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Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, miembro de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país en crecimiento constante, por lo que ha requerido una actualización continua en cada una de sus ramas tanto tecnológicas, educativas y energéticas, incluso el de procuración de justicia.

Llamado como “el país más peligroso de América” según un estudio de la Universidad de Uppsala, en Suecia; “el segundo país que más homicidios aportó al mundo”, por parte del informe del Igárape Instituto “Seguridad ciudadana en América latina: Hechos y cifras”, México y sus ciudadanos exigen reformas a las disposiciones de la ley en materia Penal, que de manera conjunta, faciliten el acceso a la justicia de sus ciudadanos, y la sanción efectiva a sus delincuentes.

Si a ello le adicionamos el gran problema de corrupción que existe en el país, en todos sus órdenes de gobierno, nos obliga a nosotros como legisladores a tener que reflexionar y hacer las modificaciones necesarias a los diversos ordenamientos legales para comenzar el inicio de un nuevo rumbo que frene la impunidad.

La organización “Transparencia Mexicana”, publicó el 21 de febrero de 2018 que “En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia de anticorrupción. A nivel regional, México se encuentre entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)” lo cual resulta a todas luces vergonzoso y nos obliga a emprender acciones inmediatas.

Muchos de nosotros, empeñamos nuestra palabra en campaña, prometiendo hacer frente a la corrupción, y de luchas contra la impunidad. Por lo que tenemos el compromiso moral de empezar, de manera inmediata, a corregir las dificultades legales que existan en materia penal, tanto procesal como sustantiva, que han impedido que las Fiscalías y Procuradurías tengan éxito en su búsqueda por acusar a los corruptos y que, de existir probanzas en su contra, se haga justicia social.

Una de las grandes problemáticas que se encuentran los Agentes del Ministerio Público al momento de querer integrar una Carpeta de Investigación específicamente en materia de Corrupción, es la fecha de comisión del hecho delictivo. Cuando dicha fecha cruza un determinado lapso de tiempo, se actualiza una figura llamada Prescripción, que evita poder llevar un caso ante el Juez Penal, que determine su responsabilidad penal o no, aún y cuando puedan existir pruebas que acrediten fehacientemente que el delito se ha cometido.

Antes de continuar, debemos hacer un paréntesis para recordar el significado de la figura jurídica de Prescripción. Esta es una figura jurídica que existe en materia penal (aunque también conocida en otras materias), la cual consiste en la pérdida de la pretensión punitiva (que es la facultad de los Estados para ejercer la acción penal) y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, por parte del Estado o la autoridad judicial respectivamente, por el simple paso del tiempo. Esto significa, que en la legislación penal vigente, tanto en las Entidades Federativas, como en la Federal, se llega al extremo de convalidar un hecho delictivo únicamente por transcurrir un determinado lapso de tiempo, sin que éste haya sido analizado judicialmente. Dicho de otro modo, un delito que en el mundo fáctico ha sido cometido, se vuelve “legal”, al transcurrir los años, impidiendo que el Estado pueda investigar o acusar al responsable y por ello, mucho menos podrá ser juzgado y condenado. En pocas palabras, con el paso del tiempo “si robaste, ya te salvaste”.

Dentro de nuestro sistema, la regla general de la prescripción de los delitos y de la acción penal como de la pena se presenta por razones de seguridad jurídica para los gobernados, pero lo cierto es que doctrinalmente de conformidad con su naturaleza jurídica es posible distinguir al menos, tres posiciones divergentes; por un lado, quienes sostienen que se trata de una institución procesal (Roxin, Cerezo Mir), por otro, los que afirman que su naturaleza es mixta (Jescheck), y finalmente, la mayoría de la doctrina que sostiene se trata de una figura de naturaleza sustantiva (Guzmán Dálbora).

Lo anterior es relevante pues, "si la prohibición de aplicar leyes desfavorables ex post facto alcanza o no a las disposiciones relativas a la prescripción depende de cuál sea dicha naturaleza" (Oliver, Ob. cit.), pues, si se considera a la prescripción una institución penal, la respuesta es afirmativa; si se la estima una figura procesal, en cambio, la respuesta es negativa.

En Alemania, el año que prescribían los crímenes del nacional socialismo, se dicto una ley que amplio los plazos de prescripción (cfr. Roxin, Claus, "Derecho Procesal Penal" (Strafverfahrensrecht), p. 167, traducción de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. Maier, 25a edición alemana, la reimpresión en castellano, Editores del Puerto s.r.l, Buenos Aires, 2000), sobre la base de asignar a esta institución naturaleza procesal, por lo que se justificó la ampliación retroactiva de los plazos de prescripción de los delitos de Estado cometidos por el régimen nazi que aún no habían prescrito. En 1965 se los aumentó para los asesinatos y en 1969 se los volvió a aumentar para los delitos castigados con pena privativa de libertad perpetua, a la vez que se declararon imprescriptibles los delitos de genocidio y las penas impuestas por ellos. Atendido el supuesto carácter adjetivo de la prescripción, se la excluyó de la prohibición de retroactividad penal (Cfr. ROXIN, Derecho Penal. Parte General, torno 1, pág. 164 y ss., traducción de la 2a edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesa], Ed. Civitas, Madrid, reimpresión, 2001).

La conclusión en torno a esta problemática de índole social es el de determinar dentro del marco normativo del país que los delitos en materia de corrupción se vuelvan imprescriptibles, pues de manera efectiva se combatiría la corrupción independientemente del tiempo o de los años que hayan pasado de la comisión de los hechos delictivos.

Toda disposición legal penal debe estar orientada a salvaguardar los derechos e intereses de la ciudadanía, sobre todo, de aquellas personas que tienen un modo honesto de vivir; sin embargo, debemos preguntarnos si la Prescripción sigue esa finalidad y, además, precisar a quién beneficia esa figura. La respuesta es muy simple: esta figura, dentro del ámbito público, beneficia única y exclusivamente a los delincuentes.

A diferencia de los derechos que tiene toda persona imputada dentro de un procedimiento del orden penal, cuyo fin es garantizar una defensa técnica con los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio, que le brinde las mismas oportunidades que a la víctima para exponer su Teoría del Caso, para que un Juez Penal decida sobre su responsabilidad o no, la Prescripción Penal de ninguna manera puede verse como parte de esos derechos de defensa, si lo único que hace es evitar que se ejercite la Acción Penal, perjudicando a las víctimas de aquellos actos contrarios a la ley, pues la Prescripción favorece a los delincuentes, al impedir que un Juez determine, con pruebas, si es merecedor de una sanción. ¿Cómo entonces puede entenderse eso como una figura que salvaguarde los derechos de quien lleva un modo honesto de vivir?

Si se pretende hacerle frente a la delincuencia, incluyendo la corrupción, debemos de generar las condiciones jurídicas para que cualquier hecho delictivo, sin importar la fecha de su comisión, pueda investigarse y someterse a consideración de un Juez Penal. No se pide que todas las denuncias sean sentenciadas arbitrariamente. Se pide que todas las denuncias puedan iniciarse, investigarse, y si existen elementos probatorios, que también exista la posibilidad de sancionar a aquella persona. Lo que se pretende con esta iniciativa, es que el tiempo, no sea un enemigo de la víctima.

Si bien es cierto que, con el transcurso del tiempo, las evidencias de un hecho delictivo podrán ir desapareciendo, no menos cierto es que existe la posibilidad que ellas permanezcan o aun existan, y si tienen la suficiente fortaleza probatoria para condenar al responsable, entonces ¿por qué impedir jurídicamente que ese caso sea procesado?

Bajo ese mismo enfoque, debemos mencionar que algunos especialistas en Derecho también manifiestan que “el tiempo es el mejor aliado del delincuente”, ya que tomando en cuenta que el tiempo puede anular el interés represivo, apagar la alarma social y dificultar la adquisición de pruebas para acreditar el delito, debe decirse que en pleno año 2018 se crean constantemente nuevas tecnologías, de donde han nacido nuevos estudios y métodos para la conservación de evidencias, así como una mayor comunicación entre los ciudadanos, los cuales están más despiertos ante los sucesos delictivos cometidos en todo el país y exigen acabar las injusticias cometidas día a día, demandando una solución.

Es totalmente irracional que el Estado Mexicano, le otorgue una salida fácil a quien lastime los bienes jurídicamente protegidos de los ciudadanos. Imaginemos la impotencia que han sentido muchas victimas, que aun teniendo todas las pruebas que demuestren la culpabilidad de una persona, esta última no recibió la sanción que le debería corresponder (sin importar su gravedad) gracias que la victima se tardó en presentar su querella; o que el Ministerio Público dejó de actuar; o que el imputado permaneció sustraído de la acción de la justicia; y gracias a ese tiempo transcurrido, el delincuente ya no será merecedor de una pena, y en consecuencia, su actuación se vuelve lícita, porque el delito simplemente ya prescribió. La pregunta que hay que hacernos es la siguiente: ¿A quién debemos de privilegiar: a quien comete un delito o a quien sufre de un delito?

Ya comienza a existir conciencia sobre esta problemática debido a la participación de México en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y ratificada por nuestro país en 2001; sin embargo, el Código Penal Federal no contiene dentro de sus numerarios ese catálogo de delitos Imprescriptibles. Únicamente se ha logrado que algunos delitos previstos en su Título Octavo “Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”, sean imprescriptibles. Asimismo, en algunas legislaciones locales como lo son Nuevo León, Sonora, Veracruz, Durango, entre otros, en su Codificación Sustantiva Penal contemplan algunos delitos importantes como “Imprescriptibles”.

Ante esa necesidad, es preciso dotar al ciudadano mexicano, con la confianza de que, sin importar el momento de la comisión del delito, mientras subsistan elementos que comprueben su comisión, deban ser llevados a Juicio Oral Penal, para que sean los miembros del Poder Judicial quienes determinen si son penalmente responsables o no, y que el paso del tiempo no sea un enemigo de las victimas y amigo del delincuente.

En el mes de agosto de este año por ejemplo, la justicia federal en Argentina declaró la constitucionalidad de la imprescriptibilidad de los delitos en materia de corrupción, el fallo del máximo tribunal penal del país ordenó en el caso IBM-DGI la inmediata sustanciación a través de un juicio oral y público la probable comisión de delitos por el presunto pago de sobreprecios por parte del Estado en más de 120 millones de pesos, mismos que involucran la participación de exfuncionarios del gobierno del expresidente Carlos Menen y ejecutivos de la multinacional IBM.

De igual modo, en abril del presente año, Perú aprobó el proyecto de ley número 512 que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal a fin de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

Por lo anterior, considero que es momento de eliminar privilegios legales de los delincuentes, derogando en su totalidad la figura de la Prescripción Penal del la legislación penal mexicana, en búsqueda de un panorama beneficioso para el ciudadano mexicano, y que este pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia, sin miedo a que el día de mañana, por la falta de acción del Ministerio Público, del Sistema Penal, o incluso de su propio desconocimiento, se encuentre que por el simple plazo del tiempo no podrá ser reparado el daño que sufrió, ni la persona que cometió el acto indebido recibirá su pena.

Así pues, se propone la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena de los delitos a los que se refiere el título décimo del Código Penal Federal, esto es, delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito.

No seamos miopes al solo convertir como “imprescriptibles” los delitos en materia de corrupción. Hay que ver más allá y aprovechar este momento para hacer cambios sustanciales en la manera de enfrentar la delincuencia. Sin lugar a dudas, esta es una excelente vía para atacar la impunidad en todos los delitos.

Claro, para poder lograr el objetivo aquí planteado habría que hacerse un gran esfuerzo legislativo para derogar esta figura de la Constitución, Códigos y Leyes Especiales, pero debemos encaminar nuestra labor para posicionarnos al lado de las víctimas de los delitos, y no en su contra.

De esta forma, se propone el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO. - Se reforma el artículo 114 de la Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será imprescriptible.

La ley señalará los casos de imprescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109.

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.

Atentamente

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 9 de octubre de 2018.