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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva.


Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, por el que se exhorta, respetuosamente, a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva.

La que suscribe, Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (surgida como resultado de la Revolución Francesa) es un antecedente fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella encontramos la importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio de los derechos universales que deben regir en todas las legislaciones internas, al establecer en su artículo 1,           que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.                           Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común”.

Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se señala en su preámbulo la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el respeto a la dignidad humana.                 En su sistemática interpretación, el principio de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación basada en el sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el género del que se trate.

Sirviendo como base lo anterior, los instrumentos jurídicos internacionales posteriores, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, se comprometen a eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de ningún tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo vulnera derechos, sino que frenan el auténtico desarrollo de las naciones firmantes.

A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y efectiva de derechos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico no sólo para eliminar la discriminación de mujeres, sino para buscar la igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural. México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y ratificarla el 23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos conmina a generar las condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de una base de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva.

La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico internacional ha tenido eco en la reconfiguración del contenido constitucional y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º la comunión entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos, preservándolos y garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en aras de propiciar las condiciones necesarias de desarrollo para todas y todos los mexicanos.

Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como la                    Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, incluso, la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de políticas públicas que han tratado de equilibrar los siglos de desigualdad por razones de género.         En nuestro país, desde principios del siglo XX, los movimientos sociales que tienen como protagonistas a las mujeres han pugnado por el reconocimiento de muchos derechos, siendo el rubro de los derechos políticos el que ha tenido un avance sustancial.

Sin duda, uno de los cambios más importantes se dio en el seno del objeto de esta proposición con punto de acuerdo. Atendiendo a la importancia del Municipio como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa en nuestro país tal y como lo señala el artículo 115 de nuestra Constitución,                       el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial en la que se reconocía el derecho de las mujeres para participar, en igual de condiciones con los hombres en las elecciones municipales con el derecho de votar y ser votadas. Desde luego, este enorme paso fue fundamental para el reconocimiento del voto femenino a nivel nacional el 17 de octubre de 1953.

LA CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28relativa al artículo 2 de la Convención, obliga a los Estados Partes a hacer efectivo el derecho a la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, le llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de discriminación: directa cuando existe un trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando “una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre” [*] . Es decir, no basta con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, en la aplicación de estas y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma igualitaria, lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos visibilizar la visión cultural inequitativa y, por lo tanto, aplicar las políticas públicas necesarias para equilibrar la balanza.

Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos reconocer los rezagos de facto que tenemos en aspectos de igualdad. Nada menos, el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países miembros respecto de la participación femenina en los parlamentos nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez, una conformación prácticamente paritaria.                  La igualdad sustantiva en la participación política, como lo señaló en 2017,                   el entonces Secretario de Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo de una Nación.

Justamente porque fue en el Municipio donde se gestaron los logros para la igualdad de oportunidades políticas y por la importancia que tiene esa célula política en la Federación, es que, con este punto de acuerdo pretendemos que se alcance una igualdad sustantiva que termine la discriminación indirecta contra las mujeres en los cargos de representación popular.

Como sabemos, la organización de los municipios en cuanto a estudio, cuidado y vigilancia del correcto funcionamiento del Ayuntamiento recae en las comisiones edilicias (permanentes o transitorias), las cuales normalmente se integran por Presidente, Secretaria o Secretario y Vocales, cuyos integrantes son los miembros Ayuntamiento, es decir, el Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidoras o Regidores. De conformidad con reglamentos de comisiones edilicias de algunos municipios, éstas son órganos colegiados auxiliares del Ayuntamiento que, a través del estudio, examen y dictamen de acuerdos, acciones o normas dentro del Bando Municipal, contribuyen a mejorar y vigilar el desempeño de la administración pública municipal. Entre las principales comisiones se encuentran: Gobierno; Seguridad Pública, Tránsito y Protección civil; Planeación y Desarrollo Municipal; Hacienda; Contraloría; Patrimonio; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Agua, Drenaje y Alcantarillado; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; Legislativa y de Reglamentos Municipales; Programación y Presupuesto; Parques, Jardines y Panteones; Vialidad y Transporte; Deporte y Recreación Juvenil; Cultura y Educación; Turismo; Desarrollo Agropecuario y Forestal; etcétera.

En octubre de 2017, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, reconoció el compromiso del Estado mexicano para generar condiciones de igualdad en materia de género, sin embargo, también resalto la obligación de los tres órdenes de gobierno para generar mecanismos que garanticen oportunidades en todos los ámbitos sociales. Uno de ellos, desde luego, es el político, por lo que, entre sus sugerencias para eliminar la brecha de género en el ámbito municipal, se encuentra la de “Visibilizar las desigualdades al interior de la Administración Pública Municipal (generación de perfiles de puestos)” [*] , lo cual entre otras cosas incluye que la participación en las comisiones edilicias sea igualitaria no sólo en cantidad, sino en la importancia de las mismas dentro de la administración municipal.

De conformidad con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta agosto del año pasado, a pesar de que el número de mujeres participantes en los cabildos era el 38%, sólo 7% de los municipios en nuestro país eran encabezados por alcaldesas. Los datos son similares a lo expresado en el Atlas de Género que maneja el INEGI, en donde se refiere que al 2017 había un 14.10% de presidentas municipales, 35.10% de Regidoras y 25.70% de síndicas en los municipios.

Desde luego, esos datos arrojan una media nacional, por lo que habría que considerar la existencia de ayuntamientos en los que hay una brecha superior a ese dato de toda la República Mexicana.

Ello quiere decir que se han ganado espacios, sin embargo, en cuanto a la igualdad sustantiva persiste la brecha de género.

En un estudio de participación de las mujeres en la vida económica y política, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que “en la Administración Pública existe la tendencia de designar a las mujeres en cargos relacionados con la política social y considerados de menor rango, tales como ministerios de Cultura, Educación, Juventud y Bienestar social, mientras que en las áreas consideradas técnica y políticamente decisorias como Hacienda, Economía o Relaciones Exteriores, su participación es menor” .

Esto quiere decir que, no obstante, la capacidad, se mantienen estereotipos que recalan en la misma asignación de ministerios o, en el presente caso, de comisiones. La misma CEPAL señala que, a diferencia de la tendencia mundial en el sentido de que 7% del total de ministros de gabinete son mujeres, en América Latina la evolución ha progresado más, toda vez que, en la región, la presencia de mujeres como secretarias de Estado es del casi 15%. Sin embargo, los encargos están sumamente acotados en áreas sociales, mientras que, en rubros como áreas legales, económicas y de asuntos políticos, la presencia sigue siendo mínima.

No es suficiente con el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal, sino que se debe propiciar una participación igualitaria en la toma de decisiones en donde se la capacidad y la experiencia lo que determine la función a realizar y no estereotipos de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en funciones, a que en la asignación de comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad de los servidores públicos, se observe el principio de igualdad sustantiva, a fin de garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la administración pública municipal, considerando, además de la cantidad, la importancia de las comisiones en la designación, de tal manera que las regidoras se encarguen de asuntos de relevancia para el Municipio.

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018.

ATENTAMENTE

SEN. NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO


[*] ONU MUJERES, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ONU Mujeres Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, México, 2011. Pág. 55.

[*] INAFED, Contribuyamos a que en nuestros municipios se garantice una igualdad sustantiva entre los géneros, en  https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/contribuyamos-a-que-en-nuestros-municipios-se-garantice-una-igualdad-sustantiva-entre-los-generos?idiom=es