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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone que las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estén dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país, previendo que los apoyos que se otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.

El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El campo mexicano de hoy es muy diferente al de la Revolución de 1910, al de la Reforma Agraria de 1936, y al del llamado "crecimiento hacia adentro" del período 1950 - 1980. Hoy nuestro campo está al mismo tiempo en la globalidad y en el atraso, con regiones muy desarrolladas de alta tecnología y con zonas deprimidas, marginadas y miserables.

 Es importante hacer notar que muchos campesinos han cambiado su calidad productiva a la de pequeños empresarios familiares, como resultado de las negociaciones comerciales y las reformas constitucionales relativamente recientes.

 Sin embargo, subsiste una gran masa de población rural ubicada en pobreza extrema, cuya capacidad productiva está fuera de competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra barata. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el Gobierno Mexicano, con la finalidad de combatir la pobreza y lograr el desarrollo del campo, adoptó diversas acciones.

Sin embargo, el eje de la política agraria consistió en dotar de tierra a la población campesina, organizar a la mayoría de los campesinos en ejidos y comunidades y apoyar la explotación de los predios en forma colectiva y parcelada.

Paralelamente se buscó la capitalización del campo, mediante la construcción de diversas obras de infraestructura como presas, canales de riego y caminos; equipo para las labores agrícolas y pecuarias; servicios tecnológicos profesionales; semillas y fertilizantes; y capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

La magnitud del reparto y de las obras probablemente hubiera sido suficiente para solucionar gran parte de los problemas de bienestar rural y de desigualdad regional; sin embargo: Desde finales de los 60 del siglo pasado, la superficie cultivable empezó a agotarse, mientras la demanda de tierra seguía creciendo.

 De los 197 millones de hectáreas de superficie total en el país, sólo 31 millones son cultivables, lo que representa apenas un 16%; de la superficie total; Muchas obras de infraestructura viven un proceso de franco deterioro o están a punto de cumplir su vida útil; Ello ha obligado a millones de jornaleros agrícolas, recolectores y a las poblaciones indígenas marginadas; a trasladarse a las ciudades, en donde han pasado a formar parte de los cinturones de miseria; o bien, han emigrado hacia el norte en calidad de indocumentados;

Por otro lado, existen en el país por lo menos 4 millones de campesinos que viven en la economía de subsistencia y miles de ellos aún por abajo de ese nivel.

Es indispensable recordar que en el período 1940 - 1970, la agricultura produjo las materias primas y generó excedentes para exportación, pero al mismo tiempo perdió una buena parte de sus ingresos por la vía del desequilibrio entre los precios de los productos ofertados por la sociedad rural y los adquiridos a otros sectores de la economía.

 A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno respaldó la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos.

En 1983 surge el objetivo de mejorar la productividad del sector, a fin de aumentar la producción y preparar a los productores rurales para la apertura comercial. Durante los años noventa, el gobierno intensificó el proceso de redefinición de su papel en la economía.

Como consecuencia, las estructuras y funciones de algunas instituciones encargadas de prestar apoyo a las actividades agropecuarias disminuyeron y en algunos casos desaparecieron. Los cambios recientes en el ámbito rural han perjudicado sobre todo a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, las cuales son mayoritarias, mientras que han favorecido a la agricultura de exportación, concentrada en pocas manos.

La iniciativa tiene como objeto promover el desarrollo rural sustentable del país; prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional

SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

 Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución.

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

 Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva; propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución

PROYECTO DE LEY

ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

 Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva; propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, ANEXAR FECHA

ATENTAMENTE

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER