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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ASEA), A QUE TOMEN MEDIDAS PARA REGULARIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE VEGETACIÓN FORESTAL SIN CONTAR CON AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido la construcción de diversas obras de infraestructura y programas asistenciales en el país, para lo cual incluso se han destinado los recursos necesarios para su ejecución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Dentro de dichos proyectos se encuentran la construcción del Tren Maya; el Tren del Istmo; la Refinería en Dos Bocas, Tabasco; la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales, para los cuales ha realizado sendas “consultas públicas” que el mismo Presidente ha manifestado que sólo servirá para reafirmar su decisión, lo cual conlleva  una falta de credibilidad en este tipo de ejercicios de democracia participativa.

Las obras, por sí mismas, al margen de su viabilidad y su impacto a la economía del país y al ambiente de las zonas donde habrán de construirse, carecen actualmente de las autorizaciones en materia ambiental respectivas señaladas por la Ley, la cual dispone que ningún proyecto de esta naturaleza deberá iniciarse sin contar con tales autorizaciones.

Resulta preocupante que sin cumplir con las obligaciones legales aplicables se hayan iniciado las acciones para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, desde antes de que el Presidente tomara protesta del cargo, lo cual evidenció el interés de funcionarios de PEMEX en obsequiar los deseos de éste, aún sin que fuera “consultada” a la sociedad.

En el mes de noviembre pasado apareció publicada en el Periódico Reforma una denuncia hecha por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (mejor conocido como el CEMDA), en la que da a conocer la noticia de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una empresa privada denominada Sistemas Empresariales del Golfo, S. de R.L. de C.V. (en adelante SCCA), realizaron la remoción de vegetación forestal en 300 (trescientas) hectáreas de selva media perennifolia y manglares, para la preparación de la construcción y operación de la Refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LAS AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES, POR EXCEPCIÓN, violando, al menos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, (LGDFS) y también la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, (Ley de la ASEA), ordenamientos que exigen a los interesados en ese tipo de proyectos la obtención de dichas autorizaciones, de manera previa al inicio de obras y actividades.

El Proyecto en cuestión se trata de la construcción y operación de esta Refinería, cuyo interés y apoyo político, fiscal y financiero para su realización en el próximo sexenio sigue siendo expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este tipo de proyectos requieren, conforme a las leyes indicadas, previo  a su ejecución, de diversas autorizaciones de protección ambiental y de seguridad industrial que están en la órbita competencial de la SEMARNAT y, en particular, de la ASEA. Estas autorizaciones son:

OBRA/ACTIVIDAD

TIPO DE AUTORIZACIÓN DE LA ASEA

FUNDAMENTO JURÍDICO

Construcción y operación de la Refinería Dos Bocas

Autorización de impacto y riesgo ambiental, por tratarse de:

  1. Proyecto de refinación de petróleo y gas. 
  2. Proyecto que requiere cambio de uso del suelo de áreas forestales.

Artículo 28, fracciones II y VII, de la LGEEPA.

Artículo 7, fracción I, de la Ley de la Ley de la ASEA.

Autorización del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Artículos 5, fracción XVII, 12, 13 y demás relativos y aplicables de la Ley de la ASEA.

Remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales

Autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción.

Artículos 93 al 100 de la LGDFS.

Artículo 7, fracción VII, de la Ley de la ASEA.

Como se puede apreciar, la realización del proyecto de la Refinería Dos Bocas requiere de tres autorizaciones ambientales y de seguridad industrial previas, las cuales, a decir de la denuncia realizada por el CEMDA, no han sido obtenidas por PEMEX y SCCA, realizando los preparativos de desmonte de vegetación natural al margen de la ley, a sabiendas de esta situación de obligaciones previas, causando con ello daños ambientales de imposible reparación.

En este contexto, la Secretaria de Energía Rocío Nahle, declaró que el proyecto sí contaba con permisos ambientales vigentes, pero ello no es así. Esta afirmación fue desmentida por PEMEX, la Secretaría de Energía y la propia ASEA, mediante respuestas a solicitudes de información que confirmaron su inexistencia, salvo una autorización del Ayuntamiento para realizar el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar que, ante el entramado regulatorio actual, también resulta cuestionable por ser temas de jurisdicción federal, no local.

No cabe duda de que las empresas señaladas son responsables de las afectaciones negativas causadas a los ecosistemas y a la flora y fauna silvestres, sin ninguna medida de prevención o mitigación, actualizándose los supuestos de responsabilidad jurídica previstos en la LGEEPA, la LGDFS, la Ley de la ASEA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Penal Federal. Evidente es que esta conducta omisiva fue DOLOSA, considerando lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: “Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.”

Esta situación resulta inaceptable e intolerable, máxime que esas empresas y sus representantes legales saben perfectamente que antes de mover una sola piedra y/o centímetro cúbico de tierra y vegetación forestal, deben tramitar ante la ASEA y, en su caso, obtener las autorizaciones mencionadas; de lo contrario, sus obras y actividades resultan ilícitas, dolosas y violatorias del orden jurídico federal, y deben asumir las consecuencias de derecho que acarrea esta actuación infractora y delictiva, no siendo creíble alegar ignorancia de la ley.

También tenemos conocimiento de que, derivado de la presión mediática ejercida por diversos agentes, la ASEA realizó actos de supervisión para castigar a las empresas mencionadas por las violaciones normativas cometidas y los daños ambientales perpetrados en el ecosistema de Dos Bocas, sancionando con una multa administrativa de más de 13 millones 900 mil pesos a SCCA por desmontar 300 hectáreas de selva y manglar en el terreno donde se construye la nueva refinería, y ordenó a dicha empresa establecer un programa de reforestación de mangle en 82.8 hectáreas e implementar un programa de preservación de flora y fauna silvestres.

Al parecer PEMEX no fue sancionada, sólo la empresa SCCA en su carácter de contratista de la empresa productiva del Estado. Esto es cuestionable, ya que la construcción de la refinería tiene una base contractual PEMEX-SCCA y su operación correrá a cargo de PEMEX, por lo que podría existir una responsabilidad solidaria.

Ahora bien, algunas personas como el presidente del CEMDA han manifestado que las sanciones impuestas a la empresa SCCA son ejemplo para que el gobierno federal tome en cuenta que ningún proyecto debe realizarse al margen de la legislación ambiental. Coincidimos en ese punto, pero se queda corto respecto del daño ambiental producido y sus consecuencias negativas para la vida de la zona de Dos Bocas.

La multa y sanciones de programas forestales y de flora y fauna atienden una parte del problema, la violación a la ley por la falta de autorizaciones ambientales y de seguridad industrial; sin embargo quedan serias interrogantes que deben aclararse:

¿Y los daños ambientales causados?

¿Y las autorizaciones faltantes de impacto y riesgo ambiental y del sistema de administración de las empresas involucradas por la operación y abandono del proyecto de la refinería?

¿Y la responsabilidad penal por el delito cometido de cambio de uso del suelo forestal ilícitamente, tipificado en el artículo 418, fracción III, del Código Penal federal?

¿Y la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental?

¿Y la responsabilidad jurídica de PEMEX?

¿Sólo por tratarse de un proyecto del Presidente la Ley puede dejar de aplicarse, dejando impune el verdadero problema causado?

¿Es esto lo que MORENA llama “la Cuarta Transformación”?

Es indispensable contar con información que sólo la ASEA puede proporcionar a esta H. Soberanía, a efecto de estar en posibilidad de exigir la exacta y severa aplicación de la Ley en este ignominioso caso de la Refinería Dos Bocas. Nuevamente, el Sector Hidrocarburos de principios de este sexenio vuelve a protagonizar una página más del negro historial contaminante que lleva a cuestas.

Con estas acciones de arrasar con 300 hectáreas de selva y manglares, PEMEX y su contratista SCCA, a sabiendas de que requerían autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, aplican la máxima de “Más vale pedir perdón que pedir permiso, porque sale más barato”.

En el presente caso que reviste tanta gravedad, esta Soberanía debe exigir que se aplique el Estado de Derecho, y que en la ejecución de esta obra que continuará el actual Gobierno federal se ciña a la observancia y cumplimiento de la ley, tal y como lo expresó el C. Andrés Manuel López Obrador cuando hizo el juramento constitucional el pasado 1º de diciembre de 2018.

El Presidente López Obrador continúa manifestando que “contra viento y marea” y “a pesar de la sanción impuesta por la ASEA”, cumplirá su promesa de construir esta nueva refinería, afirmando que “se está avanzando para que pronto podamos licitar. Necesitamos tener esa refinería en tres años. Ya tenemos los recursos para este año. Se apartaron 50 mil millones de pesos y no queremos detenernos porque nos hace falta esa refinería”, y no obstante que un amplio número de especialistas, entre los que se halla el Instituto Mexicano del Petróleo, han señalado su determinación como una decisión errónea en materia técnica, económica y financiera.

No debemos permitir que se viole la Ley, bajo el argumento de que son obras necesarias para el desarrollo nacional. Si aceptamos o guardamos silencio ante esta situación de daño ambiental grave por la violación a la legislación ambiental, mañana serán otros los proyectos que se realizarán sin contar con las autorizaciones de protección ambiental, como se ha anunciado ya con otro caso de graves consecuencias en materia ambiental como es el proyecto del Tren Maya.

Este es un caso emblemático que debe pasar por el filtro de la transparencia y la anti-corrupción, que definirá el rumbo de la política ambiental de las autoridades federales en los próximos seis años. Esperemos que el nuevo Gobierno entienda que la sustentabilidad es un tema muy serio, que debe basarse, entre otros aspectos relevantes, en la observancia y aplicación estricta de la Ley.

Desde este Senado de la República no debemos permitir que este tipo de acciones se conviertan en una práctica recurrente en nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a proporcionarle copia certificada de los trámites realizados por PEMEX y/o la empresa SCCA, para obtener las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental; de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, y del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente, por regularización ambiental derivada de la falta de autorizaciones para la remoción de vegetación forestal, incluyendo manglares, para la preparación el sitio, construcción, operación, desmantelamiento y abandono del Proyecto de Refinería Dos Bocas.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a proporcionar a esta H. Soberanía copia certificada del expediente de supervisión, inspección y vigilancia instaurado a la empresa SCCA y, en su caso, a PEMEX, por los hechos ilícitos a que se refiere el presente instrumento, incluyendo la resolución definitiva en la que se sancionó administrativamente a la persona moral SCCA.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a informar de manera pormenorizada cómo llegó a la determinación de delimitar y fincar únicamente responsabilidades jurídicas a la empresa SCCA, razón por la cual solo se le castigó administrativamente a ésta y no a PEMEX.

CUARTO.- Esta H. Soberanía exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a explicar detalladamente por qué: 1) decidió no proceder penalmente contra PEMEX y/o la empresa SCCA por la comisión de delitos contra el ambiente, de manera particular el tipificado en el artículo 418, fracción III, del Código Penal Federal, y 2) determinó no aplicar al caso la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, considerando lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, fracción III, 5º, 10, 12 y 26 de dicho ordenamiento legal.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a siete de febrero de 2019.