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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.


Propone establecer que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria, puedan acceder a todas los programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza que el Gobierno Federal impulse.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del Artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento.

De acuerdo con datos del INEGI de 2014 , en México 7.1 millones de habitantes no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas para cuantificar el número de personas con discapacidad.

Y justamente son estas personas quienes, según la Organización Mundial de la Salud, enfrentan múltiples obstáculos para gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad .

Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. El número de mujeres con discapacidad es de 3.8 millones, frente a 3.3 millones de hombres;

Todos estos datos revelan que la discapacidad afecta sobre todo a las mujeres y a las personas de edad, lo cual representa un reto para las políticas públicas del gobierno de nuestro país, cuyos principios rectores debieran ser, entre otros: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas; y la igualdad entre mujeres y hombres.

En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país (49.6%) se concentra en siete entidades federativas: México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Casi un tercio (31.7%) habita en once entidades: Nuevo León (3.8%), Oaxaca (3.6%), Chihuahua (3.4%), Chiapas y Guerrero (3% en cada una), Baja California (2.8%), Sinaloa (2.7%), San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5% en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2% en cada una). Mientras que en nueve de las restantes 14 entidades, reside 14.8%: Coahuila, Tabasco y Yucatán (1.9% en cada una), Durango (1.8%), Querétaro (1.7%), Zacatecas (1.6%), Morelos (1.5%), Nayarit (1.4%) y Quintana Roo (1.1%); y en cinco vive 3.9 por ciento: Colima, Campeche y Baja California Sur (0.7% en cada una), y Aguascalientes y Tlaxcala (0.9% en cada una).

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población que vive con la condición de discapacidad, combatiendo así la discriminación que otrora sufría este sector de la población.

Es más, México propuso, en 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), misma que entró en vigor a nivel mundial en 2008.

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, cuyo principal objetivo es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición, culminando décadas de lucha de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean reconocidos y garantizados por las autoridades.

Es por esta razón que resulta en extremo preocupante, el anuncio del nuevo gobierno de “apoyar” solo a un millón de personas con discapacidad, con una “pensión” igual a la que se les entrega a los adultos mayores.

Esta política pública fue ratificada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal durante su discurso de toma de protesta, en el que dijo:

“… Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores…”

Este anuncio, lejos de otorgar confianza y seguridad, genera incertidumbre y grandes dudas respecto del uso que se le puede dar a este “programa social”.

En primer lugar, se oficializa la discriminación, ya que, unilateralmente, se deja fuera de este apoyo a más de 6 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en nuestro país.

En segundo lugar, no se deja claro cuál sería el criterio de selección de este millón de beneficiarios, abriendo la puerta a la arbitrariedad y el uso discrecional de este programa.

Por último, se traiciona la tradición vanguardista de México en materia de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, echando por la borda todos los años de lucha de las instituciones y las organizaciones civiles que han apoyado este movimiento.

Este Senado de la República debe alzar la voz frente a la posibilidad de una injusticia y pugnar por el trato igualitario de todos los ciudadanos. No podemos permitir que se normalice el trato diferenciado y la marginación de algún sector de la población.

Por esta razón, se propone reformar la Ley General de Inclusión de las personas con Discapacidad, para garantizar que todas las personas que tengan esta condición, sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria, puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza que el gobierno federal impulse.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con Proyecto de:


DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 21 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21. La Secretaría de Bienestar promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación y de manera igualitaria y equitativa. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer medidas que garanticen el acceso de todas las personas con discapacidad, de manera igualitaria y equitativa, en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;

II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para todas las personas con discapacidad, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;

III. …

IV. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de todas las personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de diciembre de 2018

Suscribe

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). La discapacidad en México, datos al 2014 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2016.

Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2012). NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. 30 noviembre