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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de puestos públicos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIóN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.


Propone entre los requisitos para ser Director General, el ser únicamente ciudadano mexicano, se elimina la frase “por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad” y así evitar la discriminación para ocupar cargos públicos.

Iniciativa con la que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de puestos públicos, a cargo del senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la  LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURIDICA Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos a la igualdad y a  la no discriminación están contenidos en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual forma, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

De este modo, el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción alguna; y para ello, requiere avanzar consistentemente en la armonización de las obligaciones del derecho a la igualdad y no discriminación en la amplia normatividad vigente en nuestro país, así como en la eliminación de aquellas disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas discriminatorias.

El artículo 30 constitucional establece las formas en las que se adquiere la nacionalidad mexicana, siendo mexicanos por nacimiento: los nacidos en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio nacional; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización; y, los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes; y mexicanos por naturalización: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización y la mujer o el hombre extranjeros que contraigan matrimonio con mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Por su parte, el artículo 32 de la Constitución señala que la Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

Al amparo de esta disposición, la fracción I del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, considera como requisito para ser designado como Director General de un Organismo Descentralizado: “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

Al respecto, conviene recordar que la naturalización es el proceso jurídico por el cual una persona de cierto Estado adquiere la nacionalidad de un segundo Estado, con el cual ha adquirido vínculos producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país, de tal manera, los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad mexicana, deben acreditar que han residido en el territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, salvo algunas excepciones que marca la Ley de Nacionalidad en su artículo 20.

Al efecto, las personas que obtengan la nacionalidad mexicana mediante naturalización protestarán la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de cometer cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, así como las renuncias y protestas a las que se refiere el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad y serán ciudadanos conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Federal.

Ahora bien, es preciso señalar que la Constitución dispone diversos cargos públicos que expresamente se reservan a mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, en razón de que el ejercicio de tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, esto es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros

No obstante, en el caso de la distinción realizada en el artículo en comento, no se persigue un fin constitucional legítimo, pues la exclusión de los ciudadanos mexicanos por naturalización del acceso a los cargos públicos no encuentra justificación constitucional, pues al poseer la calidad de ciudadanos mexicanos, es evidente que conforme a la interpretación integral y armónica del artículo 1 de la Constitución, tienen derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos nacionales por nacimiento.

Adicionalmente a lo anterior, es menester recalcar que el ser mexicano por nacimiento no puede estimarse como una "calidad", ya que no se refiere a aptitudes, habilidades o idoneidades, por el contrario, alude a factores extrínsecos que nada tienen que ver con las capacidades de una persona para desempeñar cargos públicos .

En ese sentido, que si bien la Constitución Federal en su artículo 32 señala que el legislador puede determinar los cargos y funciones en las que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento, el artículo 1o. del ordenamiento en cita, dispone que está prohibida toda discriminación motivada por origen nacional.

Por tal motivo, dicho imperativo atenta en contra del derecho de no discriminación, regulado en el artículo 1o. Constitucional y priva del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, motivo por el cual la disposición establecida en la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales está excluyendo a ciudadanos mexicanos cuya nacionalidad fue adquirida por medio de la naturalización, por lo que dicha consideración no  hace sino discriminar por origen nacional a los mexicanos naturalizados.

En esas circunstancias, resulta paradójico que en México la legislación secundaria discrimine a los nacionales por naturalización, en virtud de que, para ese efecto, quienes decidieron adquirir la nacionalidad mexicana, han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Nacionalidad.

Asimismo, resulta oportuno señalar que realizar diferencias entre mexicanos y extranjeros, no da potestad para realizar distinciones entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización, pues en el primero de los casos la nacionalidad sirve de base para salvaguardar la soberanía nacional, cuando con el ejercicio de ciertas profesiones, ésta pueda ponerse en peligro, en cambio, en el segundo caso, la base de la distinción, es el origen nacional,  prohibido por el artículo 1o. constitucional.

Por ello, aún cuando han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización, con todo lo que su obtención implica, ciudadanía, derechos, deberes y obligaciones (artículos 30, 31, 34, 35 y 36 de la Constitución Federal), resulta que no obstante ello, al excluir del supuesto normativo a los mexicanos por naturalización, se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público, aun cuando sean aptos para llevarlo a cabo, basándose en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo cual está constitucionalmente prohibido .

De este modo,  tal aspecto no puede llevar al extremo de que se les considere, por esa circunstancia, no aptos o idóneos para ser ocupados por mexicanos por naturalización, pues, de sostenerlo así, el acceso de los mexicanos por naturalización a cargos públicos siempre quedará sometido o sujeto a una presunción de no confiabilidad o deslealtad, dejándoles sólo abierto el acceso a cargos públicos para los que, a juicio del legislador, sí sean "confiables" para desempeñarlos. 

Aunado a lo anterior, se estima que la distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización no puede ser un elemento para cuestionar la satisfacción del perfil idóneo de una persona para ocupar un cargo público, ya que realmente el correcto desempeño de una persona no encuentra una "garantía" en ese aspecto, en todo caso, ello deriva de otras cualidades de las personas. La capacidad, experiencia, honorabilidad, responsabilidad, compromiso, imparcialidad, independencia e, inclusive, lealtad de una persona en el desempeño de una función pública son medibles a través de otros elementos que permitan advertir esos aspectos y, de ser el caso, que una persona no desempeñe debidamente el cargo en cuestión, existen los mecanismos legales para separarlo y, en su caso, sancionarlo, sea nacional por nacimiento o por naturalización .

Por consiguiente, aún cuando en ejercicio de la facultad legislativa que se desprende del citado artículo 32, el legislador puede reservar el acceso a ciertos cargos públicos, tal como el Constituyente lo hizo respecto de los cargos que en el propio artículo se prevén, debe hacerlo atendiendo al principio de no discriminación por origen nacional, consagrado en el artículo 1 constitucional, por lo que en el establecimiento de una reserva de este tipo no debe excluir a quienes tengan la condición de mexicanos y la hayan adquirido mediante una vía distinta al nacimiento, esto es, por naturalización, pues conforme al referido principio, tanto los mexicanos por nacimiento como los mexicanos por naturalización tienen la calidad de nacionales.

Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Ley para facilitar la comprensión y el sentido de la adición propuesta:


DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. …

III. …

ARTICULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. …

III. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 21. El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. …

III. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de noviembre de 2018.

Suscribe

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, promovida por la Procuradora General de la República, así como los votos concurrentes formulados por los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227941&fecha=04/01/2012

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como voto particular formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198633&fecha=24/06/2011

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=40648&Tipo=3&Tema=0

Idem.