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Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional de Desarrollo.


Propone eliminar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y establece que la facultad será del Congreso General, incluyendo con esto la participación del Senado en su aprobación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La suscrita Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y se DEROGA la fracción VII del artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Plan Nacional de Desarrollo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con las reformas de 2013 y 2014 al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación nacional del desarrollo debe ser democrática y deliberativa, de manera que los mecanismos de participación recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. De igual manera, el texto del precepto mencionado encomienda a la ley faculte al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y de consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y determinar los órganos responsables del proceso de planeación , en el que destaca el mandato para que el Ejecutivo Federal coordine dichos mecanismos con los gobiernos de la entidades federativas y los convenios correspondientes sirvan a este propósito y a la inducción y concertación con los particulares de las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

El propio artículo 26, en su apartado A, en el que regula lo concerniente a la planeación democrática y deliberativa del desarrollo señala que en el sistema ya aludido “el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley”. Este ordenamiento proviene desde el texto originario de la materia adoptado por el constituyente permanente en 1983, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, quien impulsó la reforma respectiva que incorporaría el proceso de planeación en la parte programática de nuestra ley fundamental.

Adviértase que en sus inicios el proceso de planeación quedó como una atribución del Ejecutivo Federal, responsabilizado de conducirlo, elaborar el plan, vigilar su desarrollo y enviarlo al Congreso únicamente “para su examen y opinión”, según lo determinó la ley reglamentaria en su artículo 5. Este precepto agregó que el Poder Legislativo formularía “las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan”. Sin embargo, el propio artículo 27 de aquella ley del Planeación determinó que el Plan y los programas que lo componen “servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales”, que debería aprobar la Cámara de Diputados. Al proceder de esta manera, la Cámara de Diputados quedaba constreñida, en la aprobación del presupuesto por un plan sobre el que únicamente tenían una limitada potestad de opinión, como si éste tuviera el carácter de un mandato imperativo. “Esto explica, en parte, la reiterada o frecuente exigencia de las Legislaturas para que el Plan Nacional de Desarrollo sea no sólo conocido por el Congreso, sino aprobado por él”.

Antes de las reformas al artículo 74 de la Constitución, que dio atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados, en su fracción VII para: “Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En Caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado”, el Presupuesto de Egresos de la Federación, arma de control muy poderosa del Legislativo, podía ser vetado por el Presidente de la República, pero el Plan formulado por el Ejecutivo, si bien con participación social y popular, no era susceptible de ser aprobado o rechazado por el Congreso.

Ahora nos encontramos frente a un factor sociopolítico y socio jurídico no considerado suficientemente en la problemática de la planeación nacional del desarrollo y que es la incumbencia como actores sobresalientes de la programación y presupuestación, en lo respecta a la ejecución de programas y políticas públicas del gobierno federal mediante convenios diversos, de las entidades federativas y desde luego de los municipios y demarcaciones políticas. La participación de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, en un sinnúmero de programas y proyectos cuya fuente es el gobierno federal y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales, no sólo aconseja sino obliga a que la aprobación de éstos lleve el refuerzo, intervención y corresponsabilidad de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en cuanto Cámara federalista garante constitucional del cumplimiento del pacto federativo.

El federalismo mexicano de hoy requiere acrecentar su fuerza integrativa en los diversos ámbitos del ejercicio del poder y del gobierno; constituirse efectivamente en la transversalidad de la vida nacional orientada a la consolidación de un federalismo cooperativo, a fin de facilitar a las entidades federativas el acceso a “un mínimo de homogeneidad y calidad” en el cumplimiento de las competencias que le asigna la Constitución. La redistribución de recursos en todo el territorio, el combate a la pobreza, el acceso al bienestar integral el fomento al desarrollo regional y a la equidad entre todas las zonas del país son algunos de los propósitos del federalismo cooperativo cuya efectividad sólo es alcanzable con una planeación compartida del desarrollo que permita nuevas formas de relaciones intergubernamentales basadas en directrices de redistribución, cooperación y descentralización.

El Plan Nacional de Desarrollo debe ser redistributivo, cooperativo y descentralizador, o sea, debe evitarse que contribuya al centralismo apabullante y autoritario, lo cual puede lograrse siguiendo los lineamientos trazados por la Constitución, que en materia de planeación están contenidos en la parte dogmática y programática de ésta, particularmente en el artículo 26, que debe complementarse adecuadamente con el texto también constitucional que atribuya al Congreso de la Unión la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera la Cámara de Diputados mantiene su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación e igualmente de participar como colegisladora con este Senado de la República en la aprobación de aquél.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone modificar la fracción XXIX-D del artículo 73, en el que se faculta al Congreso para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, agregando su atribución para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo Federal conforme la legislación aplicable. Como consecuencia de esta modificación, se propone derogar la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya materia pasaría al primero de los preceptos aquí invocados, de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Artículo 73. …

I. a XXIX. …

I. a XXIX. …

XXIX-A. a XXIX-C. …

XXIX-A. a XXIX-C. …

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; en materia de información estadística y geográfica de interés nacional, así como aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

XXIX-E. a XXIX-Z. …

XXIX-E. a XXIX-Z. …

XXX. a XXXI. …

XXX. a XXXI. …

   

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

Artículo 74. …

I. a VI. …

I. a VI. …

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

VII. Se Deroga

VIII. a IX. …

VIII. a IX. …

   

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa:

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 74, AMBOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO Se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XXIX. …

XXIX-A. a XXIX-C. …

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; en materia de información estadística y geográfica de interés nacional, así como aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

XXIX-E. a XXIX-Z. …

XXX. a XXXI. …

Artículo 74. …

I. a VI. …

VII. Se Deroga

VIII. a IX. …


TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley de Planeación de conformidad al presente Decreto, a más tardar a los 60 días de su entrada en vigor.

Senado de la República, a 1° de febrero de 2019.

Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel