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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea: democratización de la iniciativa legislativa popular.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIóN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.


Establece como derecho del ciudadano el iniciar leyes en las legislaturas locales.

Propone modificar del 0.13% al 0.01% del número de ciudadanos de la lista nominal de electores para presentar una iniciativa ciudadana; señala que los ciudadanos que inicien una ley tendrán derecho a presentarla y exponerla ante el Pleno del órgano legislativo correspondiente, contarán con derecho a voz y acceso a la información en las sesiones de las comisiones en las que se discuta la iniciativa, así como en la sesión del Pleno en la que se discuta y someta a votación. En caso de tratarse de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, estos derechos se deberán garantizar en la Cámara de origen y en la Cámara revisora.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: DEMOCRATIZACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” [*] De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. A su vez, la representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, como lo establece el artículo 41 constitucional. Por lo tanto, el pueblo debe participar activamente en las decisiones públicas de nuestro país.

Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios electorales de manera periódica. En ese año, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa popular.

Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. Las reformas constitucionales en materia de democracia participativa o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN quienes legislaron de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética y bajo el infame Pacto por México. Por eso, “simularon que se ampliaban los derechos políticos de los mexicanos cuando en la práctica se hacía inoperante su ejercicio” [*] .

El pasado primero de julio, la ciudadanía retomó su protagonismo en la vida pública de nuestro país y con ello se re-configuró el mapa político de México. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien triunfó en las urnas bajo la tarea de emprender la regeneración de la vida pública nacional a través de la Cuarta Transformación de la República. 

López Obrador busca transitar de una democracia electoral o representativa a una democracia popular. Es decir, se busca construir una democracia que incorpore mecanismos de democracia directa y participativa que ponga al centro de la toma de decisiones al pueblo. De esta manera, debe revisarse el marco constitucional para poder mudar de régimen político.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores hemos presentado y continuaremos presentado una serie de iniciativas que buscan eliminar los candados a los mecanismos de democracia directa que actualmente existen en la legislación, así como introducir otros al marco constitucional para que el protagonista de la vida pública sea el pueblo.

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa consiste en democratizar la iniciativa popular para que cualquier grupo de ciudadanos pueda materialmente presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. Asimismo, se garantiza el ejercicio de este derecho al interior del Congreso al reconocer el derecho del pueblo para presentar, exponer y defender la iniciativa una vez presentada.

La democracia directa

En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

            Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.” [*]

            Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria” [*] . Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado” [*] . Así, Constant propone generar un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa.

Por su parte, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de la democracia, pues la definición actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una serie de mecanismos por medio de los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina democracia procedimental. Se le denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos relevantes para determinar si una sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma que se trata de una condición necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, propone la inclusión de elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la democracia sustantiva.

            En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de manera directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los asuntos públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino generar cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como la efectiva participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública. Garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos se convierte, entonces, en la reapropiación de estos espacios por parte del pueblo, del demos.

            Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx , sino sencillamente con Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el dia que elegían a sus representantes. Y ni siquiera ese día. Porque cuando llega ese dia ya no  hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a presidente de la República. ¿ en que va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.” [*]

            Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, pues podría aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias de los Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados argumentan a favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman sus precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo que argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos.

            Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos fundamentales han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna de París o en los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo que cualquier democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede surgir desde el pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales.

La iniciativa popular

La iniciativa popular consiste en formular un proyecto de ley respaldado por un número determinado de ciudadanos (0.13% de la lista nominal, en el caso mexicano) ante un cuerpo legislativo. Para Bobbio, la iniciativa popular es un intento de dotar al pueblo de la “posibilidad de manifestar sus propias exigencias en el Parlamento, libre de la influencia de partidos y grupos de presión, siguiendo un procedimiento de formación del acto de iniciativa que no presenta mayores dificultades”. [*] Sin embargo, la iniciativa popular debe someterse al mismo procedimiento legislativo que las iniciativas presentadas por los legisladores electos. De esta manera, la iniciativa popular solamente es un complemento de la iniciativa de ley presentada por el titular del ejecutivo o los miembros del legislativo.

Implementación en México

La iniciativa popular se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 35, fracción VII, y en el artículo 71, fracción IV. De acuerdo con la Constitución, el derecho de presentar iniciativas corresponde al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. Actualmente, existen 89,875,751 ciudadanos registrados [*] en la lista nominal de electores. Por lo que el 0.13% equivale a 116,839 firmas.

            A la fecha, se han presentado 11 iniciativas populares, de las cuales solamente una se ha dictaminado, aprobado en ambas cámaras y, subsecuentemente, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Éstas han sido sobre acceso libre a internet,  segunda vuelta electoral y revocación de mandato, matrimonio y familia, reducción del precio de gasolinas y reforma educativa, entre otros temas.

La única iniciativa popular dictaminada y publicada en el Diario Oficial de la Federación es la #Ley3de3, la cual se publicó el 18 de julio de 2016. Sin embargo, la iniciativa fue modificada y se perdieron algunas cuestiones esenciales de ésta.

En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia SUP-JDC-470/2017 por medio de la cual se declaró que el Congreso de la Unión incurre en omisión legislativa en caso de no dictaminar en los plazos determinados por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Estamos ante un derecho político electoral del ciudadano, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión ejerza sus facultades constitucionales para garantizarlo. Esto implica eliminar los candados existentes a la fecha e implementar mecanismos que fomenten la participación del pueblo al interior de ambas cámaras del  Congreso de la Unión.   

A continuación se enlistan las iniciativas populares presentadas en México a nivel federal:

Iniciativa

Descripción

Quién presenta

Estatus

Que adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto establecer que toda persona tendrá derecho a la energía eléctrica, por lo que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a dicho suministro.

Suscrita por ciudadanos mexicanos integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Retirada

Que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 6 constitucional y crea la Ley para Garantizar el Acceso Libre a Internet, Reglamentaria del artículo 6 constitucional.

La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado deberá de garantizar el acceso libre a la red pública de telecomunicaciones mediante la prestación de un servicio público de conexión a internet en todo el territorio nacional, estableciendo la infraestructura, instalaciones y tecnología necesarias para garantizar la conectividad libre y adecuada. Entre lo propuesto, destaca: 1) crear una ley reglamentaria que deberá basarse en los principios de no intermediarios, no filtración ni bloqueo de paquetes de datos, limitación de responsabilidad penal y civil, neutralidad en la red y acceso pleno al servicio; 2) establecer que en ningún caso, incluyendo aquellos relativos al orden público y la seguridad nacional, podrá suspenderse el acceso libre al servicio; 3) determinar que la prestación del servicio estará a cargo de la Comisión Federal para el Acceso Libre a Internet, el cual será un órgano desconcentrado de la SCT y estará integrada por un presidente designado por el titular de la SCT y representantes de la CFE, COFETEL, el titular del Consejo Ciudadano Verificador y, previa invitación, concesionarios de servicios de telecomunicaciones; 4) crear el Consejo Ciudadano Verificador el cual será el encargado de supervisar el adecuado funcionamiento de la Comisión; asimismo será la entidad facultada para definir anualmente la velocidad de conexión a la que operará el servicio, así como el límite a la cantidad de datos consumidos; 5) implementar un Programa Estratégico de Conectividad que establezca las necesidades de inversión, oportunidades de aprovechamiento, metas de cobertura, ancho de banda mínimo y diversos estándares técnicos; 6) determinar que la CFE y otros organismos del Estado pondrán a disposición de la Comisión el uso de su red de fibra óptica, de microondas o cualquier tecnología, presente o futura, para prestar el servicio; 7) señalar que se privilegiará la cobertura en comunidades rurales o marginadas, a fin de que sea aprovechada en proyectos educativos, de salud, trabajo y participación ciudadana; 8) especificar que la velocidad mínima de bajada en 5 MB y de subida en 3 MB por segundo durante el primer año de operación del servicio; y 9) determinar los casos y las condiciones en las que las personas morales o los usuarios solicitantes de mayor ancho de banda deberán pagar derechos por la prestación del servicio en estándares superiores a los ofertados de manera general.

Suscrita por Álvaro García Zamora, Antonio Martínez Velázquez, Ana Paola Migoya Velázquez, Oscar Alberto Mondragón Mondragón, Hilda María Ruíz Estrada y Emilio Saldaña Quiñones, representantes.

DICTAMEN NEGATIVO APROBADO EN CÁMARA DE ORIGEN EL 30-MAR-2016

Que establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto precisar el horario estacional aplicable para Sinaloa. Para ello propone establecer que quedará sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional.

Suscrita por Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño.

DESECHADO EN PLENO DE CÁMARA DE ORIGEN EL 20-MAR-2018

Que propone un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La iniciativa tiene por objeto expedir la normatividad encargada de establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por sus actos u omisiones y las correspondientes a particulares vinculados con faltas administrativas graves. Entre lo propuesto, destaca: 1) obligar a los servidores públicos a respetar principios constitucionales en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; 2) exhortar a todos los ciudadanos a evitar y denunciar la comisión de cualquier falta administrativa; 3) enlistar los sujetos de responsabilidad en términos de la ley, así como los órganos facultados para interpretar y aplicar la misma; 4) referir las obligaciones que tendrán los servidores públicos, entre las que resalta la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, mismas que serán públicas; 5) determinar que serán consideradas faltas graves constitutivas de corrupción: i) el soborno; ii) la malversación, peculado y desvío de fondos públicos; iii) el tráfico de influencias; iv) el abuso de funciones; v) el enriquecimiento oculto; vi) la obstrucción de la justicia; vii) la colusión; viii) la utilización ilegal de información falsa o confidencial; ix) el nepotismo; y, x) la conspiración para cometer un acto corrupto; 6) indicar que las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con dicho tipo de faltas sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de éstas, a fin de obtener algún beneficio;7) detallar el procedimiento y etapas de la investigación y desahogo ante el tribunal correspondiente; 8) normar la presentación de pruebas y la imposición de medidas cautelares y de apremio; 9) precisar el tipo de sanciones aplicables por faltas administrativas, que irán desde una amonestación hasta la inhabilitación temporal, así como los criterios para determinar las mismas; 10) crear el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, que será administrado por el Sistema Nacional de Anticorrupción, el cual deberá ser público y de consulta obligatoria en los procesos de selección, contratación o empleo de cualquier persona; 11) establecer que el tribunal de justicia administrativa competente determinará la forma, modo, tiempo y autoridades para ejecutar las sanciones; y, 12) estipular que las autoridades en la materia llevarán un registro y seguimiento de la declaración de intereses y patrimonial de los sujetos obligados.

 

PUBLICADO EN D.O.F. (OBSERVACIONES APROBADAS) EL 18-JUL-2016

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La iniciativa tiene por objeto reducir las cuotas del IEPS por la enajenación o importación de gasolinas y diésel. Para ello propone: 1) indicar que para combustibles fósiles se aplicarán las siguientes cuotas: i) gasolina menor a 92 octanos, 2.29 pesos por litro; ii) gasolina mayor o igual a 92 octanos, 0.66 pesos por litro; y, iii) diésel, 2.31 pesos por litro; y, 2) señalar que para el caso de gasolinas y diésel en el territorio nacional será de: a) 32.60 centavos por litro en gasolina menor a 92 octanos; b) 37.04 centavos por litro si es mayor o igual a 92 octanos; y, c) 26.16 centavos por litro de diésel.

Para tal fin se modifican los artículos 2 y 2-A de la Ley del IEPS.

Subscribe Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, ciudadana mexicana.

DICTAMEN NEGATIVO APROBADO EN CÁMARA DE ORIGEN EL 31-OCT-2017

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto fortalecer la figura del matrimonio y la familia tradicional. Entre lo propuesto, destaca: 1) señalar que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado; 2) reconocer el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia bajo su pleno consentimiento; 3) considerar al matrimonio como una institución de interés público; 4) establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el desarrollo integral de la familia y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; y, 5) garantizar el derecho de los niños a crecer en una familia, bajo el cuidado y protección de su padre y madre y, en caso de orfandad, se deberá asegurar su cuidado y protección por padres adoptivos.

Representados por Juan Dabdoub Giacoman, que cumple con el requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, conforme al informe presentado por el INE.

PENDIENTE EN COMISIÓN(ES) DE CÁMARA DE ORIGEN EL 12-ABR-2016

Que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto fortalecer y garantizar la educación a nivel nacional. Entre lo propuesto destaca: 1) promover el derecho a la educación; 2) señalar que el estado mexicano garantizará la educación superior; 3) establecer los principios, valores y criterios para la impartición de la misma; 4) establecer que se fomentará la educación bilingüe y el respeto y protección a la pluriculturalidad, así como la autodeterminación de los pueblos originarios; 5) promover la efectiva participación y las opiniones de los actores responsables en la política educativa; 6) referir las atribuciones de las autoridades federales en la formación de personal docente; 7) regular la educación que impartan los particulares; 8) crear: i) el Consejo Nacional de Evaluación Integral de la Educación; y, ii) el Subsistema Nacional de Evaluación Educativa Integral; 9) precisar la integración y atribuciones de ambas instancias; 10) puntualizar las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación Integral de la Educación; 11) indicar que todos los componentes del Sistema Educativo Nacional deberán ser sujetos de evaluación, la cual se entenderá como un proceso que contará al menos con un diagnóstico, implementación, operación y evaluación de la misma; 12) enumerar los principios, objetivos y fines que regirán la Evaluación Integral de la Educación; 13) precisar que el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional serán dados a conocer cada 5 años; y, 14) abrogar la facultad del Congreso para establecer el Servicio profesional docente.

 

PENDIENTE EN COMISIÓN(ES) DE CÁMARA DE ORIGEN EL 06-ABR-2017

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato.

La iniciativa tiene por objeto implementar las figuras de segunda vuelta electoral y revocación de mandato. Para ello propone: 1) permitir la segunda votación para los candidatos a Presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno del D.F., senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos, delegados y asambleístas que no hayan obtenido la mayoría absoluta de la votación en elecciones ordinarias o extraordinarias; 2) señalar que la fecha de dicha jornada electoral no deberá exceder de 10 días contados a partir de la declaratoria de la elección que correspondan; 3) precisar los casos en los que no se deberá convocar a segunda vuelta, los cuales serán: i) cuando haya votado más del 50% de electores inscritos en la elección respectiva; ii) cuando el candidato en primer lugar haya obtenido el 40% de la votación que corresponda y exista entre los primeros dos candidatos presidenciales una diferencia de 5% o más de votos; iii) cuando ninguno de los candidatos para Presidente de la República, senador o diputado federal hubieran obtenido el 40%, pero la diferencia de votos entre los candidatos en primer y segundo lugar de la elección respectiva sea superior a 10%; 4) destacar que el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la ALDF contarán con legisladores electos por el principio de mayoría absoluta; 5) establecer que la revocación del mandato será una forma de consulta popular mediante la cual la mayoría absoluta de ciudadanos pueden recusar el nombramiento de autoridades elegidas popularmente, por designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial federales o estatales, así como para servidores públicos de primer nivel de los organismos de las entidades federativas, autónomos y descentralizados; y, 6) enlistar las bases a las que quedará sujeta esta figura.

 

PENDIENTE EN COMISIÓN(ES) DE CÁMARA DE ORIGEN EL 19-NOV-2014

Que reforma y adiciona diversos párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que el Estado reconocerá el derecho humano al matrimonio, entendido como la institución de carácter social, definido original, etimológica y naturalmente como la unión entre un hombre y una mujer; 2) precisar que el varón y la mujer son depositarios del derecho humano a ser definidos por su naturaleza y no por la cultura; 3) determinar que el Estado no podrá promover en la educación ninguna ideología que contravenga la protección del matrimonio; 4) establecer que todo menor de edad tendrá el derecho a pertenecer a una familia; y, 5) señalar que el Estado deberá garantizar la familia y la protección de sus miembros desde el momento de la fecundación y hasta el término del ciclo natural de la vida.

Suscrita por José Luis Lara Sánchez, presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación A.C.

PENDIENTE EN COMISIÓN(ES) DE CÁMARA DE ORIGEN EL 19-NOV-2014

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La iniciativa tiene por objeto modificar los criterios establecidos para fijar el precio de las gasolinas y el diésel. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que el precio de la referencia internacional de los combustibles será solo una referencia, por lo que no existirá obligación a considerarlo en el cálculo final del precio de los hidrocarburos; 2) señalar que el precio máximo de éstos para 2017 no deberá ser mayor de 10 pesos el litro; 3) establecer que la metodología y los precios para 2018 deberán ser aprobados por una comisión nacional especial de precios de la gasolina a más tardar el 31 de marzo de 2017; 4) determinar que el monto de 284,432.3 mdp considerados como el ingreso por IEPS de combustibles, en ningún caso podrán ser cubiertos por recortes presupuestales o por endeudamiento o incremento de otros impuestos; 5) estipular que en las regulaciones que establezca la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no se podrá aumentar el precio por litro en más de 5% anual; y, 6) resaltar que la CRE deberá asegurar un tránsito armonioso de precios a la liberalización de los mismos, tomando en cuenta los intereses del bienestar general.

Para tal fin modifica los artículos 82 y Décimo Tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos; y, Décimo Segundo y Décimo Tercero de la Ley del IEPS.

Suscrita por las ciudadanas Maribel Martínez Ruiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga, signada con el aval de 200 mil firmas.

DICTAMEN NEGATIVO APROBADO EN CÁMARA DE ORIGEN EL 31-OCT-2017

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios.

La iniciativa tiene por objeto eliminar el fuero constitucional, el seguro de gastos médicos mayores, pensiones o retribuciones y delimitar la protección del cuerpo de guardias presidenciales. Entre lo propuesto, destaca: 1) facultar al Congreso para: i) legislar en materia de salarios máximos para servidores públicos; y, ii) fijar las reglas a las que deberá sujetarse la protección a que tiene derecho el titular del Ejecutivo al término de su encargo; 2) establecer que quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo no recibirán pensión o retribución alguna y sólo contarán con la protección del cuerpo de guardias presidenciales, sí así lo solicitaran; 3) señalar que dicha protección será por un término equivalente al del desempeño de su función y abarcará únicamente a su familia nuclear, entendiéndose ésta como su cónyuge o concubina e hijos; 4) resaltar que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la SCJN, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá exceder a la remuneración aprobada en el PEF para el Presidente de la República; 5) determinar que por ningún motivo se aprobarán seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público para servidores públicos; 6) referir que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, al momento de determinar las remuneraciones en el presupuesto de egresos, deberán de tomar en consideración el contexto socioeconómico del país, velando siempre por la eficacia y eficiencia del gasto público; 7) crear la Comisión de Salarios Máximos para Servidores Públicos; y, 8) derogar las disposiciones referentes a la prerrogativa de fuero constitucional y facultades de la Cámara de Diputados respecto a la declaración de procedencia contra los servidores públicos.

Para tal efecto se modifican los artículos 61, 73, 74, 83, 94, 111, 112, 114 y 127 de la CPEUM.

Suscribe Carlos Augusto Morales López, presidente Nacional de Transformando Somos Más A.C.

PENDIENTE EN COMISIÓN(ES) DE CÁMARA REVISORA EL 24-ABR-2018

Fuente: elaboración propia con datos del SIL

La iniciativa popular en América Latina

A continuación se muestra una tabla resumen en la que se puede observar el estado de la iniciativa popular en los diferentes países de América Latina:

País

¿Opción legal?

Firmas necesarias

Vinculante

Argentina

3%

No

Bolivia

ND

-

Brasil

1%

No

Chile

No

-

-

Colombia

5%

25%

Costa Rica

5%

30%/40%

Ecuador

0.25% a 8%

No/sí

El Salvador

No

-

-

Guatemala

No

5,000

No

Honduras

No

-

-

México

0.13%

No

Nicaragua

50,000

No

Panamá

No

   

Paraguay

2%

Perú

0.3%

No

República Dominicana

no

-

-

Uruguay

10%

Venezuela

10%

-

Fuente: La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos

Como se puede observar, la iniciativa popular se utiliza en la gran mayoría de las democracias latinoamericanas. Asimismo, ésta cuenta con procedimientos sencillos y al alcance del grueso de la población para su ejercicio.

Tabla comparativa

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

VII. Iniciar leyes en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso o las leyes orgánicas de las legislaturas locales.

Los ciudadanos que inicien una ley tendrán derecho a presentarla y exponerla ante el Pleno del órgano legislativo correspondiente, contarán con derecho a voz y acceso a la información en las sesiones de las comisiones en las que se discuta la iniciativa, así como en la sesión del Pleno en la que se discuta y someta a votación. En caso de tratarse de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, estos derechos se deberán garantizar en la Cámara de origen y en la Cámara revisora.

El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

(...)

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto cero uno por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Respecto a la iniciativa popular, la Ley del Congreso y los reglamentos de ambas cámaras deberán garantizar los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

Artículo 116. [...]

II. [...]

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.

Artículo 116. [...]

II. [...]

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

Sin correlativo

Artículo 122 [...]

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. [...]

II. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

La Legislatura de la Ciudad de México regulará los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el Congreso local garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único: Se reforman el artículo 35, 71, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

VII. Iniciar leyes en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso o las leyes orgánicas de las legislaturas locales.

Los ciudadanos que inicien una ley tendrán derecho a presentarla y exponerla ante el Pleno del órgano legislativo correspondiente, contarán con derecho a voz y acceso a la información en las sesiones de las comisiones en las que se discuta la iniciativa, así como en la sesión del Pleno en la que se discuta y someta a votación. En caso de tratarse de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, estos derechos se deberán garantizar en la Cámara de origen y en la Cámara revisora.

El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

(...)

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto cero uno por ciento (0.01%) de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Respecto a la iniciativa popular, la Ley del Congreso y los reglamentos de ambas cámaras deberán garantizar los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

(...)

(...)

Artículo 116. [...]

II. [...]

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

Artículo 122 [...]

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. [...]

II. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

La Legislatura de la Ciudad de México regulará los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el Congreso local garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.

S u s c r i b e,

Senador Alejandro González Yáñez


[*] Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[*] Monroy, Carlos. ¿Qué tipo de consulta queremos? en Nexos: El Juego de la Corte. 25 de octubre de 2018

[*] Rousseau, Jean J., “El Contrato Social”, El Aleph, pág 89

[*] Constant, Benjamin. “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos”

[*] Ibid

[*] Castoriadis, Cornelius.“Democracia y relativismo: debate en el MAUSS”. Trotta  2007

[*] Bobbio, Norberto. Proceso legislativo en Diccionario de Política. Página 1275. 1981. Siglo XXI Editores.

Lista nominal de electores consultada en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/