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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ENERGíA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Propone establecer como derecho fundamental, que toda persona tiene derecho a la energía eléctrica, en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible, por lo que el Estado garantizará el derecho a la misma.

La ley reglamentaria definirá las bases, apoyos y, uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por último faculta al Congreso para expedir las leyes generales sobre energía eléctrica y nuclear, a través de la cuales el Estado velará por establecer los principios rectores que este derecho fundamental requiere.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

HONORABLE ASAMBLEA

La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho a la Energía Eléctrica,con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Evolución histórica sobre la generación de energía en México

La generación de energía eléctrica en nuestro país inició a finales del siglo XIX. La primera planta se instaló en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica de textiles.

Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.

Sin embargo, fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.

En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad en sus domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas.

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, pues dichas empresas se enfocaban a prestar el servicio en los mercados urbanos más redituables, dejando en el olvido a las poblaciones rurales, donde habitaban más del 62% de la población.

Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del país. De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos habían vivido sin el servicio.

No obstante el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que motivo al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica.

Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían, así como los bienes e instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país.

Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Es claro que hoy en día el servicio de la energía eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el gobierno federal.

Concepción actual y problemática social en México

La energía eléctrica es una necesidad indispensable que proporciona soporte para un mejor desarrollo desde el punto de vista social, económico, cultural y político. La importancia de esta es la utilidad y beneficios proporcionados a la sociedad en general se percibe en las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas que dependen de un suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con los últimos datos arrojados por el INEGI, la electricidad es entre los servicios básicos, la que mayores avances presenta en los últimos 20 años. En 1990, 87.5 % de las viviendas contaban con energía eléctrica, mientras que en el 2010 esta cifra alcanzó el 97.8 % de cobertura.

No obstante, al igual que en otras variables, la accesibilidad de energía eléctrica en el país es diferencial por tamaño de la localidad de residencia: la proporción de viviendas que dispone del servicio es menor en las localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, donde el 93.5 % de las viviendas tiene electricidad, este porcentaje crece a medida que se incrementa el número de habitantes, hasta llegar a 99.2 % en las localidades de 100 mil o más habitantes.

Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han incrementado de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso comercial, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así como pequeños comerciantes.

Hoy en día muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades básicas de sus núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. Sin duda alguna nos encontramos en circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, máxime que se trata de un recurso fundamental del que cualquier sociedad no puede prescindir para garantizar una vida digna al ser humano.

Durante últimas fechas diversos sectores de distintas regiones de la república mexicana han venido manifestando el descontento social por el incremento alarmante y desmedido del precio de la energía eléctrica, el cual afecta a toda la población mexicana, a las familias de todo el país, poniendo en riesgo el acceso a dicho recurso y en consecuencia poniendo en grave riesgo la cobertura de las necesidades elementales como personas, como seres humanos, que cubren mediante los beneficios de la energía eléctrica, desde la conservación de los alimentos, medicamentos, el ejercicio de la comunicación mediante los aparatos tecnológicos, así como el poder realizar las actividades laborales, hasta la mitigación del clima en las distintas regiones del país mediante el uso de refrigeradores, ventiladores, calefactores, aires acondicionados, etcétera.

Es incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para poder cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía eléctrica.

El Poder Judicial Federal recientemente emitió un criterio jurisprudencial bajo el rubro ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES, señalando que:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales”.

Desafortunadamente, contrario a garantizar el acceso de este recurso natural por encima de cualquier contribución, recientemente en algunas ciudades del sur del país la Comisión Federal de Electricidad comenzó una campaña para cambiar los medidores del consumo de energía eléctrica para los usuarios, instalando medidores denominados de “autogestión” que regulan el suministro de energía mediante el prepago de tarjetas, los cuales están programados para cortar el servicio eléctrico en cuanto se agote el saldo de la tarjeta. Estas medidas son totalmente reprochables e indignantes; no es posible que por falta de recursos económicos las personas se vean limitadas del derecho al suministro de energía eléctrica y en consecuencia también se ponga en riesgo el disfrute de otros derechos elementales como el de alimentación, salud, comunicación, trabajo, entre otros.

El servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su percepción radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe considerarse como un derecho humano y social y reconocerse por la Constitución y garantizarse por el Estado.

Visión de la energía eléctrica desde el ámbito internacional.

A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una percepción y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica como un derecho humano, desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole un sentido social de alta trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social.

En ese sentido, diversos juristas y autoridades en la materia coinciden en que a la luz de la cultura internacional la electricidad no debe ser considerada como una mercancía, sino como un derecho social al que deben acceder todas las personas en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación.

Así, al revisar el marco de derecho internacional en materia de derechos humanos encontramos los siguientes instrumentos y disposiciones:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 22 prevé expresamente que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad. En el mismo sentido el artículo 25, indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 numeral 1 de este instrumento jurídico internacional señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

3. La Organización de las Naciones Unidas , a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.”

4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 14, inciso h) prevé que los Estados Partes le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

5. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad . En esta declaración la ONU proclama que “3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población.” “6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad física e intelectual.” “7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”

Todos los instrumentos internacionales referidos establecen directrices y parámetros para regular la actuación del Estado en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica es la base de esos y otros derechos básicos: alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación, es decir, la energía eléctrica es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos de igual importancia.

Bajo estas concepciones la energía eléctrica se ha constituido en un bien común, y es a través de ésta que podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, utensilios de higiene, etcétera, todo ello gracias a que la energía eléctrica puede transformarse en otro tipo de energía lo que trae mayores satisfactores para el ser humano.

Así pues, resulta evidente que, para el derecho internacional, para los Estados parte, para los miembros de los organismos públicos internacionales la energía eléctrica constituye un derecho humano de carácter social, y elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos.

Sin duda alguna esta concepción internacionalista establece el parteaguas sobre el tratamiento que se debe dar al tema en el derecho interno de cada Estado, como es el caso de México, el cual además suscribió dichos instrumentos internacionales.

Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, desde el ámbito internacional, sin duda alguna es un enfoque que se ajusta a las necesidades del mundo actual, es porque el mundo en general reconoce que a través de ésta las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y dignidad. Es por eso que los gobiernos están obligados a generar los cambios en su régimen interior para reconocer este derecho, adecuar su legislación y generar políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la población, en circunstancias de igualdad.

Bajo todas estas consideraciones es impostergable que el Estado Mexicano deje de ver a la energía eléctrica como una mercancía o un simple servicio público y pase a su reconocimiento expreso como un derecho humano de igual importancia que los demás derechos reconocidos en la Constitución. En tal virtud es necesario armonizar nuestro sistema jurídico a los estándares del derecho internacional.

Por lo anterior, propongo adicionar el artículo 25 de la Constitución para reconocer el derecho a la energía eléctrica, bajo ciertos elementos mínimos como son: en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible.

La modificación sustantiva permanece dentro del apartado de derechos humanos de la Constitución y solamente con fines de orden temático la adición se plantea dentro del artículo 25 que se refiere a la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, y sobre la planeación y control de la energía eléctrica.

La propuesta plantea la obligación del Estado a garantizar este derecho, y se deja a las leyes secundarias el establecimiento de las bases para su ejercicio, así como para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Asimismo, bajo un sentido de congruencia es necesario eliminar cualquier tipo de contribución por el suministro eléctrico, ya que va en contra de la propia naturaleza para el ejercicio del derecho; representa un obstáculo para garantizar su ejercicio.

Para mayor claridad a continuación se presenta la propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Propuesta de reforma y adición

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Artículo 4o. …

Toda persona tiene derecho a la energía eléctrica, en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Artículo 25. …

El Estado garantizará el derecho a la energía eléctrica en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible, y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a IX. …

X.            Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nucleary para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

XI. a XXVIII. …

XXIX.     Para establecer contribuciones:

1o.         Sobre el comercio exterior;

2o.         Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;

3o.         Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o.         Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o.         Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f)   Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

XXIX-A. a XXXI. …

Artículo 73. …

I. a IX. …

X.            Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

X Bis. Para expedir las leyes generales sobre energía eléctrica y nuclear, a través de la cuales el estado definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

XI. a XXVIII. …

XXIX.     …

1o.         …

2o.         …

3o.         …

4o.         …

5o.         …

a) Derogada;

b) …

c) …

d) …

e) …

f)   …

g) …

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine.

XXIX-A. a XXXI. …

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 4, con un nuevo párrafo séptimo recorriéndose en su orden los subsecuentes, 25, con un nuevo párrafo séptimo recorriéndose en su orden los subsecuentes, 73 con una fracción X Bis; se reforma el artículo 73, fracciones X y XXIX numeral 5º párrafo segundo; y se deroga el artículo 73, fracción XXIX numeral 5º inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …

Toda persona tiene derecho a la energía eléctrica, en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible.

Artículo 25. …

El Estado garantizará el derecho a la energía eléctrica en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible, y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Artículo 73.

I. a IX. …

X.      Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

X Bis. Para expedir las leyes generales sobre energía eléctrica y nuclear, a través de la cuales el estado definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

XI. a XXVIII. …

XXIX. …

1o. a 4o. …

5o.    …

a)      Derogada;

b) a g) …

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine.

XXIX-A. a XXXI. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y el Congreso de la Ciudad de México, deberán expedir las leyes y, en su caso, adecuar la legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro del plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, incluyendo las disposiciones que establezcan alguna contribución en materia de energía eléctrica.

Senado de la República, a 31 de enero de 2019

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Lic. Mayuli Latifa Martínez Simón

Senadora de la República

Véase: http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx

Véase: INEGI. IX Censo Poblacional y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Décima Época. Núm. de Registro 2018528. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. TESIS AISLADAS. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia Constitucional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 74/2016. Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. 12 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Véase: El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91. CESCR Observación general Nº 4 (General Comments) 6° período de sesiones (1991)

Véase: Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 3384 (XXX), 10 de noviembre de 1975