+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el estado de derecho en el país.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.  Dos de las frases que más ha repetido el Presidente de la República con furor. La primera creada por José María Iglesias y la segunda por Don Benito Juárez García. Por desgracia, el contexto actual de crisis política que permea en el país, particularmente en Michoacán, solo pone en evidencia el completo desconocimiento por parte del Presidente sobre el origen y contenido de dichas frases, que aluden estrictamente a la vigencia del Estado de Derecho.

El Estado de derecho, es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. 

En ese sentido, para la vigencia del estado de derecho, es necesario que las autoridades se ciñan a lo estrictamente señalado por la ley en su actuar, y que esta sea aplicada sin distingo hacia los ciudadanos, más aún, aquellas autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Sin embargo, cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de derecho. Y cuando el gobierno es el primero en violarlos hay dictadura o despotismo.

Las manifestaciones públicas por más legítimas que estas sean, no pueden derivar a afectaciones al resto de los ciudadanos, mucho menos, cuando la consecuencia derivada de dichas manifestaciones se encuentra tipificada en el Código Penal Federal como un delito.

La sección 18 de la CNTE lleva más 20 días en paro bloqueando tramos del ferrocarril que atraviesa Michoacán, impidiendo el paso de casi 200 trenes cargados con mil 750 millones de toneladas de diversos productos en 8 mil 600 contenedores, lo que genera pérdidas diarias por mil millones de pesos y afecta el suministro y abasto de bienes a otras entidades federativas. Por si fuera poco, mantienen plantones en el centro de Morelia, han invadido oficinas en 21 municipios, oficinas del registro civil, bancos y recientemente han bloqueado el acceso a plazas comerciales, lo que ha molestado a cientos de ciudadanos.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Industria de Transformación (Caintra), Juan Ignacio Garza Herrera, advirtió que, de prolongarse los bloqueos, se registrará el cierre de empresas y la pérdida de empleos. "Estos bloqueos, que están por cumplir un mes, han provocado que México pierda más del 30 por ciento de su capacidad portuaria, afectando no sólo al estado de Michoacán y Colima, sino a las cadenas productivas de todo el país", señaló.

Y advirtió, además, un fuerte impacto económico y laboral principalmente en Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, el Valle de México y Nuevo León.

Vale la pena recordar que el artículo 167 fracción III del Código Penal Federal, establece una sanción de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa, por ataque a las vías de comunicación, “Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;”.

Que el artículo 131 del mismo Código, tipifica el delito de motín, con una “sanción de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.”

Que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el deber jurídico de denunciar, a quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito.

Y finalmente, que tanto el Presidente de la República como el resto de los funcionarios de la Federación, a cargo de quienes está la administración y salvaguarda de las vías de comunicación ferroviarias, con fundamento en los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Es evidente que estas acciones de protesta trascienden al ámbito educativo. Ninguna manifestación que se tilda de legítima, puede tener por objetivo afectar indiscriminadamente los derechos de terceros ajenos a la disputa para lograr sus objetivos. No en un verdadero estado de derecho.

La restitución de las prerrogativas de los maestros, no es el tema a discusión, sino de qué manera el nuevo gobierno federal interpreta la máxima constitucional de “cumplir y hacer cumplir la Constitución (…) y las leyes que de ésta emanan”, y permite afectaciones a terceros.

No puede presumirse el cumplimiento de dicha obligación si se permite que, por verificar compromisos electorales, las más irresponsables facciones de la CNTE en Michoacán nieguen el derecho a la educación y conculquen el futuro de niños y jóvenes, atenten contra las vías generales de comunicación causando daños cuantiosos a la economía regional y nacional y promuevan la desobediencia a la ley como estrategia política de presión, entregándoles en premio 5 mil plazas automáticas y prebendas multimillonarias, además de la omisión en el ejercicio de la acción penal de oficio que dicta el Código Penal al Fiscal de la República.

Para hablar de un Estado de derecho debe haber una autoridad que sancione a quienes lo violan. El Estado de derecho, supone el uso de la fuerza a cargo de autoridad para restablecer la paz, el orden público y lograr la justicia. Pero cuando se permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violentados, ejerza actos que dañan el orden público sobre los presuntos violadores, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de derecho. 

Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hacer uso de la fuerza pública para liberar las vías generales de comunicación en el Estado de Michoacán, y a presentar las denuncias en contra de quienes resulten responsables.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a realizar mesas de trabajo para encontrar alternativas de reparación integral a las personas afectadas por las manifestaciones.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Fiscal General de la República, a iniciar de oficio las carpetas de investigación contra quienes resulten responsables, con motivo de las afectaciones a las vías generales de comunicación en el Estado de Michoacán.

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019

ATENTAMENTE

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO