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Proposiciones


De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A QUE REVISE LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS QUE HAN VIOLENTADO LA NORMATIVA CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONAL PARA BENEFICIAR A RESPONSABLES DE EJECUTAR DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS.

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La desaparición forzada de personas representa la problemática más grave en nuestro país en materia de derechos humanos. Las cifras oficiales, muestran que 37,000 mexicanos han desaparecido en la última década, sin que se tenga noticia de su suerte o paradero. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor.

La semana pasada, en Ginebra, la Organización de las Naciones Unidas hizo énfasis en la gravedad de esta situación. En el último año, entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que plantea severas sanciones para quienes incurran en esas conductas, además de que establece políticas públicas en materia de búsqueda e investigación. Es decir, el Congreso de la Unión ha reconocido la gravedad de estos delitos, por lo que se emitió una Ley General en la materia.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado continuamente en sus Recomendaciones lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples sentencias, entre ellas, Radilla Pacheco vs. México, que la desaparición forzada de personas constituye una violación radical a los derechos humanos de las víctimas, por lo que resulta extremadamente grave.

Asimismo, existen al menos dos Tratados Internacionales en materia de desaparición forzada que han sido firmados y ratificados por nuestro país que establecen la obligación de estas conductas no sólo como graves, sino como extremadamente graves.

Uno pensaría que nadie está en desacuerdo con que la desaparición forzada de personas es un delito grave, cuando uno ve los movimientos de familiares de personas desaparecidas, que movidos por un profundo amor hacia sus seres queridos dedican su vida a continuar su búsqueda.

La gran sorpresa que motiva este pronunciamiento es el encontrarnos con resoluciones de jueces federales que señalan textualmente que la desaparición forzada de personas NO es un delito grave y que, por tanto, los delincuentes pueden enfrentar sus procesos en libertad.

Estos criterios recientemente se han sostenido en diversos Tribunales de nuestro país. Por ejemplo, por el Juzgado Decimoquinto de Distrito con sede en Xalapa, y por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, además de su notoria inconvencionalidad, va en contra de dos Tratados Internacionales de los que México es parte, representan un insulto para miles de víctimas indirectas, quienes a partir de la desaparición de sus familiares se mantienen en la más dolorosa incertidumbre.

Estas resoluciones son muestra de una de dos opciones, o profunda ignorancia por parte de los Jueces, o su complicidad con los procesados.

Los referidos criterios ambos han sido emitidos dentro del caso del ex Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, quien encubrió las desapariciones forzadas que sistemáticamente ejecutaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que pareciera que miembros del Poder Judicial de la Federación han logrado beneficiar con estos criterios a quienes han lastimado los derechos humanos más sensibles de las y los veracruzanos, aun pasando por encima de la Ley y del dolor de miles, con tal de sacarlos de prisión.

En este sentido, el lunes 26 de noviembre del año en curso, diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado dentro del medio de comunicación del estado de Veracruz denominado “Notiver”, en donde señalan entre otras cuestiones las siguientes:

“Los Colectivos Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba y Red de Madres Buscando a sus hijos Veracruz, rechazamos enérgicamente las recientes resoluciones dictadas por miembros del Poder Judicial de la Federación que señalan que el delito de Desaparición Forzada de personas NO es un delito grave.

En un país con más de 37,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido cometida por servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que los jueces federales minimicen el delito de desaparición forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobras que vivimos los familiares de los desaparecidos, quienes hemos luchado por el reconocimiento de esta problemática a nivel nacional y por la implementación de políticas de estado para garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso, las resoluciones recientemente emitidas por el Juzgado Decimoquinto de Distrito, con residencia en Xalapa, y del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, en el sentido de que la desaparición forzada no es un delito grave, nos agravia y son muestra de una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular el principio de interpretación de la norma más favorable, la Ley General de Víctimas y como hemos señalado de los criterios que al respecto ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el contexto de desapariciones generalizadas de nuestro país, es necesario que las Fiscalías soliciten y sustenten; y los jueces valoren en todos los casos, la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general.

Dichas resoluciones, además han sido dictadas para proteger a quien fuera Fiscal General del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

Por eso, los familiares de Personas Desaparecidas hacemos un llamado a las Fiscalías y al Poder Judicial de la Federación para que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantice la seguridad de víctimas y testigos, y prevenga la sustracción de la justicia de las personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva. Lo anterior, de acuerdo con sus propios criterios que permite una interpretación constitucional al juez penal, quien puede establecer la gravedad de una conducta entre otras situaciones por el impacto social o la trascendencia de esta causa y el daño a la sociedad como lo es la Desaparición Forzada de Personas.

Si ese criterio lesivo de los derechos humanos y los derechos de las víctimas permanece, haremos un llamado al Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como a la de Senadores, para que reformen el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se contemplen los delitos relacionados con la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por Particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa; pues la falta de previsión de los mismos en el artículo 19 constitucional ha servido pretexto para que algunos juzgadores, ya sea que motivados por la complicidad, corrupción o insensibilidad, soslayen la gravedad de estos delitos, y permitan la impunidad de los responsables.”

Recordemos que en Veracruz están siendo procesados más de 60 ex servidores públicos por su probable participación en este delito de lesa humanidad, entre ellos, el ex Secretario de Seguridad Pública, el ex Fiscal General del Estado y existe una orden de aprehensión pendiente de ejecutar en contra del ex Gobernador Javier Duarte.

Como representante de las y los Veracruzanos, no puedo ser omisa ante esta delicada situación. La sociedad está cansada de los abusos cometidos por las autoridades, sobre todo en esta conducta tan cobarde e inaceptable como lo es la desaparición forzad de personas. Es mi deber hacer un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal a que revise la actuación de los Jueces y Magistrados que por ignorancia o corrupción, han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es el delito más grave que puede ejecutarse desde el Estado, por lo que deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar que exista impunidad a quien cometa estas deleznables conductas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, a que revise la actuación de los Jueces y Magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas.

A T E N T A M E N T E

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho