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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla a remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta Pública 2016, así como de los fideicomisos privados signados por el exgobernador, Rafael Moreno Valle, durante su gestión en el gobierno del estado de Puebla.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.


Proposición con Punto de Acuerdo

La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PUEBLA, ASÍ COMO AL  INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, A FISCALIZAR Y TRANSPARENTAR, RESPECTIVAMENTE,  LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL FIDEICOMISO F/ 0144, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La importancia que tiene el control, transparencia y fiscalización sobre los recursos que ejercen tanto la administración pública federal, así como de las entidades federativas, con la finalidad de que se cumpla con la legalidad y se tenga certeza en la correcta utilización de estos, es fundamental para garantizar un estado democrático de derecho. Asimismo, es un instrumento primordial para observar que el actuar de los servidores públicos sea responsable.

            En este sentido, la necesidad de la fiscalización en el sector público es indispensable para combatir los manejos irregulares de los recursos, así como como tener más eficiencia en el ejercicio del gasto público. De tal suerte, el objetivo central es evitar y atender el problema de la corrupción, situación que se ha posicionado como uno de los reclamos más fervientes de nuestra sociedad; pues, fomenta la inestabilidad y desconfianza en los órganos de gobierno.

Ahora bien, medios de comunicación, analistas y académicos han denunciado en diversas ocasiones y en distintos foros que en los últimos años el estado de Puebla contrajo obligaciones financieras que no han sido fiscalizadas, ni transparentadas. Comprometiendo, según aseveran, no solo recursos estatales, sino que también federales, por medio de instrumentos financieros consistentes en fideicomisos de financiamiento.

            Según el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, los ingresos del estado también están comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), con el cual se contrajeron pasivos por 4,500 millones de pesos; para la edificación del Museo Internacional del Barroco, que significo pasivos por 7,176 millones de pesos, y para financiar el apoyo a la instalación de la planta armadora de Audi, pasivos por 10,800 millones de pesos.

Cabe mencionar que los pasivos por dichas obras suman 22 mil 476 millones de pesos, las obligaciones fueron contraídas a largo plazo y se financiaron bajo el fideicomiso 0144; situación de la que se tiene conocimiento por las diversas investigaciones académicas y periodísticas, pues, por desgracia no se han transparentado o auditado.

En este orden de ideas, el numeral 2, fracción XXIII, de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas para el estado de puebla dispone, en la parte conducente, lo siguiente: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

[…] SUJETOS DE REVISIÓN. - […] cualquier fideicomiso privado cuando haya recibido por cualquier título, recursos públicos municipales, estatales o en su caso federales, […]”

Acorde a lo arriba transcrito, se puede concluir válidamente que todos los fideicomisos privados que han recibido recursos públicos, como lo es el F/0144, son sujetos de revisión por parte de la Auditoria Superior del Estado de Puebla. Por otro lado, el artículo 1, segundo párrafo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

[…] 

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.”

En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación tiene la facultad de fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de fideicomisos; situación que, en el caso concreto, atendiendo a la opacidad de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno del Estado de Puebla, no se tiene la certeza de que se hayan utilizado o no recursos federales.

            Como se ha mencionado, uno de los grandes problemas de nuestro país es el de la corrupción, situación que se debe, principalmente, a la prevalencia de la cultura del secreto de las actividades gubernamentales. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información en sus artículos 6°, 7° y 8°; asimismo existen normas secundarias federales y estatales que consagran y regulan este principio, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

            Se ha establecido que el derecho a la información es el conjunto de normas que garantizan a cualquier ciudadano acceso libre a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones que tendrán que cumplirse por parte de los “sujetos obligados”. De tal suerte, el numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla establece que:

ARTÍCULO 2.- Los sujetos obligados de esta Ley son:

  1. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;  
  2. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;  
  3. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;  
  4. Los Tribunales Administrativos, en su caso; 
  5. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;  
  6. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;  
  7. Los Partidos Políticos;  
  8. Fideicomisos y fondos públicos, y  
  9. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.” 

El articulo antes transcrito, menciona quienes son los sujetos obligados, mientras que el numeral tres menciona que estos atenderán “a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad”. Como se puede apreciar el F/0144, erróneamente, tiene el carácter de privado, pues, su patrimonio está constituido de por recursos públicos; el Pleno de la Corte ha señalado, principalmente en la acción de constitucionalidad 163/2007, que no se debe excluir a los fideicomisos de financiamiento (que están constituidos por fondos públicos) de la normativa aplicable a la administración pública.

Por lo tanto, y al utilizar fondos públicos para la consecución de su fin, así como para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el mismo, el F/0144 debe ser transparentado. De lo contrario se estaría promoviendo la consolidación de un sistema autocrático que manipula y controla la información del gobierno, es decir, la opacidad de las administraciones pasadas en el Estado de Puebla.

Cuando lo que se debería propiciar es la participación ciudadana y el derecho al acceso a la información gubernamental, así como que exista la certeza de la correcta utilización de los recursos públicos por medio de la auditoria correspondiente. Por ello, lo que se pretende solicitar tanto a las Auditorias (Federal y Local), así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, es el transparentar y fiscalizar los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 0144.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoria Superior del Estado Puebla, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 0144, por el Gobierno del Estado de Puebla.