Estado.

Además de representar ingresos para la industria turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una gran fuente de vida que exporta peces a otras áreas marinas, favoreciendo al sector pesquero de Cabo del Este y al resto de Baja California Sur.

Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo mundial de conservación marina, gracias a la participación de la comunidad, que ha impulsado un modelo de desarrollo turístico realmente sustentable, por lo cual están hoy preocupados por los megadesarrollos turísticos que pretenden de nuevo desarrollarse en la zona, en virtud de que pondrían seriamente en riesgo los recursos naturales ahí presentes, sumado a que la zona no cuenta con el debido abastecimiento del recurso hídrico que requieren proyectos de esa magnitud.

Es necesario recordad que dado el alto grado de conservación y su gran cualidad paisajística, desde hace más de una década, grandes inversionistas han tenido en la mira y buscado construir megadesarrollos turísticos en la región de Cabo Pulmo.

Uno de ellos fue el que en un principio se denominaba como Cabo Cortés y posteriormente Cabo Dorado, de la empresa Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V., con el que se pretendió desarrollar un megadesarrollo turístico que planteaba la construcción de marina, hoteles, campos de golf, entre otros, en la región conocida como Punta Arena, al sur de la ciudad de La Paz y del pueblo La Ribera y al norte de San José del Cabo y del mismo poblado Cabo Pulmo, y que a pesar de haberse autorizado en materia de impacto ambiental, éste proyecto logró detenerse debido a su inviabilidad ambiental y a la amplia protesta social.

El día de hoy vemos de nueva cuenta la pretensión de empresas inmobiliarias que promueven la construcción de megadesarrollos turísticos aledaños a Cabo Pulmo, los cuales a pesar de la capacidad de carga del ecosistema marino y terrestre, se tiene demostrado que no cumplen con las condiciones para su realización, y en caso de llevarlas a cabo es evidente el riesgo real, no solo para la zona, sino para toda la región de Los Cabos, ya que empresas como Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. y Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. pretenden realizar los proyectos hoteleros denominados Hotel Bahía El Rincón y Playa La Ribera, respectivamente.

Debido a ello, habitantes del Municipio de Los Cabos, en tiempo y forma, solicitaron a la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que se realizara la debida consulta pública en cada uno de dichos proyectos, para manifestar sus observaciones y preocupaciones para el caso de que dichos proyectos sean autorizados y contar con toda la información que los promoventes tenían la obligación de informar.

  1. LA SEMARNAT SE NIEGA A HACER LA CONSULTA PÚBLICA DE ESTOS PROYECTOS EN CABO PULMO
  2.  

En respuesta a las solicitudes de consulta pública mencionadas, uno de los solicitantes (habitante de la comunidad aledaña al proyecto) fue notificado el día 30 de octubre por medio de los oficios SEMARNAT-BCS .02.01.IA.800/18 y SEMARNAT-BCS .02.01.IA.798/18 (con fechas del 18 de octubre) que la solicitud de consulta pública cumplió con el requisito de tiempo; no obstante no reúne los siguientes requisitos de forma, ya que a su solicitud de consulta pública anexó copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como copia simple de la factura de la luz emitida por la Comisión Federal de Electricidad con periodo de facturación del 31 de octubre de 2017 al 29 de diciembre de 2017, mismas que sólo tienen carácter de indicio, y no garantiza que sea miembro de la comunidad afectada por el Proyecto, resultando insuficiente la información presentada para acreditar a quien solicita la apertura de la Consulta Pública la residencia en dicho domicilio.

Por lo que en este mismo oficio se previene al solicitante a efecto de que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación, presente en la delegación “el o los documentos idóneos y suficientes (recibos de servicio de energía eléctrica, telefonía fija, agua, gas, internet recientes o carta de residencia reciente expedida por el municipio antes precisado) que se encuentre domiciliado en el municipio de Los Cabos…”. 

La prevención fue notificada al solicitante 13 días después de haber ingresado la solicitud de consulta pública. De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Secretaría, dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Otra inconsistencia importante por parte de la entonces Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur es la falta de claridad en relación a los requisitos necesarios para acreditar la legitimidad del solicitante de las consultas públicas, pues se tienen como antecedentes otras consultas públicas admitidas/aceptadas, para las cuales el solicitante entregó solamente la copia de la credencial de elector para identificarse y ratificarse como miembro de la comunidad afectada por el proyecto, aun sin existir lineamientos o un manual que señale los requisitos obligatorios a presentar para solicitar la consulta, lo que queda a discrecionalidad de la autoridad a determinar en el momento los requisitos a cumplir, dejando así en estado de indefensión a los habitantes de comunidades o poblados con una amenaza potencial en los elementos que componen su entorno natural.

Para cumplir la prevención señalada, el día 6 de noviembre ambos oficios (correspondientes a los proyectos Playa La Ribera y Hotel Bahía El Rincón) fueron contestados por el solicitante y anexos a la respuesta se entregaron los siguientes requisitos faltantes: el original de la carta de residencia a su nombre y el original del comprobante de domicilio con fecha vigente (recibo de servicio de agua potable).

El día 4 de diciembre el solicitante fue notificado mediante oficio BCS.02.01.IA.869/18 con fecha del 20 de noviembre, indicándole que la solicitud de consulta pública cumple en tiempo, sin embargo, NO cumple en forma, ya que el solicitante presentó tres direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, la primera dirección la que se establece en la credencial del Instituto Nacional Electoral con dirección Col. La Ribera 23750, Los Cabos B.C.S., la segunda dirección la que maneja la constancia de Residencia expedida por la Delegación Municipal de La Ribera Municipio de Los Cabos con domicilio en Calle Epigmenio Montaño S/N, Delegación Municipal de La Ribera, Municipio de Los Cabos, y la tercera dirección establecida en el recibo de agua  NO. 71884 de fecha 09 de octubre de 2018  con domicilio en Epigmenio Montaño S/N Centro La Rivera, RT 09 La Ribera, La Ribera B.C., siendo la dirección formal la que se presenta en la credencial del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, la Delegación Federal determina que no es procedente la solicitud y por tanto determina no dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto “Hotel Bahía El Rincón”.

Nuevamente la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur no cumplió con los tiempos para emitir y notificar la respuesta, realizando ésta 18 días después de entregada la documentación adicional solicitada para acreditar el interés legítimo del solicitante, haciendo alusión a un problema de tras papeleo de la solicitud en la recepción. La respuesta que establece la improcedencia de la solicitud, argumentando la diferencia en las direcciones establecidas en la documentación, es por sí misma absurda.

Cabe señalar que el proyecto de hotel denominado Bahía del Rincón se planea construir a sólo 3 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, y que presenta diversas omisiones que pondrían en riesgo a especies marinas, tanto animales como vegetales. El proyecto no ha señalado la cantidad de agua que usará en sus diversas etapas, además, de acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el acuífero Cabo Pulmo, de donde usará el líquido para la construcción presenta un déficit de -1.769070 millones de metros cúbicos al año, cifra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, el hotel que plantea construir consta de 6 edificios con un total de 235 habitaciones, 20 villas y 13 edificios con 75 villas en condominio vertical de dos niveles, además de restaurantes, club de playa y vialidades perimetrales; tampoco ha señalado cómo tratará las aguas residuales, sobre todo porque a dicho lugar se le conoce como “El Acuario del Mundo”, en el que se ha logrado establecer el turismo sustentable y la reproducción de especies.

Cabe señalar que hasta el 19 de diciembre de 2018, no se había notificado la respuesta a la solicitud de consulta pública del proyecto Playa La Ribera, siendo que ha llevado el mismo procedimiento que la solicitud anterior (mismo solicitante, mismas fechas, misma documentación para acreditación del solicitante), es decir habían transcurridos hasta entonces 29 días hábiles sin que hubiera respuesta al oficio del 6 de noviembre.

El pasado 14 de noviembre 2018, fue ingresada en la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur otra solicitud de consulta pública para el proyecto Condo Hotel La Ribera 2200 (clave 03BS2018TD115, promovente CABO 2200 S.A. de C.V, fecha de ingreso MIA 26 de octubre 2018) publicados por la SEMARNAT a través de la Separata N° DGIRA /060/18  de la Gaceta Ecológica el 31 de octubre 2018.  Dicha solicitud fue realizada por parte de otro habitante de la comunidad de La Ribera ya que la ubicación de dicho proyecto corresponde a dicha Delegación también.

El día 17 de diciembre 2018 fue notificado al solicitante (21 días después de realizada la solicitud) la respuesta por parte de la Delegación de la SEMARNAT mediante oficio SEMARNAT-BCS.02.01.IA.902/18 en donde dicha Delegación determina: “no dar inicio al proceso de consulta pública ni a la reunión pública de información del proyecto Condo Hotel La Ribera 2200, toda vez que su requerimiento NO cumple en forma para el proceso de solicitud de consulta pública”, ya que el solicitante presentó dos direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive (refiriéndose a las direcciones de la credencial del INE y el comprobante de luz, omitiendo el tercer documento que también se presentó que es la constancia de residencia emitida por el delegado de La Ribera y donde se especifica que la solicitante es residente de esa comunidad desde su nacimiento). 

Esto muestra que la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur solo ha buscado formas y recovecos para no realizar consultas públicas bajo cualquier resquicio reglamentario o criterio particular, sin que los derechos de las personas de la comunidad de Los Cabos le sean importantes ni relevantes; es decir, solo trata de responder bajo cualquier argumento o criterio particular la negativa para realizar consultas públicas, omitiendo así motivar y fundamentar debidamente el hecho de no considerar los derechos de los habitantes de Los Cabos a estar debidamente informados y en posibilidad de participar ante el desarrollo de este tipo de obras en su comunidad.

Esto, a todas luces es inaceptable, ya que transgrede el Estado de Derecho y viola la Ley Suprema de la Unión (Constitución, tratados internacionales y leyes generales), en detrimento de los derechos humanos de los habitantes de Los Cabos.

  1. LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA SUR NO HIZO CONSULTA PÚBLICA, PERO YA AUTORIZÓ EL PROYECTO “HOTEL BAHÍA EL RINCÓN” 

Después de denegar el derecho de consulta a los habitantes de Los Cabos, hace unos días la SEMARNAT en Baja California Sur emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, descubriendo así su verdadera intención al negarles la consulta pública a los solicitantes de la misma: la de privilegiar los intereses económicos de la empresa promovente Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. por encima del interés público de respetar los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable, a la participación social y la consulta pública de los habitantes de Los Cabos, B.C.S., en aspectos de protección ambiental relacionados con los impactos del proyecto mencionado en los ecosistemas de Los Cabos.

Es inaudito e inadmisible que la SEMARNAT se comporte como gestor de los intereses de las empresas, en vez de actuar conforme al Estado de Derecho, sin observar el cumplimiento de las normas, pasando por encima de los derechos más elementales de los habitantes del Municipio de Los Cabos y eliminando todo obstáculo que pudiera impedirle emitir las autorizaciones ambientales de su competencia, solapando probables actos atentatorios contra los recursos naturales de Baja California Sur.

Es notorio que la SEMARNAT está más ocupada en favorecer los intereses económicos de las empresas promoventes de los proyectos hoteleros, que en cumplir con su obligación constitucional, convencional y legal: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de Baja California Sur, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Tal como lo podemos apreciar, la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur convierte a la consulta pública en materia de impacto ambiental, regulada por la LGEEPA y los tratados internacionales, en un procedimiento de nulo acceso, y por  tanto en una burla, ya que inventa requisitos y niega de manera sistemática su implementación a la población, la cual sí está realmente ocupada en que el medio ambiente de Los Cabos siga siendo atractivo y funcional para la vida de las personas de ese municipio y del país en general.

Es evidente que no le queda clara su obligación como autoridad ambiental federal, que no es ser una mera ventanilla de proyectos económicos, sino la de facilitar los procesos para llevar a cabo cuantas consultas públicas pida la gente en favor de la protección ambiental del Estado de Baja California Sur, y tomar en consideración la participación ciudadana, principio de justicia ambiental consagrado en la Declaración de Río.

Es así como queda demostrado que la negativa de la SEMARNAT a realizar la consulta pública es violatoria de tratados y acuerdos internacionales, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional, en función de una serie de supuestos que han sido omitidos por dicha autoridad, tanto en el contexto internacional, como en el relativo a la legislación nacional. 

  1. CONTEXTO INTERNACIONAL: 

La participación ciudadana en los procedimientos administrativos y actos de decisión de autoridades en materia ambiental, que pudieran afectar la esfera de derechos de las personas en lo individual y de los pueblos y comunidades y población en general, es hoy un principio fundamental elevado a la categoría de derecho humano por nuestra Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

En México los procesos de incorporación de la participación ciudadana en las decisiones públicas -como expresión de las democracias contemporáneas- han sido complejos y, por lo general, inacabados, dadas nuestras profundas raíces autoritarias que aún en pleno siglo XXI se resisten a ser superadas por la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de las personas afectadas en pos del desarrollo social y económico que hemos llamado “integral, sustentable y competitivo”.

Uno de los grandes logros para la sociedad en este relevante tema, a nivel internacional, se dio en la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, por la preocupación de los gobiernos del orbe ante el grave deterioro ambiental del planeta, sacrificio enorme como costo-consecuencia del progreso globalizado, poco consciente y nada proclive a detener la explotación de los recursos naturales por los grandes beneficios que supuestamente genera a los seres humanos. Su resultado, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, en su Principio 10, lo siguiente:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

No obstante que la Declaración de Río fue pionera en el concierto mundial sobre el medio ambiente y los recursos naturales, otros tratados internacionales ya se le habían adelantado reconociendo expresamente el derecho de participación de las personas y los grupos sociales.

Así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. Otro tratado relevante es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga a dichos pueblos en lo individual y de forma colectiva el derecho a la consulta obligatoria ante cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que les afecte o les pudiera afectar.

La participación pública tiene varias características, entre ellas, la de ser efectiva. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he enfatizado que el derecho a la participación, incluida la consulta pública, el referéndum o el plebiscito, no deben verse sólo como “derechos”, sino como “oportunidades”, lo que implica que “toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos”, para lo cual “el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”.

  1. LA REFORMA A LA LGEEPA DE 1996 

El Principio 10 de la Declaración de Río y los postulados de derecho internacional público que hemos mencionado, fueron traducidos por el Poder Legislativo Mexicano en una de las iniciativas más trascendentes que se han producido en la materia de protección ambiental.

El 13 de diciembre de 1996 se modificó gran parte del articulado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para establecer, entre otros aspectos, diversos mecanismos e instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios que antes se llevaban de manera unilateral por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.

En este sentido, se reformó el artículo 34 de la LGEEPA para instituir la consulta pública en los procedimientos administrativos de la evaluación del impacto ambiental, de forma que cualquier persona pueda conocer sobre proyectos, obras y actividades, que pretendan realizarse en sus comunidades y pudieran afectarles y, lo más importante, tengan todas las condiciones para expresar sus preocupaciones y rechazo de esos proyectos a través de observaciones por escrito a través de reuniones públicas de información cuando aquellos pudieran generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.

  1. EL TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DE LA LGEEPA 

El texto del artículo 34 de la LGEEPA, desde diciembre de 1996, es el siguiente:

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental;

III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado.

Sin duda, esto ha sido uno de los avances más sensibles en la construcción democrática de la participación ciudadana en la protección al medio ambiente. Sin embargo, la norma legal fue redactada en un contexto de derechos que podían o no ser reconocidos y accionados por la SEMARNAP/SEMARNAT, estableciendo la consulta pública como OPCIONAL o POTESTATIVA, es decir, que dicha dependencia federal podía llevar a cabo una consulta pública, según lo considerara pertinente, de acuerdo con reglas rigurosas a cargo de las personas interesadas/afectadas por los proyectos de desarrollo que, desde mayo del 2000, están previstas en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Hoy eso es anacrónico y comprometedor del respeto y garantía de diversos derechos humanos.

  1. VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES 

El entendimiento del tercer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA fue, desde ese entonces, que la consulta pública está supeditada a la voluntad de la SEMARNAP/SEMARNAT, conforme a una serie de reglas que le permiten decidir discrecional (fundada y motivadamente) o arbitrariamente (sin fundamento ni motivación jurídicos) si la consulta pública que solicite una o más personas se lleva a cabo o no. A continuación, se transcriben los artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que autorizan a la Secretaría referida a hacer nugatoria la consulta pública:

Artículo 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.

La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de impacto ambiental. En ella se hará mención de:

a) La obra o actividad de que se trate;

b) Las razones que motivan la petición;

c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante, y

d) La demás información que el particular desee agregar.

Artículo 41.- La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases que a continuación se mencionan:

Las normas reglamentarias transcritas son suficientemente claras respecto de la posición del Poder Ejecutivo Federal, respecto de las solicitudes ciudadanas de consulta pública en proyectos de competencia federal sometidos a evaluación de impacto ambiental:

  1. La consulta pública sólo es relevante para casos que no comprometan la viabilidad de realización de los proyectos de desarrollo. Su núcleo es el desarrollo de los proyectos, no la protección ambiental ni los instrumentos de participación social sobre posibles afectaciones ambientales.
  2. El derecho de consulta pública está supeditado en la Ley a la voluntad, discrecional o arbitraria, de la SEMARNAT, que conoce de la evaluación del impacto ambiental del proyecto.
  3. Dicho derecho debe ejercerse de manera formal, satisfaciendo ciertos requisitos que, a decisión de la SEMARNAT, pueden dar inicio o no a la consulta pública solicitada.  

Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 2011, en la que se estatuyó el régimen de derechos humanos en el orden jurídico mexicano, toda negativa por parte de la SEMARNAT de realizar consultas públicas solicitadas por cualquier persona en materia de evaluación del impacto ambiental de proyectos que les puedan afectar, ES UNA VIOLACIÓN A LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENERAL Y A LOS TRATADOS INTERNACIONALES MENCIONADOS, DE LOS CUALES MÉXICO ES PARTE, al hacer nugatorio uno de sus derechos más elementales, el de participación, información y consulta en el desarrollo.

Cabe destacar que ninguno de los artículos reglamentarios transcritos establece causas expresas para negar la consulta pública solicitada, de manera que, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos formales de solicitud de consulta, la SEMARNAT está en completa libertad de negarla, ya que no hay una asociación o vinculación entre el supuesto de cumplimiento de requisitos con la determinación de dicha dependencia de iniciar o no la consulta solicitada.

Aunque son hechos que corresponden a la anterior administración federal, tenemos que exigirle al nuevo Gobierno que resuelva este grave problema que enfrentan los sudcalifornianos, a fin de que instruya la realización de las consultas públicas pendientes, así como iniciar las investigaciones correspondientes ante la posibilidad de que existan hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Los hechos que hoy se viven nuevamente en Cabo Pulmo parecen indicar que el proyecto Cabo Cortés o el de Cabo Dorado que no pudieron seguir adelante hace unos años, se presentan hoy con otra estrategia: fraccionar los proyectos (la llamada fragmentación), para darle vuelta a la normatividad ambiental, contando al parecer con la complicidad y el respaldo de algunos servidores públicos de la SEMARNAT.

Desde este Senado de la República no debemos permitir que este tipo de acciones arbitrarias en contra de los derechos elementales de los ciudadanos se conviertan en una práctica recurrente y permisible en cualquier rincón de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que realice de manera inmediata las consultas y reunión pública de información, dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Playa La Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, las cuales fueron debidamente solicitadas por diversos habitantes de la comunidad del Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, por así proceder conforme a la LGEEPA, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a proporcionar copia certificada del expediente administrativo completo, en materia de impacto ambiental, del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, que incluya, entre otras cosas, las solicitudes de consulta pública realizadas, las respuestas a cada una de las solicitudes, así como  la resolución a favor de Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V., en cuyo proceso fueron negadas todas las solicitudes de consultas públicas presentadas por los habitantes del Municipio de Los Cabos, y  a pesar de ello  esa Dependencia emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto.

TERCERO.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que inicie las investigaciones e instaure los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes en contra de aquellos servidores públicos de la entonces llamada Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que han negado de manera sistemática a los habitantes del Municipio de Los Cabos la realización de las consultas públicas debidamente solicitadas, dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Hotel Bahía El Rincón, Playa La Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, sin que la autoridad funde y motive la razón de ello, para después emitir las autorizaciones de impacto ambiental de manera positiva, violando  así los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 25, inciso a), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el artículo 23.1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 34 de la LGEEPA y los artículos 40 y 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

CUARTO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República a reformar el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, actualizándolo al contexto actual y vigente de promoción, protección, garantía y respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, específicamente en lo referente al proceso de la consulta pública obligatoria para la SEMARNAT y los promoventes de proyectos en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia federal, cuando dicha consulta sea solicitada por cualquier habitante del sitio de que se trate.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a siete de febrero de 2019.