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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a gobierno electo a respetar la Constitución y la Ley en cuanto a las consultas populares.

SE TURNó A LA COMISIóN DE MINERíA Y DESARROLLO REGIONAL.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A QUE EL GOBIERNO ELECTO RESPETE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY EN CUANTO A LAS CONSULTAS POPULARES.

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos:

Entre los proyectos de inversión en infraestructura anunciados por el presidente electo y su equipo de trabajo, ha llamado la atención el Tren Turístico Transpeninsular denominado “Tren Maya”, debido a su impacto económico, social, cultural y ambiental para la región Sur-sureste de nuestro país.

Se trata de la construcción de un tren de pasajeros y de carga, que transitará por entidades como Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Se estima que el “Tren Maya” tendrá un costo de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos, el cual estará financiado con recursos públicos el 30 por ciento y, el restante 70 por ciento, se estima será financiado a través de concesiones con la iniciativa privada. Se tiene planeado que dicho proyecto se concluya en los siguientes 4 años.

El ambicioso proyecto supone una ampliación de un plan previo de 900 kilómetros que abarcaba Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. El incremento a 1.500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán. En su edificación alcanzará los 1,500 kilómetros de recorrido, destacando tres tramos de ruta: el de selva con poco más de 426 kilómetros, el caribe con 446 y el del golfo con por lo menos 653 kilómetros.

El Tren Maya recorrerá 9 municipios de Campeche donde en promedio, el 51 por ciento de la población sufre de pobreza y el 11 por ciento de pobreza extrema. De igual forma, transitará por dos municipios de Chiapas (La Libertad y Palenque), cada uno con 70 por ciento de pobreza y 26 por ciento de pobreza extrema.

El recorrido contempla también, siete municipios de Quintana Roo, el de Puerto Morelos es la excepción, en que el 40 por ciento sufre de pobreza y el 10 por ciento de pobreza extrema. En Tabasco, los dos municipios contemplados son Balancán y Tenosique que tienen niveles promedio de pobreza y de pobreza extrema de 53 y 11 por ciento, cada uno. Y en el caso de Yucatán y los 21 municipios por donde pasará el tren, existe un porcentaje promedio de 52 y 12 por ciento respectivamente.

El resto de la de la ruta transpeninsular propuesta por AMLO, aprovechará 554 kilómetros de una vía férrea de 1, 800 kilómetros que, en la actualidad, cruza los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La denominada línea Mayab (operada por la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab), que cubriría el tramo que va del municipio de Izamal (Yucatán) al municipio de Palenque (Chiapas).

Sin duda que la inversión en infraestructura social y productiva representa un motor de para el crecimiento y la competitividad de nuestro país, al tiempo de permitir un impacto positivo en el desarrollo de las regiones para superar los rezagos actuales y lograr la conectividad del país.

Para nadie es nuevo que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra grandes disparidades entre sus regiones.

Muchas de las regiones de nuestro país reflejan un serio rezago en su desarrollo socioeconómico, principalmente la del Sur-sureste. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en esta región se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza.

Existen numerosos esfuerzos realizados desde el Gobierno Federal y de las propias entidades federativas de la región, con diferentes resultados, lo cual hace necesario conocer y aprender de los éxitos y fracasos de la región en cuanto a la gestión del desarrollo, con la idea de potenciar las buenas prácticas y mejorar el diseño de políticas públicas para el Sur-sureste.

Coincidimos en que es indispensable cerrar la brecha entre las distintas regiones del país e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos, así como la multimodal y logística, con el objetivo de crear mayores oportunidades de desarrollo y creación de empleos en beneficio de sus pobladores.

A nadie conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Una economía dinámica y competitiva capaz de ofrecer oportunidades reales a todos los mexicanos tiene necesariamente que voltear al Sur-Sureste de nuestro país. Solo así, México podrá despegar y convertirse en un país más democrático, equitativo y con una economía más competitiva en el concierto internacional.

Sin duda que es necesario tomar decisiones, al tiempo de diseñar e instrumentar políticas públicas que permitan la institucionalización y la gestión pública, a fin de atacar el rezago y la desigualdad con una visión de mediano y largo plazo.

Estamos convencidos que se requieren tomar acciones de Estado para encauzar mayores recursos presupuestarios para la región, así como mejorar el diseño de políticas públicas que ayuden a hacer más eficiente y transparente el uso de recursos presupuestarios y la aplicación de programas a favor de las entidades y comunidades con mayor índice de marginación.

Pero para ello, es indispensable establecer mecanismos de coordinación administrativa entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales.

La infraestructura ferroviaria sin duda que puede ser un detonante clave para fomentar el transporte de personas y mercancías, así como potenciar la industria turística. Sin embargo, no podemos dejar de señalar la importancia de contar con los fundamentos técnicos y la viabilidad financiera para hacer posibles las grandes obras de infraestructura.

Cabe entonces las preguntas son: ¿Es sano para el país echar abajo un proyecto técnicamente viable, altamente rentable, totalmente autofinanciable y de bajo impacto para las finanzas públicas como lo era el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a través de decisiones políticas y una consulta carente de legalidad que tendrá graves implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, además de riesgos de calificación crediticia para nuestro país?

Y en contrapartida, ¿Es adecuado realizar una nueva consulta para el “Tren Maya” en iguales circunstancias, es decir, sin fundamento jurídico y sin mecanismos de control que le den certeza y legalidad durante su ejecución? ¿Es razonable llevar a cabo una consulta poco representativa y sin la información suficiente respecto a una obra en la que el gobierno entrante ya tiene tomada su decisión? Esta dinámica parece una pantomima y un mecanismo que provoca incertidumbre entre empresarios e inversionistas, además de generar incredulidad entre la ciudadanía.

Recordemos que el presidente electo había prometido que no se cancelaría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) si se realizaba con inversión privada. Semanas después, echó para atrás en su postura y, a través de un mecanismo de consulta a modo se confirmó la decisión que él y su equipo de trabajo ya habían tomado para determinar la cancelación de esta importante obra de infraestructura e inclinarse por el aeropuerto de Santa Lucía, un proyecto por cierto que está en pañales en cuanto a su ejecución y que es considerada por MITRE una de las empresas más prestigiadas a nivel internacional en asesoría de aviación, defensa, seguridad nacional y cibernética, entre otras áreas, inviable.

El plan propuesto de operación simultánea con el actual Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) daría lugar a la creación de un sistema aeroportuario y aeroespacial congestionado, con retrasos y problemas operacionales que impedirían satisfacer la demanda de aviación a largo plazo en la Ciudad de México. Se ha demostrado técnicamente que operar ambos aeropuertos es un proceso que no sería seguro y, que incluso, podría poner en riesgo la vida de los pasajeros.

En tanto, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA), coincidió plenamente en que la operación simultánea del AICM y Santa Lucía no es factible, debido a que en la trayectoria de los aviones existe un punto de convergencia peligroso, lo que pudiera provocar ciertos problemas en la operación o hasta algún accidente de lamentables consecuencias.

Por si fuera poco, en un estudio que elaboró la Organización de Aviación Civil Internacional un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2013, determinó que la mejor opción que tenía nuestro país era la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en terrenos del lago de Texcoco.

No cabe duda de que el doble discurso y las contradicciones del gobierno entrante genera desconfianza y lanza señales erráticas a los mercados. Sin embargo, en lugar de contenerse y conforme avanzan los días, seguimos viendo alarmantes señales negativas que están generando nerviosismo de los mercados y en diversos sectores económicos.

En la Cámara de Diputados se presentó en días recientes una iniciativa para modificar la Ley de Banco de México para utilizar las reservas internacionales y fomentar el crecimiento económico y el combate a la pobreza, una acción que además de inviable atenta contra la autonomía del Banco de México.

Por su parte, en el Senado de la República se presenta una iniciativa para cancelar las comisiones bancarias, esta fue la gota que derramó el vaso y que provocó desestabilidad en los mercados financieros además de la disminución de nuestra moneda con respecto al dólar. Esto último, a pesar de que en un acto desesperado el presidente electo salió a decir que no modificaría ninguna ley que pudiera afectar la operación de los bancos en nuestro país durante los tres primeros años de su gobierno.

Pareciera entonces, que el gobierno entrante no ha entendido que los mercados se comportan de acuerdo con el desarrollo económico de los países y a partir de las perspectivas futuras, donde la certeza juega un papel primordial para las inversiones.

La contradicción más evidente es que se tiene pensado hacer la consulta del “Tren Maya” los días 24 y 25 de noviembre y, sin embargo, el gobierno entrante tiene ya previsto que la construcción del “Tren Maya” inicie el próximo 16 de diciembre. Lo anterior, incluso sin haberse dado a conocer los pormenores de la obra, es decir, el proyecto ejecutivo de la misma y los estudios de impacto ambiental que traerá su ejecución en áreas protegidas y arqueológicas de la región.

Por tanto, ¿no estamos ante una nueva simulación con una consulta a modo que no será representativa a nivel nacional y donde sabemos cuál será el resultado? y, aún peor, ¿nos encontramos frente a actos de gobierno que no van acompasados de los estudios técnicos necesarios, de una racionalidad económica y financiera, así como de la valoración pormenorizada de los impactos, económicos, sociales, culturales y medioambientales? Si esto último es correcto, nos encontramos frente a un escenario donde es imposible debatir y deliberar los asuntos públicos de manera adecuada en nuestro país. Lo cual lamentamos y ponemos de manifiesto como una actitud autoritaria.

La obra pública puede detonar el crecimiento, producir derramas económicas, generar empleo y atraer inversión. Sin embargo, la experiencia indica que las estrategias para alcanzar un desarrollo regional exitoso requieren de coincidencias en las definiciones, en la promoción y gestión de los recursos financieros para el logro de programas y proyectos. En este punto, la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la colaboración de capital público y privado, la supervisión y rendición de cuentas en cada una de sus etapas, así como la definición de los resultados esperados, plazos y compromisos, entre otros, son indispensables para la consecución de los resultados.

El desdén por el diagnóstico técnico y la mala práctica de las consultas a modo, causan sospecha y generan mucha incertidumbre. En el proyecto del “Tren Maya” se ha hablado mucho de sus bondades, pero muy poco de los riesgos y posibles repercusiones que conlleva por el trazado de la ruta en terrenos con susceptibilidad a hundimiento debido a fallas geológicas y oquedades ocultas por los cenotes en el subsuelo, que puedan representar un alto riesgo para su construcción y operación.

De acuerdo con diversos especialistas con la construcción del “Tren Maya” se generarán fraccionamientos a los ecosistemas, alteraciones al hábitat de especies endémicas como jaguares, jabalíes y monos araña, así como cambios en las poblaciones de flora, los cuales, en su conjunto, terminarán por romper al actual equilibrio ecológico ya que la construcción del tren atraviesa parte del área protegida de la reserva de la biosfera.

Asimismo, es importante analizar con profundidad la implicación cultural que podrían generar las trasgresiones a las costumbres de los pueblos y a la cultura Maya, particularmente a los conocimientos ancestrales como los agrícolas, ya que a partir de las nuevas atracciones turísticas del proyecto y los requerimientos de mano de obra, los pobladores de las comunidades se verán en la necesidad de abandonar las actividades que realizan actualmente y transitarán al sector de los servicios, terminando así con tradiciones milenarias de la región.

Las obras públicas deben contar diagnósticos claros y sólidos que les den viabilidad y sustentabilidad. De ahí que se vuelve prioritario mantener un equilibrio ecológico y comunitario, al tiempo de conocer con detalle las posibles afectaciones económicas, sociales y culturales, que traerá la construcción del “Tren Maya” a los pueblos y comunidades indígenas asentadas a lo largo de la ruta contemplada. De ahí nuestra petición para que este proyecto el cual se presume será uno de los más trascendentes del próximo gobierno, sea sometido a un análisis integral y a un amplio escrutinio público.

En México, durante muchos años se ha discutido sobre la importancia que tiene el derecho a la consulta libre, previa e informada, por parte de las comunidades y los pueblos indígenas en donde se realizan actividades mineras, agrícolas con transgénicos o donde se implementan obras de infraestructura y grandes proyectos de inversión que pueden llegar a constituirse en violaciones graves a los derechos humanos, las cuales provocan un problema de desplazamiento interno acelerado y forzoso de las zonas rurales a los cinturones de miseria en las zonas conurbadas.

La inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra, se han significado por ser una deuda histórica que por siglos de ocupación colonial que no resolvió la reforma agraria. Si bien nuestro país en su legislación contempla la consulta como un mecanismo de defensa de la propiedad social de la tierra, lejos de perfeccionarse, se ha pervertido quedando relegada a un mero trámite administrativo debido a que la autoridad no hace prevalecer todos los principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 27 de junio de 1989, donde se establece claramente que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y establecer mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que los afecte directamente.

Cuando las comunidades y pueblos indígenas no son debidamente consultados y se les deja sin posibilidad de defenderse y promover sus derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, nos encontramos ante un despojo de su territorio y de sus bienes naturales. Aún más, cuando en aras del progreso y el desarrollo se les margina y somete a condiciones que perpetúan la desigualdad social.

El derecho a la consulta tiene en sí mismo un doble cráter, por un lado, se trata de derecho humano colectivo de los pueblos indígenas íntimamente vinculado con su derecho a la libre determinación y, por el otro, se constituye como un instrumento central para garantizar la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.

Nuestro marco constitucional destaca el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación, a la igualdad e identidad cultural, al pluralismo y el respeto a su territorio y recursos naturales.

Se trata de un cuerpo normativo cuyos principios básicos son: la identificación de los pueblos indígenas y tribales, no discriminación, medidas especiales para combatir la situación de vulnerabilidad, reconocimiento de la cultura, derecho a decidir las prioridades para el desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La imposición del “Tren Maya” sin un dialogo franco y una consulta adecuada dejará a las comunidades y a los pueblos indígenas en una situación de una mayor vulnerabilidad en la toma de decisiones, lo que denota una visión que resulta a todas luces excluyente en función de que no ha existido un proceso de información, negociación y de acuerdos previos.

Esto nos invita a revalorar el derecho que la consulta libre, previa e informada tiene para el desarrollo e inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, ya que su importancia radica en la protección de derechos colectivos, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral y a la identidad y biodiversidad cultural.

No puede se entiende por ningún motivo que la estrategia del gobierno entrante sea tomar sus decisiones y llevar a cabo su agenda pública a través de consultas mal formuladas y fuera del orden jurídico. Por el contrario, sería importante que se ciñeran a lo establecido en el Artículo 35 constitucional para respetar los requisitos necesarios que hacen válida una consulta popular y como mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho de votar en torno a temas de trascendencia nacional, así como para establecer legalmente su vinculación en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

Por otra parte, si se quiere evitar la simulación en los ejercicios de consulta popular tal y como ha venido ocurriendo, sería importante que el gobierno entrante reconozca de igual forma, el mandato establecido en el Artículo 2 Apartado B de la Constitución Política en cuanto a las consultas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

La consulta es una herramienta que debe permitir proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, etnias y comunidades indígenas, al tiempo de facilitar los avances de esos derechos. Sin embargo, una y otra vez se observa que tienen serias complicaciones para acceder a procesos e instituciones formales que les permitan participar de manera activa en la toma de decisiones. Esta situación les ha dificultado tener una voz real para impactar en las decisiones que afectan los territorios donde han habitado a lo largo de generaciones.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en el Artículo 26 constitucional respecto al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, donde el Congreso de la Unión juega un papel determinante.

Si se trata de consultas, conminamos al gobierno entrante a emprender sus decisiones de política pública dentro del marco constitucional y acabar con ejercicios antidemocráticos, ilegales e irresponsables.

En este sentido vale la pena comentar que al cuestionársele al presidente electo sobre las implicaciones que conlleva el “Tren Maya”, una obra de infraestructura que será referente de su sexenio, la respuesta ha sido "Les guste o no a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso (dixit)”. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos inaceptable esta respuesta porque no responde a los cuestionamientos legítimos y de carácter técnico que trae consigo una obra de esta naturaleza.

Como puede apreciarse todos los elementos vertidos nos permiten comprender lo preocupante que resulta la falta de información en torno a un proyecto de esta envergadura, principalmente, en lo que respecta a los impactos ecológicos que generará y sus consecuencias sociales, económicas y culturales, más aún cuando se ha anunciado que las primeras licitaciones y los trámites de construcción se realizarán desde los primeros días del próximo mes de diciembre.

La sociedad mexicana merece saber que, a pesar de tratarse de una de las obras de infraestructura más importantes que realizará la próxima administración, aún no existe suficiente información que permita tener una concepción integral del proyecto, prueba de ello, es que la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo ha sostenido que desconoce el proyecto y las vialidades por donde transitará el denominado “Tren Maya”.

El Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional no está en contra del desarrollo regional y el despliegue de infraestructura física y social que se requiere para detonar acciones que beneficien al Sur-sureste de la República Mexicana, pero si nos preocupa, como ocurre también con varios sectores de la sociedad, no conocer el plan integral del proyecto del llamado “Tren Maya” y las posibles afectaciones al patrimonio histórico nacional y los daños irreversibles a los ecosistemas de este megaproyecto que no cuenta con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ni Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Basta recordar que en esa región del país se concentra el 70 por ciento de la biodiversidad con la que cuenta nuestro país.

Hemos avanzado mucho para que todos los niveles de gobierno, se tomen decisiones con base en hechos, datos y cifras, para poder generar políticas públicas adecuadas para la sociedad. El “Tren Maya” parece que va a contracorriente y que se trata de una imposición poco reflexionada en términos técnicos y que no ha tomado en cuenta los diversos factores que podrían ocasionar efectos colaterales irreparables.

Hasta el momento, no se cuentan con estudios de factibilidad que puedan constatar la generación de beneficios concretos por esta inversión, tampoco de rentabilidad de capital y beneficios sociales en el corto, mediano y largo plazos para esta región del país.

Para agilizar la construcción del tren el presidente electo ha señalado que su administración lanzará las licitaciones públicas de los contratos desde el primer momento en que asuma oficialmente la presidencia el 1 de diciembre.

A partir de lo anterior consideramos que es fundamental evitar que en los trabajos del Tren Turístico Transpeninsular “Tren Maya” se eviten delitos como conflicto de interés, peculado, actos de corrupción y desvío de recursos públicos y que  la construcción  se apegue a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su artículo 134 que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública (...), a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Hay que recordar que, en contravención a estos principios, en el Estado de Tabasco se han realizado modificaciones a su marco jurídico para flexibilizar las licitaciones y adjudicar de manera directa todas las obras de infraestructura y sin tomar en consideración los mejores precios, las capacidades operativas y técnicas de las empresas, con ello, se corre el riesgo de aplicar los recursos de manera irregular y caer en actos de corrupción.

La construcción del Tren Turístico Transpeninsular debe ponerse a consideración de expertos en la materia y a los ciudadanos para su valoración, pero no de manera simulada como pretende el gobierno entrante, sino utilizando las herramientas legales del Estado mexicano.

Finalmente, no queda claro aún de dónde van a salir los recursos públicos para costear un proyecto de tal magnitud. Hay que recordar que el presidente electo ha reiterado en varias ocasiones que no va a aumentar impuestos, mientras que los recortes salariales que afectarán a miles de servidores públicos y sus familias no le van a alcanzar.

Es contradictorio a todas luces que el presidente electo se haya opuesto desde su campaña electoral a un proyecto técnicamente viable y rentable como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por el alto costo para las finanzas públicas y, ahora, revierta su postura y anuncie la construcción del “Tren Maya” donde se emplearán miles de millones de recursos públicos y donde no se ha dado a conocer el plan ejecutivo para su consecución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Senadores solicita al presidente electo y a su equipo de trabajo, a ser respetuosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Consulta Popular y evite la realización de consultas a modo que deberán apegarse a la legalidad con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía.

Segundo. - La Cámara de Senadores exhorta al presidente electo y a su equipo de trabajo, realizar y presentar públicamente los estudios técnicos pertinentes que garanticen la viabilidad de la construcción del Tren Turístico Transpeninsular denominado “Tren Maya”.

Tercero. La Cámara de Senadores solicita al presidente electo y a su equipo de trabajo, dar a conocer los estudios que analicen y expliquen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendrá esta obra ferroviaria, particularmente los posibles impactos ambientales a las reservas ecológicas de Calakmul y de la Biósfera de Sian Ka’an.

Cuarto.- La Cámara de Senadores requiere al presidente electo y a su equipo de trabajo, a que el proyecto del Tren Maya sea sometido a un análisis integral y al más amplio escrutinio público, en el que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de cultura maya de acuerdo a los principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de noviembre de 2018.

S u s c r i b e n,

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.