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Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Procedencia de la acción de paternidad.

En nuestro país, el artículo 388 del Código Civil Federal establece el ejercicio de la acción de paternidad:

“Artículo 388. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse en vida de los padres.
Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos derecho a intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayor edad.”

De la transcripción anterior, se observa que el citado precepto legal contiene una restricción temporal consistente en que la acción de paternidad caduca si no se ejerce en cualquiera de los dos momentos establecidos, a saber:

  • Antes de la muerte del padre
  • Tratándose de menores de edad, tras la muerte del padre, y hasta cuatro años después de que los hijos cumplan la mayoría de edad.

Tales restricciones buscan alcanzar un fin constitucionalmente válido, en tanto que tiene como objeto la protección de dos bienes constitucionalmente tutelados, el primero la protección de la familia como elemento fundamental de la sociedad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de certeza jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Respecto al segundo bien constitucionalmente tutelado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicho principio se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que emiten, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, y por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución; de tal suerte que se le impida actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad.

En estos términos, la restricción del derecho objetivo tiene como finalidad evitar que la demora del ejercicio de la acción de reconocimiento de paternidad afecte indefinidamente la certidumbre de la situación familiar anteriormente existente; por tanto, la figura de la prescripción de la acción persigue, con el establecimiento de plazos breves, la consolidación del estado de familia de que goza tanto el presunto accionante como los terceros que se vean involucrados y con ello, la estabilidad de las relaciones jurídicas familiares.

Ahora bien, pese a que la restricción temporal en estudio encuentra un fin constitucionalmente válido, lo cierto es que, la misma no es idónea ni proporcional, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

Para la Corte Europea la noción de "vida familiar" configura un típico concepto jurídico indeterminado, variable según los tiempos, lugares y especiales circunstancias de vida; entendiendo que esta noción no está exclusivamente limitada a las relaciones basadas en el matrimonio y poniendo énfasis en que el respeto por la vida familiar exige que la realidad biológica y social prevalezcan sobre una presunción jurídica que contradice los deseos de las personas afectadas.

Así mismo, ha considerado que toda persona tiene el derecho humano de acceder a la justicia a efecto de obtener una determinación judicial relativa al establecimiento de la paternidad, por lo que una restricción fundada en el posible daño que se pudiera ocasionar a terceros es violatoria de derechos humanos.

Ese mismo Tribunal ha considerado que establecer plazos para ejercer el derecho de reconocimiento de paternidad no es en sí mismo contrario a los derechos humanos, siempre y cuando se establezcan excepciones razonables a la regla general y el término se contabilice desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho que motiva la acción.

En este sentido, se advierte que la norma referida no cumple con dicho requerimiento, pues el legislador crea un plazo de prescripción de la acción cuyo cómputo resulta arbitrario, en tanto que atiende a factores que omiten considerar el conocimiento del presunto hijo de aquellos hechos que le permitirían solicitar la investigación de la paternidad.

Por tanto, es dable suponer que el artículo 338 es inconstitucional en cuanto omite considerar como elemento del supuesto normativo de la pretensión deducida a partir del cual debe iniciar el cómputo de caducidad para el ejercicio de la acción de investigación de paternidad, el conocimiento del presunto hijo de la existencia de la posible relación filial, puesto que no en todos los casos el supuesto hijo tendrá conocimiento de la existencia de dicha relación, pasados cuatro años a partir de que haya alcanzado la mayoría de edad.

Alcances de la acción de paternidad.

Respecto a los derechos que pueden exigirse derivado de la acción de reconocimiento de paternidad, el artículo 389 del Código Civil Federal para el Distrito Federal especifica que el hijo reconocido por el padre o madre tiene derecho a: llevar el apellido de sus progenitores y a percibir la porción hereditaria que le corresponda, entre otros.

Así pues, la determinación de la filiación es inherente a la persona y la definición que se hace de ella por las vías legales, confiere certidumbre a todas las partes involucradas; es claro que el acatamiento de la normativa jurídica que prevé los efectos de la acreditación de la filiación es indispensable para que se consoliden en cabeza del hijo y de los padres los derechos y deberes de contenido patrimonial y moral que el ordenamiento jurídico ha previsto.

Al respecto, se advierte que una vez establecida la existencia de la relación filial entre padre e hijo o hija, surgen, por mandato de ley, una serie de consecuencias jurídicas, entre las que destacan los derechos que adquiere el hijo y dentro de los cuales se encuentran la capacidad sucesoria legítima y la posibilidad de asentar en el acta de registro de nacimiento el apellido del padre de quien se probó la relación filial.

Lo anterior, se refuerza si se considera que la filiación se entiende como la relación que se genera entre procreantes y procreados o entre adoptantes y adoptado, constituyéndose en un atributo de la personalidad jurídica, en cuanto elemento esencial del estado civil de las personas, además como un derecho innominado que viene aparejado adicionalmente, con el ejercicio de otros derechos que comparten idéntica jerarquía normativa superior, como sucede con el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad  y el derecho a la salud.

El derecho a un nombre y al conocimiento de su filiación resulta fundamental no solamente por mandato constitucional, al reconocer el nombre como un derecho humano no suspendible; sino porque está de por medio su dignidad humana, ya que supone la posibilidad de ser identificado y diferenciado respecto de los demás individuos y el ejercicio de otros derechos.

Así mismo, las reglas del Código Civil, la definición acerca de la paternidad y la maternidad es, por otra parte, necesario fundamento de los derechos sucesorios del hijo.

Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, con motivo del estudio de un caso relacionado con el tema de paternidad, resolvió que no existía razonabilidad suficiente que justificara limitar los derechos hereditarios de los hijos reconocidos fuera del matrimonio respecto de aquellos que habían nacido dentro del matrimonio, por lo que las disposiciones que hacían esta diferencia eran una flagrante violación al derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento.

Igualmente consideró que el derecho a la “vida familiar” no sólo incluye aspectos sociales, culturales y morales sino que abarca intereses materiales que forman parte de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la herencia.

También, se afirmó que no existía justificación razonable u objetiva para tratar de manera distinta a los hijos extramatrimoniales respecto de aquellos nacidos dentro del matrimonio, pues si bien, la tranquilidad de familias legítimas o sus miembros podría ser afectada con la inclusión de un hijo “ilegítimo” lo cierto, era que ello no daba motivo suficiente que justificara privar al hijo de alguno de sus derechos fundamentales.

Con base en lo expuesto, es claro que la corroboración de la presunta paternidad no puede ser sólo para el efecto de determinar la verdad biológica y la información médica como fuera resuelto por el Pleno de la SCJN en el amparo en revisión 2750/2010, pues los derechos al nombre y sucesorios son un corolario necesario del establecimiento de la filiación que no pueden ser excluidos como consecuencia jurídica de aquélla, pues ello implicaría de facto el reconocimiento de la existencia de hijos de primera y de segunda, en un sistema jurídico en el que la ley no hace distinciones.

Es por todo lo anterior, que, a fin de garantizar los derechos a la igualdad, a la identidad, a la salud y sucesorios de los hijos nacidos fuera del matrimonio, debe modificarse el código civil federal para que la acción de reconocimiento de paternidad pueda ser ejercida en cualquier momento, con todos los efectos y consecuencias que la ley prevé para el caso de que quede acreditada la relación filial, es decir, incluyendo la facultad de exigir la modificación del nombre y el ejercicio de los derechos sucesorios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 388 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

Único: Se reforma el artículo 388 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 388.- Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, podrán intentarse en todo momento por los hijos, a fin de obtener el reconocimiento de los derechos señalados por el artículo 389.

En caso de haber fallecido la madre o el padre, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

T R A N S I T O R I O S

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018

 

ATENTAMENTE

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO

Cfr. Amparo en Revisión 220/2008

Cfr. Corte EDH, caso “Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de julio de 2010.

Cfr. Corte EDH, caso “Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de julio de 2010.

Cfr. Corte IDH, caso Shofman Vs. Russia, sentencia de 24 de noviembre de 2005 y caso Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de julio de 2010.