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Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ENVIAR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA DICHA DEPENDENCIA RESPECTO A PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, ALGUNOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, COMETIDOS POR JUECES Y MAGISTRADOS.

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la investigación contra el excontador de Javier Duarte, Javier Nava Soria, se encuentra en riesgo, pues los jueces y magistrados federales que lo juzgan están utilizando “criterios a modo”.

En el marco de este anuncio, el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz, dio a conocer —en conferencia de prensa— que dicha dependencia investiga a jueces y magistrados por actos de corrupción, incluso, dijo, vinculados a temas de delincuencia organizada [*] .

La declaración del funcionario resulta sumamente preocupante, no sólo porque confirma que la corrupción es un fenómeno ampliamente ramificado en las esferas de poder en México, sino porque, en este caso, se trata del Poder encargado de velar por la justicia y el cumplimento irrestricto de la ley.

Los juzgadores —sean jueces, magistrados o ministros— conforme a su ámbito competencial respectivo, interpretan las normas, determinan su significado y, a partir de ello, dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad. Mediante estas facultades, el trabajo de los integrantes del Poder Judicial constituye uno de los mecanismos de control de constitucionalidad y legalidad más importantes.

Al fungir como instancias de control que verifican que los actos de autoridad legislativos o administrativos se apeguen al marco jurídico vigente, los juzgadores, subyacentemente, coadyuvan a la defensa y preservación del Estado de derecho. Además, dado el advenimiento de un nuevo paradigma mundial de derechos humanos, su rol como protectores de éstos ante los excesos y abusos en el ejercicio del poder convierten el papel del juzgador en uno de los pilares de la buena salud de las democracias contemporáneas. 

Esas supremas responsabilidades son justamente las que colocan como condición indispensable de la función judicial que ésta sea ejercida en estricto apego a la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo y la probidad. Por el escritorio de los jueces pasan asuntos relacionados con la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, pero también con la revisión y sanción de controversias vinculadas con el funcionamiento de las instituciones, el respeto al voto, el acceso a la información pública, la transparencia o la protección de los datos personales. Considerando la complejidad de su labor, es entonces sencillo vislumbrar la necesidad de contar con un Poder Judicial sólido, responsable, honesto y profesional.

Que la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces.

En el ámbito político, la corrupción es entendida como el abuso del poder público para beneficio privado [*] . Cuando ésta se enquista y normaliza al interior de las instituciones, se anida en ellas un mal que las trasciende, poniendo en riesgo la viabilidad del Estado mismo [*] .

En el caso del Poder Judicial, cuando sus integrantes claudican ante la tentación del dinero o el poder, o comprometen su autonomía y renuncian a su función de control ante los poderes públicos, corrompen y erosionan al proyecto social en su conjunto. Para decirlo con las palabras de Charles Howard Mcllwain, un clásico en la materia: “la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un poder judicial honesto, hábil, preparado e independiente. [*]

Los académicos Hugo Concha Cantú y Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han delineado una taxonomía que distingue dos tipos de corrupción en el ámbito judicial. La primera de ellas, señalan, se refiere a las prácticas en las que tiene lugar la función jurisdiccional propiamente dicha, es decir, “se presenta cuando los juzgadores dictan resoluciones al margen de la legalidad —ya sea ignorando el derecho o forzando su significado mediante interpretaciones espurias— para:

  1. Favorecer los intereses de un actor —que puede ser el Estado o un particular— poderoso; 
  2. Favorecer ciertos intereses particulares en detrimento del interés público; 
  3. Avalar decisiones de los poderes públicos que violan derechos humanos; 
  4. Avalar decisiones de algunos poderes privados que violan derechos humanos; 
  5. Favorecer privilegios ilegítimos sobre derechos humanos de personas o grupos vulnerables; 
  6. Favorecer ilegítimamente a una de las partes de un litigio sin que le asista la razón, y 
  7. Obedecer instrucciones de sus superiores dentro de la institución para servir a objetivos políticos diferentes a la administración de justicia”. [*]  

El segundo tipo de corrupción se refiere a “aquél que se presenta al interior del poder judicial, pero en su estructura y funcionamiento administrativo. En este nivel, la corrupción puede presentarse de diferentes maneras:

  1. Cuando los actores e instancias responsables de manejar los recursos y bienes institucionales malversan o se aprovechan de los mismos; 
  2. Cuando las instancias responsables de controlar, vigilar y supervisar el ejercicio de los recursos y bienes asignados al Poder Judicial claudican de su función; 
  3. Cuando las instancias responsables de ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, las manipulan para beneficiar o perjudicar a personas determinadas, y  
  4. Cuando, a través de familiares o prestanombres, los propios juzgadores litigan casos ante el Poder Judicial del que forman parte”. [*]  

Preservar la reputación y fortalecer al custodio y garante de la legalidad nacional es una de las directrices esenciales para cristalizar la vida democrática. Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado resulta fundamental coadyuvar con este propósito, lo cual implica poner en marcha las herramientas institucionales para colaborar en la salvaguarda de los órganos jurisdiccionales de cualquier influencia ajena a su tarea.

Con esta convicción, y en el marco de las sospechas que se han tenido respecto de la probidad de algunos juzgadores, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la PGR a que informe a esta Soberanía sobre el alcance de las afirmaciones expresadas por el subprocurador Muñoz. En el mismo sentido, se propone que el Consejo de la Judicatura Federal informe sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República el envío de un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza dicha dependencia respecto a presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República el envío de un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

TERCERO. El Senado de la República solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial federal.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de noviembre de 2018.

SUSCRIBE

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila

[*] PGR, “Comunicado 1170/18. Mensaje a medios de Felipe Muñoz Vázquez, titular de SEIDF”, 12 de noviembre de 2018. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2DrT362 [Consultado el 13 de noviembre de 2018].

[*] Transparencia Internacional. Glosario anticorrupción. [En línea] Disponible en: https://www.transparency.org/glossary/term/corruption [Consultado el 13 de noviembre de 2018].

[*] Es importante hacer explícito que esta definición se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario. Cuando se habla de corrupción en una sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones entre particulares o de un particular en relación con la ley. En este caso proponemos la siguiente definición: el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación con sus obligaciones como ciudadano.

[*] McIlwain, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo y moderno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 2016, p. 162.

[*] Concha Cantú, Hugo y Pedro Salazar Ugarte. “La corrupción en el Poder Judicial en México: Un mapa de riesgos”, en Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., La corrupción en México: transamos y no avanzamos, México, 2015, p. 89.

[*] Ibidem.