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Proposiciones


De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la materia.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE GUERRERO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERE, PROYECTE Y APLIQUE LOS PROGRAMAS PARA ATENDER Y PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN GUERRERO ASIMISMO SE ADECÚE EL MARCO NORMATIVO DE LA LEY 487 EN LA MATERIA.

Senadora Nestora Salgado García integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mes de noviembre, observamos en algunos medios de comunicación noticias sobre desplazamientos forzados en Chiapas y Guerrero.

 En Chiapas, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas indígenas prevalece. El sábado 24 de noviembre desplazados que denunciaron la desatención del gobierno estatal y caminaron kilómetros en la Caravana de Pies Cansados fueron reprimidos en las inmediaciones del Congreso del estado, donde el gobernador Manuel Velasco rindió su sexto Informe de Gobierno, por policías estatales y municipales, resultando niñas, niños, mujeres y hombres intoxicados luego de desatarse un enfrentamiento entre los agentes y grupos de inconformes: miembros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y los más de 400 desplazados de los municipios de Zinacantán, Ocosingo y Chenalhó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los desplazamientos forzados de personas indígenas se dan con más frecuencia a causa de conflictos y presiones relacionadas con sus tierras y recursos, también por desastres ambientales, por la falta de acceso a los territorios y recursos para su supervivencia física y cultural. La CIDH ha urgido a los Estados a cumplir con las obligaciones establecidas en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, en especial, sus obligaciones de prevenir el desplazamiento interno, de proteger a las personas desplazadas durante y después del desplazamiento, de brindar y facilitar asistencia humanitaria, y buscar soluciones duraderas a través del retorno, reasentamiento y reintegración de los desplazados internos en condiciones de seguridad y dignidad.

En materia de desplazados indígenas la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitió la Recomendación 130 que refiere: La situación de los desplazados indígenas exige urgente atención mediante respuestas integrales y coordinadas. Conforme a los estándares internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, debe garantizarse que las personas desplazadas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida mediante servicios básicos culturalmente adecuados. El Estado debe crear las condiciones y propiciar los medios que permitan a los desplazados indígenas al retorno voluntario, con seguridad y dignidad.
 

Importante es también la recomendación 131, el cual menciona que “las autoridades deben resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia”.

En Guerrero, en las regiones Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco se ha incrementado el número de casos de desplazamiento forzado de familias que han sufrido la amenaza de grupos de la delincuencia organizada. Además de encontrarse en indefensión cargan con la estigmatización impuesta por las mismas autoridades encargadas de atender e investigar los hechos.

 En cuanto a los desplazamientos forzados recientes en el estado, el secretario de gobierno Florencio Salazar Adame, señaló que las más de dos mil personas expulsadas de sus pueblos, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores, de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, es por un problema generado por la lucha de territorios entre grupos delictivos.

Sin embargo, según notas de prensa, durante su comparecencia en el contexto de la glosa del tercer informe de la administración de Héctor Astudillo Flores, el funcionario informó que han dado despensas y colchonetas, pero no pudo explicar de qué manera va a resolver el conflicto del desplazamiento interno en la entidad que va en aumento por la violencia. 1

Con base en información del sitio de la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se señala en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU señalan que los desplazados internos son: “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.2

La CMDPDH señala que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia. En 2016 el sector indígena fue el más afectado con al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado.

Durante 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, afectando a 20,390 personas.  Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27

municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron Guerrero con 7 lo cual representó el 24% del total anual, Sinaloa, con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente.

Dentro de estos datos, encontramos que las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron Guerrero, con 7, Sinaloa, con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente. En el desglose de estos episodios tenemos que la entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6,090 personas, lo que corresponde aproximadamente al 29.87% del total de la población desplazada en 2017. En segundo lugar se encuentra Guerrero, con 5,948 personas desplazadas, representando el 29.17% del total. En tercer lugar se encuentra Sinaloa, con 2,967personas desplazadas, lo que corresponde al 14.55% del total.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos, organización no gubernamental guerrerense, ha informado que en años recientes cientos de familias huyeron de la violencia en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente; luego habitantes de Apaxtla y Teloloapan, en la zona norte; posteriormente de las comunidades nahuas de Chilapa y Zitlala, en la Montaña baja.

En información vertida a medios indicaron que en 2016 hubo desplazamiento de pueblos indígenas en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, donde el gobierno no tuvo la voluntad de atenderlos a pesar de contar con con la ley 487 (para prevenir y atender el desplazamiento interno de Guerrero).

Dentro de los hechos más recientes del fenómeno, el pasado 11 de noviembre de 2018 en la Sierra de Guerrero, unos dos mil hombres armados autodenominados policías ciudadanos de Tlacotepec, Cocula, Teloloapan, Cuetzala, Cutzamala y San Miguel Totolapan irrumpieron en el corredor de la Sierra de Filo Mayor, lo que provocó el desplazamiento de personas de varias comunidades ubicadas entre Xochipala y Filo de Caballos por el temor de ser agredidos; más de mil 600 personas, entre ellas cerca de 400 niños, se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, 35 kilómetros al noroeste de Chilpancingo, tras una huída obligada de sus hogares en la comunidad de Filo de Caballos, tomada por civiles armados.

Días atrás, el 7 de noviembre en la región Norte de Guerrero, durante toda la noche 35 niños, 21 mujeres y 14 hombres indígenas caminaron desde la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, a la cabecera municipal de Copalillo para pedir ayuda por la violencia que se vive en su poblado.

Sospechosamente el desplazamiento forzado, señaló el Centro Morelos en declaraciones, se está recrudeciendo en zonas donde hay permisos de exploración y concesiones a empresas mineras, fenómeno ya muy conocido en municipios como Eduardo Neri, Cocula, y otros de la Montaña, donde los pueblos están en resistencia.

Desplazados han denunciado que tanto alcaldes como autoridades estatales se han negado a proporcionar apoyo.

Además de las familias que se han desplazado por la violencia está un grupo de alrededor de 150 familias indígenas na savi (mixtecos) que desde el 20 de noviembre salieron de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc desplazadas por la pobreza, las cuales han estado invisibilizadas por el gobierno estatal y  no han recibido apoyo por parte del ayuntamiento de Tlapa de Comnfort.

"No hay atención médica, no hay educación, no hay trabajo y últimamente hay escasez de alimentos, ¿esto no es motivo para que la gente se desespere?, los gobiernos saben la condición social que ha vivido por años la gente de La Montaña, pero poco han hecho", dijo Sabino Flores, uno de los desplazados al reportero Salvador Cisneros en una nota disponible en internet.

1https://www.proceso.com.mx/561357/culpa-secretario-de-gobierno-de-guerrero-a-desplazados-de-violencia-en-sus-comunidades

2http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/

3https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/5116-por-la-pobreza-extrema-familias-huyen-de-cochoapa-y-metlatonoc

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Guerrero a que adecúe el marco normativo de la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, a efecto de armonizar las leyes y protocolos que atiendan a las víctimas y prevengan el desplazamiento forzado interno. Asimismo que se asignen recursos económicos suficientes a la Dirección General de Seguimiento Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de Guerrero para que remita a este Senado un informe detallado del presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia desde su creación hasta noviembre de 2018, así como proporcionar los datos estadísticos, contextuales y no personales del Registro Estatal de Desplazados.

TERCERO.-Se hace un llamado respetuoso al Gobierno de Guerrero a mantener un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado de acuerdo con nuestra Carta Magna así como a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la integridad de las y los reporteros que cubren el tema de desplazamiento interno forzado en Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el jueves 6 de diciembre de 2018.