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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge Senadora de la República de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito, lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prevención del delito comenzó a desarrollarse en 1955 con el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el cual es definido como la reunión mundial que congrega a gobiernos, la sociedad civil, instituciones académicas y expertos en prevención del delito y justicia penal, que ha influido en las políticas de justicia penal y ha contribuido al fortalecimiento de la cooperación internacional frente a la amenaza mundial de la delincuencia transnacional.

Para esa década, en México se carecía de una política nacional de prevención del delito que articulara la estrategia gubernamental y la acción colectiva en la materia, pues no se comprendía el valor de la prevención y se optaba por el desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo de mecanismos de sanción y control.

En la década de los ochenta, la actividad económica y financiera del país se vio sometida a una gran contracción y a elevados índices de inflación a causa de la crisis económica y de la deuda externa. En este contexto, se dieron importantes cambios sociales que dificultaron e intensificaron de manera acelerada el déficit de vivienda, empleo y servicios públicos. La crisis afectó a los grupos más marginados y a las clases medias, trayendo como consecuencia un aumento en los índices delictivos.

En el año 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se definió la integración y funcionamiento de este sistema con la participación de diversas instancias intergubernamentales, como las conferencias de prevención y de readaptación social, la de procuración de justicia, la de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, encabezadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública así la de participación municipal, y los consejos locales y regionales de seguridad pública.

Ahora bien, las funciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en materia de seguridad pública, fueron y transferidas a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el año 2000, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos con profesionalismo, honestidad y eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al desarrollo integral del país en un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico.

Asimismo, con el fin de instrumentar acciones para fortalecer la prevención del delito y combate de la delincuencia, así como a promover y difundir entre los servidores públicos de la SSP y la ciudadanía una cultura de protección y respeto a los derechos humanos en materia de seguridad pública, en enero de 2005 se reorientaron algunas unidades administrativas en la SSP, cambiando la denominación de la Subsecretaría de Seguridad Pública a Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Para el año 2012 es publicada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo objetivo es “establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, y que en su artículo 2 estableció por primera vez el término “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las  distintas causas y factores que la generan.

Con la llegada de la administración 2013-2018, y luego de 12 años de creada la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se reformó una vez más la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de eliminar a la SSP y conferirle nuevamente a la SEGOB las atribuciones de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Con ello, las funciones de la SSP fueron transferidas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), adscrito a la SEGOB.

Este traslado de funciones tuvo como propósito principal reforzar y facilitar la coordinación de los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje México en Paz, se estableció la meta nacional “Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”, con objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, mediante acciones orientadas a combatir los delitos que más afectan a la población.

Para ello se planteó trabajar en dos planos complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas; se estableció, además, que los principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos planos son: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación institucional; evaluación y retroalimentación.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013 se incluyó el subsidio para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con el fin de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, asignándose 2 mil 500 millones de pesos. Lo anterior dio paso a que, en abril de 2013, a efecto de contar con un órgano que formulara y propusiera políticas públicas y programas relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia, se instituyó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, adscrita a la SEGOB.

En 2014, el monto de los recursos del subsidio fue de 2 mil 595 millones de pesos, de los cuales el 5.0% (129 millones 750 mil pesos) se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por conducto de la Subsecretaría, lo que significó que el 95.0% (2 mil 465 millones 250 mil pesos) se distribuyó entre las 32 entidades federativas. Asimismo, en el marco del PRONAPRED se distribuyó en 4 objetivos: el 16.8% se asignó al objetivo específico de incrementar la corresponsabilidad ciudadana; el 39.7% a reducir la vulnerabilidad; el 38.6% para propiciar entornos que favorecieran la convivencia y seguridad ciudadana; y el 4.9% para fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana.

En el PEF para el Ejercicio Fiscal 2015, se estableció asignar recursos al PRONAPRED por 2 mil 683 millones 230 mil pesos y para el año 2016, se aprobaron en el PEF recursos para el PRONAPRED por 2 mil 15 millones 311 mil 756 pesos, los cuales se otorgaron a las entidades federativas en base a los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

En cuanto al Ejercicio Fiscal 2017, el Gasto Federal no contempló recursos para el PRONAPRED, dando prioridad a otros programas y proyectos federales, esta grave decisión afectó directamente a los programas municipales y de las entidades federativas, en prevención del delito con resultados de éxito y con graves afectaciones a proyectos contemplados para combatir directamente el delito, recuperando y rehabilitando espacios públicos, así como la capacitación principalmente de jóvenes en diversas actividades.

Para el año 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, después de un debate intenso, se lograron aprobar para el PRONAPRED recursos por solo 300 millones de pesos, cifra considerablemente menor, que sólo ayudó a algunas entidades federativas y municipios a cumplir con compromisos del 2017, viendo afectados los resultados de prevención del delito.

Debe señalarse que el PRONAPRED, desde su instrumentación ha servido a municipios, delegaciones (actualmente alcaldías), zonas metropolitanas y polígonos focalizados a:   

  • Crear oportunidades de empleo y alternativas productivas para que los jóvenes puedan desarrollarse personal y profesionalmente en el marco de la legalidad;
  • Garantizar la permanencia de las y los alumnos en el sistema escolar y generar ambientes de seguridad y sana convivencia;
  • Para favorecer el aprendizaje y la prevención de conductas de riesgo en niñas y niños, adolescentes y jóvenes;
  • Proteger y empoderar a las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos, a través de programas de atención médica, psicológica y legal inmediata cuando han sido violentadas;
  • Brindar opciones de vida sanas, creando redes de apoyo comunitario y promueve alternativas al encarcelamiento para dar atención integral y evitar la criminalización y reincidencia de los jóvenes con problemas de adicciones;
  • Construir y rehabilitar espacios públicos y mejorar condiciones de vivienda para generar entornos comunitarios que favorezcan la cohesión social, la participación ciudadana y la percepción de seguridad.
  • Promover mecanismos de participación comunitaria y capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno para implementar de manera adecuada los proyectos de prevención;
  • Contribuir a la reinserción social de las personas en situación de reclusión, especialmente a jóvenes en conflicto con la ley, a fin de evitar su reincidencia;
  • Acercar y construir lazos de confianza entre la ciudadanía, la Policía Federal y las policías locales para facilitar los procesos de prevención social y promover la denuncia oportuna de situaciones de riesgo en la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con la finalidad de apoyar a las entidades federativas, municipios y alcaldías, en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, para atender los factores de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia a partir de acciones preventivas.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 30 de octubre de 2018.

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLABLEDGE

Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Organización de las Naciones Unidas, 1955. A partir de entonces se ha realizado un congreso cada cinco años, en los que se han discutido temas relacionados con la delincuencia y la evolución social; planificación de la prevención del delito para el desarrollo económico y social; protección de las personas contra la tortura; cooperación internacional en materia de prevención del delito, y medios para prevenir y controlar las nuevas formas de delincuencia.

Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad, A.C. (ICESI), “Experiencia de participación ciudadana en el combate a la inseguridad”, México 2011.

Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995

A la SSP quedaron adscritos la Policía Federal Preventiva, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público.

Secretaría de Seguridad Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el 3 de octubre de 2011, Antecedentes Históricos, p. 8.

Diario Oficial, 24 de enero de 2012.

Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013.