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Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


Propone establecer que no exista prescripción cuando se cometan faltas administrativas graves por servidores públicos o de particulares, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asunto: Se remite iniciativa

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES

PRESENTE.-

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo les genera a los países, no sólo en cuestión monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla en la práctica.

            De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 países , en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales.

            Por otra parte el 90% de la ciudadanía mexicana considera la corrupción como un problema para el desarrollo del país, y de éstos, 80% lo considera un problema bastante serio. Esto ha provocado entre muchas otras cosas, debilidad institucional y desconfianza ante los actores públicos por parte de la ciudadanía, que trae consigo un decremento en la participación ciudadana y una gran apatía hacia los temas públicos. En este mismo tenor, de acuerdo a la “Encuesta México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos. GEA-ISA 2014” el 34% de las personas encuestadas, considera que los casos de corrupción han ido en aumento en los últimos seis años, 49% considera que el problema sigue igual y sólo el 12% considera que los casos de corrupción han disminuido. Si analizamos estos datos por entidad federativa, encontramos que las cinco entidades federativas cuya ciudadanía percibe menos la corrupción son: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima, pero esto no quiere decir que no exista dicha problemática social.

            Históricamente y a nivel internacional, el tema de la corrupción comenzó a formar parte de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, al crearse mediante la Resolución 55/61 un Comité especial para crear y negociar un instrumento jurídico contra la corrupción que permea entre los países miembros.

            Además, la International Council On Human Rights Policy ha llegado a la conclusión a través de diversos estudios, que los derechos humanos son una variable dependiente de la corrupción, ya que ésta influye de manera directa e indirecta a la violación de los derechos humanos; al respecto mencionan que

            […] La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables… También afecta, en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños […]

Aunado a lo anterior, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las consecuencias económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas generan pérdidas económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno Bruto (PIB) . Ante ello, es preciso reconocer que en el tema de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad. El tema del soborno, como expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país se han dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; con la finalidad de obtener influencia, para conseguir beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los principales elementos del soborno es por un lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso público. Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener ciertos beneficios.

            La actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 hace una división respecto a las faltas administrativas, las cuales son consideradas graves y no graves, en ambos casos, estas faltas prescriben. El término de la Prescripción lo define el diccionario jurídico como

            […] Modo de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo establecido legalmente, durante el cual el acreedor no ejecuta actos de cobro que permitan interrumpir el curso de aquella. // Es un medio de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley; en el primer caso se denomina prescripción positiva, y, en el segundo, negativa […]

Dentro de las faltas administrativas que se consideran graves, encontramos el soborno, la participación ilícita, el tráfico de influencia, la utilización de información falsa, colusión, el uso indebido de los recursos públicos y las contrataciones indebidas. En este tenor, es inadmisible que funcionarios públicos sigan ejerciendo su cargo estando acusados de participar en alguna de las prácticas ya mencionadas, o peor aún, que tengan la suerte de que hayan prescrito, con ayuda directa o indirecta de las administraciones en curso.

            El tema de la corrupción en México es alarmante y a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para poder mitigarla, es claro que siguen muchos temas sin ser aclarados. Es lamentable que pasen años y los delitos por corrupción sigan prescribiendo y dejen en el olvido.

            Basta hacer mención de los desvíos que detectó la Auditoría Superior de la Federación por un monto de mil 311 millones de pesos en las dependencias de SEDESOL y SEDATU el sexenio pasado, cuyos responsables siguen impunes y sin ser investigados. Está también el caso de Odebrecht, que llegó a diferentes países de América Latina y que en algunos casos como Brasil, funcionarios públicos que fueron cómplices de este caso ya están cumpliendo sentencia, mientras que en nuestro país se encuentran impunes, a pesar de que hay evidencias que dicha empresa sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos por 10 mil 500 millones de dólares. Aunado a lo anterior también esta lo que se conoció como la estafa maestra, en donde hubo un mal uso de los recursos públicos en donde se vieron involucrados al menos once oficinas de gobierno y ocho universidades públicas. A esto, hay que agregar también los casos de ex gobernadores, independientemente del partido político al que pertenezcan.

            En Acción Nacional, estamos conscientes que las investigaciones del mal actuar público y político no deben ser perecederas, es por ello, que no permitiremos más abuso de poder por parte de funcionarios públicos y actores privados, que actúan fuera de la Ley, es inconcebible que por la prescripción de casos de corrupción, funcionarios implicados, sigan en un futuro ocupando cargos públicos, deshonrando con sus actos a la función pública.

            Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar de la siguiente manera:

Artículo 74.- Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en seis años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

            Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, no habrá prescripción.

            La prescripción a la que hace mención el párrafo primero del presente Artículo, se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.

            Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

            En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.

            Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto.

ATENTAMENTE

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES

Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web <https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf> consultado el 6 de marzo del 2018

Amparo Casar María; Op Cit; Pág. 20

Amparo Casar María; ibíd. Pág. 21

International Council On Human Rights Policy “La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo”. Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2009 ISBN: 978-607-7517-89-4 Pág. 10

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web <http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 2017)

Diccionario Jurídico. [En línea]. Sitio web < http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf> Pág. 54 (Consultado el 6 de marzo del 2018)